CHDE Trujillo

José Mariano Agudelo Blanco

 

Resumen:

El presente trabajo pretende explicar el proyecto republicano de crear una institución civil, denominada Voluntarios de la República, para garantizar la libertad y el orden. El rechazo del Ejército a sustraerse de la seguridad nacional en favor de una fuerza ciudadana excesivamente politizada y las dificultades políticas para organizar a los voluntarios finiquitaron prontamente aquel programa más pretencioso que efectivo. Nos hemos propuesto analizar el incidente protagonizado por los voluntarios aragoneses y extremeños del batallón Tortosa como uno de los más graves de los ocurridos en España y que resulta elocuente para entender las dificultades de un proyecto que parecía abocado al fracaso desde su génesis.

 

1. INTRODUCCIÓN.

La elección de Amadeo de Saboya como rey de España ensayó un proyecto de monarquía basada en principios democráticos que la diferenciaba notablemente del reinado isabelino. Además, resultaba inédito su nombramiento por unas Cortes elegidas por sufragio universal, y responsables de haber elaborado la Constitución de 1869 que establecía un régimen monárquico en el que estuvieran excluidos los Bobones.

El rechazo de las clases altas partidarias de la corona borbónica coadyuvó al fracaso de aquel esbozo de monarquía democrática. El clima de inestabilidad social y política tampoco ayudó a la pervivencia y consolidación de la nueva dinastía, sino todo lo contrario. Las diferencias existentes entre los distintos partidos también alcanzaron a una misma formación política como la representada por el Partido Progresista, principal apoyo de la instaurada monarquía saboyana. Las distintas corrientes socavaron la unidad del partido que acabó dividido y avivó aún más el contexto de crisis que desembocó en la abdicación de Amadeo I y franqueó el camino para la proclamación de la Primera República el 11 de febrero de 1873.

La nueva coyuntura, lejos de solventar los acuciantes problemas que presionaban a los españoles, aportó otras dificultades que los agravaron sobremanera. La difícil situación agraria, las huelgas obreras y el descontento de los partidos coaligados en el gobierno republicano mostraban un panorama poco halagüeño en el inicio del nuevo régimen. Asimismo, el conflicto de Cuba, la insurrección cantonalista y la guerra carlista deterioraban la situación hasta hacerla insostenible. Consecuentemente, las administraciones gubernamentales se sucedían de manera tan rápida como ineficaz para desarrollar la labor de gobierno, y la República daba signos de agotamiento cuando aún no había transcurrido un año desde su establecimiento. El golpe de Estado del general Pavía, el 3 de enero de 1874, finiquitaba la primera experiencia democrática republicana española. A finales de diciembre de ese mismo año, tras el pronunciamiento de Martínez Campos, se restauró de nuevo la monarquía con la proclamación de Alfonso XII como rey.

En este período tan efervescente se formaron los batallones de Voluntarios Francos. La supresión de las quintas, la desconfianza en el Ejército y la idea republicana de armar al pueblo para la defensa de la Nación están presentes en la fundación de estas unidades no adscritas a la Administración Militar. Seguramente, la iniciativa de crear una milicia popular nutrida por voluntarios para combatir la violencia pública sin perder su condición civil debió despertar serios recelos en los militares. El rechazo de los republicanos a la existencia de un Ejército tradicional que sería sustituido por voluntarios muy politizados estremecía a los conservadores y monárquicos, que eran partidarios de una milicia de mandamases afines y fuertemente disciplinada para ser utilizada en la defensa de sus tesis. Además, no debemos olvidar el contexto bélico de la guerra civil carlista, ahora activada tras la arribada republicana, con una acuciante necesidad de reemplazo para los soldados próximos a licenciarse y que serían sustituidos por unos voluntarios de dudosa preparación. También, se advertía la dificultad para emprender una empresa de tamaña envergadura en tan corto período de tiempo como el conflicto bélico requería.

Por otra parte, numerosos republicanos tampoco parecían contentos con la deriva sospechosa que pretendía poner a los voluntarios francos bajo el mando de oficiales castrenses. Con esta medida, se frustraba la esencia primigenia de una institución popular porque acabarían convertidos en meros batallones militares muy alejados de una organización que había de distinguirse por sus motivaciones civiles y políticas.

Toda esta amalgama de circunstancias, unidas a otras de carácter logístico y a la proliferación de voluntarios francos de diversa procedencia, complicaron la movilización y el desarrollo pleno de un programa que parecía abocado al fracaso desde su misma creación. Así, a finales de julio de 1873, a los pocos meses de su génesis, los últimos voluntarios debían elegir entre pasar al Ejército activo o solicitar el certificado de libertad. Poco más de un mes después, la Ley del 2 de septiembre de 1873 restablecía la Milicia Nacional y finiquitaba aquel proyecto más ilusorio que efectivo.

El objetivo de nuestra investigación se centrará en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Vicálvaro (Madrid), el día 6 de junio de 1873, entre voluntarios aragoneses y extremeños, con el resultado de varios muertos y heridos. En aquella refriega los extremeños se llevaron la peor parte porque fueron los que sufrieron las muertes y la mayoría de los heridos. Inmediatamente, marcharon a Madrid para dar cuenta de lo sucedido a un diputado regional, y algunos decidieron abandonar el batallón de francos. Al margen de la tragedia, el asunto nos sirve para entender las dificultades que acarrearon la formación y despliegue de los voluntarios.

En cuanto al estado de la cuestión, el incidente de Vicálvaro aparece mencionado en algunas de las obras examinadas[1], pero siempre de manera sucinta y encuadrado, generalmente, en los numerosos altercados protagonizados por los francos en el conjunto del país. Y, por tanto, carente de la exploración profunda que hemos practicado para dilucidar en la medida de lo posible aquel suceso en concreto. En algunos casos, hemos detectado discrepancias con respecto a nuestra investigación, pero también existen diferencias entre los autores que recogen el acontecimiento. No obstante, las dificultades para organizar a los voluntarios en aquella coyuntura tan compleja aúnan las posturas significativamente.

Para la elaboración del artículo hemos contemplado diversas fuentes primarias que consideramos fundamentales para conseguir nuestro objetivo. Entre otras, la Ley de 17 de febrero de 1873 que decretaba la abolición de la quinta para el reemplazo y la formación de un Ejército activo compuesto por soldados voluntarios; y, sobre todo, la Gaceta de Madrid número 80 que publicaba la Ley de 17 de marzo, autorizando al Gobierno la organización de 80 batallones con el nombre de Voluntarios de la República. Ambos preceptos resultan esenciales para nuestra investigación. No por ello se han descartado otras leyes o proyectos legislativos contemplados en algunos diarios de sesiones de las Cortes Constituyentes y de la Asamblea Nacional, relativos al tema propuesto.

Junto a las fuentes señaladas, hemos obtenido una información muy valiosa de la prensa coetánea sobre los hechos analizados. Posiblemente, no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo si soslayáramos el examen de la prensa de aquellos días, máxime cuando va a ser la fuente primordial para estudiar la cuestión de Vicálvaro. Por tanto, el análisis de los distintos medios escritos se nos antoja tan necesario como imprescindible para incrementar las fuentes primarias. Bien es verdad que al tratarse de una prensa muy politizada hemos de utilizarla con un sentido crítico. Ciertamente, las diferencias son considerables entre los periódicos proclives resueltamente a la República y los partidarios de la monarquía alfonsina, carlista o de cualquier otra cuna; y, también, aquellos de raigambre conservadora que podían ser partidarios de una u otra forma de gobierno, pero, habitualmente, en contra de los cambios propuestos por los republicanos federalistas.

