En beneficio y defensa de la Patria: las consecuencias de la Guerra de la Independencia en Extremadura

 Felicísimo García Barriga y Rocío Periáñez Gómez.

 En una sociedad como la nuestra, tan dada a la conmemoración de efemérides históricas, no se podía dejar de lado una fecha tan señalada como es el segundo centenario del levantamiento del pueblo de Madrid contra los franceses y del consiguiente inicio de la llamada Guerra de la Independencia. Ello supone redescubrir los hechos pasados, evocar grandes gestas, pero también profundizar en el estudio de lo acontecido, intentando realizar nuevas aportaciones que nos aproximen a un mejor conocimiento y comprensión de la historia.

Sin embargo, tanto en este como en otro tipo de conmemoraciones se suele insistir en el recuerdo de hechos notables de gran carga simbólica y que han tenido además un mayor impacto sobre la memoria histórica de los ciudadanos. En contrapartida son muy pocas las veces en las que se hace alusión a los efectos que los conflictos bélicos tuvieron sobre la población fuera militar o civil. En este caso la Guerra de la Independencia es un ejemplo de cómo se han magnificado momentos aislados, utilizándolos para exaltar el patriotismo nacional, pero se han olvidado las consecuencias que la guerra tuvo sobre todo el territorio nacional, consecuencias que fueron desastrosas desde el punto de vista humano, económico, social, etc.

Una de las mejores muestras de lo que acabamos de señalar es, sin duda, el caso extremeño. Salvo raras excepciones, la historiografía sobre la Guerra de la Independencia en Extremadura se ha referido casi en exclusiva a los hechos de armas más importantes del conflicto como las batallas de La Albuera, el puente de Almaraz o Medellín o los sitios de Badajoz. Sin embargo, poco se ha escrito acerca de las terribles repercusiones que la guerra tuvo sobre los extremeños a quienes les tocó vivirla. Extremadura se constituyó desde el principio del enfrentamiento en uno de sus principales escenarios debido a su carácter de zona de paso entre Madrid y Lisboa por un lado, y Castilla la Vieja y Andalucía por otro.

De esta manera la presencia constante en nuestra tierra de ejércitos tanto enemigos como aliados supuso sumir a los pueblos extremeños en una situación cercana al caos en que la persistente necesidad de recursos de todo tipo para mantener el esfuerzo bélico conllevó una enorme presión sobre las poblaciones, tanto humana como económicamente. Este es el problema que trataremos de abordar en este trabajo, intentando paliar, con nuestra modesta aportación, el déficit de atención historiográfico del que hablábamos antes. El objetivo de esta comunicación será, por tanto, analizar las consecuencias que la guerra contra los franceses tuvo para los pueblos extremeños y sus habitantes. Así contemplaremos los efectos del conflicto desde distintos puntos de vista (material, humano, social, moral…) utilizando como hilo conductor la trayectoria vital de dos extremeños que se vieron inmersos en los acontecimientos y que sufrieron las secuelas en sus propias carnes. Se trata del coronel don José López Berrio y del sargento Bonifacio Ramajo; el primero, un militar profesional que como tal participó en diversas acciones y misiones hasta su ejecución por los franceses en 1811 y el segundo, un civil reclutado a la fuerza en 1807 para la invasión de Portugal, previa a la guerra y que se mantuvo en el servicio hasta que finalizó el conflicto.

Para conseguir este propósito, y como en cualquier trabajo histórico, hemos tenido que recurrir al uso de diversas fuentes documentales. Para trazar la biografía de nuestros dos protagonistas hemos contado, en el caso de López Berrio con papeles personales conservados por su familia que, junto a su hoja de servicios y otros documentos notariales, nos han proporcionado noticias suficientes para acercarnos a su figura; con respecto a Bonifacio Ramajo, el hallazgo en un protocolo notarial de cartas autógrafas nos reveló su existencia permitiéndonos conocer parte de su vida, información que posteriormente hemos completado con otras fuentes. 

Desde el punto de vista general, para conocer el desarrollo de la Guerra de Independencia en Extremadura y sus consecuencias, es indispensable consultar la documentación emanada de la Junta Suprema de Extremadura, órgano de gobierno constituido tras el levantamiento del 2 de mayo para coordinar el esfuerzo de guerra y llenar el vacío de poder existente tras la quiebra del sistema político del Antiguo Régimen provocado por la invasión napoleónica. Los documentos generados por esta institución abarcan múltiples cuestiones; sin embargo, hemos centrado nuestra atención fundamentalmente en los aspectos referidos a la financiación y abastecimiento del ejército y a las quejas de los ayuntamientos al respecto. No obstante, no hemos olvidado la documentación relacionada directamente con el ejército (formación de las tropas, evolución general del conflicto, documentación de carácter judicial, pasaportes, etc.) que nos proporcionan, al mismo tiempo, noticias indirectas sobre los efectos de la guerra sobre la población.

 

1. 1.      La Guerra de la Independencia en el contexto extremeño

 

De todos es conocido lo sucedido en España tras el 2 de mayo de 1808. En Extremadura, las noticias sobre el levantamiento de los madrileños y el manifiesto del alcalde de Móstoles llegaron prontamente causando una reacción que tuvo consecuencias de diverso tipo. Aunque la violencia no fue la protagonista, hubo algunos hechos aislados de gran relevancia. Entre ellos, destacan los acontecimientos vividos en Badajoz el 30 de mayo que culminaron con la muerte del Capitán General interino de la Provincia, conde de la Torre del Fresno, tras haber sido acusado de traidor por el pueblo.

Este crimen pone de manifiesto la situación de caos político, de desgobierno y de incertidumbre que vivía la sociedad extremeña en ese momento. La inexistencia de una autoridad reconocida que articulase la resistencia contra el invasor supuso que órganos políticos de ámbito provincial, como las Audiencias y Capitanías Generales, tuvieran que asumir un papel que no les correspondía y a cuya altura no supieron estar. En este contexto surgieron instituciones improvisadas en las que se mezclan las antiguas élites gobernantes con los elementos populares para intentar encauzar la oposición a los franceses y que emanaban más de la voluntad del pueblo que de las instituciones del Antiguo Régimen; nos estamos refiriendo a las Juntas de Gobierno, surgidas en las ciudades y villas más importantes del país en general y por supuesto de Extremadura. En nuestra región, así, se crearon en mayo de 1808 juntas en Badajoz, Cáceres y Plasencia; de ellas, pronto adquirió protagonismo la Junta de Badajoz, al encontrarse en esta ciudad las principales instituciones de la provincia, excepto la Real Audiencia. De esa primigenia institución procedería, por tanto, la Junta Suprema de Extremadura, constituida a principios de junio de 1808; a partir de ahí, la Junta de Extremadura se convierte en el principal órgano de gobierno de la provincia, debiendo enfrentarse a la formación y financiación de un ejército para luchar contra los invasores. Para ello tuvo que arbitrar una serie de medidas de carácter militar y económico y financiero de las que hablaremos más adelante.

