Nov 292013
 

 Felicísimo García Barriga y Rocío Periáñez Gómez.

 En una sociedad como la nuestra, tan dada a la conmemoración de efemérides históricas, no se podía dejar de lado una fecha tan señalada como es el segundo centenario del levantamiento del pueblo de Madrid contra los franceses y del consiguiente inicio de la llamada Guerra de la Independencia. Ello supone redescubrir los hechos pasados, evocar grandes gestas, pero también profundizar en el estudio de lo acontecido, intentando realizar nuevas aportaciones que nos aproximen a un mejor conocimiento y comprensión de la historia.

Sin embargo, tanto en este como en otro tipo de conmemoraciones se suele insistir en el recuerdo de hechos notables de gran carga simbólica y que han tenido además un mayor impacto sobre la memoria histórica de los ciudadanos. En contrapartida son muy pocas las veces en las que se hace alusión a los efectos que los conflictos bélicos tuvieron sobre la población fuera militar o civil. En este caso la Guerra de la Independencia es un ejemplo de cómo se han magnificado momentos aislados, utilizándolos para exaltar el patriotismo nacional, pero se han olvidado las consecuencias que la guerra tuvo sobre todo el territorio nacional, consecuencias que fueron desastrosas desde el punto de vista humano, económico, social, etc.

Una de las mejores muestras de lo que acabamos de señalar es, sin duda, el caso extremeño. Salvo raras excepciones, la historiografía sobre la Guerra de la Independencia en Extremadura se ha referido casi en exclusiva a los hechos de armas más importantes del conflicto como las batallas de La Albuera, el puente de Almaraz o Medellín o los sitios de Badajoz. Sin embargo, poco se ha escrito acerca de las terribles repercusiones que la guerra tuvo sobre los extremeños a quienes les tocó vivirla. Extremadura se constituyó desde el principio del enfrentamiento en uno de sus principales escenarios debido a su carácter de zona de paso entre Madrid y Lisboa por un lado, y Castilla la Vieja y Andalucía por otro.

De esta manera la presencia constante en nuestra tierra de ejércitos tanto enemigos como aliados supuso sumir a los pueblos extremeños en una situación cercana al caos en que la persistente necesidad de recursos de todo tipo para mantener el esfuerzo bélico conllevó una enorme presión sobre las poblaciones, tanto humana como económicamente. Este es el problema que trataremos de abordar en este trabajo, intentando paliar, con nuestra modesta aportación, el déficit de atención historiográfico del que hablábamos antes. El objetivo de esta comunicación será, por tanto, analizar las consecuencias que la guerra contra los franceses tuvo para los pueblos extremeños y sus habitantes. Así contemplaremos los efectos del conflicto desde distintos puntos de vista (material, humano, social, moral…) utilizando como hilo conductor la trayectoria vital de dos extremeños que se vieron inmersos en los acontecimientos y que sufrieron las secuelas en sus propias carnes. Se trata del coronel don José López Berrio y del sargento Bonifacio Ramajo; el primero, un militar profesional que como tal participó en diversas acciones y misiones hasta su ejecución por los franceses en 1811 y el segundo, un civil reclutado a la fuerza en 1807 para la invasión de Portugal, previa a la guerra y que se mantuvo en el servicio hasta que finalizó el conflicto.

Para conseguir este propósito, y como en cualquier trabajo histórico, hemos tenido que recurrir al uso de diversas fuentes documentales. Para trazar la biografía de nuestros dos protagonistas hemos contado, en el caso de López Berrio con papeles personales conservados por su familia que, junto a su hoja de servicios y otros documentos notariales, nos han proporcionado noticias suficientes para acercarnos a su figura; con respecto a Bonifacio Ramajo, el hallazgo en un protocolo notarial de cartas autógrafas nos reveló su existencia permitiéndonos conocer parte de su vida, información que posteriormente hemos completado con otras fuentes. 

Desde el punto de vista general, para conocer el desarrollo de la Guerra de Independencia en Extremadura y sus consecuencias, es indispensable consultar la documentación emanada de la Junta Suprema de Extremadura, órgano de gobierno constituido tras el levantamiento del 2 de mayo para coordinar el esfuerzo de guerra y llenar el vacío de poder existente tras la quiebra del sistema político del Antiguo Régimen provocado por la invasión napoleónica. Los documentos generados por esta institución abarcan múltiples cuestiones; sin embargo, hemos centrado nuestra atención fundamentalmente en los aspectos referidos a la financiación y abastecimiento del ejército y a las quejas de los ayuntamientos al respecto. No obstante, no hemos olvidado la documentación relacionada directamente con el ejército (formación de las tropas, evolución general del conflicto, documentación de carácter judicial, pasaportes, etc.) que nos proporcionan, al mismo tiempo, noticias indirectas sobre los efectos de la guerra sobre la población.

 

  1. 1.      La Guerra de la Independencia en el contexto extremeño

 

De todos es conocido lo sucedido en España tras el 2 de mayo de 1808. En Extremadura, las noticias sobre el levantamiento de los madrileños y el manifiesto del alcalde de Móstoles llegaron prontamente causando una reacción que tuvo consecuencias de diverso tipo. Aunque la violencia no fue la protagonista, hubo algunos hechos aislados de gran relevancia. Entre ellos, destacan los acontecimientos vividos en Badajoz el 30 de mayo que culminaron con la muerte del Capitán General interino de la Provincia, conde de la Torre del Fresno, tras haber sido acusado de traidor por el pueblo.

Este crimen pone de manifiesto la situación de caos político, de desgobierno y de incertidumbre que vivía la sociedad extremeña en ese momento. La inexistencia de una autoridad reconocida que articulase la resistencia contra el invasor supuso que órganos políticos de ámbito provincial, como las Audiencias y Capitanías Generales, tuvieran que asumir un papel que no les correspondía y a cuya altura no supieron estar. En este contexto surgieron instituciones improvisadas en las que se mezclan las antiguas élites gobernantes con los elementos populares para intentar encauzar la oposición a los franceses y que emanaban más de la voluntad del pueblo que de las instituciones del Antiguo Régimen; nos estamos refiriendo a las Juntas de Gobierno, surgidas en las ciudades y villas más importantes del país en general y por supuesto de Extremadura. En nuestra región, así, se crearon en mayo de 1808 juntas en Badajoz, Cáceres y Plasencia; de ellas, pronto adquirió protagonismo la Junta de Badajoz, al encontrarse en esta ciudad las principales instituciones de la provincia, excepto la Real Audiencia. De esa primigenia institución procedería, por tanto, la Junta Suprema de Extremadura, constituida a principios de junio de 1808; a partir de ahí, la Junta de Extremadura se convierte en el principal órgano de gobierno de la provincia, debiendo enfrentarse a la formación y financiación de un ejército para luchar contra los invasores. Para ello tuvo que arbitrar una serie de medidas de carácter militar y económico y financiero de las que hablaremos más adelante.

