CHDE Trujillo

 Marciano Martín Manuel.

  Hervás renovó el ayuntamiento tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera. No se celebró sufragio popular. La designación de concejales se hizo conforme al Real Decreto de 15 de febrero de 1930. El secretario de la Junta municipal del censo electoral designó 18 candidatos provenientes de las listas de concejales de 4 de noviembre de 1917, 1 de febrero de 1920 y 29 de enero de 1922. A la que se agregó, en cumplimiento de la ley de 8 de febrero de 1877, los cinco mayores contribuyentes con derecho de sufragio que elegían los compromisarios en las elecciones de senadores. Se desestimó la candidatura del industrial del textil, Eduardo Cid Sánchez–Matas, porque no tenía residencia fija, aunque era vecino de Hervás. Resultaron nominados candidatos catorce exconcejales. El alcalde Francisco Sánchez Peña anunció la destitución de los concejales de la corporación, entre los que se encontraban Santos González Hoyos, primer teniente, y el empresario del mueble Vicente Castellano Sánchez, segundo teniente. Consiguieron el acta de concejal por el distrito 1º, Santos Gómez Pérez, Anacleto Hinjos Mandado y Aureliano Martín Hernández. Por el distrito 2º, Fructuoso Castellano López y Primitivo Martín Sánchez. Y por la sección contributiva, Matías Álvarez Benavides, Aniceto García Sánchez, Antonio Rubio García, Inocente García Castellano y Estanislao Rubio Herrero. El nuevo ayuntamiento se constituyó el 26 de febrero de 1930. Aureliano Martín Hernández ocupó la presidencia como concejal mayor en edad. Inocente García Castellano y Matías Álvarez Benavides se alzaron con las dos tenencias de alcaldía^[1]. Primitivo Martín Sánchez fue nombrado vocal de la Junta electoral municipal, poco después asumió la alcaldía, que ejerció hasta el 16 de abril de 1931.

 

 LAS ELECCIONES DEL 12 DE ABRIL DE 1931

 El 12 de abril de 1931, el pueblo fue llamado a las urnas. A finales de marzo se constituyó la Agrupación Hervasense al Servicio de la República. Formaban el comité local Aniceto García, Urbano Fournón, Ángel Barrios y Heliodoro Hernández. La Agrupación invitaba a engrosar las filas a todos los «intelectuales, comerciantes, industriales, labradores y obreros que noble y honradamente sientan y consideren urgente la implantación de un nuevo régimen político, de una República ordenada». Las firmas de adhesión se recogieron en la Plaza Faustino Castellano número 24, como se desprende del pasquín informativo editado en la tipografía de Urbano Gómez.

La Agrupación Hervasense era un colectivo de carácter federal que instauraron a nivel nacional, el 10 de febrero, los muñidores Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, Marañón y Machado. En Hervás, el tonelero Urbano Fournón Ponce presidió la institución con Ricardo Sánchez en la tesorería. Socialistas, republicanos y sindicalistas de la UGT formaron la coalición Conjunción Republicano–Socialista para arrebatar el poder municipal a los monárquicos. La Agrupación socialista «La Razón Social», que dirigía el notario Antonio Soldevilla Guzmán, funcionaba desde febrero de 1922. La Derecha Liberal Republicana [DLR], de Niceto Alcalá Zamora, y los monárquicos también se presentaron a las elecciones municipales.

Lám I.- Manifiesto político de la Agrupación Hervasense al Servicio de la República

AHPCC, Gobierno Civil, caja 2806 expte. 5

 La Conjunción Republicano–Socialista se alzó con la victoria. La minoría socialista consiguió cinco concejales y los federales uno. La Derecha Liberal Republicana y los monárquicos sumaron los seis restantes^[2]. El socialista Ángel Barrios Pérez salió elegido alcalde con diez votos y una papeleta en blanco. Los monárquicos, que no atravesaban por sus mejores momentos, y la derecha republicana le dieron un voto de confianza. Quintín Hernández Mártil, monárquico, fue nombrado primer teniente de alcalde, el federal Aniceto García Sánchez, segundo teniente, y el empresario del mueble Matías Álvarez Benavides, que respiraba por la derecha liberal, regidor síndico. Con estos nombramientos, la minoría socialista se granjeó el voto de la facción republicana y la derecha monárquica. Durante los primeros meses de legislatura republicana, los concejales conservadores votaron muchas de las propuestas de la minoría de izquierda^[3].

El tablero sociopolítico de la Casa Consistorial quedó perfilado de la siguiente manera: el alcalde socialista Ángel Barrios trabajaba como ebanista en la fábrica del concejal de derechas Matías Álvarez Benavides. El concejal socialista Amandio López, presidente del sindicato de la madera «La Constancia», era ebanista asalariado en la fábrica de Vicente Castellano Sánchez, futuro presidente del partido Radical de Lerroux. Los socialistas Francisco Rubio, líder del sindicato «Obreros de la Industria Textil», y Ángel Llanos Peralejo trabajaban como hiladores en la fábrica de tejidos de Sobrino de Benito Matas, propiedad del concejal monárquico Vicente Cid Gómez–Rodulfo. Y el socialista Nicomedes Blanco ejercía como secretario del sindicato agrícola «El Porvenir del Obrero», afiliado a la UGT^[4].

En definitiva, la minoría socialista controlaba la actividad política y el movimiento obrero a través de los sindicatos de la UGT, y los patronos conservadores de las fábricas textiles y del mueble gestionaban la producción y el acceso a la mano de obra. Los dos sectores sociales, la burguesía empresarial y el proletariado rural, trasladaron a la institución municipal sus intereses políticos, sus reivindicaciones sociales y sus ambiciones económicas lastrando el proceso democrático. La República entró con mal pie en la historia. Heredó las viejas prácticas caciquiles de la dictadura, con la figura del todopoderoso gobernador civil facultado por las leyes para derrocar ayuntamientos contrarios a su ideario político, destituir a los concejales elegidos por sufragio popular y nombrar a otros de su cuerda. Este comportamiento fue común en los gobernadores civiles de ambos bandos políticos. Al mes siguiente de la toma de posesión de la alcaldía, el socialista Ángel Barrios se entrevistó en Cáceres con el gobernador Tuñón de Lara para orientarse en las directrices generales de la política municipal republicana^[5].