Sin embargo, la Junta no tuvo que hacer frente a la amenaza enemiga hasta que,  tras la batalla de Bailén, Napoleón decidió acabar con la resistencia española e invadió el país con el grueso de sus tropas. El ejército francés llegó a Extremadura en diciembre de 1808 penetrando en  la provincia por el noreste. El primer enfrentamiento directo entre los invasores y las tropas españolas tuvo lugar en el puente de Almaraz. Tras los intentos de los franceses por cruzar el Tajo, la primera gran batalla en Extremadura se libró en Medellín el 28 de marzo de 1809, con desastrosas consecuencias para el ejército comandado por el general Cuesta. Desde esas fechas, hasta finales de 1810, no se produjeron encuentros armados de gran relevancia en territorio extremeño, a pesar de lo cual el paso de tropas tanto enemigas como propias fue constante, teniendo en cuenta además que un ejército ingles bajo el mando de Wellington había entrado por Zarza la Mayor en junio de 1809.

La invasión francesa de Portugal a mediados de 1810 cambió radicalmente esta situación al convertir a Extremadura en la retaguardia de la ofensiva enemiga y, por lo tanto, en un objetivo militar de primer orden. Ello explica la intensificación de la presencia francesa en la Provincia y como consecuencia inmediata el sitio y conquista de la plaza de Badajoz entre enero y marzo de 1811. Desde ese momento, la recuperación de Badajoz constituyó el principal empeño de las tropas aliadas; en ese contexto se inscribe la batalla de La Albuera librada el 16 de mayo de 1811, uno de los más sangrientos episodios de toda la guerra con cuantiosas pérdidas humanas por parte de los dos bandos.

El cambio en la coyuntura bélica a partir de 1812, motivado en parte por la retirada de tropas francesas destinadas por Napoleón a la campaña de Rusia, favoreció la ofensiva aliada lo que permitió, tras la liberación de Ciudad Rodrigo, la recuperación de Badajoz el 6 de abril de dicho año. Tras esta victoria y el repliegue de los franceses, Extremadura se convierte en un escenario menor, quedando libre de enemigos en agosto de 1812. A pesar de ello, el ejército y los irregulares extremeños siguieron en pie de guerra contribuyendo a la expulsión definitiva de los franceses en 1813[1].

1. 2.      La contribución de los extremeños a la Guerra de la Independencia.

 

Históricamente, todas las guerras han supuesto gravísimos daños para las economías de los territorios en los cuales se han desarrollado. En el caso extremeño, los conflictos civiles de la Corona de Castilla a finales del siglo XV, la guerra de Secesión de Portugal o la Guerra de Sucesión española provocaron en nuestra región una situación de crisis económica derivada tanto de los ataques enemigos como del asentamiento en el territorio de tropas que esquilmaban a las poblaciones.

La Guerra de Independencia no va a suponer en este sentido un ejemplo más por cuanto representa en su grado máximo el efecto negativo de los conflictos bélicos sobre la población civil. A ello contribuyó sin duda alguna el carácter de guerra total que adquirió desde el principio, con un invasor que permaneció varios años sobre el terreno comportándose con una avaricia y una crueldad prácticamente desconocidas hasta el momento, y por tanto la necesidad de aumentar enormemente el esfuerzo de guerra con el fin de expulsar a los odiados franceses del territorio nacional.

Como señalábamos anteriormente, a la Junta Suprema le correspondió la labor de crear, organizar y mantener un ejército para defender Extremadura de la invasión francesa. Ello hizo que la responsabilidad de llevar a cabo esa tarea recayera sobre el pueblo extremeño ya que, carente de medios, la Junta tuvo que recurrir a los ayuntamientos de la Provincia para recabar todo lo necesario con la finalidad de dotar al nuevo ejército, tanto de efectivos humanos como materiales. La realización de ese enorme esfuerzo de guerra tuvo profundas repercusiones en prácticamente todos los ámbitos. Así, los constantes y crecientes gastos quebraron la economía regional de una forma desconocida desde la Guerra de Secesión de Portugal a mediados del siglo XVII. De esta forma lo manifiesta la enorme cantidad de peticiones, documentos de agravios y quejas emitidas tanto por los ayuntamientos como por particulares debido al cobro de impuestos, la requisa de alimentos, animales de labor o carros, los gastos de transporte, el alojamiento de tropas, etc.

Las dificultades económicas acarrearon a su vez considerables problemas desde el punto de vista social y político que en gran medida continuaban situaciones engendradas en la segunda mitad de la centuria anterior y que también son preludio de la conflictividad política y social que vivirá Extremadura durante todo el siglo XIX. Así, en el ámbito social, la Guerra supuso en muchos casos una modificación de las estructuras sociales de los pueblos, ya que muchos vecinos aprovecharon la situación para enriquecerse especulando con alimentos, malversando fondos públicos o manipulando la venta de terrenos concejiles para convertirse en grandes terratenientes. También se produjo por parte de algunos ayuntamientos el intento de acabar con los privilegios de la nobleza incluyendo a los hidalgos en repartos de impuestos y, al tiempo, tuvieron lugar motines y levantamientos relacionados con la ocupación de tierras por labradores y jornaleros, continuando el proceso reivindicativo de los campesinos extremeños iniciado en el siglo XVIII. Por último, desde el punto de vista político, los decretos de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 supusieron el establecimiento de un régimen liberal que, no obstante, chocó con la oposición de los que veían en peligro su privilegiada situación. Ello se reflejó en Extremadura tanto en las propias actuaciones de la Junta como en sus relaciones con los mandos militares y en sus intervenciones en la vida política local.

En este apartado, por tanto, trataremos las dos vertientes de esta situación: por un lado, las medidas que adoptó la Junta para sostener el esfuerzo de guerra y en segundo lugar, la repercusión que sobre las localidades extremeñas tuvieron esas medidas.

 

2. a. La actuación de la Junta Suprema de Extremadura

 

Uno de los objetivos principales de la Junta Suprema de Extremadura fue la financiación de la guerra; ya que ésta no podía ser cubierta de ninguna manera con los ingresos procedentes de los impuestos ordinarios, tuvo que arbitrar servicios y donativos de carácter extraordinario. Es ejemplo de ello el empréstito forzoso de 8 millones de reales establecido en julio de 1808 y que se repartió entre los pueblos de manera proporcional a la cuantía de los productos en que se evaluaban las rentas provinciales. Se estableció una contribución que gravaba las propiedades de los propietarios forasteros, dueños de encomiendas y señores jurisdiccionales, y otra consistente en el 10% de las rentas procedentes del arrendamiento y venta de tierras[2]. Teniendo en cuenta que el sistema impositivo del Antiguo Régimen no sufrió cambios, al menos al principio de la guerra, la mayor parte del esfuerzo económico para sostener al ejército aliado recayó, como siempre, en las clases más humildes de labradores y jornaleros, mientras que los pudientes no sufrieron directamente la presión fiscal.

Junto al sistema tributario se tuvo que recurrir a otras vías con el fin de facilitar los medios precisos para sostener al ejército. En este sentido, la Junta de Extremadura comisionó a militares y otras personas con el encargo de recorrer zonas concretas de la Provincia para obtener desde dinero hasta información sobre el enemigo pasando por la captación de posibles reclutas o el traslado de desertores. De ello es ejemplo uno de los personajes que hemos elegido como guías de nuestro recorrido, el coronel José López Berrio. Antes de referirnos a las tareas que realizó para la Junta, resulta ineludible hacer una breve semblanza de su biografía.