Sin embargo, la Junta no tuvo que hacer frente a la amenaza enemiga hasta que,  tras la batalla de Bailén, Napoleón decidió acabar con la resistencia española e invadió el país con el grueso de sus tropas. El ejército francés llegó a Extremadura en diciembre de 1808 penetrando en  la provincia por el noreste. El primer enfrentamiento directo entre los invasores y las tropas españolas tuvo lugar en el puente de Almaraz. Tras los intentos de los franceses por cruzar el Tajo, la primera gran batalla en Extremadura se libró en Medellín el 28 de marzo de 1809, con desastrosas consecuencias para el ejército comandado por el general Cuesta. Desde esas fechas, hasta finales de 1810, no se produjeron encuentros armados de gran relevancia en territorio extremeño, a pesar de lo cual el paso de tropas tanto enemigas como propias fue constante, teniendo en cuenta además que un ejército ingles bajo el mando de Wellington había entrado por Zarza la Mayor en junio de 1809.

La invasión francesa de Portugal a mediados de 1810 cambió radicalmente esta situación al convertir a Extremadura en la retaguardia de la ofensiva enemiga y, por lo tanto, en un objetivo militar de primer orden. Ello explica la intensificación de la presencia francesa en la Provincia y como consecuencia inmediata el sitio y conquista de la plaza de Badajoz entre enero y marzo de 1811. Desde ese momento, la recuperación de Badajoz constituyó el principal empeño de las tropas aliadas; en ese contexto se inscribe la batalla de La Albuera librada el 16 de mayo de 1811, uno de los más sangrientos episodios de toda la guerra con cuantiosas pérdidas humanas por parte de los dos bandos.

El cambio en la coyuntura bélica a partir de 1812, motivado en parte por la retirada de tropas francesas destinadas por Napoleón a la campaña de Rusia, favoreció la ofensiva aliada lo que permitió, tras la liberación de Ciudad Rodrigo, la recuperación de Badajoz el 6 de abril de dicho año. Tras esta victoria y el repliegue de los franceses, Extremadura se convierte en un escenario menor, quedando libre de enemigos en agosto de 1812. A pesar de ello, el ejército y los irregulares extremeños siguieron en pie de guerra contribuyendo a la expulsión definitiva de los franceses en 1813[1].

  1. 2.      La contribución de los extremeños a la Guerra de la Independencia.

 

Históricamente, todas las guerras han supuesto gravísimos daños para las economías de los territorios en los cuales se han desarrollado. En el caso extremeño, los conflictos civiles de la Corona de Castilla a finales del siglo XV, la guerra de Secesión de Portugal o la Guerra de Sucesión española provocaron en nuestra región una situación de crisis económica derivada tanto de los ataques enemigos como del asentamiento en el territorio de tropas que esquilmaban a las poblaciones.

La Guerra de Independencia no va a suponer en este sentido un ejemplo más por cuanto representa en su grado máximo el efecto negativo de los conflictos bélicos sobre la población civil. A ello contribuyó sin duda alguna el carácter de guerra total que adquirió desde el principio, con un invasor que permaneció varios años sobre el terreno comportándose con una avaricia y una crueldad prácticamente desconocidas hasta el momento, y por tanto la necesidad de aumentar enormemente el esfuerzo de guerra con el fin de expulsar a los odiados franceses del territorio nacional.

Como señalábamos anteriormente, a la Junta Suprema le correspondió la labor de crear, organizar y mantener un ejército para defender Extremadura de la invasión francesa. Ello hizo que la responsabilidad de llevar a cabo esa tarea recayera sobre el pueblo extremeño ya que, carente de medios, la Junta tuvo que recurrir a los ayuntamientos de la Provincia para recabar todo lo necesario con la finalidad de dotar al nuevo ejército, tanto de efectivos humanos como materiales. La realización de ese enorme esfuerzo de guerra tuvo profundas repercusiones en prácticamente todos los ámbitos. Así, los constantes y crecientes gastos quebraron la economía regional de una forma desconocida desde la Guerra de Secesión de Portugal a mediados del siglo XVII. De esta forma lo manifiesta la enorme cantidad de peticiones, documentos de agravios y quejas emitidas tanto por los ayuntamientos como por particulares debido al cobro de impuestos, la requisa de alimentos, animales de labor o carros, los gastos de transporte, el alojamiento de tropas, etc.

Las dificultades económicas acarrearon a su vez considerables problemas desde el punto de vista social y político que en gran medida continuaban situaciones engendradas en la segunda mitad de la centuria anterior y que también son preludio de la conflictividad política y social que vivirá Extremadura durante todo el siglo XIX. Así, en el ámbito social, la Guerra supuso en muchos casos una modificación de las estructuras sociales de los pueblos, ya que muchos vecinos aprovecharon la situación para enriquecerse especulando con alimentos, malversando fondos públicos o manipulando la venta de terrenos concejiles para convertirse en grandes terratenientes. También se produjo por parte de algunos ayuntamientos el intento de acabar con los privilegios de la nobleza incluyendo a los hidalgos en repartos de impuestos y, al tiempo, tuvieron lugar motines y levantamientos relacionados con la ocupación de tierras por labradores y jornaleros, continuando el proceso reivindicativo de los campesinos extremeños iniciado en el siglo XVIII. Por último, desde el punto de vista político, los decretos de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 supusieron el establecimiento de un régimen liberal que, no obstante, chocó con la oposición de los que veían en peligro su privilegiada situación. Ello se reflejó en Extremadura tanto en las propias actuaciones de la Junta como en sus relaciones con los mandos militares y en sus intervenciones en la vida política local.

En este apartado, por tanto, trataremos las dos vertientes de esta situación: por un lado, las medidas que adoptó la Junta para sostener el esfuerzo de guerra y en segundo lugar, la repercusión que sobre las localidades extremeñas tuvieron esas medidas.

 

2. a. La actuación de la Junta Suprema de Extremadura

 

Uno de los objetivos principales de la Junta Suprema de Extremadura fue la financiación de la guerra; ya que ésta no podía ser cubierta de ninguna manera con los ingresos procedentes de los impuestos ordinarios, tuvo que arbitrar servicios y donativos de carácter extraordinario. Es ejemplo de ello el empréstito forzoso de 8 millones de reales establecido en julio de 1808 y que se repartió entre los pueblos de manera proporcional a la cuantía de los productos en que se evaluaban las rentas provinciales. Se estableció una contribución que gravaba las propiedades de los propietarios forasteros, dueños de encomiendas y señores jurisdiccionales, y otra consistente en el 10% de las rentas procedentes del arrendamiento y venta de tierras[2]. Teniendo en cuenta que el sistema impositivo del Antiguo Régimen no sufrió cambios, al menos al principio de la guerra, la mayor parte del esfuerzo económico para sostener al ejército aliado recayó, como siempre, en las clases más humildes de labradores y jornaleros, mientras que los pudientes no sufrieron directamente la presión fiscal.

