Carlos Marín Hernández**. El museo, entendido como institución permanente en la que se custodian, exhiben e investigan para fines educativos, de contemplación y de estudio una colección de piezas de relevante naturaleza cultural, volcado en su utilidad pública, es un concepto propio de la Contemporaneidad reciente. Tras tímidas e imperfectas tentativas, fue la creación de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos en 1844 la que vino a asentar las bases de la institucionalización para la conservación del Patrimonio Histórico mueble y la red museística de España, una disposición que para Alegre Ávila mereció la consideración de “primera gran regulación orgánica” del Patrimonio Histórico[1]. Estos organismos, conocidos a secas como Comisiones de Monumentos y forjados en torno a las élites sociopolíticas provinciales (presididos por los Jefes Políticos, primero, y por los Gobernadores Civiles, después), funcionarían hasta las primeras décadas del siglo XX como supremos apoderados de toda la política cultural en su feudo provincial. A las Comisiones de Monumentos se les transfirió en 1844 la práctica totalidad de posibilidades de intervención sobre el Patrimonio Histórico nacional (mueble e inmueble) para su gestión directa, siendo la vertiente que más nos interesa la fundación y el fomento de Museos Provinciales. La atención que estos centros merecen cobra verdadera carta de naturaleza en 1865, en un nuevo Reglamento de las Comisiones, cuando se estipula que serían de dos clases, de Bellas Artes y de Antigüedades (Arqueológicos, se entiende), ligados al destino de su respectiva Comisión de Monumentos: éstas se encargarían del acopio del Patrimonio mueble y, por medio de dos de sus integrantes, que harían las veces de Conservadores, de la catalogación de sus fondos, de su exhibición y del mantenimiento corriente del establecimiento en el que se ubicaran. 
Así quedó fijada, a grandes rasgos y salvando modificaciones posteriores de pequeña entidad, la legislación de los Museos Provinciales en España hasta los albores del siglo XX. Así también se intentó hacer cumplir en la ciudad de Cáceres con su respectivo establecimiento museístico provincial, donde múltiples condicionantes mediatizaron todo su devenir institucional, unos orígenes que aún se mantienen inéditos o cuanto menos no narrados con la debida extensión y análisis en la bibliografía extremeña[2]. Afincado desde 1933 en la Casa de las Veletas, ni su ubicación, ni su disputada titularidad fue siempre la misma. En 1898 y por orden de su claustro, una pequeña colección de piezas quedaba instalada como Museo Arqueológico Escolar en el Instituto de Segunda Enseñanza de Cáceres, ubicado entonces en el antiguo noviciado de los jesuitas [Fig. 1]. Muy pronto la Comisión de Monumentos pretendió su patrocinio, según le amparaban (a su parecer) las disposiciones legales citadas, iniciándose un contencioso para el que no se encontró solución hasta 1917, cuando obtuvo la declaración de utilidad pública como Museo Provincial de Bellas Artes y fue entregado a una Junta de Patronato encargada de su cuidado. El discurrir histórico durante esas dos décadas de lo que acabaría siendo el Museo Provincial de Cáceres, la crónica de los enfrentamientos y los desengaños, pero también de los empeños y las conquistas en la preservación de los caudales históricos, artísticos y arqueológicos de Extremadura, es el objeto del presente estudio.
- Génesis y desarrollo de la disputada e inestable titularidad
Las tensiones y los enfrentamientos con otras instituciones públicas es un problema consustancial a la historia fundacional de muchos centros museísticos en España. Ante la imposibilidad de sus promotores para encontrar el local adecuado, por no gozar de las infraestructuras y dimensiones necesarias o no poder costear su compra o alquiler, tratan de ubicarlo en locales que han de ser compartidos con otros entes públicos, lo que ocasiona conflictos con quienes los administran y pretenden su disfrute exclusivo. Nada menos que tres décadas debió permanecer el Museo de la Comisión de Cáceres constreñido entre unas pocas dependencias del Instituto, en una coexistencia con las funciones y actividades docentes del centro que durante largo tiempo no fue precisamente pacífica. 1.1. El Museo Arqueológico Escolar del Instituto Los hechos que precipitan los acontecimientos se retrotraen a septiembre de 1898. Reunido en claustro, el profesorado del Instituto de Cáceres acepta la propuesta oficiada por uno de los concurrentes para fundar entre sus dependencias un Museo Arqueológico Escolar. La propuesta parte del entonces Catedrático de Geografía e Historia del centro, Gabriel Llabrés[3]. Sobre su cometido educativo, se entiende que la colección arqueológica coadyuvaría a la instrucción docente reforzando los contenidos teóricos inculcados, al modo de los clásicos gabinetes decimonónicos. De hecho, la colección que forma su primigenio inventario sale de un puñado de piezas numismáticas y arqueológicas pertenecientes a un desarmado Gabinete Arqueológico y Numismático instalado en 1864 en el mismo centro educativo, compradas por las mismas fechas al clérigo garrovillano Jerónimo de Sande Olivares y Calderón, una de las figuras más desdibujadas de la Arqueología extremeña[4]. Llabrés, con este conjunto, el mobiliario más elemental y la ayuda de otros profesores y alumnos del Instituto, instala pronto en el salón que antes ocupaba la clase de Dibujo la flamante colección escolar[5]. De todas las gestiones realizadas da parte Llabrés nada más ultimar su montaje a la Comisión de Monumentos, en noviembre de 1898, la que se ha mantenido al margen por haber sido refundada ese mismo mes[6]. No obstante y sin que su no implicación sirva de impedimento, la Comisión en pleno acuerda patrocinar el proyecto museístico, secundando el parecer expuesto de antemano por su Presidente el Gobernador Civil, José Muñoz del Castillo[7]. Muy significativa será también la opinión de su Presidente cuando al pronosticar su futuro enaltecimiento manifieste que no conviene su adscripción a la categoría de “Escolar”, pues “aunque en realidad lo sea, que se prescinda de tan modesto dictado por si llega a ser algo, con el tiempo”. Tomado su acuerdo, la Comisión de Monumentos aspira a ejercer en lo venidero un mecenazgo problemático, pues no se trata de un Museo Arqueológico Escolar en sino del Instituto, del cual depende en exclusiva administrativa y económicamente. 
Fig. 2. Piezas arqueológicas sueltas de la colección de Miguel Jalón y Larragoiti (AHMCC, Fondo Llabrés). Al cabo de un año, la Comisión de Monumentos presiente ya la intromisión de competencias que podría acarrear mantenerle su mecenazgo: “convenía que procediese [la Comisión] por su cuenta, pues si fomentaba el Museo de carácter escolar que el Instituto de 2ª enseñanza pensó establecer, llegaría un día en que en realidad pudiéndole a ella caber la mayor parte, no se supiese a quién pertenecía el Museo”[8]. Pero acertar con el local adecuado en el que acomodarlo fuera de los muros del Instituto no es una opción viable económicamente. La alternativa que conciben es buscar su mejor acondicionamiento posible en el mismo edificio, lo que desata la controversia con su recién nombrado Director, Manuel Castillo[9]. El Instituto se aviene a cederle a la Comisión un determinado local, sin uso, y dos integrantes de la Comisión se desplazan al centro para su inspección, el Gobernador Civil José Muñoz del Castillo y el Secretario de la institución Juan Sanguino, auxiliar supernumerario de la sección de Ciencias en el Instituto y, para añadir más trabas al contencioso, malavenido con su moderno Director[10]. Decepcionados, el reconocimiento del local no les parecerá adecuado y el problema se enquista al ser el único ofrecido. 