Don José López Berrio nació en Zalamea de la Serena el día 6 de marzo de 1774. Hijo de don Manuel López Berrio y de doña Manuela Hidalgo Abrios, fue bautizado en la parroquia de Santa María de los Milagros de Zalamea el día 21 de marzo de 1774[3]. Su padre, natural de Villanueva de la Serena, pertenecía al estado noble como hidalgo que era. Sin embargo la familia tuvo que recurrir a la confirmación del privilegio a la Chancillería de Granada, al menos por dos ocasiones. La última de ellas en 1796, bastantes años después del nacimiento de José y seguramente basada en la necesidad de demostrar su condición de noble en la villa de Zalamea, a donde se había trasladado desde su Villanueva natal[4]. El 17 de diciembre de 1801, con 27 años, López Berrio contrajo matrimonio en Badajoz con doña María Antonia Hurtado Baldovinos y Becerra, hija de don Gonzalo Hurtado Baldovinos, Auditor de guerra[5], y doña Isabel Becerra, ambos vecinos de Valverde de Leganés[6]. Fruto de ese matrimonio fue el único hijo que tuvo la pareja, un niño nacido en julio de 1809 que recibió el nombre de José y que seguiría, como su padre, la carrera militar[7]. Parece que tras la boda, el matrimonio se asentó en la villa de Solana de los Barros, si bien la profesión ejercida por don José, le obligaba a permanecer lejos de su hogar.

En cuanto a su trayectoria profesional, aunque no conocemos con precisión la fecha de su ingreso en el ejército, según su expediente adquirió el rango de soldado distinguido en Infantería en 1794, siendo ascendido a subteniente en 1800. Sirvió en los regimientos de Infantería de Extremadura y en el Regimiento de Trujillo y estuvo de guarnición en las plazas de Madrid, Badajoz y Alcántara hasta el 20 de Mayo de 1801 para pasar después de agregado a la artillería a hacer el servicio durante la guerra de Portugal[8]. Posteriormente fue ascendido a capitán y a teniente coronel, en lo cual influirían diversos factores. Sin dudar de sus cualidades como militar, el parentesco adquirido con un notable personaje como era su suegro, don Gonzalo Hurtado Baldovinos y la coyuntura bélica facilitarían el ascenso de José en la jerarquía militar. El 10 de septiembre de 1808 fue ascendido a capitán como premio por el donativo voluntario que realizó para el mantenimiento del ejército[9] y, sólo tres semanas después, el 28 de septiembre recibe el grado de teniente coronel[10].

Su actividad durante la guerra fue diversa; por un lado, participó en la defensa de Badajoz como ayuda de campo del general Gabriel de Mendizábal, labor que le valió el ascenso a coronel:

 

don José López de Berrio, Teniente Coronel de los Reales Exércitos, estuvo en Extremadura a mi inmediación, haciendo servicios distinguidos a la Patria, me acompañó en todas las ocurrencias de Badajoz, salió conmigo de dicha Plaza la noche de 5 de Febrero de 1811 atravesando la Cavallería enemiga a la Plaza de Elvas, a encontrar la División Española que venía de Cartaixo; por todo lo que, y su buen desempeño militar, le concedí el grado de Coronel, y fue comprehendido en la relación que remití al Señor Ministro de la Guerra, desde Estremoz en Portugal en 7 de marzo de dicho año de 1811; (…) Por su celo en los apuros del sitio de Badajoz, su voluntad a prestarse a todo lo que se le mandaba, y sus conocimientos del país, más de una vez le empleé en comisiones arriesgadas y todas fueron perfectamente desempeñadas[11].

           

Pero, sobre todo, su cometido durante el conflicto se desarrolló sobre el terreno, desempeñando los encargos comisionados por la Junta de Extremadura. Así, el 24 de febrero de 1810 recibió, junto con el presbítero don Antonio González Pecellín, la orden de la Junta:

 

para que en uso de su acendrado patriotismo se constituyan en los pueblos de esta provincia y otros que más combenga y con la Partida que llevan y demás que se le reúnan incomoden al enemigo en sus correrías, impidan los suministros que se le hacen desbartando y aniquilando el País; alarmen los pueblos y reúnan quantos escopeteros y gente útil encuentren, armándola con las armas que haya en los mismos; regojan los dispersos que handen vagando por ellos y los que residan en despoblado, remitiéndolos a esta capital para su incorporación al Exército con la seguridad correspondiente aunque sea por el Reyno de Portugal; y finalmente harán requisición de cavallos de toda clase que sean útiles para el servicio y operarán en los demás puntos según combenga a beneficio de la Patria[12].

 

Es decir, su misión comprendía desde acciones de guerrilla, reunir tropas y armas, estorbar a los invasores, perseguir a los desertores y proveerse de monturas para el ejército.

En otras misiones la labor de López Berrio se centró en el reclutamiento de tropas. Así el 2 de abril de 1809 remite a la Junta un informe de la actividad desempeñada en las villas de Valverde, Almendral, Torre, Nogales y Morera, para reclutar y remitir a Lobón “unos 600 hombres que resultaron armados con escopetas, chuzón y demás que fue posible, socorridos por cuatro días y encargadas sus respectivas justicias de remitirles víveres suficientes”. Al tiempo, recababa información sobre los movimientos del enemigo[13] como podemos saber por la petición que en septiembre de ese año realizaba a la Junta para que se le abonase el dinero gastado “en la observasión voluntaria que disfrazado hize por espacio de nueve días, con diferentes paysanos que saqué de la villa de Solana y otros pueblos, de la posición y giro que ocupaban los Enemigos, hasta que llegaron a la ciudad de Mérida, Montijo, Arroyo de San Serván, Calamonte y Torremejía”[14].

 

La eficiente labor realizada por el coronel acabó en septiembre de 1811, cuando los franceses le apresaron en la villa de Zahínos, donde se hallaba ejerciendo las funciones por las que había sido comisionado, con los documentos que acreditaban su condición y demostraban sus actividades. Esta circunstancia precipitó los acontecimientos, pues José López Berrio fue trasladado por las tropas francesas a la cercana villa de Fregenal y encerrado en la cárcel pública. Se practicó un consejo de guerra rápido, pues las pruebas halladas en su contra eran concluyentes y condujeron a la condena a muerte por traidor a Napoleón y al Rey, tal y como hicieron públicos los mandos franceses ordenando fijar en la plaza un documento en que se explicitaban los detalles de la condena. De esta forma, el 10 de septiembre de 1811 fue llevado a las afueras de Fregenal, al lugar conocido como el Egido, donde fue fusilado por la espalda y enterrado, pues según certificó años después el cura párroco de Santa María de dicho lugar, los franceses no permitieron que se le diese sepultura eclesiástica. Es más, sólo tras muchos ruegos de algunos vecinos del lugar consintieron que pudiese confesarse con un sacerdote y se le permitiese hacer su testamento, que realizó ante Antolín de Aniebas Solís, escribano de Fregenal. Por él podemos conocer el estado en que se encontraba el coronel en los momentos que precedieron a su muerte, pues terminaba el testamento con esta aclaración del notario: “el señor otorgante a quien doy fe conosco así lo dijo y no firmó por tener el pulso sobresaltado, lo hizo a su ruego uno de los testigos”[15].