Junto al sistema tributario se tuvo que recurrir a otras vías con el fin de facilitar los medios precisos para sostener al ejército. En este sentido, la Junta de Extremadura comisionó a militares y otras personas con el encargo de recorrer zonas concretas de la Provincia para obtener desde dinero hasta información sobre el enemigo pasando por la captación de posibles reclutas o el traslado de desertores. De ello es ejemplo uno de los personajes que hemos elegido como guías de nuestro recorrido, el coronel José López Berrio. Antes de referirnos a las tareas que realizó para la Junta, resulta ineludible hacer una breve semblanza de su biografía.

Don José López Berrio nació en Zalamea de la Serena el día 6 de marzo de 1774. Hijo de don Manuel López Berrio y de doña Manuela Hidalgo Abrios, fue bautizado en la parroquia de Santa María de los Milagros de Zalamea el día 21 de marzo de 1774[3]. Su padre, natural de Villanueva de la Serena, pertenecía al estado noble como hidalgo que era. Sin embargo la familia tuvo que recurrir a la confirmación del privilegio a la Chancillería de Granada, al menos por dos ocasiones. La última de ellas en 1796, bastantes años después del nacimiento de José y seguramente basada en la necesidad de demostrar su condición de noble en la villa de Zalamea, a donde se había trasladado desde su Villanueva natal[4]. El 17 de diciembre de 1801, con 27 años, López Berrio contrajo matrimonio en Badajoz con doña María Antonia Hurtado Baldovinos y Becerra, hija de don Gonzalo Hurtado Baldovinos, Auditor de guerra[5], y doña Isabel Becerra, ambos vecinos de Valverde de Leganés[6]. Fruto de ese matrimonio fue el único hijo que tuvo la pareja, un niño nacido en julio de 1809 que recibió el nombre de José y que seguiría, como su padre, la carrera militar[7]. Parece que tras la boda, el matrimonio se asentó en la villa de Solana de los Barros, si bien la profesión ejercida por don José, le obligaba a permanecer lejos de su hogar.

En cuanto a su trayectoria profesional, aunque no conocemos con precisión la fecha de su ingreso en el ejército, según su expediente adquirió el rango de soldado distinguido en Infantería en 1794, siendo ascendido a subteniente en 1800. Sirvió en los regimientos de Infantería de Extremadura y en el Regimiento de Trujillo y estuvo de guarnición en las plazas de Madrid, Badajoz y Alcántara hasta el 20 de Mayo de 1801 para pasar después de agregado a la artillería a hacer el servicio durante la guerra de Portugal[8]. Posteriormente fue ascendido a capitán y a teniente coronel, en lo cual influirían diversos factores. Sin dudar de sus cualidades como militar, el parentesco adquirido con un notable personaje como era su suegro, don Gonzalo Hurtado Baldovinos y la coyuntura bélica facilitarían el ascenso de José en la jerarquía militar. El 10 de septiembre de 1808 fue ascendido a capitán como premio por el donativo voluntario que realizó para el mantenimiento del ejército[9] y, sólo tres semanas después, el 28 de septiembre recibe el grado de teniente coronel[10].

Su actividad durante la guerra fue diversa; por un lado, participó en la defensa de Badajoz como ayuda de campo del general Gabriel de Mendizábal, labor que le valió el ascenso a coronel:

 

don José López de Berrio, Teniente Coronel de los Reales Exércitos, estuvo en Extremadura a mi inmediación, haciendo servicios distinguidos a la Patria, me acompañó en todas las ocurrencias de Badajoz, salió conmigo de dicha Plaza la noche de 5 de Febrero de 1811 atravesando la Cavallería enemiga a la Plaza de Elvas, a encontrar la División Española que venía de Cartaixo; por todo lo que, y su buen desempeño militar, le concedí el grado de Coronel, y fue comprehendido en la relación que remití al Señor Ministro de la Guerra, desde Estremoz en Portugal en 7 de marzo de dicho año de 1811; (…) Por su celo en los apuros del sitio de Badajoz, su voluntad a prestarse a todo lo que se le mandaba, y sus conocimientos del país, más de una vez le empleé en comisiones arriesgadas y todas fueron perfectamente desempeñadas[11].

           

Pero, sobre todo, su cometido durante el conflicto se desarrolló sobre el terreno, desempeñando los encargos comisionados por la Junta de Extremadura. Así, el 24 de febrero de 1810 recibió, junto con el presbítero don Antonio González Pecellín, la orden de la Junta:

 

para que en uso de su acendrado patriotismo se constituyan en los pueblos de esta provincia y otros que más combenga y con la Partida que llevan y demás que se le reúnan incomoden al enemigo en sus correrías, impidan los suministros que se le hacen desbartando y aniquilando el País; alarmen los pueblos y reúnan quantos escopeteros y gente útil encuentren, armándola con las armas que haya en los mismos; regojan los dispersos que handen vagando por ellos y los que residan en despoblado, remitiéndolos a esta capital para su incorporación al Exército con la seguridad correspondiente aunque sea por el Reyno de Portugal; y finalmente harán requisición de cavallos de toda clase que sean útiles para el servicio y operarán en los demás puntos según combenga a beneficio de la Patria[12].

 

Es decir, su misión comprendía desde acciones de guerrilla, reunir tropas y armas, estorbar a los invasores, perseguir a los desertores y proveerse de monturas para el ejército.

En otras misiones la labor de López Berrio se centró en el reclutamiento de tropas. Así el 2 de abril de 1809 remite a la Junta un informe de la actividad desempeñada en las villas de Valverde, Almendral, Torre, Nogales y Morera, para reclutar y remitir a Lobón “unos 600 hombres que resultaron armados con escopetas, chuzón y demás que fue posible, socorridos por cuatro días y encargadas sus respectivas justicias de remitirles víveres suficientes”. Al tiempo, recababa información sobre los movimientos del enemigo[13] como podemos saber por la petición que en septiembre de ese año realizaba a la Junta para que se le abonase el dinero gastado “en la observasión voluntaria que disfrazado hize por espacio de nueve días, con diferentes paysanos que saqué de la villa de Solana y otros pueblos, de la posición y giro que ocupaban los Enemigos, hasta que llegaron a la ciudad de Mérida, Montijo, Arroyo de San Serván, Calamonte y Torremejía”[14].