Atendiendo a lo expuesto, el tema central de nuestro artículo: la refriega entre los voluntarios extremeños y aragoneses ha de entenderse desde una perspectiva más amplia que englobe las dificultades de toda índole que malograron el establecimiento de los batallones francos de la República para sustituir, principalmente en la seguridad Nacional, a un Ejército tradicional muy decantado en favor de las tesis conservadoras y monárquicas.

 

2. FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LOS VOLUNTARIOS DE LA REPÚBLICA.

 

Antes de analizar la normativa legislativa responsable de la formación de los Voluntarios de la República, debemos resaltar el contexto histórico de su desarrollo, sobre todo, en lo relativo a las dificultades republicanas para concretar el concepto de Fuerzas Armadas. Resulta evidente que el Poder Ejecutivo proyectaba organizar el Ejército “bajo los principios de igualdad y justicia que son el fundamento sólido del sistema republicano”, según recogía el diario político de la tarde La República[2]. Consecuentemente, se pretendía implantar un ejército profesional compuesto por voluntarios que desde la clase de tropa pudieran acceder a las más altas graduaciones hasta ahora reservadas para las clases privilegiadas. Además, para dar cabida a dos preceptos constitucionales como eran el respeto a los derechos individuales y el deber jurídico de servir a la Patria con las armas, se planteaba fundar dos instituciones armadas, “que lejos de ser refractarias entre sí, como algunos suponen, son perfectamente armónicas y adecuadas”[3]. Estas dos instituciones son: el Ejército Permanente Profesional y la Milicia Nacional.

Al respecto, no debemos olvidar que la sociedad de la época había iniciado el camino de una profunda transformación. La pequeña burguesía y las capas más desfavorecidas eran cada vez más conscientes de los nuevos derechos adquiridos. Conformaban un conjunto de ciudadanos con una sensibilidad identitaria de carácter civil que segregaba tintes antimilitaristas para defenderse de una corporación castrense acostumbrada a intervenir en los asuntos de Estado siempre que lo creyó oportuno. Por otra parte, estamos ante unas fuerzas armadas en transformación que, generalmente, ya se habían convertido en un ejército nacional y, por tanto, distinto al estamento militar de antaño que debía fidelidad absoluta al Rey. No obstante, estos cambios no habían conseguido todavía arrebatarle la gestión del orden público. Este posicionamiento chocaba frontalmente con la concepción republicana de la fuerza pública que había de regirse por los principios de igualdad y justicia.

Consecuentemente, la institución militar se mostró no solo recelosa sino contraria a cualquier iniciativa republicana de armar a un voluntariado de carácter civil para encargarse del orden público en las áreas urbanas. El conflicto entre ambos organismos se hizo inevitable y derivó en el enfrentamiento armado. Además, estas circunstancias cimentaron un basamento de animadversión y desconfianza entre el estamento militar y los voluntarios armados que prevaleció más allá de la Primera República.

Dificultades que se agravaban por la desconfianza del Ejército en asumir el camino hacia la democracia por la vía civil, máxime en un contexto federalista que chocaba frontalmente con el pensamiento militar de la unidad de España, ahora cuestionada por la deriva cantonalista. Las intentonas desestabilizadoras, a pesar de ser neutralizadas en un principio, acabarían imponiéndose netamente.

Como hemos anotado en la introducción, la idea republicana de monopolizar la seguridad pública en detrimento del Ejército estaba plenamente implantada en la sociedad civil de la Primera República. Y no sólo en este período, sino que la cuestión tenía antecedentes inmediatos en la Revolución de 1868 con la creación de una milicia ciudadana denominada Voluntarios de la Libertad. También, en un concepto más idealizado, se quiso engarzar este pensamiento con la imagen del pueblo en armas defendiendo a la Nación tras la invasión napoleónica. Consecuentemente, se quería hacer realidad esa tendencia fuertemente implantada en el espíritu republicano y en las capas populares con menores recursos económicos que soportaban mayormente el peso del reclutamiento para el servicio militar. Con el objetivo de corregir esta medida tan impopular como sectaria, se decretó una ley para reformar profundamente el Ejército.

La abolición de la quinta ―sistema de reclutamiento forzoso para prestar servicio en el Ejército, y que afectaba principalmente a las clases humildes[4]― era una cuestión que venía de tiempo atrás. La Ley de quintas de 26 de enero de 1836 realizó un progreso importante al respecto. Aunque reconocía la imposibilidad de abolir por completo la quinta, estableció que el reclutamiento forzoso para abastecer al Ejército coexistiera subsidiariamente con el alistamiento voluntario y el reenganche de aquellos que habían completado su servicio de armas. Asimismo, los legisladores estaban convencidos de que para conseguir ese objetivo era preciso retribuir pecuniariamente a los voluntarios y reenganchados.

La Revolución de 1868 apoyaba una milicia ciudadana denominada Voluntarios de la Libertad que inspiró el proyecto de formación de los Voluntarios de la República objeto de nuestro estudio, pero que tampoco consiguió eliminar la leva obligada. Poco más de un año después, instauradas ya las Cortes Constituyentes de 1869, el ministro de la Guerra, Juan Prim, elaboró un proyecto de ley sobre organización y reemplazo del Ejército[5]. En el documento parlamentario que exponía los motivos del proyecto, Prim reconocía la imposibilidad de eximir al pueblo de las quintas porque, entre otros argumentos, el sistema de voluntarios retribuidos por el Estado no había sido suficiente, ni con mucho, para nutrir las filas del Ejército. Además de no alcanzar meridianamente el reclutamiento propuesto, las cuantiosas sumas que el Estado debía gastar cada año por el concepto indicado lo hacían inasumible. En conclusión, el proyecto de ley establecía el servicio militar obligatorio para todos los españoles, pero contemplaba el derecho a prestar dicho servicio voluntariamente. También, se abolía la redención en metálico que beneficiaba a las clases más pudientes en detrimento de las más desfavorecidas.

Constituida la Primera República, la Ley de 17 de febrero de 1873[6] decretaba la abolición de la quinta para el reemplazo del Ejército que estaría formado por soldados voluntarios retribuidos con una peseta diaria. La permanencia mínima de los voluntarios era de dos años para los incorporados por primera vez y de uno para los reenganchados, pero podrían permanecer en el Ejército durante toda la vida profesional a través de los sucesivos reenganches. También, disponía la oportunidad de ascenso de los soldados a todos los empleos de la carrera militar cuando sus méritos y actitud así lo acreditaran.

La figura del soldado voluntario para nutrir las filas del Ejército activo no eximía a los ciudadanos de la prestación de un servicio militar obligatorio en la Reserva, “cuyo estado ordinario es pasivo”[7]. La Reserva se formaba anualmente con los mozos que tuvieran cumplido 20 años desde el primer día de enero del año correspondiente y tenía una duración de tres años diferenciados. En el primero quedaban adscritos a los cuadros correspondientes y recibían la instrucción militar necesaria. “En los dos años restantes figurarán sólo en el alistamiento de la reserva para el caso extraordinario de guerra en que, no siendo suficientes los mozos de la primera edad, se creyese necesario llamarlos a las armas por medio de una Ley”[8].

El párrafo anterior contradice la desaparición del Ejército permanente propuesta por los republicanos porque, si bien el Ejército activo estaría compuesto únicamente por soldados voluntarios, la Reserva ―un ejército pasivo o en suspenso― se nutría del reclutamiento forzoso. Razonablemente, aunque se ponga énfasis en la pasividad de ese ejército “en descanso”, lo cierto es que el Gobierno podía movilizar y activar la Reserva mediante una ley, no solo en tiempo de guerra, sino también cuando el “número de voluntarios no baste para completar la fuerza del ejército activo señalada por las Cortes”, según recogía su artículo decimoquinto[9]. En consecuencia, quedaba en entredicho o, al menos, desvirtuada la abolición del servicio militar obligatorio.