Los documentos referidos sobre las misiones encomendadas a López Berrio -así como a otros comisionados[16]– muestran los intentos de la Junta por obtener la colaboración del pueblo en el esfuerzo bélico, que no siempre era correspondido de buen grado. De hecho, muchas de esas órdenes preveían la imposición de multas y otras medidas, incluyendo el uso de la fuerza para las justicias o particulares que se mostraran remisas a cumplir con lo mandado[17]:

 

Las Juntas y Justicias le prestarán los auxilios de que huvieren menester y los correspondientes a la subsistencia y alimentos de la tropa y alarmados, facilitándoselos de contado, bajo toda responsabilidad, con la prevención y encargo más serio que se les hace en su cumplimiento y la que se maneje morosa en él o el ciudadano que se resista a prestarse a la defensa pudiendo hacerlo, darán cuenta a esta Suprema Junta, para el castigo que deva imponersele por el Consejo de Guerra permanente creado con este y otros objetos”[18].

 

Todo ello prueba que, a pesar de la buena voluntad tanto de las autoridades como del pueblo extremeño para contribuir en la derrota del enemigo, en muchas ocasiones, la situación económica impedía a los pueblos hacer frente a lo solicitado. En esas circunstancias, como veremos también más adelante, la Junta solía ser inflexible y no aceptaba las quejas que se le formulaban.

 

2. b. La respuesta de los extremeños ante la Guerra de la Independencia

 

Si en el apartado anterior hemos visto la actividad de la Junta Suprema de Extremadura para cubrir las necesidades surgidas como consecuencia de la coyuntura bélica, ahora debemos ocuparnos de la respuesta que los requerimientos de las autoridades provinciales suscitaron en el pueblo extremeño y los gobernantes locales. Para comentar todas estas cuestiones, vamos a utilizar como hilo conductor y ejemplo la trayectoria vital de un extremeño que fue protagonista directo de los hechos; sin embargo, al contrario que José López Berrio, quien como militar profesional participó activamente en la guerra y murió como consecuencia de ella, este hombre fue militar a su pesar, y en cuanto finalizó el conflicto volvió a su hogar para vivir y morir entre los suyos. Nos referimos a Bonifacio Ramajo, cuyos datos biográficos vitales son los siguientes: hijo de Domingo Ramajo y María la Recolada, nació en Navas del Madroño, actual provincia de Cáceres, el 5 de junio de 1785. Contrajo matrimonio en dos ocasiones: por primera vez en 1806 con María Elena Guzmán, y ya viudo en segundas nupcias con Vicenta Teomiro en 1820. Tuvo 13 hijos, dos de su primer matrimonio y once del segundo, de los cuales sólo llegaron a la edad adulta cinco. Para finalizar, murió en su pueblo natal el 2 de mayo de 1838, a punto de cumplir los 53 años de edad.

Bonifacio Ramajo fue uno de los muchos extremeños cuya vida dio un giro de 180 grados como consecuencia de la invasión francesa y de la Guerra de Independencia. Sin embargo, él ha conseguido librarse del anonimato de la mayoría de sus compañeros y su nombre ha llegado hasta nosotros gracias a su propia palabra escrita. Se da la circunstancia, además, de que la vida de Bonifacio se vio afectada por la guerra antes de que ésta empezase, puesto que fue uno de los participantes en la invasión de Portugal llevada a cabo conjuntamente por los ejércitos español y francés en 1807.

Esta invasión, desconocida para muchos, constituyó el preludio de la ocupación española a partir de 1808; recordemos que desde 1800 la política exterior española estaba absolutamente sujeta a los designios de Napoleón Bonaparte; a pesar de las consecuencias negativas de esa alianza (sirva como mejor ejemplo la terrible derrota naval de Trafalgar), los gobernantes españoles, con Carlos IV y Godoy al frente, no fueron capaces de liberar al país de la influencia del emperador de los franceses. Así, el 27 de octubre de 1807 España y Francia firmaban un nuevo tratado en Fontainebleau. En el mismo se estipulaba el nacimiento de dos nuevos estados: Lusitania para la recién destronada reina de Etruria y el principado de los Algarves para Godoy. Pero, más importante, el acuerdo establecía la posibilidad de que las tropas francesas pudieran entrar por España para hacer cumplir el pacto.

En virtud de ese pacto, por tanto, se producía en noviembre de 1807 la invasión de Portugal por un ejército francés comandado por el general Junot y uno español dirigido por los generales Carrafa y Solano. En este ejército español participó el regimiento provincial de Plasencia, junto con el de Trujillo uno de los dos regimientos de “voluntarios” existentes en ese momento en Extremadura; y en ese regimiento estaba integrado como soldado raso Bonifacio Ramajo, tal y como sabemos por una carta suya enviada a su padre en septiembre de 1807 desde Valencia de Alcántara. Participó por tanto en la invasión, ya que en marzo de 1808 se encontraba en Elvas y en abril en Lisboa, desde donde remitió a su padre cartas pidiéndole dinero; en esas cartas Bonifacio narraba la penosa situación en la que se encontraban los soldados españoles, tanto por sus problemas de abastecimiento[19] como por la evidente hostilidad que los mandos franceses empezaban a manifestar contra los españoles, sabedores de las dudas e intranquilidad que su presencia en suelo español estaba despertando[20].

Desde ese momento, perdemos totalmente la pista de Bonifacio Ramajo; con toda probabilidad volvió a España cuando tras el levantamiento del 2 de mayo de 1808 y la invasión inglesa de Portugal los franceses desarmaron a los soldados españoles y les devolvieron a su patria[21]. Conocemos, por otra parte, que el regimiento provincial de Plasencia participó activamente en la guerra en tierra extremeña, sobre todo en la defensa de la ciudad de Badajoz. Y allí es precisamente donde encontramos de nuevo a nuestro hombre, ingresado en el hospital militar de la plaza en octubre de 1814, con el grado de sargento segundo. Ya finalizada la guerra, en 1815, volvió a Navas, donde reanudó su vida hasta su muerte acaecida, como hemos dicho antes, en 1838.

Sin duda, la vida de este extremeño de principios del siglo XIX es todo un ejemplo de cómo la guerra obligó a quienes la sufrieron a adaptarse a circunstancias totalmente nuevas y a padecer en sus propias carnes los efectos del conflicto, no sólo desde el punto de vista personal sino también en su economía y su forma de vida. En este sentido, la Guerra de Independencia se caracterizó por ejercer su influencia sobre prácticamente todos los ámbitos, tanto públicos como privados. Y ello es lo que vamos a intentar describir en las páginas siguientes.

Hemos visto cómo, al principio de la Guerra, la Junta de la Provincia de Extremadura intentó hacerse cargo de todos los gastos generados por el conflicto recurriendo a impuestos ordinarios y extraordinarios y a la requisición de víveres y dinero mediante comisionados. Con el transcurso del conflicto, no obstante, el aumento de las necesidades financieras, la presencia del ejército francés desde principios de 1809 y, por tanto, la ocupación permanente de amplias zonas del territorio extremeño de la que no se podían obtener ingresos y el aumento consiguiente del esfuerzo bélico para expulsar a los invasores obligó a la Junta Suprema a tomar dos decisiones de importantes consecuencias para el futuro: en primer lugar, las autoridades provinciales dejaron en manos de los pueblos la tarea de mantener a los ejércitos aliados por medio de alojamientos, donativos y contribuciones, lo que supuso para las localidades y sus habitantes unos gastos extraordinarios en muchos casos imposibles de asumir.