 

La eficiente labor realizada por el coronel acabó en septiembre de 1811, cuando los franceses le apresaron en la villa de Zahínos, donde se hallaba ejerciendo las funciones por las que había sido comisionado, con los documentos que acreditaban su condición y demostraban sus actividades. Esta circunstancia precipitó los acontecimientos, pues José López Berrio fue trasladado por las tropas francesas a la cercana villa de Fregenal y encerrado en la cárcel pública. Se practicó un consejo de guerra rápido, pues las pruebas halladas en su contra eran concluyentes y condujeron a la condena a muerte por traidor a Napoleón y al Rey, tal y como hicieron públicos los mandos franceses ordenando fijar en la plaza un documento en que se explicitaban los detalles de la condena. De esta forma, el 10 de septiembre de 1811 fue llevado a las afueras de Fregenal, al lugar conocido como el Egido, donde fue fusilado por la espalda y enterrado, pues según certificó años después el cura párroco de Santa María de dicho lugar, los franceses no permitieron que se le diese sepultura eclesiástica. Es más, sólo tras muchos ruegos de algunos vecinos del lugar consintieron que pudiese confesarse con un sacerdote y se le permitiese hacer su testamento, que realizó ante Antolín de Aniebas Solís, escribano de Fregenal. Por él podemos conocer el estado en que se encontraba el coronel en los momentos que precedieron a su muerte, pues terminaba el testamento con esta aclaración del notario: “el señor otorgante a quien doy fe conosco así lo dijo y no firmó por tener el pulso sobresaltado, lo hizo a su ruego uno de los testigos”[15].

Los documentos referidos sobre las misiones encomendadas a López Berrio -así como a otros comisionados[16]– muestran los intentos de la Junta por obtener la colaboración del pueblo en el esfuerzo bélico, que no siempre era correspondido de buen grado. De hecho, muchas de esas órdenes preveían la imposición de multas y otras medidas, incluyendo el uso de la fuerza para las justicias o particulares que se mostraran remisas a cumplir con lo mandado[17]:

 

Las Juntas y Justicias le prestarán los auxilios de que huvieren menester y los correspondientes a la subsistencia y alimentos de la tropa y alarmados, facilitándoselos de contado, bajo toda responsabilidad, con la prevención y encargo más serio que se les hace en su cumplimiento y la que se maneje morosa en él o el ciudadano que se resista a prestarse a la defensa pudiendo hacerlo, darán cuenta a esta Suprema Junta, para el castigo que deva imponersele por el Consejo de Guerra permanente creado con este y otros objetos”[18].

 

Todo ello prueba que, a pesar de la buena voluntad tanto de las autoridades como del pueblo extremeño para contribuir en la derrota del enemigo, en muchas ocasiones, la situación económica impedía a los pueblos hacer frente a lo solicitado. En esas circunstancias, como veremos también más adelante, la Junta solía ser inflexible y no aceptaba las quejas que se le formulaban.

 

2. b. La respuesta de los extremeños ante la Guerra de la Independencia

 

Si en el apartado anterior hemos visto la actividad de la Junta Suprema de Extremadura para cubrir las necesidades surgidas como consecuencia de la coyuntura bélica, ahora debemos ocuparnos de la respuesta que los requerimientos de las autoridades provinciales suscitaron en el pueblo extremeño y los gobernantes locales. Para comentar todas estas cuestiones, vamos a utilizar como hilo conductor y ejemplo la trayectoria vital de un extremeño que fue protagonista directo de los hechos; sin embargo, al contrario que José López Berrio, quien como militar profesional participó activamente en la guerra y murió como consecuencia de ella, este hombre fue militar a su pesar, y en cuanto finalizó el conflicto volvió a su hogar para vivir y morir entre los suyos. Nos referimos a Bonifacio Ramajo, cuyos datos biográficos vitales son los siguientes: hijo de Domingo Ramajo y María la Recolada, nació en Navas del Madroño, actual provincia de Cáceres, el 5 de junio de 1785. Contrajo matrimonio en dos ocasiones: por primera vez en 1806 con María Elena Guzmán, y ya viudo en segundas nupcias con Vicenta Teomiro en 1820. Tuvo 13 hijos, dos de su primer matrimonio y once del segundo, de los cuales sólo llegaron a la edad adulta cinco. Para finalizar, murió en su pueblo natal el 2 de mayo de 1838, a punto de cumplir los 53 años de edad.

Bonifacio Ramajo fue uno de los muchos extremeños cuya vida dio un giro de 180 grados como consecuencia de la invasión francesa y de la Guerra de Independencia. Sin embargo, él ha conseguido librarse del anonimato de la mayoría de sus compañeros y su nombre ha llegado hasta nosotros gracias a su propia palabra escrita. Se da la circunstancia, además, de que la vida de Bonifacio se vio afectada por la guerra antes de que ésta empezase, puesto que fue uno de los participantes en la invasión de Portugal llevada a cabo conjuntamente por los ejércitos español y francés en 1807.

Esta invasión, desconocida para muchos, constituyó el preludio de la ocupación española a partir de 1808; recordemos que desde 1800 la política exterior española estaba absolutamente sujeta a los designios de Napoleón Bonaparte; a pesar de las consecuencias negativas de esa alianza (sirva como mejor ejemplo la terrible derrota naval de Trafalgar), los gobernantes españoles, con Carlos IV y Godoy al frente, no fueron capaces de liberar al país de la influencia del emperador de los franceses. Así, el 27 de octubre de 1807 España y Francia firmaban un nuevo tratado en Fontainebleau. En el mismo se estipulaba el nacimiento de dos nuevos estados: Lusitania para la recién destronada reina de Etruria y el principado de los Algarves para Godoy. Pero, más importante, el acuerdo establecía la posibilidad de que las tropas francesas pudieran entrar por España para hacer cumplir el pacto.

En virtud de ese pacto, por tanto, se producía en noviembre de 1807 la invasión de Portugal por un ejército francés comandado por el general Junot y uno español dirigido por los generales Carrafa y Solano. En este ejército español participó el regimiento provincial de Plasencia, junto con el de Trujillo uno de los dos regimientos de “voluntarios” existentes en ese momento en Extremadura; y en ese regimiento estaba integrado como soldado raso Bonifacio Ramajo, tal y como sabemos por una carta suya enviada a su padre en septiembre de 1807 desde Valencia de Alcántara. Participó por tanto en la invasión, ya que en marzo de 1808 se encontraba en Elvas y en abril en Lisboa, desde donde remitió a su padre cartas pidiéndole dinero; en esas cartas Bonifacio narraba la penosa situación en la que se encontraban los soldados españoles, tanto por sus problemas de abastecimiento[19] como por la evidente hostilidad que los mandos franceses empezaban a manifestar contra los españoles, sabedores de las dudas e intranquilidad que su presencia en suelo español estaba despertando[20].