No todos los sectores sociales recibieron con los brazos abiertos al alcalde socialista Ángel Barrios. Máximo Hernández Gil, Tomás Ordoñez Hinjos y Valeriano Téllez Lices estuvieron cinco días en la prisión del partido judicial, en mayo, por desobediencia leve contra el alcalde^[6].

El 28 de junio fueron convocadas elecciones a Cortes Constituyentes con idea de elegir una cámara legislativa que redactara y aprobara la nueva Constitución que sirviera a los intereses generales de la República. Fernando Ayala Vicente^[7] refiere que de los 1.043 electores inscritos en Hervás –en 1931 hubo 1.061–, emitieron su voto 984, con un elevado índice de participación, cifrado en el 94,34 %. La coalición Republicano–Socialista arrasó en las urnas con un promedio de 830,57 votos, la Derecha Liberal Republicana obtuvo 100,33, los Radicales–Socialistas 52, los conservadores 34 y Acción Nacional 20,75.

El espectro político local cobró nueva fisonomía en octubre. La Agrupación Republicano Radical–Socialista [PRRS] se constituyó formalmente el día 14, en conformidad con el ideario político de Alejandro Lerroux y Marcelino Domingo. Establecieron la sede, con carácter provisional, en la calle Asensio Neila número 18. Al día siguiente enviaron el reglamento al gobernador civil. Formaron el comité ejecutivo Laurentino González Alderete, presidente, Ventura Peña Díez, vicepresidente, José Rodríguez Barbeira, secretario, el maestro nacional Alfonso Cifuentes Francés, tesorero. Y en la vocalía estuvieron el concejal Gorgonio Muñoz Neila, el taxista José Manuel Gómez y el cosechero de vinos Santiago Acera García^[8]. En su origen, el PRRS albergó posturas progresistas. De hecho, en la asociación política respiraron militantes de ideología heterogénea que, en el ecuador de la República, evolucionaron hacia posturas de izquierdas, como el partido socialista e Izquierda Republicana; de centro, como los Radicales de Lerroux; y de derechas, como la Liga Agraria.

El comité local de Conjunción Republicano–Socialista instituyó el primero de octubre la Agrupación Popular al Servicio de la República, que ahora se llamaba Asamblea Popular Hervasense al Servicio de la República^[9]. El colectivo capituló en veinticinco artículos el reglamento institucional. La Asamblea se fundaba con el objetivo de contribuir al afianzamiento y a la defensa de la República, velar por el cumplimiento de las leyes, procurar la cohesión entre los distintos sectores democráticos de la coalición, lograr la uniformidad de procedimientos en la actuación de sus miembros y buscar soluciones eficaces a los problemas económicos, sociales y políticos de la localidad. Los asuntos de mayor envergadura se confiaban a una comisión especial, o bien se desarrollaba una ponencia de estudio. Los socios debían tratarse con cordialidad y respeto dentro y fuera de la Asamblea y evitar las insidias personales y las campañas tendenciosas que tanto desmoralizaba e interfería en la resolución de los problemas cotidianos.

La institución era un órgano democrático federal estructurado por una red de alianzas de las sociedades obreras y los partidos políticos republicanos de centro izquierda. La Asamblea Popular fijó la sede en la calle del Collado número 23. Celebraban sesiones ordinarias todos los viernes, cuyas propuestas trasladaban a la corporación municipal. El alcalde Ángel Barrios, el inspector veterinario Heliodoro Hernández, Antonio Soldevilla, Marino Colmenar y Ventura Peña enviaron dos copias del reglamento de la organización al gobierno civil, el 25 de octubre, para que procediera a su aprobación y registro.

Urbano Fournón Ponce fue designado presidente, Heliodoro Hernández García–Luis, vicepresidente, Manuel Álvarez Pérez, tesorero (luego se escoró hacia el Partido Radical de Lerroux, y en 1943, fue alcalde con el Movimiento Nacional), Ventura Peña Díez, secretario (militó en Unión Patriótica, el partido de Primo de Rivera, con Eduardo Cortés Amores, alcalde de la gestora municipal en julio de 1936, y Emilio González, murió redimido como paradigma del buen republicano), y Félix Morante Lomo, vicesecretario. Estas últimas cuatro personas provenían de la directiva de Conjunción Republicano–Socialista. Las vocalías se repartieron entre el notario Antonio Soldevilla Guzmán, de la Agrupación Socialista, José Rodríguez Barbeira, del partido Radical–Socialista, Guillermo Herrero Herrero, del sindicato «La Plana», Marino Colmenar Barbero, de «El Porvenir del Obrero», Constantino Castro Aprea, de los «Obreros de la Industria Textil», y el socialista Amandio López Comendador, en representación de los concejales del ayuntamiento.

El presidente Urbano Fournón preguntó a la sociedad si había conformidad con los nombres y cargos elegidos y la Asamblea respondió con una salva de aplausos^[10].

Por su parte, los propietarios rurales, agricultores y ganaderos del partido judicial de Hervás, de marcado tizne derechista, se constituyeron como asociación en defensa de sus intereses con sede en la Avenida de la República (hoy, Paseo de la Estación), era el domicilio del industrial Eduardo Cid. Plácido Lanzos desempeñaba la secretaría^[11].

 LA RETIRADA DE LOS SIMBOLOS RELIGIOSOS EN LAS ESCUELAS NACIONALES Y LA SECULARIZACIÓN DEL CEMENTERIO

 Durante la dictadura de Primo de Rivera, la institución eclesial promovió en la comunidad rural el sentimiento de adhesión a la religión católica como emblema identitario y de afirmación regional, renovó el anquilosamiento religioso del clericato rural, sin desviarse de la perspectiva conservadora, y restableció la privilegiada situación que la iglesia gozaba en el ámbito de la sociedad. La iglesia católica, gerente de los valores tradicionales de la comunidad rural, se había mimetizado con el estado monárquico. Actuaba como si fuera una prolongación natural del régimen. Iglesia y Estado eran troncos del mismo árbol. La iglesia local regulaba los actos festivos y el tiempo de ocio del hervasense. El consistorio político presidía las procesiones de Semana Santa, jueves de Corpus, misa del Sagrado Corazón de Jesús, que organizaba la cofradía de las Hijas de María el 29 de junio, las fiestas patronales del Cristo de la Salud y la festividad de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, y asistía a la administración del viático a los presos de la cárcel preventiva del partido judicial que se efectuaba a primera hora de la mañana en las fiestas principales de la iglesia católica^[12].