Por otro lado, la Junta tuvo que tomar decisiones que comenzaban a alterar el marco político, social y económico del Antiguo Régimen. Entre esas medidas tuvo sin duda una mayor trascendencia el decreto promulgado a finales de marzo de 1810 por el que se autorizaba a los municipios a vender la tercera parte de los bienes de propios y la mitad de los terrenos baldíos, permitiendo asimismo el cerramiento de las propiedades vendidas, y que comentaremos con detalle en las páginas siguientes.

Volviendo al primer punto que comentábamos, la presencia directa de numerosos contingentes de tropas en el territorio obligó a la Junta a dejar su mantenimiento diario en manos de los ayuntamientos donde se alojaba el ejército. Para ello, se recurrió a dos soluciones paralelas y, en muchas ocasiones, complementarias: por un lado, que los municipios y sus habitantes suministraran las raciones a los soldados y sus animales, y por otro, el establecimiento de contribuciones extraordinarias, casi siempre en especie, para abastecer a determinados cuerpos de ejército o, en la mayoría de los casos, a las tropas pertenecientes a los cuarteles generales.

Con respecto a los suministros directos a la tropa, las necesidades eran enormes, incesantes y además muy variadas, y por todo ello casi imposibles de asumir por parte de una sola localidad. Sirva como ejemplo el estado de las raciones que a principios de julio de 1811 necesitaban las tropas pertenecientes al Quinto Ejército; repartido entre dos cuarteles generales, los de Valencia de Alcántara y Fuente del Maestre, y diversas localidades extremeñas (Mérida, Alburquerque, Alcántara, Plasencia, Cáceres, Zafra, Coria, etc.), sus necesidades se evaluaban en 35.160 raciones de pan y otros alimentos, y 6.482 raciones de forraje[22].

Los pueblos extremeños se vieron, por tanto, enfrentados a una situación insostenible, en la que los recursos existentes debían ponerse a disposición de los ejércitos aliados; la situación era aún más grave teniendo en cuenta que desde 1804 la coyuntura agraria era claramente negativa[23], y que por tanto el campo extremeño era incapaz de alimentar a los habitantes de la provincia. La presión añadida y enorme de la presencia militar aumentó la necesidad y sumió al territorio extremeño en una crisis de subsistencias de desastrosas consecuencias.

Cabe señalar, por otra parte, que el propio desarrollo del conflicto y la presencia de los franceses en la provincia determinaron que el esfuerzo bélico no se pudiese repartir entre todos los pueblos de manera equitativa, sino que en cada momento tenían que ser las localidades libres de enemigos quienes recibiesen sobre sus hombros la mayor parte de los gastos. A ello debemos unir el hecho de que la Junta fue evacuada de Badajoz en septiembre de 1810, iniciando un largo periplo que la llevó primero a Valencia de Alcántara, luego a San Vicente, Garrovillas, Santa Marta de los Barros, Arroyo de San Serván y Olivenza para establecerse finalmente de nuevo en Valencia, donde permaneció hasta la reconquista de Badajoz por los ingleses en abril de 1812[24]; por tanto, los territorios adyacentes a la sede del máximo órgano de gobierno provincial, y sobre todo la zona en torno a Valencia de Alcántara, Alburquerque y Alcántara, sufrieron con mayor rigor los suministros a las tropas.

Los ayuntamientos reaccionaron casi siempre con voluntarismo y deseos de ayudar al esfuerzo bélico, pero la magnitud de las necesidades militares hicieron que muchas localidades no tuvieran más remedio que acudir a la Junta de la Provincia para solicitar bien la exención de los suministros solicitados, bien su reducción. En otros casos, los ayuntamientos solicitaban permiso para arbitrar medidas de carácter extraordinario con las que financiar los alimentos y otras necesidades de las tropas aliadas. Por último, algunas autoridades municipales actuaron con renuencia, dilatando los plazos de entrega de lo pedido o alegando su simple falta para evitar tener que cederlos a los militares encargados de la requisa de víveres.

En el primer grupo, la respuesta por parte de la Junta era casi siempre negativa; ese fue el caso de Herreruela, quien solicitaba la exoneración de la carga de tropas estantes en el pueblo “…por haverse quedado los vecinos exhaustos de granos…”[25]. También le sucedió lo mismo a la villa de Valencia de Alcántara, sin duda una de las que en mayor medida sufrió los rigores de la guerra por su carácter de sede de la Junta y, durante un tiempo, también de cuartel general del general Castaños, solicitaba en mayo de 1811 que el depósito de granos del Quinto Ejército se trasladase “…en país más abundante y se reparta al menos entre los pueblos inmediatos para que limitándose en éste el número de consumidores se retarde el hambre horrorosa que amenaza manteniendo los restantes en las casas de los que tengan algo”[26].

Más abundantes son los casos de pueblos que solicitan permiso de las autoridades provinciales para pagar los suministros; en esta circunstancia lo habitual era que los vecinos particulares se hiciesen cargo de los gastos y luego los ayuntamientos les abonasen el valor de lo suministrado. Sin embargo, dada la crisis financiera en la que los concejos locales vivían a causa del paso de tropas, éstos tuvieron que recurrir a instrumentos extraordinarios que a corto plazo solucionaban el problema pero que a la larga minaban las bases económicas de los ayuntamientos.

Entre esas medidas la más usada fue, sin duda, la venta de terrenos concejiles, tanto a través de la medida general autorizada por la Junta como por peticiones posteriores de cada concejo. En el primer caso, se trató de la autorización a todos los ayuntamientos para vender la tercera parte  de los terrenos de propios y la mitad de los baldíos, acordada por la Junta a finales de marzo de 1810 y definitivamente permitida por el Consejo de Regencia en mayo de ese año[27]. Esta medida, que afectó a todos los pueblos de la provincia, supuso la venta de una buena parte de la tierra de cultivo en la Extremadura del Antiguo Régimen, ansiada por los terratenientes para aumentar sus propiedades y reforzar su poder económico, social y político en los pueblos. En este sentido, la venta de 1810 puso en el mercado muchas de esas tierras, aunque desde luego no contribuyó a una mejor distribución de la propiedad al quedar casi todas, como señalábamos, en manos de los principales propietarios de cada localidad, además de que las ventas se vieron rodeadas de una gran cantidad de abusos, corruptelas y manipulaciones que no podemos detallar aquí por no ser el tema principal de nuestro trabajo.

A largo plazo esta decisión, tomada con el propósito de que los ayuntamientos pudieran así pagar los suministros realizados por sus vecinos a las tropas aliadas, suponía algo mucho más importante, como era la práctica desamortización de esos bienes que se suponía que eran inalienables; sería, por tanto, la segunda de las cuatro desamortizaciones que desmantelaron las bases económicas del Antiguo Régimen, junto con la de las propiedades de capellanías, hospitales y obras pías (1799) y las más conocidas de bienes eclesiásticos o desamortización de Mendizábal (1834) y de bienes civiles y municipales o desamortización de Madoz (1855). Como veremos más adelante, la quiebra del Antiguo Régimen empezaba como resultado de unas necesidades económicas acuciantes para las autoridades de la provincia de Extremadura y continuaría desde 1811 y sobre todo 1812 con las disposiciones legales emanadas de las Cortes liberales de Cádiz.

No obstante, estas ventas fueron en bastantes ocasiones insuficientes para subvenir a todos los gastos ocasionados por el conflicto; ello obligó a muchos pueblos a seguir recurriendo a ese recurso, pidiendo el obligado permiso a la Junta. En muchos casos, sin embargo, ese permiso fue denegado. Quizás los miembros de la Junta eran conscientes de que la guerra estaba poco a poco desmontando los cimientos del Antiguo Régimen, y no quería que eso sucediera más de lo estrictamente necesario para conseguir la victoria; así, por ejemplo, se denegó la autorización solicitada por Esparragosa de Lares para vender más terrenos por los señalados en la orden de 1810[28].