Una explicación a esa contradicción es la propuesta por Alberto Bru cuando señala que la Ley de 17 de febrero no es republicana, sino el resultado de un proyecto presentado el 27 de septiembre de 1872 y, por tanto, anterior a la formación republicana, pero que acabó siendo ratificada por la Asamblea Nacional de la Primera República, de holgada mayoría radical[10]. Al respecto, debemos tener en cuenta que la Asamblea Nacional reasume todos los poderes, tras la abdicación de Amadeo I, y declara como forma de gobierno de la Nación ―por una amplia mayoría de votos― la República. Disuelta la Asamblea Nacional, se estableció una Comisión permanente de la Asamblea, también de mayoría radical, para fiscalizar al Gobierno hasta que se reunieran las Cortes Constituyentes[11].

Resumidamente, la Ley en cuestión abolió las quintas para el reemplazo de un ejército, llamémoslo así, tradicional, pero no evitó el servicio militar obligatorio a través de la Reserva que, aunque pretendido pasivo, podía ser activado por el Gobierno para el caso extraordinario de una guerra; y como realmente existía un conflicto bélico ―la denominada Tercera Guerra Carlista―, se nos antoja ilusorio declarar que el Ejército estuviera formado únicamente por soldados voluntarios retribuidos. Posiblemente, esta cuestión, entre otras, influirá en la decisión de organizar los batallones de Voluntarios Francos de la República.

A pesar de lo anotado en el apartado anterior, el encargo primigenio de los batallones francos era mantener la seguridad pública para liberar al Ejército de ese cometido y dedicarlo de lleno a la lucha en la guerra civil. Así lo exponía el presidente del Gobierno de la República, Estanislao Figueras, en marzo de 1873, a los pocos días de que la Asamblea Nacional hubiera decretado y sancionado la ley que autorizaba al Gobierno la organización de 80 batallones con el nombre de Voluntarios de la República:

 

“En los Gobiernos republicanos se necesita el concurso de todos sin excepción, si ha de regirse la sociedad por sí misma. Cada ciudadano debe saber que defendiendo la República defiende su dignidad moral y sus derechos imprescriptibles. El partido liberal debe recordar que esa libertad tan preciada, esa libertad por la cual tantos sacrificios ha hecho, está indisolublemente unida a la forma republicana. Que no se perdone, como se perdonó en la guerra civil, medio alguno de combate. Que los cuerpos francos se armen. Que los ciudadanos armados mantengan la paz pública, el hogar, la propiedad, a fin de disponer de los soldados para caer con fuerza y vigor sobre las facciones. Sólo así, con esfuerzos heroicos, podremos salvar la República, y con la República la libertad y la patria”[12].

 

Podemos anotar que los nuevos batallones francos tenían su antecedente más inmediato en los Voluntarios de la Libertad organizados por decreto del Ministerio de la Gobernación el 17 de noviembre de 1868, siendo titular del Departamento Práxedes Mateo Sagasta[13]. La evidencia de este precedente viene reflejada en el artículo primero del decreto del Gobierno de la República, publicado en la Gaceta de Madrid pocos días antes de promulgarse la Ley para organizar los voluntarios, con Figueras como presidente de la República y Pi y Margall como ministro de la Gobernación: “Los Voluntarios de la Libertad se llamarán en adelante Voluntarios de la República”[14]. Lo expuesto pudiera inducirnos al error de pensar en una analogía excesiva entre ambas instituciones y que la segunda derivara directamente de la primera, pero existen matices que las diferencian y que trataremos de dilucidar seguidamente.

Ciertamente, el derecho y el deber de los ciudadanos para garantizar la libertad y el orden a través de una organización civil dependiente del municipio están presentes en el ideario de ambos organismos. La garantía del carácter ciudadano se fundamentaba en la subordinación plena a las “Autoridades municipales, franca expresión del sufragio universal; y se ha circunscrito de esta manera a lo que debe caracterizarla y distinguirla como institución civil pacífica, aunque armada, prenda de orden y elemento de libertad”[15]. Este principio, aunque impregna el espíritu de ambas instituciones, solo se implementó, con más o menos fortuna, en la fuerza ciudadana de los Voluntarios de la Libertad, difuminándose, por el contrario, hasta hacerse tan secundario como imperceptible en el caso de los batallones de Voluntarios de la República que, tras la Ley del 2 de septiembre de 1873 para su reorganización y reforma, acabarían disueltos o absorbidos por la “Milicia Nacional local de la Península e islas adyacentes”[16].

Para entender mejor el párrafo anterior, debemos insistir en la proliferación de distintas fuerzas de voluntarios francos. El decreto del Gobierno, del 15 de febrero de 1873, entendía necesaria la participación del pueblo en la defensa del Orden Público. En consecuencia, decretaba la reorganización de los cuerpos de voluntarios en la forma que tuvieron cuando “se disolvieron o fueron disueltos por no haber querido reconocer la dinastía de Saboya, o por haber defendido prematuramente la República, que ha venido a ser la forma de Gobierno de la Nación española”[17]. Seguramente, la intención del Gobierno era reactivar una fuerza ciudadana semejante a la organizada en 1868. Para despejar cualquier duda al respecto, el mismo decreto en su artículo cuarto señalaba: “Los pueblos que no hayan tenido cuerpos de Voluntarios después de la revolución de septiembre, podrán organizarlos con arreglo al decreto del Gobierno Provisional de 17 de noviembre de 1868, convertido en ley por las Cortes Constituyentes de 1869”. Es decir, el Decreto Orgánico responsable de la organización y puesta en marcha de los Voluntarios de la Libertad.

Los cuerpos francos de la República, al igual que había ocurrido con sus correligionarios de 1868, se organizarían en todas las capitales de provincia y en el resto de las poblaciones que lo solicitaran al Gobierno. Estos voluntarios estarían sujetos a las órdenes de los alcaldes o a las de otras autoridades civiles y tendrían una dependencia orgánica del Ministerio de la Gobernación[18]. Además, en otra clara muestra de empoderamiento civil, no usarían uniformes militares ni estarían supeditados a las ordenanzas del Ejército. Resulta obvio que se quería desligar, incluso en su aspecto, de cualquier similitud con las fuerzas castrenses. Ese parece ser también el propósito del decreto del Ministerio de la Gobernación fechado en Madrid a 14 de febrero de 1873, al que ya nos hemos referido, y que propiciaba la organización de los Voluntarios de la República conforme al decreto que organizó los Voluntarios de la Libertad. Sin embargo, poco más de un mes después ―17 de marzo de 1873―, la Ley que autorizaba al Gobierno la organización de 80 batallones de Voluntarios de la República introducía diferencias de hondo calado con respecto al decreto antes señalado. Entre otras, su artículo sexto disponía la adaptación a “cuantas disposiciones rigen relativamente al régimen, disciplina y administración de los cuerpos de Ejército”[19]. La deriva militarista también quedaba patente cuando se atribuía al Ministerio de la Guerra la potestad normativa para el cumplimiento de la ley.