En el aspecto social, la iglesia católica estuvo más próxima a la burguesía industrial –algunos de cuyos representantes abrazaron interesadamente la República, como el empresario del mueble Matías Álvarez–, que a la clase campesina, desasistida del poder civil. El jornalero clamaba pan y la iglesia católica le administraba el pan de los ángeles. Su distanciamiento del pueblo llano y la organización del campesinado en sociedades de resistencias en las ramas agrícola («El Porvenir del Obrero»), tejedores («Obreros de la Industria Textil» y «La Aurora del Progreso»), madera («La Constancia» y «La Plana»), construcción («La Edificación»), alimentación («Obreros panaderos») y empleados municipales, avivaron progresivamente la llamarada del anticlericalismo en el movimiento obrero.

Las huelgas obreras madrugaron con el advenimiento de la República. El sindicato panadero intimidó a los empresarios con una huelga general desde primeros de octubre si los patronos persistían en la denegación de sus condiciones salariales. La sociedad propuso la jornada laboral de los maestros panaderos en seis pesetas, los oficiales cobrarían cuatro y los maquinistas tres. «La Constancia», que dirigía el concejal socialista Amandio López, planteó una huelga en noviembre con motivo de una serie de reclamaciones laborales efectuadas a los patronos^[13].

La corporación municipal celebraba los plenos una vez a la semana en la sala capitular, presidida por el retrato de Alcalá Zamora que había desplazado a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Se necesitaba un mínimo de tres concejales para validar el acto político. En 1931 se suspendieron las sesiones de 20 de junio, 11 de julio y 5 de septiembre. En 1932 se incrementaron las ausencias políticas. Se cancelaron 29 plenos municipales. El alcalde socialista Ángel Barrios intimidó con imponer una sanción económica a los concejales que no asistiesen a las asambleas, pero el absentismo político, alimentado generalmente por la oposición, prosiguió por sus derroteros hasta la liquidación de la República. Cuando gobernaba la izquierda desertó un sector las derechas, el empresario del fabril Vicente Cid fue el mayor absentista. Y viceversa, cuando gobernaron las derechas, la izquierda hizo mutis por el foro.

La corporación municipal del bienio republicano–socialista dictó una serie de ordenanzas encaminadas a acabar con las prerrogativas y la influencia de la iglesia local en los diversos sectores de la sociedad. En junio de 1931, el ayuntamiento retiró al sacerdote don Benito Herrero la subvención de cien pesetas que recibía como director espiritual de la Asociación Cultural de la Escuela Dominical^[14]. La Escuela Dominical era una institución católica que fundó el presbítero hervasense don José María Barbero Castellano, en 1863. Entre sus actividades educativas figuraba la enseñanza docente a jóvenes sirvientas y obreras, que impartían en la sede los domingos y festivos de tres a cinco de la tarde y los viernes de seis a ocho de la noche^[15]. Escuela Dominical se preocupó de la instrucción de la mujer y su incorporación en el movimiento católico y en la servidumbre del hogar, relegada de los mecanismos de participación social y política. La mujer conservadora era el eslabón fundamental en el correaje de transmisión de los valores tradicionales de la iglesia católica en una relación de estrecha dependencia con el esposo, y de servilismo con el patrón y las clases medias de base católica.

La institución política desautorizó, en agosto, al sacerdote don Benito Herrero la representación de una función de teatro en la Escuela Dominical. Únicamente le defendió el concejal Primitivo Martín Sánchez, antiguo fabricante de tejidos y alcalde con el gobierno de Berenguer^[16]. Y eliminó el patrocinio de la fiesta religiosa de septiembre. La emblemática fiesta patronal del Cristo de la Salud^[17]. La separación de la vida laica y religiosa estaba en marcha.

La Constitución republicana, aprobada en diciembre de 1931, declaró la laicidad del Estado, el matrimonio civil, el divorcio, la secularización de los cementerios municipales y la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas. A rebufo de la Carta Magna, el ayuntamiento republicano–socialista ejecutó su programa electoral de laicización de las escuelas nacionales. Impelido por la Dirección General de Primera Enseñanza, también se lo había exigido la Asamblea Popular, la corporación municipal ordenó la retirada de los crucifijos de las escuelas nacionales, el 14 de enero de 1932. El magisterio católico, que no se resignó a la pérdida de sus privilegios ancestrales, se movilizó contra la ordenanza. Las maestras nacionales Natividad Vidal, Victorina Rodríguez, Águeda Pérez, Severina López Vidal, Ángeles Fraile, Pilar González, Antonia Esteban, Judit Hernández y el maestro José Campos, que acabaría militando en el fascismo, solicitaron a la alcaldía la restitución de los crucifijos^[18]. El colectivo docente recogió un pliego de firmas y convocó a los niños, niñas y madres de los escolares a una manifestación popular el día 28.

El alcalde Ángel Barrios vetó el acto porque los organizadores no habían solicitado el permiso correspondiente. Además, contrariaba las disposiciones de las Cortes soberanas y temía «un conflicto de orden público por la contra protesta que pudieran hacer otras personas contrarias en ideales». El alcalde socialista pidió a las maestras María de los Dolores Jiménez, de la ILE, María Hernández, Andrés Sánchez, Braulio Muñoz, Luis Sánchez Arroyo, Conrado Hernández, del Círculo Tradicionalista, Felipe Cifuentes y Blanca Sánchez, que los niños permaneciesen en las aulas hasta después de las doce de la mañana, hora de salida de los obreros de las fábricas, se abstuviesen de acudir a la manifestación y de traer a la alcaldía las firmas. Si desobedecían la orden, se vería obligado a denunciarles ante el gobernador civil^[19].

El sector laicista no se quedó de brazos cruzados. La Asamblea Popular presentó un escrito en el consistorio, el 30 de enero, en el que solicitaba que la enseñanza fuera completamente laica en las escuelas, se retirasen todos los atributos religiosos de las aulas, y que se llevase a efecto la secularización del cementerio municipal. Otro de los puntos candentes del programa de gobierno republicano. Asimismo, expresó su malestar porque la procesión de San Antón había desfilado por los alrededores de la ermita sin permiso de la alcaldía^[20].