Junto a la venta de terrenos públicos, también se recurrió a otras medidas, que al igual que la ya descrita tuvieron consecuencias económicas y sociales muy importantes; la  más importante fue sin duda el recurso a los bienes de instituciones eclesiásticas, que hasta ese momento habían sido intocables pero que las necesidades bélicas obligaron a usar poniendo por primera vez en grave aprieto el sostenimiento de la Iglesia. Se dio así permiso a los concejos de las Hurdes (Casar de Palomero, Caminomorisco y Pinofranqueado) para utilizar los fondos del real noveno, casas escusadas, diezmos, real encomienda y también para vender bienes de cofradías, obras pías e iglesia, reservando solamente lo necesario para la lactancia de los niños expósitos y el sostenimiento de la parroquia y el cura[29]. Algo parecido sucedió en Arroyo de la Luz, a cuyo ayuntamiento se concedió autorización para usar las partes del diezmo de la villa correspondientes al obispo y cabildo eclesiástico de Coria, el noveno extraordinario que correspondía al rey, el voto de Santiago y las primicias y por último los bienes de una capellanía vacante en ese momento[30].

Por supuesto, también había autoridades locales que, como señalábamos anteriormente, se mostraban bastante renuentes a la hora de cumplir con los suministros solicitados. Ya sabemos que la Junta era bastante rigurosa en esos casos, y autorizaba a sus comisionados a realizar todas las diligencias oportunas para obtener los recursos necesarios, incluyendo entre ellas el uso de la fuerza armada. Desde luego, cuando eran compañías enteras las que necesitaban los suministros para mantenerse y los pueblos no se los facilitasen con la presteza debida, el peligro de represalias armadas era muy grande.

Del primer caso hay diversos ejemplos, como el de Ceclavín, cuyas autoridades relataban en 1811 que

 

…En la noche anterior entraron en este pueblo un comisionado de la Junta municipal de este partido de Alcántara auxiliado de dos oficiales y 46 sargentos, cavos y soldados a exigir de esta justicia y ayuntamiento las 1200 raciones de pan y carne que le había pedido para las tropas que existen en aquella plaza, y los artículos de aguardiente, vino, vinagre y azúcar que también había pedido para el hospital militar de ella, y asimismo los 500 ducados de la multa que le había impuesto en el caso de no verificarlo, que parece ascienden ya y según lo denota el oficio con que requirió dicho comisionado a la total cantidad de 38500 reales por mayor, y a conducir presos por vía de apremio dos de los individuos de dicho ayuntamiento sin haver estimado la referida junta las fundadas y notorias causas que se habían manifestado a la misma junta…[31]

 

El mismo propósito era el que animaba a la Junta cuando “…inteligenciada de que varios pueblos de la provincia han faltado al apronto de raciones que se les ha prebenido reiteradas veces para el suministro de nuestras tropas…” comisionó al comisario de Guerra don Julián de Ibarra “…para que presentándose en los pueblos que tenga por conveniente haga exigibles el suministro de raciones que sean necesarias para el socorro de la división al mando de usted…”[32]

Por otra parte, conflictos entre los pueblos y las tropas que se alojaban en ellos fueron constantes durante toda la guerra; el problema residía siempre en diferencias de opinión en cuanto a las cantidades de alimentos y dinero solicitadas y al tiempo transcurrido entre la petición y la entrega. Ello sucedía, por ejemplo, en Brozas a mediados de 1812; por un lado, la comisión de subsistencias de la villa se quejaba de que “…desde el mes de diciembre hasta el día de hoy ha mantenido esta villa más tropas que las que ha podido corresponderle según el número de los que constantemente ha habido en el partido de Alcántara, añadiendo las infinitas que con intermisión de un solo día transitan por ella…”, por lo que solicitaba la ayuda de otros pueblos cercanos y la marcha de algunas de las tropas alojadas en el pueblo. Sin embargo, el brigadier don Joaquín Astraudi, al mando de la compañía de caballería residente en Brozas, se quejaba a su vez de

 

lo mal que se comporta la junta de subsistencias de esta villa con las tropas que se hallan acantonadas en ella, y a mis órdenes   correcciones que creo haya tenido de V. E. para su remedio, me es preciso hacer presente a v. E. que lejos de conocer esta junta la justicia y humanidad con que deben ser tratadas las tropas nacionales cada día se ve menos fruto de las tareas y travajos que tanto decantan en el suministro que deben acerlas. Este no solamente es desfalcado en cada ración diaria de media libra de pan y una onza de arroz, sino que generalmente jamás se logra lo perciba la tropa, sino muy raro día, hasta entre diez y once de la noche del mismo para en que debe servir y se ha dado caso de repartirse el pan algún día a la una de la mañana[33].

 

Pero junto a los suministros directos a las tropas, los pueblos de la provincia de Extremadura tuvieron que sufrir peticiones constantes de la Junta tanto de dinero como de otros elementos necesarios para el adecuado funcionamiento del ejército. En cuanto a los primeros, las contribuciones extraordinarias estuvieron presentes desde el principio de la guerra, como dijimos anteriormente, y su frecuencia y cuantía aumentaron considerablemente con el transcurso del conflicto. En muchas ocasiones, además, esas contribuciones se hacían sin el permiso de la Regencia y la Junta Central, quienes en teoría eran los que poseían la soberanía en nombre de Fernando VII.

Debido precisamente a una encuesta de esas instituciones formulada para conocer las contribuciones creadas durante la guerra sabemos qué repartimientos se realizaron por la Junta de Extremadura entre los pueblos de la provincia entre el 19 de septiembre de 1811  y el 9 de julio de 1812[34]. Los datos de la Junta son elocuentes: en esos escasos diez meses, se había repartido una exacción de 700.000 reales entre los pueblos más importantes de los partidos de Alcántara y Valencia de Alcántara (Alcántara, Valencia, Brozas, San Vicente, Zarza, Ceclavín…), dos exacciones similares, a cuenta de la contribución extraordinaria de guerra, de dos millones de reales entre los partidos de Alcántara, Trujillo, Mérida, la Serena y Plasencia; una exacción con calidad de reintegro en terrenos en los partidos de Alcántara y Cáceres, de 1.250.000 reales, y otra para pago de portes en los pueblos libres de Alcántara y Plasencia de 120.000 reales. En total, se habían cobrado (o pretendido cobrar) más de dos millones y medio de reales; la distribución por partidos de esta enorme cantidad ratifica, a su vez, lo que dijimos en las páginas precedentes: la ubicación de la Junta en Valencia de Alcántara durante buena parte del conflicto hizo que la zona limítrofe a esta villa fuera la que padeciera con mayor intensidad los peticiones del gobierno de la provincia. Así, mientras que al resto de partidos se le solicitaron entre 200.000 y 400.000 reales, el de Alcántara tuvo que pagar la astronómica suma de 1.174.000 reales. No resulta extraño, por tanto, que fueran los pueblos de esta comarca los que se quejaran a la Junta con mayor frecuencia.