Desde ese momento, perdemos totalmente la pista de Bonifacio Ramajo; con toda probabilidad volvió a España cuando tras el levantamiento del 2 de mayo de 1808 y la invasión inglesa de Portugal los franceses desarmaron a los soldados españoles y les devolvieron a su patria[21]. Conocemos, por otra parte, que el regimiento provincial de Plasencia participó activamente en la guerra en tierra extremeña, sobre todo en la defensa de la ciudad de Badajoz. Y allí es precisamente donde encontramos de nuevo a nuestro hombre, ingresado en el hospital militar de la plaza en octubre de 1814, con el grado de sargento segundo. Ya finalizada la guerra, en 1815, volvió a Navas, donde reanudó su vida hasta su muerte acaecida, como hemos dicho antes, en 1838.

Sin duda, la vida de este extremeño de principios del siglo XIX es todo un ejemplo de cómo la guerra obligó a quienes la sufrieron a adaptarse a circunstancias totalmente nuevas y a padecer en sus propias carnes los efectos del conflicto, no sólo desde el punto de vista personal sino también en su economía y su forma de vida. En este sentido, la Guerra de Independencia se caracterizó por ejercer su influencia sobre prácticamente todos los ámbitos, tanto públicos como privados. Y ello es lo que vamos a intentar describir en las páginas siguientes.

Hemos visto cómo, al principio de la Guerra, la Junta de la Provincia de Extremadura intentó hacerse cargo de todos los gastos generados por el conflicto recurriendo a impuestos ordinarios y extraordinarios y a la requisición de víveres y dinero mediante comisionados. Con el transcurso del conflicto, no obstante, el aumento de las necesidades financieras, la presencia del ejército francés desde principios de 1809 y, por tanto, la ocupación permanente de amplias zonas del territorio extremeño de la que no se podían obtener ingresos y el aumento consiguiente del esfuerzo bélico para expulsar a los invasores obligó a la Junta Suprema a tomar dos decisiones de importantes consecuencias para el futuro: en primer lugar, las autoridades provinciales dejaron en manos de los pueblos la tarea de mantener a los ejércitos aliados por medio de alojamientos, donativos y contribuciones, lo que supuso para las localidades y sus habitantes unos gastos extraordinarios en muchos casos imposibles de asumir.

Por otro lado, la Junta tuvo que tomar decisiones que comenzaban a alterar el marco político, social y económico del Antiguo Régimen. Entre esas medidas tuvo sin duda una mayor trascendencia el decreto promulgado a finales de marzo de 1810 por el que se autorizaba a los municipios a vender la tercera parte de los bienes de propios y la mitad de los terrenos baldíos, permitiendo asimismo el cerramiento de las propiedades vendidas, y que comentaremos con detalle en las páginas siguientes.

Volviendo al primer punto que comentábamos, la presencia directa de numerosos contingentes de tropas en el territorio obligó a la Junta a dejar su mantenimiento diario en manos de los ayuntamientos donde se alojaba el ejército. Para ello, se recurrió a dos soluciones paralelas y, en muchas ocasiones, complementarias: por un lado, que los municipios y sus habitantes suministraran las raciones a los soldados y sus animales, y por otro, el establecimiento de contribuciones extraordinarias, casi siempre en especie, para abastecer a determinados cuerpos de ejército o, en la mayoría de los casos, a las tropas pertenecientes a los cuarteles generales.

Con respecto a los suministros directos a la tropa, las necesidades eran enormes, incesantes y además muy variadas, y por todo ello casi imposibles de asumir por parte de una sola localidad. Sirva como ejemplo el estado de las raciones que a principios de julio de 1811 necesitaban las tropas pertenecientes al Quinto Ejército; repartido entre dos cuarteles generales, los de Valencia de Alcántara y Fuente del Maestre, y diversas localidades extremeñas (Mérida, Alburquerque, Alcántara, Plasencia, Cáceres, Zafra, Coria, etc.), sus necesidades se evaluaban en 35.160 raciones de pan y otros alimentos, y 6.482 raciones de forraje[22].

Los pueblos extremeños se vieron, por tanto, enfrentados a una situación insostenible, en la que los recursos existentes debían ponerse a disposición de los ejércitos aliados; la situación era aún más grave teniendo en cuenta que desde 1804 la coyuntura agraria era claramente negativa[23], y que por tanto el campo extremeño era incapaz de alimentar a los habitantes de la provincia. La presión añadida y enorme de la presencia militar aumentó la necesidad y sumió al territorio extremeño en una crisis de subsistencias de desastrosas consecuencias.

Cabe señalar, por otra parte, que el propio desarrollo del conflicto y la presencia de los franceses en la provincia determinaron que el esfuerzo bélico no se pudiese repartir entre todos los pueblos de manera equitativa, sino que en cada momento tenían que ser las localidades libres de enemigos quienes recibiesen sobre sus hombros la mayor parte de los gastos. A ello debemos unir el hecho de que la Junta fue evacuada de Badajoz en septiembre de 1810, iniciando un largo periplo que la llevó primero a Valencia de Alcántara, luego a San Vicente, Garrovillas, Santa Marta de los Barros, Arroyo de San Serván y Olivenza para establecerse finalmente de nuevo en Valencia, donde permaneció hasta la reconquista de Badajoz por los ingleses en abril de 1812[24]; por tanto, los territorios adyacentes a la sede del máximo órgano de gobierno provincial, y sobre todo la zona en torno a Valencia de Alcántara, Alburquerque y Alcántara, sufrieron con mayor rigor los suministros a las tropas.

Los ayuntamientos reaccionaron casi siempre con voluntarismo y deseos de ayudar al esfuerzo bélico, pero la magnitud de las necesidades militares hicieron que muchas localidades no tuvieran más remedio que acudir a la Junta de la Provincia para solicitar bien la exención de los suministros solicitados, bien su reducción. En otros casos, los ayuntamientos solicitaban permiso para arbitrar medidas de carácter extraordinario con las que financiar los alimentos y otras necesidades de las tropas aliadas. Por último, algunas autoridades municipales actuaron con renuencia, dilatando los plazos de entrega de lo pedido o alegando su simple falta para evitar tener que cederlos a los militares encargados de la requisa de víveres.

En el primer grupo, la respuesta por parte de la Junta era casi siempre negativa; ese fue el caso de Herreruela, quien solicitaba la exoneración de la carga de tropas estantes en el pueblo “…por haverse quedado los vecinos exhaustos de granos…[25]. También le sucedió lo mismo a la villa de Valencia de Alcántara, sin duda una de las que en mayor medida sufrió los rigores de la guerra por su carácter de sede de la Junta y, durante un tiempo, también de cuartel general del general Castaños, solicitaba en mayo de 1811 que el depósito de granos del Quinto Ejército se trasladase “…en país más abundante y se reparta al menos entre los pueblos inmediatos para que limitándose en éste el número de consumidores se retarde el hambre horrorosa que amenaza manteniendo los restantes en las casas de los que tengan algo[26].