Fig. 3. Tableros con objetos arqueológicos de las inmediaciones de Alconétar, en la colección de Vicente Paredes (Mélida, 1924) La implicación de las autoridades gubernamentales abre un resquicio para el entendimiento mutuo. Aprovechando las obras de reparación que se acometerían con vistas a evitar la ruina inminente que amenazaba a la planta superior del Instituto, el Gobernador Civil se dirige al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y le expone la necesidad de realizar las obras pertinentes para contar en el edificio con un local propio, amplio y funcional en el que alojar el pretendido Museo Provincial. Con las obras en fase de preparación, el acuerdo no será posible. En agosto de 1901 se publica el Real Decreto que reorganiza los Institutos de Segunda Enseñanza del país, que pasan a denominarse Generales y Técnicos. En su articulado, la normativa decreta el aumento del número de cátedras docentes, una reforma que según el parecer del Director genera una mayor necesidad de habitaciones para uso educativo, con lo cual no se podría destinar a Museo Provincial ninguno de los locales que la Comisión de Monumentos solicitara. La estupefacción de los comisionados, que se niegan a aceptar sus pretextos, hace que varios de ellos se desplacen de nuevo al Instituto en compañía del arquitecto competente para ver si ante un examen detenido hay o no espacio para alojar en él las salas del Museo Provincial, como así resulta. No se cita en ningún momento, pero es razonable pensar que entre ellos figuraran el Presidente del organismo, el Vicepresidente y su Secretario (el Gobernador Civil, Publio Hurtado y Sanguino)[11]. Para salvaguardar su opinión de una nueva negativa tanto del Director del Instituto como de su claustro, la Comisión de Monumentos intenta reclamar su derecho al local buscando el aval de los senadores y diputados de la provincia. Del mismo modo, cuando la Comisión sabe de la publicación del Real Decreto de 25 de octubre de 1901, que trae nuevos vientos para la definición constitutiva de los Museos Provinciales en España, remiten al Ministerio de Instrucción Pública un cumplido telegrama con el que buscan no tanto elogiar su labor al frente de su departamento como reiterarle sus preocupaciones[12]. Paradójicamente, esos vientos renovadores que trae el decreto para la red de museos del país, devienen en aire viciado en lo tocante al normal funcionamiento de la Comisión de Monumentos. Su articulado reforma la composición de individuos ligados a estos organismos. Entre otros colectivos, para avivar más el fuego del litigio, también los Directores de los Institutos Generales y Técnicos se integrarían a partir de entonces en las Comisiones de Monumentos. Es precisamente la asunción de los postulados del Real Decreto la que motiva que la Comisión de Monumentos llame a sesión un 30 de noviembre de 1901, en la que Castillo lima asperezas con la institución y da su consentimiento para almacenar en el Instituto las colecciones del futuro Museo Provincial, siempre en espera del remate de las obras de reforma del edificio, las que habrían de separar sin lugar a equívocos los límites de habitabilidad. Finiquitadas en el otoño de 1902, la Comisión se traslada a sus reformadas estancias inaugurales para celebrar una sesión, muy concurrida, durante la que rebrota la discordia[13]. Cuando se procede a leer en público la lista de objetos que Llabrés ha entregado a Sanguino para la formación del Museo Provincial, Castillo pregunta si son los reunidos en su momento para el Museo Arqueológico Escolar, pues de ser así debía ser el claustro del Instituto el que aprobara su trasvase al que ahora se pretendía instaurar. Por si fuera insuficiente, critica enérgicamente que la Comisión haya ocupado en el edificio para tal fin un espacio mayor del que cree estrictamente necesario. Es más, por falta de habitaciones disponibles, Castillo había ordenado ya la ocupación de ciertas salas destinadas al Museo Provincial en los planos de obras; al mismo tiempo, había ordenado franquear el paso a otra de sus estancias, o levantar tabiques con puertas en las crujías que también ocupaba, a fin de instalar allí gabinetes y cátedras. El Museo, en definitiva, había sido arrinconado a las estancias más deficientes del edificio, desprovisto incluso de acceso independiente. Los malos modos con los que Castillo enuncia su protesta y la ocupación de las estancias citadas originan una desapacible contestación de algunos vocales de la Comisión, que le reprochan no haber reclamado ante el Ministerio a su debido tiempo. La tensa atmósfera respirada por todos, impropia de una asamblea, aplaza la toma de todo acuerdo para la siguiente sesión, en la que las partes implicadas (Comisión e Instituto) aceptan la propuesta del conciliador Gobernador Civil José Muñoz del Castillo para extender un acta de concierto entre ambas. Terminaba así el primero de los disputados pulsos que las dos instituciones mantendrán a costa de un Museo Provincial que aún debería recorrer un largo camino para conocer su declaración oficial de utilidad pública. 1.2. El Museo de la Comisión de Monumentos Firmada el acta de concierto que Comisión e Instituto han extendido para encontrar una solución viable al conflicto, la declaración oficial del anhelado Museo Provincial será todavía una realidad remota. El organismo sabe que de su hacer depende ahora el aciago o próspero destino de su Museo, pues suyo será hasta que el Ministerio de Instrucción Pública no promulgue su utilidad pública en 1917. Hasta ver ese momento, durante años deplorará la Comisión de Monumentos el vacío legal en el que se encuentran sumidas sus colecciones y las promesas incumplidas de las oficinas estatales. 
Fig. 4. Colección arqueológico-artística del Museo Provincial en el Instituto (Blázquez Marcos, 1929). Aun así, mediante el convenio entre partes se han alcanzado al menos algunos acuerdos importantes. El Instituto ha aceptado la permanencia en el edificio de la colección museística, que se exhibe en la mejor apariencia posible en el postergado local del edificio. Para evitar indeseados equívocos, el Secretario Sanguino, por orden del claustro del Instituto, ha entregado los objetos con los que Llabrés había acondicionado el Museo Arqueológico Escolar y que la Comisión había detentado en concepto de depósito, realizando su devolución bajo inventario detallado. El cómputo de piezas que constituyen el recién instalado ahora se nutre con el catálogo que viene reuniendo por su cuenta y riesgo la Comisión en su labor privativa de recuperación del Patrimonio mueble provincial. En el mismo sentido, unos pocos meses después es la Real Academia de la Historia la que da su conformidad a que Sanguino acoja el título de Conservador, una designación que daba un espaldarazo a la consolidación institucional del proyecto museístico. Pero las embravecidas aguas sólo habían vuelto a su razonado cauce temporalmente. El 14 de mayo de 1903 publica Castillo un incendiario artículo en El Noticiero con el que rebrota la polémica. En su columna, firmada bajo el seudónimo Un vocal de la Comisión de Monumentos, vierte duras críticas sobre el organismo de Cáceres, al que achaca no haber llamado a sesión en todo 1903 y carecer de laboriosidad alguna. La reprimenda pública obliga a la Comisión a llamarle a capítulo en reunión convocada al efecto pocos días después, durante la que se exponen “mutuas y satisfactorias explicaciones sobre los conceptos que hubieran lastimado”. Aprovechando su asistencia, se le recuerda también que al claustro del Instituto debe someter las bases del convenio firmado el pasado año, en las que se rubrica el derecho de la Comisión a ocupar su local en el edificio. Como de rutina, la salida amistosa no es una solución viable. El claustro acordará por unanimidad mantener en su integridad el derecho del centro al uso de todo el edificio, cediendo únicamente para la exposición de las piezas reunidas por la Comisión el local que no tenga dedicación inmediata. La resolución destemplada del claustro obtiene entonces una respuesta semejante de la Comisión de Monumentos, que resuelve elevar al Ministerio de Instrucción Pública una demanda “pidiendo que se le entregue el local del Museo, tal y como figuraba en el proyecto de obras, y sin las adulteraciones en él introducidas”, así como expresarle “el deseo de la Comisión de que se le entregaran los objetos que de un modo indubitable le pertenecían”[14]. La determinación de la Comisión de Monumentos se le notifica también a la Real Academia de la Historia, en su búsqueda para granjearse apoyos institucionales, e incluso a la opinión pública local por medio del Diario de Cáceres, que en su edición del 13 de noviembre de 1903 reproduce la comunicación dirigida al Ministerio. Cuando vuelven a reunirse todos los implicados en el contencioso museístico, en el verano de 1904, el desencuentro es palmario[15]. Vetado a la Comisión de Monumentos el acceso a su local en el Instituto, o tal vez para acercar posturas en un terreno neutral, son citados a la reunión en el despacho del nuevo Gobernador Civil, Juan Fernández Vicente. Durante la asamblea, Castillo arremete contra la redacción del acta de la sesión anterior, nula, a su juicio, por haberse violado varios preceptos reglamentarios, como rehuir el número mínimo de vocales asistentes que establece el reglamento de las Comisiones de Monumentos o que la exposición remitida al Ministerio se haya tramitado con defectos de procedimiento. Tan sólo un concurrente quiso que constara en acta su adhesión a Castillo, el bibliotecario del Instituto Marcelino Gutiérrez[16]. Contestando cuidadosamente a las acusaciones del Director, el resto de comisionados asistentes participa de la discusión, a cuyo término se alcanzan reconciliadores acuerdos en firme, como la retirada de la instancia acusatoria elevada al Ministerio o el usufructo que se otorga a la Comisión para disponer de dos de sus salas en el Instituto mientras se trabaja en el traslado al edificio de la Diputación Provincial, que sería tanteada por una delegación del organismo para ubicar en él la colección museística. Como ya ocurriera en 1901, la mudanza no prospera con la facilidad que se piensa y las colecciones reunidas por la Comisión deben continuar instaladas por tiempo indefinido en su deficiente local del centro educativo. No obstante, el mutismo del que se hace gala en la documentación sobre cualquier tipo de polémica a tenor de su ubicación, unido al goteo de piezas que pasan a engrosar sus fondos, nos induce a pensar que el conflicto entre Comisión e Instituto se relajó por unos años[17]. Ya en 1908, la Comisión de Monumentos tropieza con que una de sus dos salas en el edificio ha sido ocupada para la impartición de las clases de Dibujo de la Escuela de Artes e Industrias, un desaire que resucita la controversia[18]. Castillo, presente en la sesión pertinente del organismo, tras solicitar repetidamente la impugnación del acta anterior por nuevos defectos de procedimiento, justifica sus acciones en atención al dominio exclusivo que, a su juicio y del claustro, detenta el centro sobre todas las instalaciones del edificio. Se desconoce si la Comisión de Monumentos recuperó la sala del Instituto que le pertenecía. En cambio, sí es seguro que su Museo continuó asfixiado entre las dependencias docentes, sin que fructifiquen los intentos del organismo para encontrarle un local externo más espacioso y práctico en el que arrancar su andadura autónoma. Resignada la Comisión, será la iniciativa estatal la que abra una vía para el adecuado desenlace de un litigio que duraba ya demasiado. 