La corporación municipal republicano–socialista abordó el tema de la secularización del cementerio municipal a comienzos de enero. El día 8, a propuesta del socialista Amandio López Comendador, los diez concejales asistentes al pleno municipal, entre los que se encontraban los derechistas Eduardo Cid, Primitivo Martín y Quintín Hernández, acordaron por unanimidad proceder a la demolición del muro que separaba el cementerio católico del civil, para dar cumplimiento al artículo 27 de la Constitución. El día 29, el alcalde Ángel Barrios pidió a los presidentes de las dos hermandades obreras de la UGT que asistieran con sus afiliados y con la parafernalia de las banderas sindicales al acto de derribamiento de la pared del camposanto. La bandera del sindicato campesino era de seda encarnada con una cinta blanca y otra encarnada. Los concejales socialistas Nicomedes Blanco y Amandio López se encargaron de movilizar a los afiliados socialistas y de la UGT. El socialismo y el sindicalismo ugetista campesino interpretaron el acontecimiento político como una conquista social de la clase trabajadora. Con los vestigios del muro del cementerio se construyó el osario. La corporación municipal invitó a los diputados socialistas y a los Radicales–Socialistas de la provincia de Cáceres al «acto de verificación de la secularización» del cementerio, que tuvo lugar el domingo 14 de febrero, y enviaron una copia del acta municipal al diputado socialista a cortes Pablo Valiente Paredes para que lo entregase en Madrid al ministro del ramo^[21].

Ante los problemas suscitados por los ayuntamientos de izquierdas con la interpretación de la ley de secularización de cementerios –algunas corporaciones no permitieron la celebración de actos religiosos en el interior del camposanto–, el gobernador civil advirtió a los municipios en la circular de 26 de febrero, publicada en el Boletín Oficial de la provincia número 49, que «las ceremonias o ritos funerarios de los distintos cultos, sólo podrán practicarse en cada sepultura, excluyendo toda otra manifestación de culto confesional, cualquiera que sea su carácter y que trate de celebrarse públicamente, para lo cual y de conformidad con el artículo 27 de la Constitución habrá de solicitarse autorización previa de la autoridad».

El católico hervasense podía oficiar las exequias religiosas delante del sepulcro de sus difuntos. Sin embargo, el sector anticlerical de la Asamblea Popular entendía que la religión era una manifestación subjetiva del hombre relegada al altar de la conciencia individual de la que no podía hacer ostentación pública. Las bases políticas debatieron el problema. Tras someterlo a votación, la Asamblea Popular comunicó a la alcaldía, con el voto en contra de los militantes católicos, que no autorizase bajo ningún concepto la práctica de ritos funerarios religiosos en las sepulturas. En la convocatoria de 21 de marzo, los cinco concejales socialistas votaron a favor del veto. En contra se manifestaron los conservadores Quintín Hernández y Ramón Martín y el federal Aniceto García. El ayuntamiento republicano de izquierdas acababa de rebasar la franja de la legalidad constitucional, al discriminar la celebración de los ritos fúnebres católicos en el cementerio. El gobernador civil interino revocó el acuerdo municipal, el 5 de mayo, porque infringía la constitución republicana. Cinco días después, el alcalde Ángel Barrios anuló la disposición^[22].

La actitud anticlerical de la izquierda radical alimentó las manifestaciones del culto religioso en el sector católico. El 19 de mayo, la familia de Guadalupe Castellano solicitó permiso al gobernador civil para celebrar un entierro católico público «observando los ritos y costumbres de la localidad», con cruz alzada y sacerdote revestido, conforme con el ritual romano. El gobernador civil también permitió que Matías Martín celebrara las exequias fúnebres católicas por su difunta mujer, siempre y cuando constase que había sido su voluntad, porque la República tenía que preservar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos^[23].

El último domingo de marzo de 1932, el padre Revilla, ex jesuita, que participaría como orador en los mítines del Frente Popular, a petición de varios vecinos, impartió una conferencia sobre asuntos sociales en el salón Café de Artesanos de don Heraclio Herrero, para «contribuir al sosiego de los espíritus y la paz social como inspiradas por el más acendrado amor al pueblo y a mi patria»^[24]. El espíritu conciliador de la Asamblea Popular, con el heterogéneo mosaico de partidos y sindicatos, empezaba a resquebrajarse.

La Agrupación socialista «La Razón Social» atravesaba momentos de crisis. Había dos corrientes dentro del partido. El alcalde Ángel Barrios representaba a los «socialistas avanzados», la izquierda radical. La derecha monárquica les llamaba «los socialistas exaltados». El sector moderado del partido socialista posiblemente presionara al alcalde para que presentara su dimisión, pues no se entendía que el 8 de agosto Ángel Barrios dejase la alcaldía pero retuviese el acta de concejal. «Un catarro intestinal que ha derivado en un estado de depresión nerviosa» fue la coartada del partido. Volvería a la alcaldía con el Frente Popular. Su compañero, el ebanista Amandio López Comendador, salió elegido alcalde con siete votos. El empresario Matías Álvarez Benavides obtuvo uno, posiblemente se votó a si mismo. Hubo dos papeletas en blanco, de los conservadores^[25]. El alcalde Amandio no fue refrendado en el cargo por todos los concejales como su predecesor Barrios. Los monárquicos empezaban a marcar distancias con la República.

En otro orden de cosas, el oficio de jefe de policía fue muy problemático y su labor contestada por el pueblo. Amandio López había solicitado en la sesión de primero de abril que se instruyera expediente administrativo contra el jefe de orden público, Audaz Lumeras Gómez, vinculado con las derechas. Según el informe, había faltado al respeto a varios concejales la noche del 11 de marzo. Audaz Lumeras presentó la dimisión el 18, por motivos de salud. Un argumento muy socorrido por los empleados de la administración pública hervasensa que sufrieron presiones políticas porque no se plegaban a las arbitrariedades y caprichos de la alcaldía de turno^[26]. Gonzalo Hernández Hernández, que había servido el cargo de policía durante siete meses, solicitó la interinidad el 3 de junio. Los cinco sindicatos y los tres partidos de izquierdas integrados en la Asamblea Popular avalaron la propuesta de Gonzalo, con una carta de dimisión en blanco para que la firmase el interesado cuando lo considerase oportuno^[27]. Ese mismo día, presentaron instancias para obtener el cargo Santiago Iglesias Sánchez y Adolfo Matías García Bastos. Sin embargo, el ayuntamiento estimó conveniente sacar la plaza a concurso. Un tribunal municipal sometería a los candidatos a una prueba de lectura, un dictado, reglas elementales de aritmética y un ejercicio práctico relacionado con el oficio^[28]. El 16 de agosto, el alcalde Amandio López nombró jefe de policía interino al jornalero socialista Marino Colmenar Castellano, que en ese momento aglutinaba la presidencia del sindicato campesino «El Porvenir del Obrero», la secretaria de la Asamblea Popular al Servicio de la República y la presidencia de la cantina escolar^[29].