Más abundantes son los casos de pueblos que solicitan permiso de las autoridades provinciales para pagar los suministros; en esta circunstancia lo habitual era que los vecinos particulares se hiciesen cargo de los gastos y luego los ayuntamientos les abonasen el valor de lo suministrado. Sin embargo, dada la crisis financiera en la que los concejos locales vivían a causa del paso de tropas, éstos tuvieron que recurrir a instrumentos extraordinarios que a corto plazo solucionaban el problema pero que a la larga minaban las bases económicas de los ayuntamientos.

Entre esas medidas la más usada fue, sin duda, la venta de terrenos concejiles, tanto a través de la medida general autorizada por la Junta como por peticiones posteriores de cada concejo. En el primer caso, se trató de la autorización a todos los ayuntamientos para vender la tercera parte  de los terrenos de propios y la mitad de los baldíos, acordada por la Junta a finales de marzo de 1810 y definitivamente permitida por el Consejo de Regencia en mayo de ese año[27]. Esta medida, que afectó a todos los pueblos de la provincia, supuso la venta de una buena parte de la tierra de cultivo en la Extremadura del Antiguo Régimen, ansiada por los terratenientes para aumentar sus propiedades y reforzar su poder económico, social y político en los pueblos. En este sentido, la venta de 1810 puso en el mercado muchas de esas tierras, aunque desde luego no contribuyó a una mejor distribución de la propiedad al quedar casi todas, como señalábamos, en manos de los principales propietarios de cada localidad, además de que las ventas se vieron rodeadas de una gran cantidad de abusos, corruptelas y manipulaciones que no podemos detallar aquí por no ser el tema principal de nuestro trabajo.

A largo plazo esta decisión, tomada con el propósito de que los ayuntamientos pudieran así pagar los suministros realizados por sus vecinos a las tropas aliadas, suponía algo mucho más importante, como era la práctica desamortización de esos bienes que se suponía que eran inalienables; sería, por tanto, la segunda de las cuatro desamortizaciones que desmantelaron las bases económicas del Antiguo Régimen, junto con la de las propiedades de capellanías, hospitales y obras pías (1799) y las más conocidas de bienes eclesiásticos o desamortización de Mendizábal (1834) y de bienes civiles y municipales o desamortización de Madoz (1855). Como veremos más adelante, la quiebra del Antiguo Régimen empezaba como resultado de unas necesidades económicas acuciantes para las autoridades de la provincia de Extremadura y continuaría desde 1811 y sobre todo 1812 con las disposiciones legales emanadas de las Cortes liberales de Cádiz.

No obstante, estas ventas fueron en bastantes ocasiones insuficientes para subvenir a todos los gastos ocasionados por el conflicto; ello obligó a muchos pueblos a seguir recurriendo a ese recurso, pidiendo el obligado permiso a la Junta. En muchos casos, sin embargo, ese permiso fue denegado. Quizás los miembros de la Junta eran conscientes de que la guerra estaba poco a poco desmontando los cimientos del Antiguo Régimen, y no quería que eso sucediera más de lo estrictamente necesario para conseguir la victoria; así, por ejemplo, se denegó la autorización solicitada por Esparragosa de Lares para vender más terrenos por los señalados en la orden de 1810[28].

Junto a la venta de terrenos públicos, también se recurrió a otras medidas, que al igual que la ya descrita tuvieron consecuencias económicas y sociales muy importantes; la  más importante fue sin duda el recurso a los bienes de instituciones eclesiásticas, que hasta ese momento habían sido intocables pero que las necesidades bélicas obligaron a usar poniendo por primera vez en grave aprieto el sostenimiento de la Iglesia. Se dio así permiso a los concejos de las Hurdes (Casar de Palomero, Caminomorisco y Pinofranqueado) para utilizar los fondos del real noveno, casas escusadas, diezmos, real encomienda y también para vender bienes de cofradías, obras pías e iglesia, reservando solamente lo necesario para la lactancia de los niños expósitos y el sostenimiento de la parroquia y el cura[29]. Algo parecido sucedió en Arroyo de la Luz, a cuyo ayuntamiento se concedió autorización para usar las partes del diezmo de la villa correspondientes al obispo y cabildo eclesiástico de Coria, el noveno extraordinario que correspondía al rey, el voto de Santiago y las primicias y por último los bienes de una capellanía vacante en ese momento[30].

Por supuesto, también había autoridades locales que, como señalábamos anteriormente, se mostraban bastante renuentes a la hora de cumplir con los suministros solicitados. Ya sabemos que la Junta era bastante rigurosa en esos casos, y autorizaba a sus comisionados a realizar todas las diligencias oportunas para obtener los recursos necesarios, incluyendo entre ellas el uso de la fuerza armada. Desde luego, cuando eran compañías enteras las que necesitaban los suministros para mantenerse y los pueblos no se los facilitasen con la presteza debida, el peligro de represalias armadas era muy grande.

Del primer caso hay diversos ejemplos, como el de Ceclavín, cuyas autoridades relataban en 1811 que

 

…En la noche anterior entraron en este pueblo un comisionado de la Junta municipal de este partido de Alcántara auxiliado de dos oficiales y 46 sargentos, cavos y soldados a exigir de esta justicia y ayuntamiento las 1200 raciones de pan y carne que le había pedido para las tropas que existen en aquella plaza, y los artículos de aguardiente, vino, vinagre y azúcar que también había pedido para el hospital militar de ella, y asimismo los 500 ducados de la multa que le había impuesto en el caso de no verificarlo, que parece ascienden ya y según lo denota el oficio con que requirió dicho comisionado a la total cantidad de 38500 reales por mayor, y a conducir presos por vía de apremio dos de los individuos de dicho ayuntamiento sin haver estimado la referida junta las fundadas y notorias causas que se habían manifestado a la misma junta…[31]

 

El mismo propósito era el que animaba a la Junta cuando “…inteligenciada de que varios pueblos de la provincia han faltado al apronto de raciones que se les ha prebenido reiteradas veces para el suministro de nuestras tropas… comisionó al comisario de Guerra don Julián de Ibarra “…para que presentándose en los pueblos que tenga por conveniente haga exigibles el suministro de raciones que sean necesarias para el socorro de la división al mando de usted…”[32]