La misma pérdida del apelativo “franco” que algunos autores resaltan parece alejar a los Voluntarios de la República de su esencia cívica primigenia. En cualquier caso, debemos relativizar tal aseveración porque existen matices al respecto. El decreto de febrero del Ministerio de la Gobernación y la ley del 17 de marzo del mismo año antes señalados disponían la creación de una fuerza ciudadana denominada Voluntarios de la República, pero las bases establecidas unos días más tarde ―25 de marzo de 1873― para llevar a efectos los preceptos citados retomaban el nombre de Voluntarios Francos de la República[20]. En cualquier caso, tal designación no se debe a un cambio de postura hacia tesis más cercanas al ámbito civil en detrimento de la administración militar, sino que más bien ocurrió a la inversa. Efectivamente, aunque las bases señaladas volvían a emplear el vocablo “franco”, que era sinónimo de agrupaciones ciudadanas alejadas de cualquier parecido con las unidades militares, muchas de las directrices contenidas en su reglamento sugieren todo lo contrario. Entre otras, aquella que establecía una organización semejante a la de los batallones de cazadores y con la uniformidad que determinara la Dirección General de Infantería. Igualmente, su dependencia del Ministerio de la Guerra los alejaba significativamente del ámbito civil que hubieran tenido con la pertenencia al Ministerio de la Gobernación, tal y como en un principio estaba proyectado. Finalmente, la disposición para intervenir en la guerra carlista desvirtuaba significativamente su génesis como fuerza ciudadana para la seguridad de la Nación en un contexto territorial más cercano, como era el caso de los voluntarios francos municipales.

Llegados a este punto, quizá sea preciso recalcar que el incidente ocurrido en Vicálvaro fue protagonizado por extremeños y aragoneses pertenecientes a los Voluntarios de la República del Batallón Tortosa número 70, que estaban acantonados allí para su instrucción. Estas unidades habían sido decretadas por la Asamblea Nacional (Ley de 17 de marzo de 1873) y organizadas desde el Ministerio de la Guerra por el director de Infantería, general Mariano Socías y, por tanto, diferentes a las movilizadas en el ámbito regional; que, igualmente, protagonizaron incidentes en lo que parecía un acople difícil con los destacamentos del Ejército, de los Carabineros y de la Guardia Civil desplegados por España.

El encuadramiento de los Voluntarios Francos de la República en unidades semejantes a las ideadas para el Ejército no hacía sino crear más confusión al respecto, porque la recluta se hacía desde los gobiernos locales o provinciales, al igual que había ocurrido con sus colegas francos organizados conforme al decreto de 1868 que había formado los Voluntarios de la Libertad y que, en todo caso, rechazaban cualquier parecido con las unidades militares. En este sentido, resulta significativo lo anotado por el periódico Jaque-Mate, de marcada tendencia republicana:

 

“Van a reorganizarse todos los batallones de voluntarios que se formaron después de la revolución ―llamémosla así― de septiembre de 1868.

No me parece mal esa reorganización.

Pero por las once mil vírgenes, señores voluntarios, nada de uniformidad, nada de colorines, nada de arreos militares, nada de darse por ahí en espectáculos, en grandes paradas, procesiones, etc. etc. etc.

Seamos dignos, seamos serios y respetemos para que nos respeten.

El pueblo en armas es garantía de libertad y orden.

Pero el pueblo, jugando infantilmente a los soldados, para nada sirve sino para dar que reír a nuestros enemigos”[21].

 

Las vicisitudes protagonizadas por la creación de los batallones francos también quedaron reflejadas en las sesiones de las Cortes. Los debates parlamentarios, además de evidenciar las divisiones políticas, revelaban las dificultades para la formación de los Voluntarios de la República. Las discusiones sobre los artículos del proyecto de ley se dilataban en un ambiente tan enrarecido que parecía vaticinar su fracaso. Algunos, como el artículo tercero sobre la provisión de plazas de sargentos segundos, cabos primeros y cabos segundos para aquellos que presentaran 30, 20 y 10 voluntarios respectivamente desataron una acalorada discusión en las Cortes[22]. Diputados como Germán Gamazo alertaban de la gravedad que suponía: “que cada cual mande aquellos hombres que él recluta”, y proponía que no fueran “incluidos en los mismos cuerpos los que presenten los hombres al alistamiento y los hombres presentados por ellos”[23]. Al respecto, el diputado Padial advertía de los inconvenientes para prestar servicio en una misma unidad el mando y los subordinados por él reclutados porque daría “lugar a toda clase de confabulaciones”[24]. Algunos representantes dudaban de la utilidad de los voluntarios francos para atender las necesidades de la guerra civil en ciernes[25]. Otros, como el diputado Ocón, alertaban de la indisciplina existente en los batallones de voluntarios, y abogaban por su disolución[26]. Propuestas de disolución que se acrecentaban según transcurría el tiempo y se comprobaba que los francos no habían dado el resultado apetecido, según apuntaba el diputado Navarrete[27]. Finalmente, una serie de inconvenientes como la escasa preparación, la indisciplina y hasta las condiciones morales de los voluntarios también ocuparon muchas sesiones parlamentarias y coadyuvaron a su declive.

 

3. REFRIEGA ENTRE LOS VOLUNTARIOS EXTREMEÑOS Y ARAGONESES DEL BATALLÓN TORTOSA NÚMERO 70.

 

Pasemos ahora a historiar los sucesos ocurridos entre los componentes extremeños y aragoneses del Batallón Tortosa número 70. Antes de analizar aquel suceso, corresponde anotar que no se trata de un hecho aislado, sino que ha de encuadrarse entre los muchos que ocurrieron en los primeros días de alistamiento y concentración de los voluntarios francos en los acuartelamientos que a tal fin se dispusieron. No obstante, debemos resaltar que se trató de uno de los más graves. El altercado entre los voluntarios acantonados en Vicálvaro, junto a los ocurridos en el cuartel de la Montaña y el cuartel de San Francisco, a las pocas horas o días de haber sido concentrados en Madrid ―a finales de mayo y principios de junio de 1873― son de una trascendencia que no se deben desligar de un conjunto de circunstancias que intentaremos explicitar seguidamente. Además de en Madrid, hubo incidentes parecidos a lo largo y ancho de la geografía española. Algunos también de gravedad con muertos y heridos[28].

Las dificultades políticas causadas por la puesta en marcha de los Voluntarios de la República se implementaron con otras derivadas de su reclutamiento y formación. La misma pérdida de la palabra “franco” como sinónimo de ciudadanos honrados, libres de ataduras militares y leales a la República Federal, denotaba las dificultades para contentar a todos los republicanos. Incluso, a los que pudieran encuadrarse en una misma familia de federalistas, porque mientras unos pretendían una república federal en sentido “descendente”, desde las instancias del Gobierno, otros la querían desde las bases, a partir del ámbito local o comarcal, en lo que sería una opción más parecida al sistema confederal que federal, y cuyos ciudadanos quizá pretendían no estar sujetos a una Constitución común ni a un Gobierno central, sino que responderían ante los gobiernos de cada Estado. La deriva hacia el cantonalismo parecía estar servida.

Por otra parte, junto a los inconvenientes señalados, otros de naturaleza organizativa, armamentística y logística general frustraron el purismo primigenio de los republicanos federales, hasta derivar en una situación tan decepcionante como inviable y que acabó finiquitando aquel proyecto. Los voluntarios francos, ya no tan “francos” o excesivamente “francos” como ironizaba el diputado Ocón[29], movilizados en sus pueblos de orígenes y concentrados en Madrid, junto a otros de diversas provincias y distintas tendencias políticas, para ser instruidos por oficiales que habían servido en el Ejército o estaban en la Reserva, provocaron una gran decepción en los alistados. Razonablemente, aquellos voluntarios encuadrados en batallones de sospechoso parecido con una unidad militar convencional para cumplir misiones alejadas de su ámbito local o comarcal debieron soportar cierto choque emocional de consecuencias previsibles.