Lo mismo sucedía en cuanto a las contribuciones en especie, tanto de trigo, otros cereales y paja como de carros para transportar armas y bagajes. Por ejemplo, en 1811 la Junta comisionaba a don Tomás Respau para obtener granos y ganados en los pueblos del partido de Alcántara; las cantidades repartidas eran enormes: 828 fanegas de trigo, 191 vacas y 2610 cabras, destinadas a alimentar a los muchos regimientos que en ese momento se encontraban acantonados en la villa de Valencia de Alcántara[35]. Tan frecuentes e intensas como las peticiones de alimentos fueron las necesidades de recabar transportes para esos mismos suministros o para armas y pólvora; así, entre 1811 y 1813 se realizaron las siguientes peticiones de carros y acémilas para efectuar transportes de diversos elementos:

– Pedido de treinta carros al partido de Cáceres para la conducción de armamento, municiones y demás efectos que están haciendo notable falta en el ejército y existen en los almacenes de Abrantes.

– Primer expediente sobre pedido de 59 carros y 62 caballerías para la conducción de víveres a los pueblos del partido de Alcántara.

–  Comisión a don Justo Hernández de Tejada para la exacción de ochenta carros en el partido de la plaza de Badajoz.

–  Pedido del general Wellington de 20 carretas para la conducción de pólvora a Badajoz desde Portugal.

–  Segundo expediente de pedir 91 carretas, 259 barricas y 284 acémilas a los partidos de Alcántara y Cáceres por órdenes de 18 de febrero de 1812.

–  Repartimiento de 101 bueyes y 37 carretas a disposición del comisario don Luis Vélez para la limpieza de Badajoz.

–  Repartimiento de doscientas cabezas para la conducción de víveres desde los almacenes de Abrantes, reino de Portugal[36].

 

A la vista de estos datos, no resulta extraño que la mayoría de los pueblos no pudieran suministrar todo lo solicitado o pidieran a la Junta que les exonerase del servicio; así, Herreruela vio reducida su obligación de entregar tres carretas a sólo una, a Santiago de Carbajo se le permitió sustituir los carros por 16 caballerías. Curiosamente, además, mientras que los pueblos pequeños, a pesar de su tamaño y pobreza, hacían frente a las peticiones, las villas más grandes solían ser las que más problemas ponían a la hora de efectuar las entregas. De esa manera aparecen constantes requerimientos a las justicias de las villas de Brozas, Alcántara, Garrovillas, Ceclavín o San Vicente de Alcántara para que cumplan con lo exigido.

 

Todo lo expuesto demuestra claramente la presión enorme a la que las villas y lugares de Extremadura tuvieron que hacer frente para sostener el esfuerzo bélico en la provincia; la primera consecuencia de ello fue, como no podía ser de otra forma, que la situación de la economía provincial, tanto la de los particulares como la de las haciendas locales, se resintiera y cayera en una profunda crisis de la que tardó bastantes años en recuperarse.

Sin embargo, junto a las repercusiones económicas la Guerra de la Independencia tuvo otras consecuencias menos evidentes pero de un mayor calado por cuanto suponían una modificación sustancial del sistema social y político propio del Antiguo Régimen. Si es cierto que todas las guerras provocan grandes daños en  las sociedades que las padecen, la Guerra de la Independencia fue en ese sentido un fenómeno que modificó sustancialmente las bases de las sociedades española y extremeña del siglo XIX.

En el caso extremeño, la guerra agudizó la conflictividad social que había dominado la provincia desde mediados del siglo XVIII y sobre todo en la última década de dicha centuria. Por tanto, van a ser los campesinos quienes protagonicen los principales problemas sociales de la Guerra de la Independencia, problemas relacionados, como los de la centuria dieciochesca, con la escasez de tierras de cultivo. Casi todos los movimientos sociales, además, coincidirán con la puesta en marcha de la venta de baldíos y propios; ante la evidencia de que esas tierras no serían repartidas entre los campesinos, sino que pasaban a manos de los grandes propietarios, en numerosas ocasiones labradores y jornaleros pasaron de las palabras a los hechos e invadieron fincas en varios pueblos. Sucedió así, por ejemplo, en Cañaveral; cuando se comenzaban a deslindar las tierras según sus escrituras de venta, los labradores las invadieron y rompieron la tercera parte de la dehesa y la mitad de los baldíos que se habían enajenado[37]; la venta de terrenos fue también la causa del motín acaecido en Zarza de Montánchez, donde los labradores

 

en el mismo día de Santiago en el quince de agosto y el quince de septiembre se reunieron varios vecinos hasta el número de cincuenta o sesenta obligaron a la justicia a que mandase tocar la campana para un concejo avierto y con escándalo, descompostura y menosprecio de aquellos alcaldes mandaron que éstos y los anteriores rindiesen las cuentas de los suministros hechos a las tropas, que no se vendiesen ningunas tierras, que se arruinasen las cercas de las vendidas, que se rebajase el salario al cirujano y que se entregase por el alcalde la causa que había formado sobre el primer alboroto acompañado estas pretensiones con tales amenazas que los individuos de justicia temieron con razón funestas consecuencias, mayormente quando entre otras cosas decían que ninguno de los de ayuntamiento havía de salir sin que se les entregase la referida causa, que ya no havía gobierno que se havía de hacer más que lo que ellos quisiesen, que a Solano y Torrefresno los mataron y muertos se quedaron, que la comisión de la Junta superior era nula porque todos los que componían la junta  como todos los que mandavan heran unos traidores y por último procedieron tumultuariamente a derrivar las paredes de las cercas o terrenos vendidos a don Simón Ojeda, Rafael Fernández, Pedro Plaza y otras que han sido reconocidas y tasado su perjuicio que asciende a catorce mil y más reales[38].

 

            Como vemos, los objetivos de los amotinados de Zarza iban más allá de la queja por la venta de las tierras, intentando modificar el orden social imperante hasta el momento en el pueblo, e incluso haciendo graves manifestaciones contra las autoridades provinciales.

            En otros casos, las quejas iban dirigidas contra los abusos que las autoridades locales y los poderosos practicaban en los repartimientos tanto de tierras como de contribuciones, aprovechando el caos del conflicto y la ausencia de una autoridad indiscutida en la provincia que pusiera freno a esas actitudes. Por ejemplo, en Navas del Madroño el procurador síndico general se quejaban en 1811 de los abusos de la justicia y en concreto el alcalde Diego Romero Flores habían cometido en la venta de tierras para pagar los suministros, adjudicándose para sí mismo y sus familiares y paniaguados los mejores terrenos[39]. En Alcántara, el gremio de labradores se quejaba ante el general Castaños de que eran los mayores perjudicados en los repartos de impuestos y suministros, mientras que ni los privilegiados ni los otros grupos sociales eran gravados de la misma forma[40]; por último, en Casar de Cáceres también el procurador síndico protestaba porque

 

las intrigas de unos vecinos con otros, los varios partidos contrarios entre sí, las relaciones de parentesco y amistad entre los vecinos con los miembros de justicia y comisión, la falta de actividad en la justicia para realizar las providencias de dicha comisión, la frialdad de la junta de propios y comisionado de enajenaciones, la indolencia de las justicias anteriores en la liquidación de sus ministros con la contaduría y dación de quentas de los caudales que manejaron y finalmente las travas que continuamente están poniendo varios vecinos a los repartos y demás providencias de esta comisión insensiblemente van ocasionando la ruina de este pueblo, la privación al ejército considerable suministro con que ha podido y podrá auxiliar y por último la imposibilidad de poder la comisión y justicia dar el debido cumplimiento a las continuas superiores órdenes[41].