 

 EL CÍRCULO TRADICIONALISTA

 El Estado español era una República democrática de trabajadores y no tenía religión oficial. Así lo expresaba el artículo 3 de la Constitución. Esto no significaba la abolición de la libertad de conciencia, ni la pérdida de los derechos de los católicos a profesar y practicar libremente su religión. Dentro de la izquierda republicana y socialista respiraba un sector laicista beligerante con la iglesia católica y sus instituciones que se manifestó a raíz de la fundación de la entidad Círculo Tradicionalista^[30].

El 14 de julio de 1932, el cura párroco don Gregorio Abilio Rubio Neila envió al gobernador civil dos copias del reglamento fundacional de «Juventud Tradicionalista», inspirado en el homónimo de Trujillo, aprobado por la autoridad gubernativa. Entre los objetivos primordiales de la institución católica destacaban coadyuvar a la expansión «de los intereses religiosos, políticos y sociales contenidos en los principios del tradicionalismo católico español». No estableció limitación de socios. Los mayores de 18 años tendrían derecho a voz y voto. Dentro de la comunidad católica se constituyeron las secciones «Juventud», formada por los socios de 15 y 20 años, «Margaritas», reservaba para las damas tradicionalistas, y «Obrera», que acogía a las trabajadoras de las fábricas que compartían el ideario católico. La sede estaba en el edificio que había donado doña Clara González Comendador en enero de 1931. Tenía dos entradas, por la calle de la Fábrica número 31 (hoy, Plazuela de Hernán Cortés), y por la Plaza de Faustino Castellano. Tramitaron la solicitud el sacerdote don Gregorio Abilio, como presidente interino, y los asociados Ángel Belloso, Félix Gil, Constancio Lumeras y el maestro José Campos.

 

Lám II.- El alcalde Barrios solicita el reglamento del Círculo Tradicionalista

                                               AHPCC, Gobierno Civil, caja 4030 «Hervás 1932»

 El 25 de julio tuvo lugar la elección de la junta directiva. Félix Gil Hernández ocupó la presidencia, Constancio Lumeras Comendador la vicepresidencia, Jesús Peña Robles la secretaria, Conrado Hernández Bastos la vicesecretaria, Ángel Belloso González la tesorería, José Campos Sánchez la vicetesorería y José del Arco Martín, Germán Martín Bastos, Marcelino López Robles y el sacerdote don Benito Herrero Castellano, las vocalías. Marino Gil pidió el ingreso en la sociedad el 5 de agosto, convirtiéndose en el socio número 29. También pidieron la admisión César del Arco, Agustín Barbero, Francisco Bejarano Gil, Heraclio Calvelo Gómez, Luis Castellano Sánchez, Antonio Fernández, Alejandro Gil, Aniceto López, Pedro Martín Neila, Martín Rodríguez y Rodríguez, Antonio Sánchez Matas–González Comendador y José Sánchez Matas González. No debe confundirse el Círculo Tradicionalista católico, con los carlistas de Comunión Tradicionalista, ramas Margaritas, Pelayos y Requetés, cuya institución fundó el militar Manuel Mayoral en Hervás, poco después del alzamiento militar, en noviembre de 1936. Combinó la ideología fascista con el catolicismo reaccionario en defensa del gobierno de Burgos, la ley de Dios y la Patria –no señalaron la defensa del Rey porque el monarca Alfonso XIII se hallaba en el exilio–, con idea de instaurar el reinado del sagrado corazón de Jesús^[31]

El Círculo Tradicionalista católico no fue bien recibido por los socialistas avanzados. El alcalde socialista Ángel Barrios, cuatro días antes de que tuviera lugar su destitución, requirió al presidente de la hermandad que debía entregarle en el plazo de veinticuatro horas un ejemplar del reglamento constitucional para enviarlo al gobernador civil. El presidente Félix Gil respondió ese mismo día al alcalde que cuando retiró en Cáceres la copia firmada como garantía de su aprobación y legitimación, el gobierno civil le comunicó que no era necesario cumplir ningún otro requisito, ni dar noticia a la autoridad local. No obstante, el Círculo Tradicionalista se comprometió a enviarle una copia lo antes posible, pues el original estaba en el archivo del gobierno civil, con los libros de actas, cuentas y registro de socios. Félix Gil dirigió al gobernador civil una copia de la petición del alcalde y en nota aparte le rogaba que le comunicase por conducto oficial que el Círculo católico estaba legalizado y cumplía con todos los requisitos exigidos por la ley de asociaciones.

El fallido golpe de estado del general Sanjurjo fue la coartada perfecta para yugular de la sociedad republicana al centro católico. Para la izquierda anticlerical, el movimiento tradicionalista católico era una galería subterránea donde anidaban los partidos monárquicos antirrepublicanos que se dedicaban a conspirar contra la vida de la República. Parece ser que algunos católicos, ofendidos por la retirada de los crucifijos de las escuelas nacionales, exteriorizaron su disconformidad con la medida institucional colgándose un crucifijo al cuello. Esta actitud que fue considerada por los republicanos laicistas como un desafío a la República.

Al día siguiente de la sanjurjada, los sindicatos obreros y campesinos declararon la huelga general. Participaron 78 obreros del textil, 20 ebanistas de «La Constancia», 26 obreros de «La Edificación» y 492 jornaleros del campo, arrieros, segadores y albañiles. Los toneleros de «La Plana», que dirigía Miguel Ibero, no secundaron la huelga^[32]. El día 13, los presidentes y secretarios de los sindicatos «La Constancia», «La Sociedad de Obreros Panaderos», «La Aurora del Progreso», «Obreros de la Industria Textil», «la Asociación de empleados y obreros municipales», «La Plana» y «El Porvenir del Obrero», presionaron al gobernador civil de Cáceres con un manifiesto en el que solicitaban la clausura inmediata del Círculo Tradicionalista católico. Debido a su importancia, he decidido trasladar íntegramente el documento para que cada lector extraiga sus propias conclusiones^[33]:

 

En esta villa existe una Escuela Dominical en la cual se enseña a todo, menos a leer y escribir. En esa escuela regida por beatas sin conciencia y un ministro del Señor desaprensivo, como todos, se dedican a inculcar a las alumnas ideas contrarias al régimen aconsejándolas que deben llevar los crucifijos al exterior ya que el gobierno de la República a dispuesto que fuera crucifijos [de las escuelas], interpretando nosotros obreros conscientes [sic] estos actos como una provocación, por la cual pedimos a V. E. que autorice a la alcaldía para publicar un bando prohibiendo llevar esas insignias al exterior pudiendo imponer los infractores fuertes multas.