1.3. El Museo Provincial de Bellas Artes y su Junta de Patronato Para ver algo de luz al final del túnel que viene recorriendo desde 1902 como tutora de un Museo que, muy a su pesar, no goza de la debida declaración oficial como Provincial de Cáceres, la Comisión de Monumentos habrá de aguardar hasta 1913. En el otoño de ese año, los comisionados discurren sobre la solicitud que el Ministerio de Instrucción Pública les demanda: una nómina de vocales que componen el organismo y una relación del catálogo de objetos reunidos que pueda respaldar la creación del Museo Provincial implorado. La notificación ministerial se sustenta en los artículos 2º y 3º del Real Decreto de 24 de julio de 1913, que reorganiza los Museos Provinciales del país e impulsa resolutivamente la extensión de la utilidad pública a cuantos aún no la disfrutan[19]. El requerimiento es tramitado con diligencia por la Comisión de Monumentos, pero ya sea por las clásicas desatenciones a las que el Gobierno la somete o por el extravío de su reclamación entre el confuso aparato burocrático estatal, lo cierto es que nunca llegará a saberse de una eventual contestación. Las exigencias que demanda para/con su Museo son atendidas tiempo más tarde por conducto directo de la misma Monarquía alfonsina. En julio de 1916 la Infanta Isabel de Borbón visita la ciudad y durante cuatro días de estancia asiste a múltiples actos que celebran su venida. Entre otros lugares señalados, visita la colección museística ubicada en el Instituto, guiada por Publio Hurtado, Sanguino y Emilio Herreros[20]. Allí, ante la insistencia de sus acompañantes, promete secundar los remotos deseos de la Comisión, cuya respuesta cabe ubicar más en el ámbito de la cortesía que en el de una hipotética y decisiva contribución por su parte a la causa. Más importante debió ser la inspección que en torno a las mismas fechas realizó Alfonso Pérez Gómez-Nieva, por entonces Jefe de la Sección de Fomento de las Bellas Artes del Ministerio, quien dado su cargo más podía hacer por la empresa museística. Sabedores del punto de inflexión que el aparente respaldo gubernamental parece suponer, la Comisión de Monumentos acude también a sus representantes políticos extremeños en Madrid, como ya hiciera anteriormente, para que cooperen en su declaración, entre los que se destaca el nombre de Eloy Sánchez de la Rosa[21]. Tras un mar de vaivenes administrativos y políticos, que fundan primero y disuelven después una primera Junta de Patronato del Museo, se instaura ésta, a la que se encomienda autónomamente el fomento del bautizado (ahora sí) Museo Provincial de Bellas Artes[22]. La Junta fundacional se forja con un variado elenco de personalidades: la Presidencia se otorga a Publio Hurtado; las vocalías recaen en Eloy Sánchez de la Rosa, Fernando Jiménez Mogollón (Arcipreste en Cáceres), Manuel Castillo, Juan Sanguino, Gustavo Hurtado Muro[23], Eladio Rodríguez (Director de la Escuela Normal) y Antonio Floriano Cumbreño[24]. En la misma sesión se eleva a Sanguino hasta la Dirección del Museo en virtud del título de Conservador que ya venía ocupando desde 1903. A la Junta también pertenecerían, como vocales natos, el Presidente de la Diputación y el Alcalde de Cáceres, según estipulaba el reglamento para los Museos Provinciales de 1913. Poco tiempo disfrutaría de su vocalía el Director del Instituto, Manuel Castillo, pues en diciembre de 1918 trasladó su actividad docente al de Valencia. Ultimada su marcha, dejó de pertenecer a la Junta de Patronato y a la Comisión de Monumentos, sin que sus congéneres en la institución le mostraran atisbo de aprecio alguno, pues no figura su nombre en las actas ni para anunciar su traslado. 
Fig. 5. Inscripciones epigráficas de Ibahernando (Sanguino, ARAH, CACC/9/7948/21(2)). Así instalada, la Junta de Patronato desvincula de la Comisión de Monumentos sus hasta entonces atribuciones privativas sobre el Museo, lo que no implica que el organismo continúe asociado a su fomento permanente a través de la dual integración de muchos de sus integrantes en ambas instituciones. Según lo refirió Publio Hurtado en la primera sesión que celebraba la Comisión tras la reorganización de la Junta de Patronato, “cesaba la acción de la Comisión sobre el Museo, pero no la de varios de los individuos que la componían, vocales del Patronato, y él mismo, honrado con la Presidencia”[25]. No andaba desencaminado: de las ocho personalidades que habían sido agregadas a la Junta como vocales ordinarios (excluimos los natos), seis pertenecían en aquel instante a la Comisión de Monumentos. El desvío puntual que la Comisión hace de sus presupuestos para gastos concernientes a la Junta museística es también síntoma de la consonancia entre las dos instituciones. Hasta las fechas en las que la Junta de Patronato celebra sus asambleas son en gran número coincidentes con los días en los que el organismo de Cáceres convoca las suyas. En definitiva, el Museo Provincial de Bellas Artes, tras un alumbramiento dilatado penosamente en el tiempo, seguiría en lo venidero tutelado de facto por la institución que desde 1898 promovió su fomento cuando apenas era un elemental Museo Arqueológico Escolar.
- Provisión de objetos y musealización
Como ha sido puesto de manifiesto, la génesis y el desarrollo de lo que llegaría a ser, andando el tiempo, el Museo de Cáceres, escribe su historia en claves singulares. Las disposiciones jurídicas del Reglamento de 1as Comisiones de Monumentos de 1865, por el que se regían los Museos Provinciales del país a las puertas del siglo XX, tipificaba su doble naturaleza: de Bellas Artes y de Antigüedades (Arqueológicos), dependientes de la Real Academia de San Fernando los primeros y de la de la Historia los segundos. Uno y otro podían acomodarse indistintamente en la misma capital provincial. En el caso que nos ocupa, su creación parte de una eventualidad peculiar, la que funde ambas concepciones en una sola. De hecho, hasta que no recibe su declaración de utilidad pública en 1917 como Museo Provincial de Bellas Artes, los mismos integrantes de la Comisión lo definen como “Museo Arqueológico y Artístico de la Provincia”, esto es, con secciones arqueológica y artística. Si el arranque del proyecto museístico había sido difícil, no menos lo sería el proceso de acopio de objetos. En enero de 1899, cuando apenas se han reunido unas pocas piezas, la Comisión de Monumentos de Cáceres recibe de su homóloga pacense el “voluminoso catálogo” de los objetos que ha logrado reunir en el Museo de Badajoz, “produciendo su revisión una impresión penosa al compararlo con la pobreza del nuestro”[26]. Y es que los presupuestos anuales que disfruta la Comisión son tan ajustados que apenas llegan para pequeños desplazamientos y la adquisición de enseres de Secretaria, mobiliario, libros y unos pocos objetos para su Museo. Según la normativa vigente, son las Diputaciones Provinciales las que están obligadas a asistir económicamente a su respectiva Comisión de Monumentos, pero los libramientos que la de Cáceres expide adolecen de una enorme falta de rigor tanto en las cantidades como en la periodicidad con la que se reciben. Lo mismo le ocurrió a todas las Comisiones del país, que siempre se debatieron entre la precariedad pecuniaria y su desatendida reclamación[27]. Para suplir la dificultad, se buscará decididamente la generosidad de la sociedad extremeña y de las más cercanas instituciones públicas, como el Ayuntamiento de Cáceres o la Diputación Provincial, aleccionadas para la donación de todo tipo de objetos, ya en propiedad o en depósito. Una vez aplacado en parte el litigio que mantiene con el Instituto en 1902, el Boletín Oficial de la Provincia es el medio que se le antoja a la Comisión para hacer su primer llamamiento a la donación sistemática. En él difunden una circular destinada a particulares, párrocos y Alcaldes, en la que se les invita a donar desprendidamente una extensa mezcolanza de objetos[28]: Son parte principal del fomento de estas instituciones los frecuentes donativos de objetos que de particulares reciben; y como la Comisión de Monumentos de Cáceres cuenta ya con muestras del interés que ha merecido su pensamiento á varias personas de estudio, y á otras meritísimas de la provincia, que con desprendimiento laudable le han hecho valiosos ofrecimientos, quiere, por la presente circular, que entiendan los Sres. Alcaldes, párrocos y cuantos hombres de ilustración la lean, la obligación moral que á todos incumbe de coadyuvar á la prosperidad del Museo. Para esto, debe V. [como Alcalde municipal] divulgar entre sus convecinos que las piedras llamadas de rayo, los bronces antiguos, las inscripciones, los hierros artísticos, los azulejos, pergaminos, escritos y libros raros, las pinturas y telas de notoria antigüedad, etc., podrán ser, si no son donadas con el fin dicho, compradas por la Comisión, siempre que sus recursos pecuniarios lo permitan; y que, al fin, será más patriótico ofrecerlos á ésta en venta que no á codiciosos mercaderes que se los lleven al extranjero, como viene ocurriendo en la provincia, con lamentable frecuencia. La publicación de la circular en el Boletín provincial obtiene al instante una triunfante aceptación. Una cincuentena de pueblos han contestado diligentes a la circular, anunciando haberle dado la mayor divulgación, y los más variopintos ofrecimientos comienzan a llegar. Destacan, entre otros, los ofrecidos desde Plasencia: “interesantes objetos prehistóricos y miliarios y lápidas” obsequiados por Vicente Paredes, un copioso monetario prometido por Eugenio Escobar e “interesantes pergaminos” que entregaría José Benavides[29]. Unos meses más tarde, es Mario Roso de Luna el que facilita para las colecciones del Museo un considerable lote de piezas arqueológicas exhumadas durante sus excavaciones practicadas en varios enclaves cercanos a su Logrosán natal[30]. El escritor y folklorista Rafael García-Plata de Osma, otro de los más activos donantes que se ofrecen a la Comisión de Monumentos, realiza una concesión de un puñado de objetos artísticos y casi 150 monedas, entre las que había “fenicias, túrdulas y romanas de interés”[31]. El entusiasmo comprometido del Gobernador Civil José Muñoz del Castillo para el fomento del Museo de la Comisión se calibra también con las 250 ptas. que entrega entonces despreocupadamente. Así, la nómina de