 

En general, la respuesta de la Junta a todas estas peticiones fue bastante ambigua, amonestando a las autoridades por los abusos cometidos pero, en la práctica, incapaz de ponerles freno.

Si los campesinos eran los sufridores principales de los abusos, o al menos quienes más se quejaban de ello, no es menos cierto que los estamentos privilegiados, aquellos que habían gozado de una posición de predominio en la sociedad del Antiguo Régimen, empezaron a ver minadas las bases de su poder. En este sentido, sin duda fue la Iglesia quien salió más perjudicada por la guerra, puesto que sus importantísimos bienes patrimoniales se convirtieron en un recurso muy importante para subvenir a los gastos del conflicto. Esa era la justificación que daban los alcaldes de Villar de Plasencia a su petición de vender las fincas de capellanías y obras pías, ya que el pueblo “…por su situación tanto por la inmediación de Plasencia quanto por hallarse en la carera, havía quedado exhausto de toda clase de efectos y enseres, sin ganados y sin comercio, y lo que es peor sin yuntas y sin bestias con que poder continuar su corta labranza…”[42].

 En muchos casos, las tierras se vendieron sin autorización de la Junta, lo que suscitó las quejas de los afectados; gracias a ello conocemos ejemplos como los de Pozuelo de Zarzón, cuyo párroco se quejaba de que los alcaldes “…han vendido y están vendiendo las haciendas pertenecientes a la Iglesia, curato, cofradías y demás pertenecientes a obras pías para suministros a las tropas francesas sin preceder tasa de peritos ni cubrir su tercera parte siquiera, todo contra las órdenes del rey nuestro señor y aprovechándose de las tristes circunstancias que prestan la proximidad del enemigo…”[43].

También la nobleza vio en algunos pueblos sus privilegios en peligro; no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que los alcaldes vieron en la guerra la ocasión para imponer un reparto de los impuestos más equitativo y acabar con la exención de tributos de la que gozaban los hidalgos. Así lo demuestran las quejas formuladas por los administradores de títulos extremeños como el Vizconde de Peñaparda de Flores, el Marqués de la Encomienda o los Condes de la Encina y Canilleros[44].

Para finalizar, y en íntima relación con los problemas sociales, la Guerra de la Independencia supuso para la política de los pueblos extremeños un período de gran agitación. En unos casos, las autoridades legítimas fueron removidas de sus puestos acusadas de connivencia con el enemigo o simplemente de cobardía; así le sucedió a don Andrés Amat, alcalde mayor de Llerena, quien fue destituido de su cargo tras haber sido hecho prisionero por los franceses acusado de no haber hecho lo suficiente para evitar la invasión enemiga[45]. También se dio el caso de que, huidas o apresadas las justicias, los pueblos eligieron un nuevo gobierno sin tener en cuenta ni el procedimiento habitual en esas circunstancias ni las órdenes de la Junta de Extremadura, como sucedió por ejemplo en Ceclavín[46].

En otras localidades, fueron los gobernantes quienes intentaron evitar la elección de comisiones encargadas de los suministros o de la venta de terrenos, que les privarían de sus funciones y por tanto de poder manipular dichos procedimientos en beneficio propio. Fue esto lo que sucedió en Corte de Peleas, cuyos alcaldes ordinarios intentaron impedir la elección de una junta de embargos para suministrar víveres al ejército, y al no conseguirlo declararon nulos los sorteos efectuados por la junta perjudicando a los vecinos más pobres de la población[47].

Dentro de este contexto general de problemas, merece una mención especial la villa de Olivenza; recién incorporada a la monarquía española tras la Guerra de las Naranjas de 1801, sus gobernantes no tenían ni mucho menos garantía de la lealtad de los oliventinos, dudas que se demostraron ciertas cuando, aprovechando el caos provocado por la guerra, se produjo en 1809 un intento de sublevación que acabara con el gobierno español, asesinando a todos los españoles y entregando la plaza a los franceses. Una vez abortada la revuelta, hubo otras manifestaciones de descontento, como la resistencia al pago de contribuciones o al cumplimiento de obligaciones militares. Así el gobernador de la plaza decía que

 

no se puede dudar que esta plaza y su partido está recién conquistado que sólo por esta circunstancia no pueden sus habitantes disimular el disgusto o resentimiento de verse bajo distinta dominación que la de su naturaleza… Para prueba nada equívoca de la insubordinación basta sólo poner en la alta consideración de V. E. que los alistados solteros que llevó para el ejército a esa capital don Juan Tovar en 27 de mayo último se han desertado los más, según se me ha informado, como cierto y lo creo, en lo que manifiestan el poco respeto y amor a nuestro gobierno y desprecio de la defensa en la justa causa que defendemos contra los franceses[48].

 

            En definitiva, multitud de problemas y conflictos aquejaron a los pueblos de la provincia desde el principio de la guerra; desafortunadamente, la situación se prolongó durante varios años, lo que aumentó la gravedad del daño infligido a la economía de la provincia y sus localidades, al mismo tiempo que tuvo efectos distorsionantes sobre las estructuras políticas y sociales. En este sentido, la guerra no constituyó más que el preludio de una etapa de enormes cambios y dificultades que se extendería, en realidad, hasta mediados del siglo XX.

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES:

 

ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA:

           

– Expediente militar de don José López Berrio, hidalgo.

– Expediente militar de don José López Berrio Baldovinos.

 

ARCHIVO DE LOS HEREDEROS DE DON JOSÉ LÓPEZ BERRIO

 

– Libro de documentos del coronel don José López Berrio, Año de 1811. Fusilado por los franceses en Fregenal de la Sierra en 10 de Septiembre de 1811.

 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE BADAJOZ

 

Junta Suprema de Extremadura,

–          Comisión de Justicia, legajos 1-16

–          Comisión de Subsistencia, legajos 17-27.

–          Comisión Militar, legajos, 28-45.

–          Comisión de Hacienda, legajos, 46-100.

–          Gobierno, legajos 101-136.

 

Protocolos notariales, leg. 2624.

 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁCERES

 

Protocolos notariales, leg. 382.

 

 

ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE GRANADA

 

– Sala 301, leg. 4664.

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA:

 

AYALA VICENTE, F.: “La Guerra de Independencia en Extremadura”, Militaria, Revista de Cultura Militar, 2001, nº 15. pp. 53-60.

GARCÍA PÉREZ, J., SÁNCHEZ MARROYO, F. y MERINERO MARTÍN, M. J.: Historia de Extremadura, t. IV, Los Tiempos actuales. Badajoz, 1985.

GÓMEZ VILLAFRANCA, R.: Extremadura en la Guerra de la Independencia. Memoria Histórica, Badajoz, 1908.

MONTAÑÉS PEREIRA, R.: “La Guerra de la Independencia en Extremadura: desorden institucional y crisis económica”, en MELÓN, M. A., LA PARRA, E. y PÉREZ, F. T. (Eds.): Manuel Godoy y su tiempo, t.1, Badajoz, 2003. pp. 279- 299.

SARMIENTO PÉREZ, José: La Junta Suprema de Extremadura en la Guerra de la Independencia Española. Comisión de Gracia y Justicia (1808-1812), Badajoz, 2008.