Además, no debemos olvidar y sí poner en valor las malas condiciones cuartelarias, sin una uniformidad adecuada o, peor aún, con una semejante a la del Ejército, con un rancho que dejaba mucho que desear y, sobre todo, sin el equipamiento y el armamento mínimo para desempeñar un cometido que los alejaba irremisiblemente de la génesis del pueblo en armas para defender a su “patria chica” y los acercaba a desempeñar unas tareas para las que quizás no estuvieran capacitados. Y es que el avance de la guerra carlista puso en evidencia la falta de profesionalidad y preparación de los voluntarios para llevar a cabo ese cometido bélico. Respecto al estallido de las insurrecciones cantonalistas, la excesiva politización de los francos, decantados netamente por la implantación de un federalismo desde las bases, propiciaba mayoritariamente sus simpatías por el poder cantonal y, por ende, se oponían incluso con las armas a la autoridad del Gobierno representada por la Guardia Civil o los Carabineros.

En definitiva, una serie de altercados prodigados a lo largo de la geografía española no hacían sino corroborar las dificultades afrontadas en la movilización de los Voluntarios de la República. Algunos estuvieron motivados por asuntos tan nimios como la discusión llevada a cabo entre los voluntarios de Leganés porque los botones de las chaquetas del uniforme llevaban impresa una corona sobre las armas de España, según recogía La Correspondencia de España[30]. Varios de ellos, quizá demasiados, tuvieron su origen en la excesiva intransigencia política de unos voluntarios radicalizados en un federalismo extremo. Otros, por una militarización o apariencia militar que rechazaban de plano, dado su temperamento civil. En ciertos casos, por tratarse de individuos de dudosa moralidad que se alistaban por el salario de dos pesetas diarias, el doble de la paga que percibía un soldado voluntario del Ejército. También, porque esos mismos emolumentos “caídos del cielo” propiciaban la holgazanería e ingesta de alcohol, que en el caso que nos ocupa parece ser el origen de la pendencia.

En este ambiente de pesimismo, incertidumbre y desconcierto generalizado, los altercados entre los voluntarios y las fuerzas de Seguridad del Estado o las del Ejército estaban a la orden del día. También, fueron muchas las trifulcas acaecidas entre las distintas unidades de voluntarios o, incluso, entre los propios integrantes de un mismo batallón compuesto por ciudadanos de distinta provincia. Así ocurría en el Batallón Tortosa número 70 de Vicálvaro, donde se mezclaban voluntarios aragoneses, catalanes, castellanos y extremeños. De todos ellos, los extremeños, con 406 voluntarios (77 de Cáceres y 329 de Badajoz)[31], eran los más numerosos, seguidos de los aragoneses que aportaban 178 voluntarios y repartiéndose el resto entre catalanes y castellanos hasta completar los 746 componentes del batallón[32].

Aunque son varias las publicaciones que recogen el conflicto entre los francos acuartelados en Vicálvaro, lejos de coincidir en el tratamiento del suceso, existen discrepancias que pudieran dificultar su esclarecimiento. Sin embargo, entendemos que las desavenencias, sobre todo las derivadas de las distintas corrientes políticas, lejos de entorpecer el análisis lo enriquecen, porque resulta muy interesante contrastar las ideas difundidas desde los diversos grupos políticos.

El primer inconveniente lo encontramos a la hora de señalar la fecha exacta del suceso. Las diferencias abarcan los tres días comprendidos entre el 6 y el 8 de junio de 1873. Quizá la que se corresponde con el primero de los días señalados sea la más certera porque es la consignada en el mayor número de registros, tanto los derivados de la prensa de la época como los procedentes de los escritores que mencionan el asunto. Así lo contemplan algunos rotativos madrileños: La Regeneración, La Discusión, El Imparcial y La Nación[33]; y el autor Alberto Bru Sánchez-Fortún en su artículo sobre la Primera República y los voluntarios francos[34]. Sin embargo, Eduardo González Calleja expone lo que sigue:

 

“El 8 de junio las Constituyentes definieron el nuevo régimen como una república federal formada por 17 estados inspirados en los antiguos reinos históricos, que era el diseño preferido por los benevolentes. Ese mismo día se sublevaron contra sus jefes los Voluntarios francos en Vicálvaro, que desencadenaron un tiroteo donde murieron tres personas”[35].

 

Consecuentemente, según el autor propuesto anteriormente, los sucesos tuvieron lugar el día 8 de junio. La Discusión también señala para ese día un conflicto en Vicálvaro “entre los francos de aquel destacamento”[36]. Comoquiera que el mismo rotativo en su ejemplar del día 7 señalaba con detalle los sucesos ocurridos en Vicálvaro en la tarde del día anterior, sospechamos que los referidos al día 8 pudieran tratarse de hechos relacionados, pero ocurridos en días posteriores porque los tumultos se prolongaron durante varias jornadas. Seguramente, los altercados posteriores al ocurrido en la tarde del 6 de junio se han de entender como una deriva de esta trifulca, que necesitó un tiempo antes de serenarse para volver a la normalidad.

En consonancia con la reflexión del párrafo precedente, El Pensamiento Español del día 9 escribía: “Nada menos que 168 francos fueron traídos presos a Madrid a consecuencia de los sucesos de Vicálvaro: dícese que se les ha sometido a la acción de los tribunales”[37]. Más adelante, anotaba nuevos conflictos en el cuartel de San Francisco de Madrid y sus aledaños, donde habían sido traídos los francos del Batallón Tortosa, pero no especificaba si esos voluntarios eran aragoneses o extremeños:

 

“Después de haber promovido sus compañeros un gran escándalo en el cuartel de San Francisco, se reprodujeron las diferencias en la calle de las Aguas, en que seis francos de Tortosa fueron acometidos por gran número de francos de Lorca; viéndose aquellos precisados a guarecerse en una casa, donde sufrieron un verdadero asalto de sus adversarios. Fue necesario intervenir en el caso a viva fuerza y llevar a la cárcel a seis voluntarios lorquinos, que en su furor amenazaban con degollar a los vecinos que ayudaban a ponerse en salvo a los de Tortosa”[38].

 

Son varios los medios de la prensa en señalar a los extremeños como los venidos a Madrid después del incidente de Vicálvaro, pero esta cuestión no resulta suficiente para responsabilizarlos de los altercados del cuartel de San Francisco. La Regeneración, refiriéndose al incidente de Vicálvaro, dice: “Gran número de los extremeños huyeron y tomaron dirección de Madrid, presentándose algunos al diputado señor Sepúlveda, que acudió con ellos a la capitanía general, donde se empezó la sumaria, mandando a los soldados al cuartel de San Francisco, orden a que obedecieron, aunque algunos se mostraban decididos a irse a su pueblo”[39].

A la vista de los noticieros antes citados, parece claro que desde Vicálvaro regresaron a Madrid muchos de los francos extremeños y aragoneses del Batallón Tortosa, pero mientras los primeros lo hacían voluntariamente para entrevistarse con el diputado Rodríguez Sepúlveda, los segundos fueron conducidos en calidad de detenidos.

En lo que sí parece haber unanimidad es en el poco tiempo que los voluntarios llevaban en el acuartelamiento. Algunos acababan de incorporarse esa misma mañana de autos y, por tanto, hacía escasas horas que habían llegado a Madrid procedentes de sus provincias de origen para alcanzar su destino definitivo en Vicálvaro, que era el punto de concentración del Batallón Tortosa.