Por otra parte, conflictos entre los pueblos y las tropas que se alojaban en ellos fueron constantes durante toda la guerra; el problema residía siempre en diferencias de opinión en cuanto a las cantidades de alimentos y dinero solicitadas y al tiempo transcurrido entre la petición y la entrega. Ello sucedía, por ejemplo, en Brozas a mediados de 1812; por un lado, la comisión de subsistencias de la villa se quejaba de que “…desde el mes de diciembre hasta el día de hoy ha mantenido esta villa más tropas que las que ha podido corresponderle según el número de los que constantemente ha habido en el partido de Alcántara, añadiendo las infinitas que con intermisión de un solo día transitan por ella…”, por lo que solicitaba la ayuda de otros pueblos cercanos y la marcha de algunas de las tropas alojadas en el pueblo. Sin embargo, el brigadier don Joaquín Astraudi, al mando de la compañía de caballería residente en Brozas, se quejaba a su vez de

 

lo mal que se comporta la junta de subsistencias de esta villa con las tropas que se hallan acantonadas en ella, y a mis órdenes   correcciones que creo haya tenido de V. E. para su remedio, me es preciso hacer presente a v. E. que lejos de conocer esta junta la justicia y humanidad con que deben ser tratadas las tropas nacionales cada día se ve menos fruto de las tareas y travajos que tanto decantan en el suministro que deben acerlas. Este no solamente es desfalcado en cada ración diaria de media libra de pan y una onza de arroz, sino que generalmente jamás se logra lo perciba la tropa, sino muy raro día, hasta entre diez y once de la noche del mismo para en que debe servir y se ha dado caso de repartirse el pan algún día a la una de la mañana[33].

 

Pero junto a los suministros directos a las tropas, los pueblos de la provincia de Extremadura tuvieron que sufrir peticiones constantes de la Junta tanto de dinero como de otros elementos necesarios para el adecuado funcionamiento del ejército. En cuanto a los primeros, las contribuciones extraordinarias estuvieron presentes desde el principio de la guerra, como dijimos anteriormente, y su frecuencia y cuantía aumentaron considerablemente con el transcurso del conflicto. En muchas ocasiones, además, esas contribuciones se hacían sin el permiso de la Regencia y la Junta Central, quienes en teoría eran los que poseían la soberanía en nombre de Fernando VII.

Debido precisamente a una encuesta de esas instituciones formulada para conocer las contribuciones creadas durante la guerra sabemos qué repartimientos se realizaron por la Junta de Extremadura entre los pueblos de la provincia entre el 19 de septiembre de 1811  y el 9 de julio de 1812[34]. Los datos de la Junta son elocuentes: en esos escasos diez meses, se había repartido una exacción de 700.000 reales entre los pueblos más importantes de los partidos de Alcántara y Valencia de Alcántara (Alcántara, Valencia, Brozas, San Vicente, Zarza, Ceclavín…), dos exacciones similares, a cuenta de la contribución extraordinaria de guerra, de dos millones de reales entre los partidos de Alcántara, Trujillo, Mérida, la Serena y Plasencia; una exacción con calidad de reintegro en terrenos en los partidos de Alcántara y Cáceres, de 1.250.000 reales, y otra para pago de portes en los pueblos libres de Alcántara y Plasencia de 120.000 reales. En total, se habían cobrado (o pretendido cobrar) más de dos millones y medio de reales; la distribución por partidos de esta enorme cantidad ratifica, a su vez, lo que dijimos en las páginas precedentes: la ubicación de la Junta en Valencia de Alcántara durante buena parte del conflicto hizo que la zona limítrofe a esta villa fuera la que padeciera con mayor intensidad los peticiones del gobierno de la provincia. Así, mientras que al resto de partidos se le solicitaron entre 200.000 y 400.000 reales, el de Alcántara tuvo que pagar la astronómica suma de 1.174.000 reales. No resulta extraño, por tanto, que fueran los pueblos de esta comarca los que se quejaran a la Junta con mayor frecuencia.

Lo mismo sucedía en cuanto a las contribuciones en especie, tanto de trigo, otros cereales y paja como de carros para transportar armas y bagajes. Por ejemplo, en 1811 la Junta comisionaba a don Tomás Respau para obtener granos y ganados en los pueblos del partido de Alcántara; las cantidades repartidas eran enormes: 828 fanegas de trigo, 191 vacas y 2610 cabras, destinadas a alimentar a los muchos regimientos que en ese momento se encontraban acantonados en la villa de Valencia de Alcántara[35]. Tan frecuentes e intensas como las peticiones de alimentos fueron las necesidades de recabar transportes para esos mismos suministros o para armas y pólvora; así, entre 1811 y 1813 se realizaron las siguientes peticiones de carros y acémilas para efectuar transportes de diversos elementos:

– Pedido de treinta carros al partido de Cáceres para la conducción de armamento, municiones y demás efectos que están haciendo notable falta en el ejército y existen en los almacenes de Abrantes.

– Primer expediente sobre pedido de 59 carros y 62 caballerías para la conducción de víveres a los pueblos del partido de Alcántara.

–  Comisión a don Justo Hernández de Tejada para la exacción de ochenta carros en el partido de la plaza de Badajoz.

–  Pedido del general Wellington de 20 carretas para la conducción de pólvora a Badajoz desde Portugal.

–  Segundo expediente de pedir 91 carretas, 259 barricas y 284 acémilas a los partidos de Alcántara y Cáceres por órdenes de 18 de febrero de 1812.

–  Repartimiento de 101 bueyes y 37 carretas a disposición del comisario don Luis Vélez para la limpieza de Badajoz.

–  Repartimiento de doscientas cabezas para la conducción de víveres desde los almacenes de Abrantes, reino de Portugal[36].

 

A la vista de estos datos, no resulta extraño que la mayoría de los pueblos no pudieran suministrar todo lo solicitado o pidieran a la Junta que les exonerase del servicio; así, Herreruela vio reducida su obligación de entregar tres carretas a sólo una, a Santiago de Carbajo se le permitió sustituir los carros por 16 caballerías. Curiosamente, además, mientras que los pueblos pequeños, a pesar de su tamaño y pobreza, hacían frente a las peticiones, las villas más grandes solían ser las que más problemas ponían a la hora de efectuar las entregas. De esa manera aparecen constantes requerimientos a las justicias de las villas de Brozas, Alcántara, Garrovillas, Ceclavín o San Vicente de Alcántara para que cumplan con lo exigido.

 

Todo lo expuesto demuestra claramente la presión enorme a la que las villas y lugares de Extremadura tuvieron que hacer frente para sostener el esfuerzo bélico en la provincia; la primera consecuencia de ello fue, como no podía ser de otra forma, que la situación de la economía provincial, tanto la de los particulares como la de las haciendas locales, se resintiera y cayera en una profunda crisis de la que tardó bastantes años en recuperarse.