personas que forman el dadivoso colectivo se corresponde con la élite social extremeña, como no podía ser de otra forma. Más allá de ellos, nos encontramos ante todo sacerdotes, abogados, políticos, maestros y alumnos y profesores del Instituto de Cáceres (algunos verdaderamente activos), cuyas aportaciones se vinculan por lo general con los hallazgos numismáticos. Menos suerte corre la llamada particular que varios miembros de la institución hacen a diversas personalidades de su entorno, quienes podían facilitar más objetos o mediar para su adquisición, a los que se tantea por escrito. Su repercusión fue un fiasco: a su llamada sólo contesta Marcelino Guerra Hontiveros enviando un ejemplar de su libro Apuntes históricos acerca de la villa de Gata (que ya poseía además la Comisión) y otro del folleto Notas á las Antigüedades de Estremadura de D. José Viu, firmado por su padre Felipe León Guerra. Pero la decepción no podía esconder un logro mayúsculo: publicada la circular, el Museo de la Comisión se había abierto a un espacio regional que hasta el momento ignoraba su misma existencia, y que si se conocía era más bien por las trifulcas que continuamente avivaban la comidilla local. A partir de su llamada, los ingresos de todo tipo de objetos históricos, artísticos y arqueológicos procedentes de la geografía provincial aumentarían a ritmo constante sus depósitos año tras año. Los vocales de la Comisión de Monumentos también predican con el ejemplo. Las piezas que ceden al Museo que administran proceden invariablemente de las áreas inmediatas de sus municipios de residencia. Si establecemos entre sus integrantes un escalafón donante, sobresale por encima del resto la generosidad de Sanguino. Su labor merece relatarse con detenimiento, pues trasciende su mera caracterización como donante de objetos. Como tal, es frecuente encontrarse con la cesión periódica de objetos varios, como la que realiza en 1910, un catálogo de útiles prehistóricos (“de los que nada había en el Museo”) procedentes de diversas cuevas de la provincia de Santander, en la que residía transitoriamente por motivos laborales[32]. Su activismo febril le hace destacar no sólo por su desinteresada generosidad. En su ejercicio como vocal y Secretario de la Comisión y Conservador de su Museo, resulta ser un excelente gestor. Con mano paciente redacta en el libro de actas de la institución, en el de cuentas y en el de inventario del Museo todas y cada una de las colecciones y objetos sueltos que ingresan. Con pareja eficacia administra los gastos que el organismo asigna al Museo, como el transporte de los objetos a la capital provincial o la compra del mobiliario indispensable para su exposición. Y es que alrededor del fomento del Museo giraron sus principales inquietudes en el seno de la Comisión de Monumentos, convertido aquél en su genuina obra personal. La provisión cadenciosa que nutre los fondos museísticos se complementa en ocasiones con las colecciones arqueológicas privadas que, bien en parte o en su integridad, trata de adquirir la Comisión de Monumentos para su acrecentamiento. La primera de las colecciones sondeadas fue precisamente la de uno de sus miembros reorganizadores, Miguel Jalón y Larragoiti, XII Marqués de Castrofuerte[33]. A su muerte, la Comisión de Monumentos naufraga en sus pretensiones para ser la destinataria de la herencia cultural de su benefactor, una magnífica biblioteca y una serie artístico-arqueológica que exhibía en su residencia particular. La colección pasó a sus hermanos y sufrió un proceso de disgregación entre diferentes instituciones (e incluso manos privadas) españolas, de la que apenas pudieron salvar los comisionados para el Museo un pequeño lote de objetos [Fig. 2]. Un desenlace muy diferente tuvieron sus tenaces esfuerzos para hacerse con el legado testamentario de Vicente Paredes a su muerte en 1916, cuya adquisición aumentó formidablemente la dimensión de su Museo. Su autor había logrado reunir alrededor de 200 objetos y un monetario de más de 3.000 piezas (por no hablar de su recopilación bibliográfica y documental) que tras un parón de tres años, en espera de conocerse su destino, se trajeron a Cáceres en 1919 gracias a los eficaces trámites burocráticos gestionados por la Comisión de Monumentos y la Junta de Patronato del Museo, lo que dio origen a un litigio que todavía hoy es causa de controversia [Fig. 3][34]. Es también Sanguino quien realiza las gestiones precisas para adquirir el mobiliario expositor y quien coordina los criterios museísticos de exhibición. En lo que respecta al mobiliario, requerido para la exposición de las colecciones y para la sala de juntas de la Comisión (que se ubica en su local del edificio del Instituto), se acude a tres vías de adquisición, con resultados que guardan una dispar fortuna. Una de ellas es acudir al mobiliario construido para exposiciones y al existente en administraciones públicas suprimidas, que es solicitado en concepto de depósito mientras no sea requerido para nuevo uso, precisamente lo que ocurrió con el de la despojada Jefatura del Segundo Distrito Agronómico, que debió ser devuelto en 1904 cuando apenas había sido utilizado durante dos años. En otras ocasiones, como fue el caso de unos tableros y marcos acristalados para portaláminas y fotografías, se solicita el auxilio económico de la Diputación Provincial, la que asiste presupuestariamente a la Comisión, pero su fabricación se malogra continuamente por entorpecedores trámites burocráticos. La tercera alternativa, a la que más se acude, es destinar una partida de sus presupuestos anuales para la fabricación del mobiliario más esencial, aunque los elevados costes de construcción convierten en una gesta económica este dispendio[35]. Las cantidades restantes de su presupuesto se reservan a las gratificaciones al conserje que se ocupa de la limpieza del local y de recados diversos. 
Fig. 6. Inscripción votiva de Talaván (Fita, 1914).
Fig. 7. Piezas arqueológicas procedentes de Cáceres el Viejo (Sanguino, 1913).
Con anterioridad nos referíamos al Real Decreto de 25 de octubre de 1901, que abordaba la condición de los Museos Provinciales (Arqueológicos, para más señas) y su lugar en el organigrama museístico de España. El Museo de la Comisión de Monumentos de Cáceres se instaura al poco de su promulgación debiendo atenerse a sus disposiciones, que no serían nada fáciles de asumir por la institución en lo tocante a las instalaciones expositivas y a sus tendencias museográficas. Se desconoce dónde se ubicaban y cómo se realizaba la exhibición de los objetos que formaban sus primeras colecciones en el Instituto, antes de la declaración de utilidad pública de 1917. Sólo a través de las descripciones que José Blázquez Marcos realizó del local y de sus colecciones en la obra Por la vieja Extremadura, auxiliados por las fotografías con las que Tomás Martín Gil ilustraba la publicación, se puede plantear un esbozo de sus planteamientos museográficos a finales de años veinte, poco antes del traslado a la Casa de las Veletas [Fig. 4][36]. Según su reseña, la planta alta del edificio acogía tres salas de exposición. En la primera se habían acomodado las colecciones pictórica y escultórica moderna y contemporánea, que compartían espacio con el nutrido monetario del Legado Vicente Paredes. En la segunda sala, expuestos en cinco vitrinas acristaladas, se exhibían los “restos y objetos” arqueológicos, en su mayoría los que venían aflorando del campamento romano de Cáceres el Viejo, dejando las paredes para fotografías de monumentos de la provincia, vaciados de esculturas clásicas en yeso y variadas piezas cerámicas. Las demás reproducciones en yeso y todas las piezas arqueológicas restantes del legado testamentario de Vicente Paredes quedaron instaladas en la tercera sala, expuestas en una vitrina particular. De este modo, sabemos que en todas las salas había vitrinas y estanterías en las que se colocaban algunos objetos con su respectiva cartela (los de mayor facilidad de manipulación por su peso y dimensiones), mientras que otros eran fijados en las paredes (la colección pictórica) o incluso apoyados directamente en el suelo (caso de las inscripciones epigráficas). En consecuencia, podríamos decir que el Museo de la Comisión de Monumentos en el Instituto no era muy diferente de un provisional emplazamiento a medio camino entre una sala de exposición y una galería de objetos de variada tipología, cronología y estima. 2.1. La colección arqueológica: epigrafía y numismática Si a Sanguino, como Conservador del Museo que fue desde 1903 hasta el mismo día de su muerte en 1921, le cabe la mayor parte en su correcta administración, no menos protagonismo detenta en las directrices netamente arqueológicas que al mismo le otorgó. A sus decididas y continuadas gestiones para indagar en el Patrimonio Arqueológico extremeño, al que consagró con energía sus inquietudes investigadoras, se debe sin lugar a dudas la acentuada orientación arqueológica del Museo que dirige, en detrimento de otros objetos de diferente naturaleza que forman también parte del Patrimonio mueble provincial, pero que cuentan con una atención y presencia menor. La incidencia de su eminente predilección por la Arqueología regional y los bienes que integran su Patrimonio Arqueológico se deja notar especialmente en el peso específico que las secciones de epigrafía y numismática ocupan en el cómputo de la colección museística, un fiel reflejo del gusto personal de Sanguino por este tipo de hallazgos arqueológicos. Amparado en su cargo de Conservador y en los poderes coordinativos que le otorga la Secretaría de la Comisión de Monumentos y de la Revista de Extremadura, sostiene una red de informadores o “corresponsales epigráficos” repartidos entre distintas localidades de la provincia que le comunican con frecuencia la aparición de hallazgos epigráficos, facilitando que la Comisión de Monumentos ponga en marcha la maquinaria legal y burocrática de apropiación, la que la ampara para hacer prevalecer su derecho a reunirlas en su Museo. Para ello esgrime con gran juicio la legislación conservacionista vigente, sea cual sea el contexto en el que la pieza se encuentra, en especial la muy recurrida Ley de Excavaciones y Antigüedades de 1911[37]. En la misma línea, es también Sanguino quien tiene la iniciativa de fijar unas directrices tipo destinadas a evitar los errores y omisiones, muy habituales, que comenten sus colaboradores en los calcos que reproducen el texto de las inscripciones, y que difundió convenientemente en la Revista de Extremadura para su conocimiento. Este procedimiento en el que Comisión e informadores ocasionales trabajan conjuntamente permite a la institución distribuir posteriormente las copias de las inscripciones entre los más avezados epigrafistas, como Emil Hübner o Fidel Fita, quienes las publican posteriormente en la Revista de Extremadura, el Boletín de la Real Academia de la Historia y/o el Boletín de la Real Academia de la Historia 38]. 