No parece haber un motivo claro que desencadenara la trifulca, tal vez porque fueron varias las causas que ocasionaran aquel estallido de violencia. Quizá la chispa que prendió la mecha fuera la ingesta de alcohol en el recorrido por el pueblo de los voluntarios recién llegados, máxime si este era de mala calidad como aventura alguna de las crónicas:

 

“Otro suceso que vio a agravar las circunstancias anoche, fue el conflicto ocurrido en el inmediato pueblo de Vicálvaro entre los francos que ayer salieron de Madrid. Llegaron a la una y media, y después de acuartelarse salieron a recorrer el pueblo. A las cuatro de la tarde, según noticias de buen origen, dos francos a quienes se supone que la baratura y calidad del vino puso fuera de su estado normal, pidieron al primer jefe Sr. Echevarría permiso para venirse a Madrid, apuntándole con los fusiles”[40].

 

El Gobierno del 7 de junio también apunta a la embriaguez como motivo inicial de los incidentes. Avala esta teoría la investigación llevada a cabo por el general Socías en la Capitanía General, donde fueron conducidos por el diputado Sepúlveda los francos extremeños. De toda la prensa analizada, esta publicación es la que muestra una secuencia de los hechos más completa y cohesionada. Si exceptuamos el elevado número de muertos apuntados en el incidente, la argumentación basada en los datos aportados construye el relato más verosímil del suceso acontecido en Vicálvaro. Por este motivo, hemos creído conveniente consignar la noticia al completo:

 

“A las doce y media de la tarde, llegaron a dicho punto (Vicálvaro) los francos extremeños, que fueron alojados en el cuartel donde se encuentran los aragoneses.

Los extremeños, después de descansar, salieron de paseo por la población, y parece que se les ocurrió empinar el codo.

Es de suponer que al regresar al cuartel mediaran algunas cuestiones, puesto que los aragoneses, sin pararse en barras, les hicieron fuego, cayendo muertos, según anoche se aseguraba, ocho individuos y algunos otros heridos.

Afortunadamente los francos extremeños no tenían armas, pues de lo contrario se hubiera empeñado un combate de consecuencias quizá terribles para aquel pacífico vecindario, y tomaron el partido de dirigirse a Madrid y dar cuenta al Gobierno de aquellos sucesos.

A las cuatro y media abandonaron Vicálvaro, y entraban en Madrid a las siete de la noche, preguntando por el diputado Sr. Rodríguez Sepúlveda, única persona a quien parece conocían en esta capital.

Informado el Sr. Sepúlveda de lo ocurrido, se puso al frente de los francos, y se dirigió a la capitanía general.

El general Socías dispuso que con objeto de que pudiera saberse la verdad, fueran entrando los francos de dos en dos en su despacho.

De resultado de estas conferencias pudo sacar el limpio el general Socías que habían bebido, quizás más de lo regular los extremeños, dando esto origen a cuestiones con los aragoneses que, provistos de armamento, se despacharon a gusto.

No juzgando conveniente que los francos extremeños regresaran a Vicálvaro, el capitán general dispuso que un sargento condujera aquella fuerza al cuartel de San Francisco.

Antes de ponerse en marcha, el Sr. Sepúlveda les dirigió la palabra, recomendándoles el mayor respeto a los jefes, y la más severa disciplina.

Inmediatamente después pasaron al despacho del Sr, Figueras los Sres. Socías y Sepúlveda, quienes pusieron en su conocimiento lo ocurrido.

El ministro interino de la Guerra llamó a un coronel, cuyo nombre no recordamos y le confió el mando de tres compañías de ingenieros, ordenándole que se pusiera toda esta fuerza en camino inmediatamente.

Además, recomendó al citado coronel que desarmara a la fuerza a aragonesa y condujera a Madrid, en calidad de presos, a los que resultaran culpables de aquel conflicto, para ser juzgados en consejo de guerra.

A las ocho y media de la noche se recibió un telegrama del alcalde de dicho punto, confirmando los hechos que dejamos narrados, y asegurando que la calma había vuelto a quedar restablecida”[41].

 

A pesar de la gravedad del incidente de Vicálvaro, la Gaceta de Madrid del 7 de junio de 1873 publicaba un despacho telegráfico del día anterior, recibido en el Ministerio de la Guerra, restando importancia a la cuestión que nos atañe: “Hoy ha habido en Vicálvaro una colisión entre los francos de aquel destacamento, cruzándose algunos disparos y ocurridas desgracias, aunque de poca importancia; pero quedó terminado a las pocas horas”[42]. De igual forma, en una copia fidedigna de la nota gubernamental, era gestionado el asunto por La Discusión[43]. Al respecto, no debemos olvidar que se trataba de un medio que representaba la corriente moderada del republicanismo. Así, siguiendo la vía de moderación y normalidad reflejadas, solventaba el incidente de esta manera:

 

“Ayer llegaron a Madrid los ingenieros de un batallón de infantería de Zamora y veinticinco caballos, conduciendo presos 129 francos, un capitán y cuatro subalternos de los amotinados en Vicálvaro. Cuando llegaron anoche al citado pueblo, reinaba la tranquilidad más completa, habiéndose recogido en el cuartel los francos y curado por sí mismo las heridas de sus compañeros. El teniente coronel del batallón de francos ha quedado en Vicálvaro, instruyendo con el juzgado el correspondiente sumario”[44].

 

En parecidas circunstancias, La Igualdad, de marcada línea republicana liberal y federal, rebajaba la gravedad de los lances provocados por los francos en Madrid y advertía de la utilización política que hacían de aquellos hechos: “los reaccionarios para mantener la alarma y aumentar la inquietud del país, lo cual redunda en descrédito del Gobierno y hace gran daño a la causa de la República”[45]. Para remediar esta situación, instaba a las autoridades a combatir los peligros que amenazaban la libertad.

Naturalmente, la prensa conservadora y monárquica no era tan benévola en el tratamiento de los numerosos incidentes provocados por la indisciplina y desgobierno de los voluntarios republicanos. Esencialmente, aprovechaba los casos como el de Vicálvaro para alertar de la inviabilidad de los batallones francos y solicitar su disolución. Así lo apuntaba La Época del día 7 de junio[46]. También, La Crónica del 28 de junio publicaba los buenos resultados obtenidos tras la orden dada por el ministro de la Guerra “para el licenciamiento de los francos que no quieran someterse a la ordenanza”. Finalizaba el artículo con una frase de despedida tan elocuente como reveladora de su opinión al respecto: “Vayan bendito de Dios”[47].

Otros medios abogaban por endurecer la disciplina para evitar la desaparición de los francos. La Discusión recomendaba al Gobierno “la mayor energía en el castigo de cualquier falta de insubordinación, que, de repetirse, redundaría en perjuicio de la causa de la República y en deshonra del cuerpo a que esos Voluntarios pertenecen”[48]. El Constitucional mostraba una mayor dureza informativa cuando se refería a los francos que habían protagonizado los hechos de Madrid como “esas bandas de tropas insubordinadas”[49].

Resumidamente, los incidentes perpetrados en Madrid por los Voluntarios Francos tuvieron una gran repercusión en la prensa de la época, pero con un tratamiento tan dispar como correspondía a su variado alineamiento político.

Antes de señalar el final de los Francos, es necesario anotar que fueron movilizados muchos menos de los 80 batallones proyectados, porque el alistamiento no resultó tan abundante como el pretendido por el Gobierno. En algunas provincias no se alistó ningún voluntario o los que lo hicieron eran foráneos, como informaba El Imparcial del 7 de junio: “Para el batallón de francos de la provincia de Santander se habían alistado hasta el miércoles cuatro mozos, ninguno de ellos natural de aquella provincia”[50]. En definitiva, solamente consiguieron formarse 10 batallones con un total de 7.341 voluntarios, según contemplaba la circular número 207 de la Dirección General de Infantería publicada en el Memorial de Infantería número 22[51].