Además en esa escuela o centro de conspiración, acostumbran desde algunos días a esta parte a reunirse por las noches un grupo de individuos, los cuales según ellos son de una sociedad denominada tradicionalistas, los cuales solo se dedican a conspirar, por lo cual, y en evitación de un día de algarada con fatales consecuencias, pedimos a V. E. se digne dar las oportunas órdenes a fin de que ese centro sea clausurado inmediatamente, pues entendemos que la existencia de estos centros es perjudicial para la vida de la Nación y la tranquilidad de los pueblos, como desgraciadamente hemos podido ver en estos últimos días y más fatales en pueblos que como este andan las sotanas y los Gefes de la Guardia civil en paseos continuamente.

Este último aserto lo comprueba el hecho de que cuando el Sr. Albiñana a Las Hurdes iva, como hiciera parada en esta [villa], los primeros en saludarle fueron los curas y los Gejes [sic] de la Guardia Civil.

 

Albiñana era el fundador del partido Nacionalista Español. Había apoyado el golpe de Estado de Sanjurjo.

¿Cuál era la raíz del problema? Las confesionalidades religiosas estaban consideradas como asociaciones y sometidas a una ley especial, según el artículo 26 de la Carta Magna republicana. El epígrafe primero del citado artículo daba alas al gobernador civil para disolver aquellas instituciones que por sus actividades sociales constituyesen una amenaza para la seguridad del Estado. Por tanto, el gobernador de Cáceres disponía de argumentos legales suficientes para liquidar el supuesto «centro de conspiración» católico. El 18 de agosto, el gobernador pidió al comandante del puesto de la Guardia Civil de Hervás que requisara toda la documentación del Círculo Tradicionalista. No señaló los motivos del cierre.

A las diez de la mañana del 19, el sargento Ángel Vaz–Romero Mateos –cabo de la comandancia de la Guardia Civil de Cáceres que había sido trasladado a Hervás, fue un firme defensor de la República, pero el 21 de julio de 1936 se alió con los golpistas–, se dirigió al Círculo Tradicionalista. Le acompañó el guardia civil segundo Eugenio Blasco Corcho. El sargento comandante procedió a la clausura del local y a la incautación de documentos. Los directivos del centro, Félix Gil y Jesús Peña, entregaron a los dos guardias civiles el reglamento de Juventud Tradicionalista, siete instancias de solicitudes de admisión de socios, una comunicación dirigida al alcalde referente a la constitución de la entidad, un talonario recibo de las cuotas de los asociados, un libro de oraciones de la Escuela Dominical, veintiuna papeletas y trece hojas volanderas publicadas en la editorial Ibérica sobre las obligaciones de los católicos con respecto a la prensa. Los buenos católicos, informaba la hoja, debían leer y propagar periódicos católicos y no debían suscribirse ni editar anuncios en los republicanos. ¿Cómo podían detectarse «los malos periódicos» según el prisma católico? Porque hacían uso del título de liberal, socialista y anticlerical, que era sinónimo de republicano, y defendían la libertad de conciencia, culto, imprenta, o «cualquier otro error» condenado por la iglesia. Los diarios Extremadura, de Cáceres, Correo Extremeño, de Badajoz, El Adelanto y La Gaceta Regional, de Salamanca, contaban entre los favoritos del público católico. Y denostaban La Voz, El Sol, El Liberal, El Socialista, El Heraldo de Madrid, La Libertad y El Noticiero Sevillano.

La guardia civil no encontró instrumentos sospechosos ni propaganda política en el centro católico. El sargento comandante Ángel Vaz–Romero colocó una tira de papel y el sello de la comandancia en el marco y en la puerta interior que daba acceso a la Escuela Dominical, y estampó en las cuatro esquinas otros tantos lacres con sus iniciales enlazadas: «A. V». El sargento comandante candó la puerta exterior de la Escuela Dominical, confiscó la llave y colocó otro precinto con iguales sellos y lacres en las esquinas del marco de la puerta. Ángel Vaz–Romero advirtió al presidente y al secretario del Círculo que no podían entrar en el local mientras no se levantase la clausura, así como la responsabilidad en que incurrían si quitaban los precintos, o permitían que otros lo hiciesen en su lugar.

Tres meses después de la clausura, gobernación civil levantó la proscripción de los centros católicos. La prensa había publicado la reapertura de los centros, sin embargo, el Círculo Tradicionalista seguía precintado. Una autoridad política desconocida respondió desde Hervás que no había ninguna institución católica cerrada. El presidente Félix Gil intentó comunicarse con el gobernador, pero le atendió su secretario particular, que eludió responsabilidades. En octubre de 1933, Félix Gil solicitó permiso al gobernador para entrar en la Escuela Dominical. Se habían detectado varias vías de agua y no disponían de dinero para acondicionarlo. Puso por testigo de los desperfectos al maestro carpintero don Vicente Castellano Sánchez. El gobernador civil comunicó al alcalde que autorizaba la reapertura del centro, el 14 de octubre. La minoría socialista cedió temporalmente la alcaldía al teniente Quintín Hernández, de tendencia conservadora, que dio el visto bueno el día 17. Con el oficio del alcalde Quintín, el presidente del Círculo se presentó ante el sargento comandante del puesto de la Guardia Civil. Ángel Vaz–Romero le dijo que no ejecutaba el mandamiento ni entregaba la llave del edificio hasta que se lo ordenase por escrito el gobernador civil interino, que se lo tramitó el día 21^[34]. Ya era tarde para reanudar la actividad católica. Los socios habían perdido interés por seguir con la asociación.