Fig. 8. Calcos de monedas recogidas en Alconétar por Sanguino en 1906 (AHPCC, Legado Paredes). Entre los mayores éxitos en la recopilación sistemática de epígrafes que acomete la Comisión de Monumentos se cuenta el cosechado en Ibahernando entre 1899 y 1904. Por medio del Secretario de la Alcaldía del citado municipio, que predispone una admirable colaboración, se pueden adquirir un importante conjunto de inscripciones romanas y cristianas aparecidas casualmente y detentadas en su mayoría por varios vecinos de la población. La competente labor del organismo se juzga con el número total de piezas epigráficas que procedentes de Ibahernando aloja hoy el Museo de Cáceres: de un total de 22 inscripciones, 17 de ellas fueron las adquiridas en este primer lustro del siglo XX por la Comisión de Monumentos [Fig. 5][39]. En el extremo más opuesto, la Comisión de Monumentos no puede siempre contar con la esperada colaboración institucional o ciudadana, ineludible para satisfacer sus intenciones concluyentes: trasladar y exponer las inscripciones epigráficas en su lugar correspondiente en el Museo. La desconsideración de la ciudadanía hacia las piezas que detenta es habitual y el archivo de la Comisión da continuas muestras de ello. En cambio, otras veces es la irresponsabilidad en pleno de la Comisión de Monumentos hacia sus obligaciones proteccionistas la que provoca la pérdida o destrucción de puntuales epígrafes. Algunos sumamente interesantes, como el aparecido en 1913 junto a otros hallazgos en las cercanías de Talaván, durante la construcción de una carretera pública: una formidable inscripción votiva, con peculiar bajorrelieve esculpido en su frente y asociada a un topónimo desconocido en los catálogos epigráficos [Fig. 6]. Oído el informe de Floriano dando cuenta de su aparición, se activan las diligencias de apropiación, pero no prosperan y el asunto se olvida por unos años. En 1916 se encarece su recuperación del particular que la conserva en Talaván al haber aparecido en una obra pública del Estado, sin próspero desenlace. Martín Gil la vio personalmente a principios de los años cuarenta, desdeñada en una propiedad particular de esa población, siendo el último que ha proporcionado datos sobre su desconocido paradero actual[40]. Por su parte, la colección numismática que reúne el Museo durante su etapa fundacional es también de gran relevancia. El monetario del Museo se nutre en sus orígenes con las aproximadamente 500 piezas numismáticas que en su día pertenecieran al Museo Arqueológico Escolar del Instituto, y que se incrementa con creces en las décadas siguientes. La envergadura de la misma actualmente es de las mayores de España, con un monte total que sobrepasaría las 7.000 unidades, recogidas en buen número por la gran labor de acopio llevada a cabo por la Comisión de Monumentos y la Junta de Patronato. Conocidas las crónicas dificultades económicas por las que atraviesa la Comisión de Monumentos, serán las donaciones altruistas las que dominen por lo común la provisión del monetario. Entre el colectivo donante, ya nos hicimos eco de sus principales valedores: las figuras vinculadas a la élite social y cultural de la región y los mismos vocales del organismo de Cáceres, especialmente Gutiérrez del Caño, Roso de Luna y el incombustible Sanguino. El canje del monetario duplicado es otra de las posibilidades sin cargo económico alguno, aunque nunca se aprovecha. La mejor ocasión se le presenta a la Comisión en 1902 por medio de Narciso Díaz de Escovar, Secretario de su homóloga en Málaga y asiduo colaborador de la Revista de Extremadura. La oferta cautiva al organismo para cuando se aborde la catalogación del monetario reunido, pero nunca acaba de concretarse, ya que cuando el inventario es una realidad ni uno ni otro recuperan las diligencias. La otra vía sin gasto económico alguno se canaliza a través del legado testamentario de los coleccionistas privados, como colosal fue el fondo numismático procedente del depósito privado de Vicente Paredes, ya referido, y que aún hoy supone alrededor de un tercio del monetario del Museo de Cáceres. Por su parte, la compra del monetario no es un negocio asequible para la Comisión de Monumentos, causa de muchas operaciones frustradas. Es el caso de la colección de monedas romanas que Joaquín Durán, vecino de Almaraz, ofrece en venta al organismo en 1903. El archivo de la institución conserva el catálogo remitido por el expresado, pero según sus palabras “otras atenciones impedirían comprárselas por ahora”, precisamente cuando se acaba de hacer un fuerte desembolso por el mobiliario destinado al Museo y la sala de juntas. Pasado el tiempo, ni Comisión ni ofertante recuperarán el interés por la compraventa[41]. Por sí mismo, el comercio numismático no es precisamente una alternativa módica: por la compra de cuatro monedas de oro se abonaron 152 ptas. en 1914, una cantidad significativa en atención a las 500 ptas. que la Diputación consignaba entonces a la institución para sus gastos presupuestarios. La obligación de catalogar los fondos del Museo era otra de las atribuciones conferidas por reglamento a los Conservadores de los Museos Provinciales desde 1865. Su importancia era especialmente acusada en lo tocante a las colecciones numismáticas, propensas al extravío de piezas sueltas o, por qué no, al hurto. Aun siendo una potestad conferida a los Conservadores, no sería Sanguino el que catalogara la colección monetaria. El primero de los inventarios lo acomete Gutiérrez del Caño en 1905 por encargo de la Comisión de Monumentos, cuando todavía se compone de unas pocas piezas monetales. De mayor significación es la clasificación y valoración genérica que Floriano realiza de ellas en 1913, publicada unos meses después por medio de un sucinto folleto[42]. El compromiso de Floriano, una vez terminada la tarea, se complementó con la entrega al Conservador Sanguino de una caja índice con el inventario y dos pirámides para su muestra que él mismo había costeado. Como no podía ser de otro modo, su labor fue evaluada como un “trabajo meritorio” por el resto de comisionados, y su autor, como digno acreedor de sus agradecimientos. * * * El resto de piezas arqueológicas que no guardan carácter epigráfico ni numismático, acrecientan también rítmicamente estas colecciones arqueológicas. Las circunstancias que rodean a su procedencia y acopio son múltiples. Los hallazgos casuales ante la expansión urbanística contemporánea y las obras de remodelación públicas y privadas son muy frecuentes. En especial, el yacimiento romano de Cáceres el Viejo se destapa a partir de 1910, tras la primera intervención de Schulten, como una magnífica cantera de hallazgos arqueológicos, siempre y cuando pueden ser rescatados de entre los arrasamientos que viene provocando la construcción de la carretera pública que lo cruza, que preocupan a la Comisión de Monumentos por los destrozos constantes que ocasionan en el yacimiento [Fig. 7][43]. Por otra lado, las salidas excursionistas, durante las que se visitan yacimiento o contextos arqueológicos asociados y donde se recoge colateralmente material arqueológico, suponen una cierta intencionalidad para inspeccionar y recuperar piezas para su Museo, como es el caso de los viajes realizados a Las Torrecillas de Alcuéscar en 1900 o al vado de Alconétar en 1906[44] [Fig. 8]. Casi nulas son las excavaciones arqueológicas abordadas por la Comisión de Monumentos, el modelo de intervención más proclive para la exhumación de objetos arqueológicos. Por el contrario, sí impera una actitud permisiva con arqueólogos aficionados, una postura acomodada que resulta muy conveniente si de lo que tratan es de enriquecer sin esfuerzos materiales y humanos las colecciones arqueológicas de su Museo. 