A finales de julio de 1873, a los pocos meses de haberse promulgado la Ley de 17 de marzo referente a su organización, los últimos voluntarios debían elegir entre pasar al Ejército activo o solicitar el certificado de libertad. El 19 de agosto de 1873, el ministro de la Gobernación, Eleuterio Maisonnave, decretaba que: “los batallones de Voluntarios organizados con arreglo al decreto de 17 de noviembre de 1868 que hubiesen solicitado marchar a campaña podrán movilizarse inmediatamente”[52]. Suponemos que se refería a los voluntarios francos dependientes de los alcaldes y gobernadores civiles; por tanto, distintos a los Voluntarios de la República. No obstante, advertía su dependencia de la autoridad militar para llevar a cabo los servicios que le encomendara el Gobierno[53]. Finalmente, la Ley de 2 de septiembre de 1873 para la reorganización de los Voluntarios de la República restablecía la Milicia Nacional con arreglo a la Ordenanza de 14 de julio de 1822, lo que suponía de facto el soporte legal para acabar definitivamente con los batallones de Voluntarios Francos de la República[54].

 

5. CONCLUSIONES

 

El análisis del incidente entre los voluntarios aragoneses y extremeños nos ofrece la posibilidad de estudiar el proyecto republicano para organizar una milicia ciudadana que se encargara de la seguridad Nacional en detrimento de la Administración Militar. En todo caso, el Ejército quedaría reservado para la guerra civil derivada de la insurrección carlista y la invasión de una fuerza extranjera. Con el fin de consumar ese objetivo, la Asamblea Nacional autorizó al Gobierno la formación de los Voluntarios Francos para mantener el orden y la libertad en los municipios bajo dependencia directa de los alcaldes, pero acabaron subordinados al Ministerio de la Guerra y con unos cometidos distintos a los pretendidos originalmente. Este cambio de posicionamiento afectó negativamente a la formación de los voluntarios y coadyuvó a su fracaso.

El contenido del credo republicano federal y popular de los francos se fue diluyendo hasta desaparecer con la organización y puesta en marcha de los Voluntarios de la República. Y es que la pérdida de su naturaleza civil en favor de la doctrina militarista no fue entendida por muchos voluntarios reclutados en sus pueblos de origen para engrosar unas unidades que suponían derivadas de los Voluntarios de la Libertad. Esa confusión, extrema en gran medida, era el resultado de la política errática de los republicanos. La profunda división por su fraccionamiento, por el debate entre federalismo desde abajo o federalismo desde arriba y por las disputas personales confluyeron, ahora, en la organización del orden público que debía conformarse bajo el lema de la República: “orden, libertad y justicia”. En este ambiente tan convulso se procedió a la formación de los voluntarios francos.

Las complicaciones señaladas cobraron fuerza y evidencia entre los integrantes de los Voluntarios de la República concentrados en Madrid para su adiestramiento. El parecido de los centros de instrucción con unidades militares los diferenciaba significativamente de sus colegas francos destinados en los pueblos de origen. Además del ambiente cuartelero, la mezcla con voluntarios de otras provincias de ideología política contraria o distinta contribuyó a resaltar las diferencias con sus paisanos. Tampoco ayudaba la probabilidad de misiones encaminadas a auxiliar a las unidades del Ejército en la guerra civil carlista y, por tanto, muy alejadas de las propuestas originales dirigidas a garantizar la seguridad en el entorno regional que tan bien conocían.

En esta labor de policía, los francos quedaban vinculados estrechamente al municipio y dependían directamente de los alcaldes que estaban ligados al Ministerio de la Gobernación en el organigrama jerárquico departamental. Pero, en última instancia, la proliferación de voluntarios de diversa procedencia y subordinación desvirtuaron el sentido original hasta acabar en los Voluntarios de la República dependientes del Ministerio de la Guerra a través de la Dirección General de Infantería y, por ende, con una estructura semejante a la militar.

Consecuentemente, la simiente del desconcierto y la desazón acabaron germinando en forma de indisciplina que fructificaba en altercados de toda índole con el Ejército, los carabineros y los guardias civiles. También, hubo incidentes, algunos de gravedad, entre los diversos componentes de una misma unidad de voluntarios, como el seleccionado para este artículo protagonizado por los francos aragoneses y extremeños del Batallón Tortosa número 70.

 

 

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[1] Bru Sánchez-Fortún, 2021: 159-193. González, 2020: 471. Nieto, 2021: 264-268.

 

[2] La República, 3, 18 de abril de 1873: 2

[3] Ibidem.

[4]El Ejército se nutría de efectivos a través del reclutamiento forzoso, la denominada “quinta”, que afectaba esencialmente a la parte de la sociedad con menores recursos económicos, pues las clases pudientes podían librarse del alistamiento mediante la redención en metálico y la sustitución personal. La redención consistía en la entrega de una cierta cantidad de dinero al Estado, establecida por el Gobierno, para evitar la prestación. En la sustitución, el mozo de familia adinerada eludía el reclutamiento pagando directamente a un sustituto para que realizase el servicio militar por él. La Ley de reemplazo de 30 de marzo de 1856, en su artículo 139-2, autorizaba la redención “por medio de la entrega hecha a nombre de un mozo a quien haya correspondido la suerte de soldado de la cantidad de 6.000 reales. Esta cantidad se hará efectiva con destino exclusivo al reemplazo del ejército según lo establece esta ley, en la Caja general de Depósitos de Madrid y en las Tesorerías de Hacienda pública de las provincias, como dependientes y sucursales de la misma Caja general”. (Gaceta de Madrid, 1.125, 2 de febrero de 1856). Por otra parte, la misma Ley, en su artículo 76, apartado 11, prescribía que, entre otros, “serán exceptuados del servicio, siempre que aleguen su exención en el tiempo y forma que esta ley prescribe: los que han redimido el servicio por medio de sustituto o de retribución pecuniaria”. (Gaceta de Madrid, 1.125, de 2 de febrero de 1856).

En 1872, el ministro de la Gobernación, Manuel Ruiz Zorrilla, presentó a las Cortes un proyecto de ley para abolir las quintas (Gaceta de Madrid, 282 de 8 de octubre de 1872, tomo IV :69). Durante la Primera República se acordó la eliminación de la quinta y se proyectó la creación de un Ejército de voluntarios, según recogía la Ley para la abolición de las quintas y el establecimiento de un ejército activo y de reserva (Gaceta de Madrid, 54, 23 de febrero de 1873). Con la restauración borbónica, se volvió a permitir la sustitución y la redención a metálico por 2000 pesetas, según contemplaba la Ley para la organización y reemplazo del Ejército en sus artículos números 16 y 17, respectivamente. (Gaceta de Madrid, 11 de enero de 1877). La Ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército de 1885, permitía la redención y sustitución para el servicio militar mediante el pago de 1.500 pesetas cuando el mozo debiese prestar dicho servicio en la Península, y de 2.000 cuando le correspondiese servir en Ultramar continuaba (Gaceta de Madrid, 194 de 13 de julio de 1885, capítulo XVII, de la redención y sustitución).

[5] Gaceta de Madrid, 43, 12 de enero de 1870: 1 y 2, Proyecto de Ley sobre organización y reemplazo del Ejército.

[6] Gaceta de Madrid, 54, 23 de febrero de 1873: 627, Ley para la abolición de las quintas y el establecimiento de un ejército activo y de reserva.

[7] Ibidem, artículo 12.

[8] Gaceta de Madrid, 54, de 23 de febrero de 1873, Ley de 17 de febrero, artículo 14.

[9] Ibidem, artículo 15.