Lám III.- Sede de la Escuela Dominical. Plaza Faustino Castellano

 © Marciano Martín Manuel

 

Algunos militantes del Círculo Tradicionalista se afiliaron a los partidos políticos. La directiva del Círculo militó en la Liga Regional Agraria. Los jóvenes católicos ingresaron en Juventud Radical. El 13 de noviembre, el secretario del gobernador civil entregó a Maximina Herrero el reglamento de Juventud Tradicionalista, el talonario de recibos y el libro de contabilidad, actas y socios. La beligerancia de un sector socialista y republicano contra las instituciones de la iglesia católica y sus malas relaciones con el régimen laicista eran bien evidentes. En Hervás se estaba consolidando, por un lado, el sector anticlerical vinculado con la izquierda republicana laicista, y por otro, el católico conservador. El partidismo político y la radicalización de la vida social acabaron con la vida de la Asamblea Popular al Servicio de la República. El secretario local remitió la última reclamación oficial al ayuntamiento el 3 octubre de 1932^[35] extinguiéndose pocos días después.

Parafraseando a Paul Preston, la obsesión anticlerical de la izquierda socialista y republicana como instrumento de reacción del radicalismo de la clase obrera y campesina, reactivó el catolicismo rural, muy arraigado en la clase media artesanal y en el sector servicio, y movilizó a las bases católicas contra la izquierda y la República. Este conflictivo capítulo se agudizó soberanamente durante los cinco meses de gobierno del Frente Popular.

 

LA QUERELLA DE LAS CAMPANAS

 

La corporación municipal promovió una nueva andanada contra la iglesia local, origen de la querella de las campanas. El 7 de noviembre de 1932, el ayuntamiento, a propuesta del alcalde socialista Amandio López, prohibió que las dos iglesias parroquiales, la residencia de las monjas josefinas trinitarias y la Escuela Dominical hiciesen uso de las campanas antes de las ocho de la mañana y después de las seis de la tarde. Votaron a favor cuatro concejales socialistas, en contra, el radical Primitivo Martín Sánchez y el agrario Quintín Hernández. Dos días después, don José Rodríguez Trinidad, párroco de Santa María, don Hipólito Prieto Pérez, párroco de San Juan Bautista de la Concepción, don Benito Herrero Castellano, director espiritual de la Escuela Dominical, y la madre superiora de la asociación Josefinas–Trinitarias recibieron el comunicado oficial de la alcaldía. A partir del lunes 14, la ordenanza de las campanas entraba el vigor^[36].

En el campanario de la torre de Santa María había una campana llamada La Quintal. El sindicato campesino «El Porvenir del Obrero» –Ladislao García alias el Calzones era el presidente y Benito Bastos Valle, que había combatido en la guerra del Rif, el secretario–, exigió al ayuntamiento que no se tocase en las ceremonias religiosas pues era voz pública que pertenecía al pueblo, cuya propiedad, alegaron los sindicalistas, seguramente podía acreditar el ayuntamiento con documentos, cosa que no hizo.

El sindicato obrero pidió que la Quintal se utilizase exclusivamente para anunciar a la población los enterramientos civiles y otros actos de naturaleza laicista. El ayuntamiento socialista–republicano dio el visto bueno y manifestó al cura párroco de Santa María que La Quintal era propiedad del consistorio, pues «como su nombre indica se utilizaba para anunciar las operaciones de quintas, recaudación de contribuciones, terminación de la hora de siesta en los meses correspondientes para los obreros agrícola que se encontraban en el campo, etcétera». El consistorio adujo que si el párroco don José Rodríguez Trinidad utilizaba La Quintal con fines religiosos, debía consentir que se tañesen las campanas de la iglesia de Santa María para anunciar los actos civiles, en caso contrario, debía abstenerse de usarla. El ayuntamiento republicano se pilló los dedos con la prohibición. El toque de la campana servía también para anunciar al mediodía la hora del descanso a los obreros agrícolas que se encontraban en las faenas del campo^[37]. El concejo inquirió al cura párroco de Santa María si estaba dispuesto a continuar con el toque de la campana a mediodía, como era costumbre inveterada en la población. No hubo respuesta.

En 1933, se perfiló definitivamente el arco político por la franja derecha. En febrero entró en liza el partido Republicano Radical (PRR), de Alejandro Lerroux, con sede en la Plaza de los Capitanes Galán y García Hernández número 6 (hoy, Plaza de la Corredera). Los radicales se habían escindido de los socialistas de Marcelino Domingo. Su presidente era el industrial del mueble Vicente Castellano Sánchez, y el secretario Victoriano Cazás. Los concejales Primitivo Martín Sánchez y el cosechero de vinos Tomás Sánchez Hoyos se adscribieron a esta facción.

En abril abrió sus puertas la Casa del Pueblo en la Plaza de Pablo Iglesias (hoy, calle Juan de la Plaza). El edificio era propiedad de Plácido Sánchez Ciprián. La Casa del Pueblo contaba con 161 asociados. Operaba como organismo federal de los sindicatos de izquierdas afiliados a la UGT. Ejercía el control sobre los sindicatos «La Constancia», que tenía 80 socios, «Obreros de la Industria Textil» 110, «La Aurora del Progreso» 40, «La Edificación» 25, panaderos 12, y, en menor grado, ejercía su dominio sobre el sindicato campesino «El Porvenir del Obrero», que contaba con 800 militantes.

En mayo se legalizaron las asociaciones Juventud Católica masculina y femenina. En junio, Socorro Mutuo de los Obreros del Textil «Eduardo Cid». Y la Conferencia San Vicente de Paul, el 11 septiembre^[38].

En agosto saltó a la palestra el partido Regional Agrario (PRA). Pedro Tejado García era el presidente y Emilio López Gómez el secretario. A este partido se afiliaron los concejales Quintín Hernández Mártil y Vicente Cid Gómez–Rodulfo, con la figura del diputado Eduardo Silva Gregorio, un terrateniente placentino que tenía copiosas propiedades en Hervás. El PRA formó coalición con la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), de tendencia católica conservadora, y Acción Popular. Los agrarios organizaron un mitin de presentación en la plaza de toros, el domingo 24, a las 16 horas. Asistieron Joaquín García del Val, delegado de Acción Popular en Plasencia, Federico Salmón, secretario de la CEDA, y el diputado castellano Antonio Royo Villanova, «que tanto atacó el Estatuto catalán», como rezaba el pasquín promocional. El partido habilitó un servicio especial de autobuses de Plasencia a Hervás, ida y vuelta. Además del tren Correo de las 13,15 horas^[39].