Fig. 9. Torre de la Casa de los Cáceres-Ovando a principios del siglo XX (AHMCC, Fondo Llabrés). 2.2. Otras colecciones no arqueológicas Las colecciones no arqueológicas que aloja el Museo de la Comisión no guardan comparación posible con la anteriormente descrita. Apreciamos, de hecho, que no existe esfuerzo organizado para su acopio, como sí se desprende del metódico enaltecimiento de la sección puramente arqueológica. El ingreso paulatino de objetos no arqueológicos (históricos, artísticos, mineralógicos, etc.) se reconoce en el libro antiguo de inventario de objetos del Museo, pero con una frecuencia menor y ensombrecidos por el esmero con el que se procura la recolección de piezas arqueológicas. En verdad, suponen una amalgama de objetos tal en la disparidad de su tipología, cronología y procedencia, que resulta una tarea más que ardua realizar aquí su exposición detallada, que acometemos a modo de síntesis. Entre las colecciones no arqueológicas primigenias del Museo de Cáceres, se procura reunir el catálogo fotográfico más completo posible con la intención de (parafraseando sus impresiones) ilustrar a los vocales en los monumentos y conjuntos histórico-artísticos más notables de la provincia. Un centenar de fotografías alcanza a reunir muy pronto la institución para tal fin, las que inmortalizan palacios, iglesias y demás edificios de entidad monumental de Cáceres, Plasencia, Trujillo o Guadalupe, así como puntuales contextos arqueológicos (ruinas de Cáparra), compradas a la casa fotográfica Laurent, al gabinete local de Julián Perate u otros estudios fotográficos, que se incrementan con las cedidas por desprendidos donantes, como Llabrés, que en 1910 regaló a la Comisión casi medio centenar de instantáneas. Todas ellas se cotizan alto en la actualidad entre el cómputo de catálogos fotográficos de la región extremeña al haber inmortalizado entornos perdidos o desfigurados [Fig. 9]. Otras colecciones no arqueológicas que pasan a engrosar los almacenes fundacionales del Museo de Cáceres son vajillas de porcelana, azulejos y lozas antiguas talaveranas y puenteñas; obras pictóricas, entregadas en depósito temporal por la Diputación Provincial; elementos religiosos, del tipo de tallas, crucifijos, rejerías y pequeños retablos; armas blancas y de fuego, como cuchillos o pistolas; medallas, aunque éstas figuran catalogadas en la colección numismática; o una interesante colección de estampas y grabados de época moderna y contemporánea[45].
- La vertiente instructiva e investigadora del Museo
El concepto de utilidad pública aplicado a los Museos Provinciales sufre aceleradas reconsideraciones en España tras la publicación del Real Decreto de 25 octubre de 1901. Su articulado replantea a principios de siglo la consideración de los centros museísticos, a partir de ahora, potenciales espacios pedagógicos en los que concertar la teoría y la práctica, ya fuera para profesorado y aprendices o para el común de la ciudadanía[46]. Pese a lo enunciado, la Comisión de Monumentos de Cáceres apenas esboza unas pinceladas sobre estos aspectos en favor de su Museo, aunque, todo sea dicho, más por falta de recursos que de predisposición. 
Fig. 10. Escultura femenina romana, instalada con anterioridad en el Palacio de Mayoralgo (Mélida, 1924). 
Fig. 11. Fragmento escultórico procedente de Las Torrecillas de Alcuéscar (ARAH, CACC/9/7948/22(07)). La celebración de conferencias y exposiciones, que podrían ayudar a que el espectro ciudadano fuera conocedor de su utilidad social, son proyectos generalmente ideados y casi nunca ejecutados. Castillo, en 1901, es el primero en exponer la conveniencia de oficiar conferencias sobre Arqueología abiertas al gran público, “como propaganda que redundara en provecho del fomento del Museo”, pero su propuesta se juzga prematura en tanto que el Museo instalado en el Instituto no se haya constituido aún como órgano museístico institucionalizado, sino más bien como un provisional emplazamiento donde se reúnen y exponen las colecciones en la mejor apariencia posible, escasamente apropiado para presentarlo ante la opinión pública como el recurso social que se espera que sea[47]. El mismo desenlace cosecha en 1908 la propuesta para dar conferencias a las clases populares acerca del Patrimonio Histórico-Artístico de la región, que no fructifica, entendemos que por múltiples ocupaciones de los comisionados. Siquiera puede reseñarse la sugerencia de Sanguino, que en su ejercicio compartido de profesor del Instituto y Conservador del Museo, promueve que el profesorado del centro educativo imparta en éste algunas de sus lecciones de Historia. Las reiteradas propuestas de ciertos vocales para organizar actos y exposiciones de “arte retrospectivo”, donde se mostrarían al público una selección de piezas históricas representativas, fracasan también sistemáticamente ante las escasas posibilidades económicas y la pobre implicación de las personalidades que más ayuda podrían prestar. Estos son los pretextos que se aducen en marzo de 1913 ante su intención de celebrar una de estas exposiciones con motivo de las fiestas locales, abortada “por lo poco asequibles que para esas cosas, son las personas que pueden poseer objetos propios para tal fin, como ya lo han demostrado en otras ocasiones análogas”. La renovada sugerencia se realiza por las mismas festividades de 1921, ya instalada la Junta de Patronato, con las que se podría “ir despertando en la localidad y la comarca la curiosidad y la afición a estas manifestaciones artísticas”. Conforme en un principio la Comisión en pleno, no tardó en subordinarla a los escasos recursos presupuestarios, “cuya carencia había malogrado más de una vez tan laudables iniciativas”[48]. Paralelamente a la aperturista función social que el Estado ofrece a los Museos Provinciales con la publicación del Real Decreto de 1901, el Museo de la Comisión de Monumentos de Cáceres se perfila pronto como un espacio abierto a arqueólogos, profesores universitarios y demás investigadores interesados en estudiar las colecciones que cobija, ya sea para sus trabajos particulares o para otros que les han sido encargados, como catálogos o inventarios patrimoniales. Los estudios que las élites eruditas de la región extremeña editan por las mismas fechas en publicaciones científicas (la Revista de Extremadura y el Boletín de la Real Academia de la Historia, principalmente) son conocidos por estos avezados investigadores, comúnmente los vinculados a la disciplina arqueológica, tanto nacionales como extranjeros, que se desplazan al terreno en el que se encuentran afincados los bienes de su interés y de los que tienen vagas referencias o, como es el caso, al Museo de la Comisión, en el que examinan personalmente las piezas. En julio de 1904 el arqueólogo francés Pierre Paris se detiene en Cáceres durante uno de sus viajes e intercambia opiniones con Sanguino sobre la escultura femenina romana existente en el Palacio de Mayoralgo (hoy en el Museo de Cáceres) y sobre un fragmento escultórico del Museo procedente del yacimiento arqueológico de Las Torrecillas de Alcuéscar [Figs. 10 y 11][49]. Entre los meses de junio y julio de 1906, la Comisión de Monumentos puede recibir en Cáceres a Adolf Schulten, al que acompaña durante su estancia[50]. El alemán indaga en la colección de epígrafes del Museo y en ciertas piezas halladas por Roso de Luna durante sus incursiones arqueológicas en la comarca trujillana. También tiene tiempo para visitar el conjunto histórico intramuros, su recinto amurallado y el campamento romano de Cáceres el Viejo (que acabaría excavando en distintas campañas), de todo lo cual procura obtener fotografías, dibujos y medidas. Raymond Lantier, compatriota de Paris, visita también la ciudad en el verano de 1914, guiado en todo momento por Sanguino. Juntos inspeccionan varios lienzos de la muralla y diversas piezas arqueológicas alojadas en el Museo y otros puntos del entramado urbanístico cacereño, de las que toma apuntes y fotografías para la elaboración del catálogo en el que estaba trabajando junto con otros colaboradores[51]. Las comprobaciones de José Ramón Mélida, que hace lo propio en las instalaciones del Museo, mediciones y fotografías de ciertos objetos, se rastrean abundantemente en el archivo de la Comisión y en la prensa local, sobre todo durante la redacción de su Catálogo Monumental de la Provincia de Cáceres, entre 1914 y 1918[52]. Los vocales de la Comisión de Monumentos acompañan también a Mélida tanto en el Museo como durante sus incursiones en los contextos regionales de su interés, mientras recaba datos para su obra citada. Reflexiones finales, a modo de conclusión En 1898, una propuesta de quien entonces ejercía de Catedrático de Geografía e Historia en el Instituto de Cáceres permitía asentar en la localidad su primer centro museístico de carácter público, aun asociado a la categoría de Arqueológico Escolar. Al mismo tiempo, un heterogéneo grupo de su élite aristocrática y burguesa reorganiza una Comisión de Monumentos lánguida, si no desorganizada, que se vuelca en su promoción. A causa de intromisiones de competencias, rencillas personales y ruegos desatendidos, el establecimiento provincial que pretenden instaurar es objeto durante dos décadas de una existencia volátil que, no obstante y gracias a redoblados esfuerzos, llega a recibir en 1917 la declaración de Museo Provincial de Bellas Artes. La lid por su puesta a punto apenas dio durante años, cómo no, para instaurar un desdibujado local en el que reunir las colecciones en la mejor apariencia posible, en espera de una declaración insospechada. Si bien