[10] Bru Sánchez-Fortún, 2021, pp. 159-193.

[11] El presidente interino del Poder Ejecutivo, Francisco Pi y Margall, decretó la disolución de la Comisión permanente de la Asamblea el 24 de abril de 1873. Entre otras consideraciones, Pi y Margall alegaba que la citada Comisión se había convertido “por su conducta y por sus tendencias en un elemento de perturbación y de desorden”. Además, en clara alusión a su implicación en el golpe de Estado frustrado del día anterior, consideraba que la Comisión: “con sus injustificadas pretensiones contribuyó a provocar el conflicto de ayer, aun prescindiendo de la parte directa que en él tomaron alguno de sus individuos”. Finalmente, motivaba el decreto de disolución porque la Comisión propiciaba “un constante obstáculo para la marcha del Gobierno de la República, contra el cual estaba en maquinación continua”. Gaceta de Madrid, 114, de 24 de abril de 1873, p. 203.

[12] Gaceta de Madrid, 85, 26 de marzo de 1873, p. 979. Alocución en defensa de la República dirigida a los españoles por el presidente del Gobierno, Estanislao Figueras.

[13] Gaceta de Madrid, 323, 18 de noviembre de 1868, pp. 1-3. Decreto Orgánico de la Fuerza Ciudadana de los Voluntarios de la Libertad.

[14] Gaceta de Madrid, 46, 15 de febrero de 1873, p. 531, Decreto del Ministerio de la Gobernación para organizar los Voluntarios de la República en la forma que tuvieron los cuerpos de Voluntarios que hayan sido disueltos desde el mes de octubre de 1868.

[15] Gaceta de Madrid, 323, 18 de noviembre de 1868, p. 1-3. Decreto Orgánico de la Fuerza Ciudadana de los Voluntarios de la Libertad.

[16] Gaceta de Madrid, 249, 06 de septiembre de 1873, Ordenanza para la formación, régimen, constitución y servicio de la Milicia Nacional local de la Península e islas adyacentes de 14 de julio de 1822, restablecida y reformada en virtud de la ley de 2 de septiembre de 1873.

[17] Gaceta de Madrid, 46, 15 de febrero de 1873, p. 531.

[18] Ibidem.

[19] Gaceta de Madrid, 80, 21 de marzo de 1873, p. 935, Ley para organizar 80 batallones de Voluntarios de la República.

[20] Gaceta de Madrid, 85, 26 de marzo de 1873, p. 981.

[21] Artículo de Jaque-Mate recogido por La Crónica del día 18 de febrero de 1873 en su página 2.

[22] La Ley para organizar a los Voluntarios de la República establecía en su artículo segundo que los cuadros de mando ―jefes, oficiales y sargentos primeros― se formarían con individuos pertenecientes a la reserva o que se hallaran en situación de reemplazo y fueran necesarios para completar el número reglamentario. Sin embargo, el artículo tercero reglaba que, para obtener las plazas de sargentos segundos, cabos primeros y cabos segundos, además de reunir las circunstancias de tener buena conducta, saber leer y escribir y probar la aptitud necesaria para el desempeño de dichos empleos, tenían que presentar en los centros de recluta el número de alistados siguientes: 30 los que deseen ser sargentos segundos, 20 los cabos primeros y 10 los cabos segundos. Gaceta de Madrid núm. 80, de 21 de marzo de 1873, Ley para organizar 80 batallones de Voluntarios de la República, p. 935.

[23] Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional (en adelante DSAN), 22, 12 de marzo de 1873, p. 502.

[24] DSAN, 22, 12 de marzo de 1873: 505.

[25] Intervención del diputado Vidart. DSAN, 22, 12 de marzo de 1873, p. 507.

[26] Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes (en adelante DSCC), 15, 16 de junio de 1873, p. 167.

[27] DSCC, 29, 2 de julio de 1873, p. 489.

[28] Granada, Leganés, Aranjuez, Málaga y Sagunto fueron otros lugares donde se produjeron sucesos de notable gravedad.

[29] DSCC, 15, 16 de junio de 1873, p. 167. Respecto a los debates concentrados en la disolución de los Batallones de la República, el diputado Ocón alegaba lo siguiente: “Las Comisiones de acuerdo con el Gobierno, podrán disolver parte o todos los batallones francos, y esto es tanto más necesario, cuando que observamos con sentimiento, que los batallones francos, hablo en tesis general, son acaso excesivamente francos. Es necesario, pues, una mano fuerte y vigorosa que, de acuerdo con el Gobierno, haga a esos hombres cumplir con sus obligaciones”.

[30] La Correspondencia de España, 5674, 13 de junio de 1873, p. 3: “Los francos acuartelados en Leganés siguen dando muestras de un ardor bélico que a juzgar por los hechos pudiera dar ocasión a que en el día que se le den armas las ensayen unos contra otros. Raro es el día en que no hay una reyerta en el cuartel. Hace tres días porque unos imponían a otros que se quitasen los botones de las chaquetas, por tener una corona sobre las armas de España, resultaron tres o cuatro heridos”.

[31] Dentro del ámbito extremeño, Plasencia y su comarca habían movilizado 135 voluntarios, pero estaban encuadrados en un batallón distinto: Monterrey número 34. Memorial de Infantería de 23 de mayo de 1873, Dirección General de Infantería, circular número 207.

[32] Memorial de Infantería, 22, 23 de mayo de 1873, Dirección General de Infantería, circular número. 207. https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/publicaciones/listar_numeros.do?busq_mes=5&busq_idPublicacion&busq_infoArticulos=true&busq_dia&posicion&busq_anyo=1873

[33] La Regeneración, 7 de junio de 1873, p. 1; La Discusión, 7 de junio de 1783, p. 1; El Imparcial, 7 de junio de 1873, p. 3; La Nación, 7 de junio de 1873, p. 2.

[34] Bru Sánchez-Fortún, 2021, pp. 159-193.

[35] González, 2020, p. 471.

[36] La Discusión, 8 de junio de 1873, p. 3.

[37] El Pensamiento Español, 9 de junio de 1873, p. 4

[38] Ibidem.

[39] La Regeneración, 6.225, 7 de junio de 1873, p. 2.

[40] La Regeneración, 6.225, 7 de junio de 1873, p. 1.

[41] El Gobierno, 7 de junio de 1873, p. 2.

[42] Gaceta de Madrid, 153, 7 de junio de 1873, p. 651.

[43] La Discusión, 1.460, 8 de junio de 1873, p. 3.

[44] La Discusión, 1.460, 8 de junio de 1873, p. 2.

[45] La Igualdad, 8 de junio de 1873, p. 2.

[46] La Época, 7.552, 7 de junio de 1873, p. 3.

[47] La Crónica, 681, 28 de junio de 1873, p. 2.

[48] La Discusión, 1459, 7 de junio de 1873, p. 1.

[49] El Constitucional (VIII), 11 de junio de 1873, p. 2.

[50] El Imparcial, 7 de junio de 1873, p. 3.

[51] Memorial de Infantería, 22, 23 de mayo de 1873, Dirección General de Infantería, circular núm. 207.

https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/publicaciones/listar_numeros.do?busq_mes=5&busq_idPublicacion&busq_infoArticulos=true&busq_dia&posicion&busq_anyo=1873

[52] Gaceta de Madrid, 232, 20 de agosto de 1873, p. 1429, Decreto del Ministerio de la Gobernación de 19 de agosto de 1873, artículo primero.

[53]Decreto del Ministerio de la Gobernación de 19 de agosto de 1873, artículo tercero.

[54] Gaceta de Madrid, 249, 6 de septiembre de 1873, p. 1621.