El PRA hizo un llamamiento público a sus electores sobre el engaño socialista que había llevado al obrero al hambre. Proponía la creación de una bolsa de trabajo para sus afiliados, entrando en clara competencia con la Casa del Pueblo y la UGT. La derecha contrarrevolucionaria admitió en sus filas a cualquier persona que, al margen de su procedencia política, acatase las líneas fundamentales de su programa. La defensa de la profesión pública de la religión católica que no se oponía al libre albedrío y el respeto debido a otras conciencias; la integridad de la patria; la indisolubilidad del matrimonio, la derogación de la ley del divorcio y la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos; el respeto a todas las ideas y el mantenimiento de la paz social; el amparo del trabajo manual e intelectual como manantial de riqueza humana; y la protección de la propiedad que consideraba consustancial con el individuo porque le capacitaba en el desarrollo de sus funciones sociales.

Por último, el concejal Matías Álvarez Benavides se inscribió en el partido Republicano Independiente.

El 3 de septiembre se convocaron elecciones para vocales del Tribunal de Garantías Constitucionales. A los concejales de los ayuntamientos les tocó elegir 14 miembros. Participaron en las votaciones los once concejales que seguían en activo en el concejo. El escrutinio arrojó el resultado siguiente^[40].

Representante titular: Manuel Alba Banzano, vicepresidente de la Agrupación socialista de Badajoz, seis votos; Antonio Royo Villanova, de la liga Agraria, cuatro; y Fernando Miranda Quiñones, Radical, uno.

Como representante suplentes fueron elegidos Jacinto Herrero Hurtado, vicepresidente de la Agrupación socialista de Cáceres, seis votos; Joaquín García del Val, de Acción Popular, cuatro; y Felipe Álvarez Uribarri, uno. Los socialistas mantuvieron activo su feudo electoral.

 

ELECCIONES A CORTES DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1933

 

El 19 de noviembre se convocaron elecciones a Cortes. Dos días antes, el gobernador civil Miguel Ferrero Pardo, que velaba por los intereses del partido de Lerroux en la provincia, comunicó al comandante del puesto de la guardia civil de Hervás, que «teniendo referencias auténticas y fidedignas relativas a la falta de neutralidad con que pueden proceder durante las elecciones del próximo domingo los individuos de la guardia municipal y policía rural de ese ayuntamiento de Hervás, y siendo propósito del gobierno el que dicha neutralidad sea observada sin excusa alguna… he dispuesto la retirada a los funcionarios las armas de todas clases y las licencias para usarlas». El alcalde socialista Amandio, el jefe de policía, siete guardias municipales, el alguacil, el administrador de arbitrios, el pregonero y el depositario de fondos, representantes y funcionarios del ayuntamiento, poseían armas.

El padrón de estadística de 1933 arrojó un censo de 2.538 electores. El incremento se debía a la participación de la mujer. En 1931 se censaron 1.061 varones, lo que significaba que la demografía femenina se situó en torno a los 1.477. Los candidatos socialistas fueron los más votados. Mantuvieron su tirón electoral frente a la Liga Agraria y los Radicales^[41]. Al día siguiente de las votaciones hubo incidentes en la población. Intervino la guardia de asalto pero fue desalojada de la villa por las fuerzas obreras de izquierdas.

Alejandro Lerroux fue investido presidente del gobierno el 16 de diciembre. A primeros de año, el gobernador civil Miguel Ferrero Pardo, que defendió sin escrúpulos los intereses del partido Radical en la provincia, nombró concejal interino a Inocente García Castellano, que pertenecía a su formación política. Ocupó la vacante de Gorgonio Muñoz Neila, fallecido el 7 de marzo de 1932. Gorgonio había militado en el Radical–Socialista, cuyos militantes se diseminaron entre los dos bandos políticos. Derechas e izquierdas reclamaron para su grupo el acta de concejal. La minoría socialista impidió la toma de posesión. Agustín Pérez, un tal Mata, Manuel Álvarez, Enrique González Alderete, Valentín Neila, Faustino Castellano, Eduardo Martín, Amadeo Lorenzo, Antonio Pérez, Germán Sánchez y Vicente Castellano elevaron sus protestas al gobernador civil, el 18 de enero. Al día siguiente, Inocente García Castellano tomó la vara de concejal interino por el partido lerrouxista^[42].

El arco político sufrió una nueva modificación. Había cinco concejales socialistas Amandio López, Ángel Barrios, Nicomedes Blanco, Francisco Rubio y Ángel Llanos, y el federal Aniceto García Sánchez. Por las derechas estaban los radicales Primitivo Martín, Tomás Sánchez e Inocente García, los agrarios Quintín Hernández y Vicente Cid, y Matías Álvarez como Republicano Independiente. Las fuerzas políticas quedaron estructuradas en dos bloques compactos con idéntico número de concejales, germen del Frente Popular y el Bloque Nacional contrarrevolucionario.

 

CONCLUSIONES

 

La Conjunción Republicano–Socialista gobernó la Casa Consistorial en minoría durante el primer bienio de la Segunda República. En ese ciclo, la iglesia católica no vivió sus mejores momentos. La proscripción del rito católico por la corporación municipal en la sepultura del difunto en el cementerio municipal contrariando la Carta Magna (29 de enero de 1932), la clausura del Círculo Tradicionalista católico presentado a los ojos de la sociedad como un centro que conspiraba contra el derrocamiento de la República (agosto de 1932), y la restricción horaria del uso de las campanas a las iglesias parroquiales de Santa María y de San Juan Bautista de la Concepción, y a los centros de enseñanza religiosa de la Escuela Dominical y colegio de monjas josefinas trinitarias (7 de noviembre de 1932), puede considerarse como el principio de una cadena de actos persecutorios por la izquierda anticlerical contra la iglesia y las asociaciones católicas, que tuvo su cenit durante los meses que gobernó el Frente Popular.

La beligerancia anticlerical de la izquierda republicana remontó el vuelo, con mayor virulencia, tras la toma de posesión del ayuntamiento por el Frente Popular, manifestada en la clausura de la Escuela Dominical y de las asociaciones Juventud masculina y femenina de Acción Católica (23 de marzo de 1936), la quema del altar mayor de la iglesia parroquial de Santa María por nueve republicanos (en la transición del domingo 29 al lunes 30 de marzo), la prohibición de las procesiones de Semana Santa (4 de abril) y el cierre del colegio de párvulos de las monjas josefinas trinitarias por un colegio laico, que no entró en vigor por el golpe militar fascista.

De este capítulo trataremos en otra ocasión.

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