en algunas áreas geográficas, una red de museos alcanzaba cotas significativas de afianzamiento, en otras ni siquiera su acomodo autorizado se relevaba a ojos de sus promotores cacereños como una realidad lejana en el horizonte. Entre medias, la Comisión de Monumentos pudo tutelar un Museo Provincial carente de existencia oficial, lo que en ningún momento le impidió volcarse en su promoción hasta hacer de él, de su Museo, el eje central de su política cultural en el acopio y la protección regulada del Patrimonio Histórico mueble de Extremadura. En otro orden de prioridades, esta historia, la fundacional del Museo de Cáceres, se ha escrito en atención a una brega constante, la que pugna contra el fallido corpus legislativo e institucional que el Estado ha diseñado para la administración del Patrimonio Histórico español (mueble o inmueble, indistintamente). Del mismo modo, los errores y omisiones en este andamiaje proteccionista se arrastraron lacerantemente sin reparar tampoco en los condicionantes socioeconómicos, políticos y culturales de las regiones en las que se había de aplicar. Es más, las sucesivas normativas jurídicas, desde entonces y en no pocos casos hasta nuestros días, han transitado por los tortuosos senderos a través de los que históricamente ha discurrido toda la política cultural del Estado, determinada por la provisionalidad y la inconsistencia. A poco que realicemos una lectura detenida de la legislación, nos sorprenderá ver hasta qué punto la perpetuación de erróneas directrices jurídicas y de inciertos hábitos de administración que hunden sus raíces en anacrónicos procedimientos continúan hoy presentes en el buen gobierno de nuestro Patrimonio Histórico digno de preservación. Contemplados en perspectiva y sólo en determinadas coyunturas, los saltos al vacío pudieron revocarse a tiempo; en otras ocasiones no se corrió tanta suerte y sus secuelas, en apariencia triviales, permanecen obstinadamente aferradas a la gestión diaria de los bienes que integran el Patrimonio Histórico mueble no ya de Extremadura, sino de España. 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En atención a su obra y compromiso docente, fue una figura representativa de la Historiografía española contemporánea. Miembro también del Cuerpo Facultativo de Ayudantes de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, hizo gala de un espíritu emprendedor en todas las ciudades a las que fue destinado, de lo que dan cuenta las distintas correspondencias académicas y societarias que recibió. En 1902 forzaría su traslado al Instituto de Huesca por la controvertida relación personal que mantenía con el Director del Instituto, Manuel Castillo. G. PASAMAR ALZURIA e I. PEIRÓ MARTÍN: Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos (1840-1980), Madrid, Akal, 2002, pp. 355-356. [4] Archivo del Instituto el Brocense (en adelante, AIB), Legajo 146, Comunicaciones (1863-1869), que conserva el expediente de creación del gabinete, y Real Academia de la Historia (en adelante, RAH), CACC/9/7948/05(1-2), que guarda una copia del inventario adquirido a Jerónimo de Sande. Agradecemos a María de los Ángeles Sánchez Rubio las facilidades ofrecidas para consultar el repositorio documental antiguo del Instituto. [5] El Archivo Histórico Municipal de Cáceres (en adelante, AHMCC), Fondo Llabrés, Museo Arqueológico Escolar, conserva una copia digital del naciente registro de inventario. [6] Fundada en 1844, la Comisión de Cáceres no alcanza su debido afianzamiento institucional y sufre en pocos años hasta tres reorganizaciones (1855,1860 y 1867). Rebasado su último acto de reinstalación, se desorganizó de nuevo o mantuvo una existencia mortecina hasta 1898, momento en el que una pujante generación, abanderados del pensamiento noventayochista local, toma sus riendas para procurarle su época más longeva y dinámica. Un acercamiento al transitar de la institución en el siglo XIX, en C. MARÍN HERNÁNDEZ: “Especulación y quebranto de un programa conservacionista contemporáneo: el derribo de la Torre Julia de Trujillo (1861-1871)”, Revista de Estudios Extremeños, LXIX (I), 2013, pp. 645-684. [7] José Muñoz del Castillo (1850-1826). Catedrático de Mecánica Química de la Universidad Central de Madrid y miembro de la Academia de Ciencias, fue un hombre comprometido con el Regeneracionismo político y cultural de su tiempo. Ejerció hasta 1902 de Gobernador Civil en Cáceres y, por tanto, como Presidente de su Comisión de Monumentos. Su implicación en la Presidencia fue más allá del estricto imperativo legal, de quien llegaron a alabar los vocales sus entusiastas y continuadas acciones para el fomento de la Comisión. [8] Museo de Cáceres, Libro de Actas de la Comisión de Monumentos de Cáceres (en adelante, MCC, Libro de Actas de la CMCC) (1898-1935), sesión del 20 de febrero de 1900. El AIB, Legajo 163, Comunicaciones (1900), guarda el oficio remitido al Instituto comunicándole la decisión. [9] Manuel Castillo Quijada (1869-1964). Catedrático de Lengua Francesa en distintos Institutos del país y miembro del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Ocupó la Dirección en Cáceres entre 1901 y 1918. Fue una figura controvertida de la provinciana ciudad de Cáceres. Militó en las filas del Partido Liberal, cuyo órgano de difusión era El Noticiero, diario del que fue miembro fundador en 1903 y Director, desarrollando una labor periodística con la que se ganó una sonada enemistad con otras instancias locales, entre ellas la Comisión de Monumentos. A. ARTERO HURTADO: “Los fundadores”, en E. CORTIJO PARRALEJO (coord.): La Revista de Extremadura (1899-1911), Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2001, pp. 50-57. [10] Juan Sanguino Michel (1859-1921): es más recordado por los trabajos que realizó siguiendo su verdadera vocación, la investigación histórica, artística y arqueológica. Fue el más célebre miembro de la Comisión de Monumentos y su más eficiente Secretario, mismo cargo que detentó en la Revista de Extremadura. En las páginas siguientes nos extendemos sobre su aportación, clave, a la historia del Museo Provincial. Véase el estudio biográfico introductorio que le dedicó Mercedes Pulido Cordero para la edición de la obra J. SANGUINO: Notas referentes a Cáceres (facsímile del manuscrito autógrafo), Badajoz, Ediciones Norba, 1996, pp. XXIX-XXXII. [11] Publio Hurtado Pérez (1850-1929). Vinculado de por vida a la Real Audiencia de Extremadura, disfrutó de un enorme prestigio local y regional por sus contribuciones literarias. Correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de San Fernando, participó en los más importantes proyectos y acontecimientos históricos y culturales de su tiempo, como la Comisión de Monumentos (de la que fue Vice y Presidente), la Revista de Extremadura (en la que ocupó la Presidencia) o la misma Junta de Patronato del Museo (en la que también ejerció la Presidencia). A. ARTERO HURTADO: “Los fundadores”, op. cit., pp. 36-44. [12] La publicación del decreto se realizó en la Gaceta de Madrid del día 26. [13] La reunión tuvo lugar el 6 de octubre de 1902. [14] AIB, Libro de Actas de Claustro (1898-1914), sesiones del 25 de septiembre y 15 de octubre de 1903, y MCC, Libro de Actas de la CMCC (1898-1935), sesión del 10 de noviembre de 1903. [15] Todo el desarrollo de la reunión puede seguirse en Idem, sesión del 17 de junio de 1904. [16] Marcelino Gutiérrez del Caño (1861-1922). Funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, se distinguió por sus trabajos de investigación archivística y bibliográfica en los prestigiosos centros a los que fue destinado. Conocido también por su obra numismática, recibió como galardones los nombramientos de correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de San Fernando, lo que le hizo acreedor de una vocalía en la Comisión de Monumentos de Cáceres. En la asamblea, su posicionamiento a favor de Castillo estaría encaminado a evitar la enemistad con el que era Director del Instituto y, por tanto, su superior. [17] A mediados de 1907, al fin, se recibieron del Instituto los objetos reunidos por Llabrés, J. SANGUINO: “Lista de objetos entregados por el Instituto General y Técnico a la Comisión de Monumentos”, Revista de Extremadura (en adelante, RE), IX, 1907, pp. 327-328. [18] MCC, Libro de Actas de la CMCC (1897-1935), sesiones del 24 de julio, 17 de septiembre y 11 de diciembre de 1908. [19] El Real Decreto se publicó en la Gaceta de Madrid del 27 de julio de 1913. Su reglamento de aplicación no se aprobó hasta el 18 de octubre siguiente (Gaceta de Madrid del día 24). [20] Emilio Herreros Estevan (1876-1970). Hombre de gran prestigio social, desempeñó una fecunda carrera como letrado y tuvo una destacada labor en la cultura y la política extremeñas de su época, muy involucrado con las fuerzas canalejistas, a las que representó como Concejal del Ayuntamiento cacereño, Diputado Provincial y Presidente de esta misma corporación. Correspondiente de la Real Academia de San Fernando, en la Comisión de Monumentos acogería una de sus vocalías y, a partir de 1929, su Presidencia. M. VAZ-ROMERO NIETO: La Diputación de Cáceres y sus presidentes (1898-2003), Cáceres, Diputación Provincial, 2004, pp. 81-84 y 103-111. Sobre la estancia de la Infanta Isabel en Cáceres, El Noticiero de julio recoge todos los pormenores. [21] Eloy Sánchez de la Rosa (1871-1954). Fue una figura reputada del Cáceres de la primera mitad del siglo XX, miembro de una adinerada familia de banqueros. Se distinguió como Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cáceres y representante de las fuerzas liberales como Diputado Provincial, Presidente de la misma corporación y Senador del Reino. En la Comisión de Monumentos, de la que era miembro en calidad de correspondiente de la Real Academia de la Historia, ocuparía la Vicepresidencia a partir de 1929. F. SÁNCHEZ MARROYO y J. CHAVES PALACIOS: Dinamismo corporativo y desarrollo mercantil: la Cámara de Comercio e Industria de Cáceres, Cáceres, Cámara Oficial de Comercio e Industria, 2000, pp. 232 y ss. [22] MCC, Libro de Actas de la Junta de Patronato (en adelante, JPMCC) (1917-1951), nota del 24 de octubre de 1917. Los Reales Decretos corresponden al 18 y 19 de octubre de 1917 (publicados todos en la Gaceta de Madrid del día 22). [23] Gustavo Hurtado Muro (cc. 1878-1960). Hijo de Publio Hurtado, desarrolló su carera artística como pintor, dibujante y fotógrafo. Ejerció la docencia en el Instituto de Cáceres (como Catedrático de Dibujo) y en otros centros docentes del municipio, que compaginó con la política (Concejal del Ayuntamiento cacereño y Diputado Provincial). Correspondiente de la Real Academia de San Fernando en Cáceres, fue vocal y, durante veinte años, Secretario de la Comisión de Monumentos. Mª. del M. LOZANO BARTOLOZZI (dir.): Plástica extremeña, Badajoz, Fundación Caja de Badajoz, 2008, pp. 474-475. [24] Antonio Floriano Cumbreño (1892-1979): doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad Central de Madrid, sobresalió como archivero, paleógrafo y pedagogo, destacándose en la Cátedra de Paleografía que durante dos décadas ocupó en la Universidad de Oviedo. En paralelo, desarrolló una fecunda labor investigadora en la Historia y la Arqueología españolas y fue miembro de prestigiosas instituciones de su tiempo. Como correspondiente de la Real Academia de la Historia en Cáceres, era también miembro de su Comisión de Monumentos. G. PASAMAR ALZURIA e I. PEIRÓ MARTÍN: Diccionario Akal…, op. cit., pp. 256-257. [25] MCC, Libro de Actas de la CMCC (1897-1935), sesión del 27 de diciembre de 1917. [26] Idem, sesión del 23 de enero de 1899. [27] Los prepuestos y gastos de la Comisión de Monumentos de Cáceres durante las primeras décadas del siglo XX pueden leerse de primera mano en su libro de cuentas, conservado en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres (en adelante, AHPCC), Diversos, 8, Exp. 2. [28] Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres del 12 de febrero de 1902. [29] MCC, Libro de Actas de la CMCC (1897-1935), sesión del 25 de febrero de 1902, y El Dardo, 2 de marzo de 1902, diario placentino que se hizo eco de “tan noble y desprendida conducta”. Los tres citados, Vicente Paredes Guillén (figura clave en la historia de la cultura y la investigación histórica extremeña de entresiglos), Eugenio Escobar Prieto (Deán de la catedral de Plasencia, legó una abundante obra sobre la historia eclesiástica y del medievalismo extremeño) y José Benavides Checa (Chantre de la misma catedral, logró reunir una interesante colección artística privada), fueron miembros de pleno derecho de la Comisión de Monumentos de Cáceres como correspondientes académicos, pero nunca llegaron a formar parte de la institucionalización para la gestión del Patrimonio Histórico materializada a través de este organismo. Por esta razón, sus acciones en pro de la cultura extremeña se ubican en el estricto marco de la colaboración mutua con la Comisión de Monumentos. [30] El caso de Mario Roso de Luna, uno de los más importantes representantes de la cultura y el pensamiento español contemporáneo, es semejante al de Vicente Paredes. Era correspondiente de la Real Academia de la Historia en Cáceres desde 1897. Sin embargo, nunca abordó sus fecundas investigaciones (principalmente arqueológicas) como representante de este organismo, sino impulsado por su propio activismo en los campos a los que consagraba sus estudios y trabajos. En cuanto a su donación citada, los objetos se reseñaron al término del acta de la sesión del 15 de noviembre de 1902 y en la Revista de Extremadura, J. SANGUINO: “Donativos de D. Mario Roso de Luna al Museo Arqueológico y Artístico de la provincia”, RE, IV, 1902, pp. 41-42. [31] MCC, Libro de Actas de la CMCC (1897-1935), sesión del 6 de octubre de 1902. [32] Idem, sesión del 5 de julio de 1910. Descritos por Gustavo Hurtado en la Revista de Extremadura (XII, 1910, pp. 328-329). [33] Miguel Jalón y Larragoiti (1829-1901). Doctor en Derecho por la Universidad Central de Madrid, fue uno de los más ilustres miembros de la aristocracia provincial. Participó en la política local cacereña como Concejal del Ayuntamiento y en la nacional como Diputado y Senador. Bibliófilo y coleccionista de todo tipo de “antigüedades”, era correspondiente de la Real Academia de San Fernando cuando se reinstala la Comisión de Monumentos en 1898, de la que fue Presidente hasta 1901, cuando falleció. A. ARTERO HURTADO: “Los fundadores”, op. cit., pp. 34-36. [34] Sobre el contencioso, que no cuenta aún con su adecuado análisis historiográfico, se explaya Mª. de la M. DOMÍNGUEZ CARRERO: Vicente Paredes Guillén: biografía, Cáceres, Institución Cultural “El Brocense”, 2006, pp. 145 y ss. [35] Hasta las 250 ptas. se elevó en 1904 el coste de una única vitrina acristalada, la mitad del presupuesto anual que la Diputación asignaba al organismo. AHPCC, Diversos, 8, Exp. 2, Libro de Cuantas (1904). [36] J. BLÁZQUEZ MARCOS: Por la vieja Extremadura. Guía artística de la provincia de Cáceres, Cáceres, Tip. Extremadura, 1929, pp. 76-79. El autor, profesor en el Instituto, y Tomás Martín Gil, destacado representante del ambiente cultural cacereño, serían nombrados vocales de la Junta de Patronato en 1922 y 1935 respectivamente. [37] Se publicó mediante Real Orden de 7 de julio en la Gaceta de Madrid del día 8. Resultó ser una norma trascendental para la práctica de la Arqueología y la defensa de los bienes arqueológicos que integraban su objeto de estudio. Un acercamiento a sus disposiciones, en A. YÁÑEZ VEGA: “Estudio sobre la Ley de Excavaciones y Antigüedades de 1911 y el Reglamento para su aplicación de 1912”, en G. MORA y M. DÍAZ-ANDREU (eds.): La cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco institucional de la Arqueología en España, Málaga, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1997, pp. 423-429. [38] E. CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES: “Arqueología y Epigrafía: reflexiones en torno a la idea de Patrimonio en la Revista de Extremadura”, en E. CORTIJO PARRALEJO (coord.): La Revista de Extremadura…, op. cit., pp. 107 y ss., entre otras publicaciones de temática epigráfica del autor. [39] J. ESTEBAN ORTEGA y J. SALAS MARTÍN: Epigrafía romana y cristiana del Museo de Cáceres, Mérida, Consejería de Cultura, 2003, pp. 70 y ss. [40] La inscripción fue publicada por F. FITA: “Nuevas inscripciones romana y visigótica de Talaván y Mérida”, Boletín de la Real Academia de la Historia (en adelante, BRAH), LXIV, 1914, pp. 304-313, gracias a la notificación de Sanguino, sobre la que también se extendió en la prensa local, J. SANGUINO: “Cosas extremeñas. Eberobriga (Talaván) y su diosa tutelar”, Diario de Cáceres, 31 de marzo de 1914. La última nota, en T. MARTÍN GIL: “El material prehistórico y protohistórico en Extremadura”, Revista del Centro de Estudios Extremeños, XVII (1), 1943, p. 5. [41] MCC, Libro de Actas de la CMCC (1897-1935), sesiones del 10 de noviembre de 1903 y 14 de octubre de 1904. El catálogo enviado por Joaquín Durán se encuentra en la carpeta “Facturas, cartas y notas de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de Cáceres”. [42] A. FLORIANO CUMBREÑO: Informe sobre la Catalogación de la Colección Numismática del Museo de Cáceres por el Licdo. Antonio C. Floriano, De la Facultad de Filosofía y Letras, Á la Comisión de Monumentos de Cáceres, Cáceres, Imp. y Lib. Cat. de Santos Floriano González, 1913. [43] J. SANGUINO: “Objetos ingresados en el Museo Provincial de Cáceres”, BRAH, LXII, 1913, pp. 65 y ss., y “Cosas extremeñas. Hallazgos en Cáceres el Viejo donados al Museo Provincial”, Diario de Cáceres, 8 de julio de 1912. [44] Sobre el primero de los viajes se extendió Sanguino en la memoria que remitió a la Real Academia de la Historia, ARAH, CACC/9/7948/22(5). También él describió los pormenores del segundo reconocimiento, J. SANGUINO: “¿Turmulus?: antigüedades descubiertas y otras ya conocidas”, RE, VIII, 1906, pp. 374-383 y “Nuevos hallazgos en Turmulus”, RE, VIII, 1906, pp. 468-473. Los calcos de la figura se encuentran en el AHPCC, Legado Paredes, 100-101, Correspondencia con Juan Sanguino Michel. [45] J. M. VALADÉS SIERRA: “La formación de la colección de estampas del Museo de Cáceres”, en J. CARRETE PARRONDO: La colección de estampas del Museo de Cáceres, Mérida, Consejería de Cultura, 2005, pp. 9-13. [46] Mª. BOLAÑOS: Historia de los museos en España, Gijón, Trea, 1997, pp. 322-325. [47] MCC, Libro de Actas de la CMCC (1897-1935), sesiones del 10 de noviembre de 1903 [48] Idem, sesiones del 13 de marzo de 1913 y 22 de octubre de 1921. [49] J. SANGUINO: Notas referentes a Cáceres…, op. cit., pp. 37-38. [50] J. SANGUINO: “Crónica regional”, RE, VIII, 1906, p. 333. [51] La obra se publicaría años después, R. LANTIER: Inventaire des monuments sculptés pré-chrétiens de la Péninsule Ibérique. Première partie. Lusitanie, conventus emeritensis, Bordeaux, Feret & Fils, 1918. [52] Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres (1914-1916), Madrid, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1924. La publicación de la obra se compuso de tres volúmenes, dos tomos de texto más uno de láminas, que remitió Mélida a la Comisión de Monumentos en 1925.