Sin embargo, junto a las repercusiones económicas la Guerra de la Independencia tuvo otras consecuencias menos evidentes pero de un mayor calado por cuanto suponían una modificación sustancial del sistema social y político propio del Antiguo Régimen. Si es cierto que todas las guerras provocan grandes daños en  las sociedades que las padecen, la Guerra de la Independencia fue en ese sentido un fenómeno que modificó sustancialmente las bases de las sociedades española y extremeña del siglo XIX.

En el caso extremeño, la guerra agudizó la conflictividad social que había dominado la provincia desde mediados del siglo XVIII y sobre todo en la última década de dicha centuria. Por tanto, van a ser los campesinos quienes protagonicen los principales problemas sociales de la Guerra de la Independencia, problemas relacionados, como los de la centuria dieciochesca, con la escasez de tierras de cultivo. Casi todos los movimientos sociales, además, coincidirán con la puesta en marcha de la venta de baldíos y propios; ante la evidencia de que esas tierras no serían repartidas entre los campesinos, sino que pasaban a manos de los grandes propietarios, en numerosas ocasiones labradores y jornaleros pasaron de las palabras a los hechos e invadieron fincas en varios pueblos. Sucedió así, por ejemplo, en Cañaveral; cuando se comenzaban a deslindar las tierras según sus escrituras de venta, los labradores las invadieron y rompieron la tercera parte de la dehesa y la mitad de los baldíos que se habían enajenado[37]; la venta de terrenos fue también la causa del motín acaecido en Zarza de Montánchez, donde los labradores

 

en el mismo día de Santiago en el quince de agosto y el quince de septiembre se reunieron varios vecinos hasta el número de cincuenta o sesenta obligaron a la justicia a que mandase tocar la campana para un concejo avierto y con escándalo, descompostura y menosprecio de aquellos alcaldes mandaron que éstos y los anteriores rindiesen las cuentas de los suministros hechos a las tropas, que no se vendiesen ningunas tierras, que se arruinasen las cercas de las vendidas, que se rebajase el salario al cirujano y que se entregase por el alcalde la causa que había formado sobre el primer alboroto acompañado estas pretensiones con tales amenazas que los individuos de justicia temieron con razón funestas consecuencias, mayormente quando entre otras cosas decían que ninguno de los de ayuntamiento havía de salir sin que se les entregase la referida causa, que ya no havía gobierno que se havía de hacer más que lo que ellos quisiesen, que a Solano y Torrefresno los mataron y muertos se quedaron, que la comisión de la Junta superior era nula porque todos los que componían la junta  como todos los que mandavan heran unos traidores y por último procedieron tumultuariamente a derrivar las paredes de las cercas o terrenos vendidos a don Simón Ojeda, Rafael Fernández, Pedro Plaza y otras que han sido reconocidas y tasado su perjuicio que asciende a catorce mil y más reales[38].

 

            Como vemos, los objetivos de los amotinados de Zarza iban más allá de la queja por la venta de las tierras, intentando modificar el orden social imperante hasta el momento en el pueblo, e incluso haciendo graves manifestaciones contra las autoridades provinciales.

            En otros casos, las quejas iban dirigidas contra los abusos que las autoridades locales y los poderosos practicaban en los repartimientos tanto de tierras como de contribuciones, aprovechando el caos del conflicto y la ausencia de una autoridad indiscutida en la provincia que pusiera freno a esas actitudes. Por ejemplo, en Navas del Madroño el procurador síndico general se quejaban en 1811 de los abusos de la justicia y en concreto el alcalde Diego Romero Flores habían cometido en la venta de tierras para pagar los suministros, adjudicándose para sí mismo y sus familiares y paniaguados los mejores terrenos[39]. En Alcántara, el gremio de labradores se quejaba ante el general Castaños de que eran los mayores perjudicados en los repartos de impuestos y suministros, mientras que ni los privilegiados ni los otros grupos sociales eran gravados de la misma forma[40]; por último, en Casar de Cáceres también el procurador síndico protestaba porque

 

las intrigas de unos vecinos con otros, los varios partidos contrarios entre sí, las relaciones de parentesco y amistad entre los vecinos con los miembros de justicia y comisión, la falta de actividad en la justicia para realizar las providencias de dicha comisión, la frialdad de la junta de propios y comisionado de enajenaciones, la indolencia de las justicias anteriores en la liquidación de sus ministros con la contaduría y dación de quentas de los caudales que manejaron y finalmente las travas que continuamente están poniendo varios vecinos a los repartos y demás providencias de esta comisión insensiblemente van ocasionando la ruina de este pueblo, la privación al ejército considerable suministro con que ha podido y podrá auxiliar y por último la imposibilidad de poder la comisión y justicia dar el debido cumplimiento a las continuas superiores órdenes[41].

 

En general, la respuesta de la Junta a todas estas peticiones fue bastante ambigua, amonestando a las autoridades por los abusos cometidos pero, en la práctica, incapaz de ponerles freno.

Si los campesinos eran los sufridores principales de los abusos, o al menos quienes más se quejaban de ello, no es menos cierto que los estamentos privilegiados, aquellos que habían gozado de una posición de predominio en la sociedad del Antiguo Régimen, empezaron a ver minadas las bases de su poder. En este sentido, sin duda fue la Iglesia quien salió más perjudicada por la guerra, puesto que sus importantísimos bienes patrimoniales se convirtieron en un recurso muy importante para subvenir a los gastos del conflicto. Esa era la justificación que daban los alcaldes de Villar de Plasencia a su petición de vender las fincas de capellanías y obras pías, ya que el pueblo “…por su situación tanto por la inmediación de Plasencia quanto por hallarse en la carera, havía quedado exhausto de toda clase de efectos y enseres, sin ganados y sin comercio, y lo que es peor sin yuntas y sin bestias con que poder continuar su corta labranza…”[42].

 En muchos casos, las tierras se vendieron sin autorización de la Junta, lo que suscitó las quejas de los afectados; gracias a ello conocemos ejemplos como los de Pozuelo de Zarzón, cuyo párroco se quejaba de que los alcaldes “…han vendido y están vendiendo las haciendas pertenecientes a la Iglesia, curato, cofradías y demás pertenecientes a obras pías para suministros a las tropas francesas sin preceder tasa de peritos ni cubrir su tercera parte siquiera, todo contra las órdenes del rey nuestro señor y aprovechándose de las tristes circunstancias que prestan la proximidad del enemigo…[43].

También la nobleza vio en algunos pueblos sus privilegios en peligro; no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que los alcaldes vieron en la guerra la ocasión para imponer un reparto de los impuestos más equitativo y acabar con la exención de tributos de la que gozaban los hidalgos. Así lo demuestran las quejas formuladas por los administradores de títulos extremeños como el Vizconde de Peñaparda de Flores, el Marqués de la Encomienda o los Condes de la Encina y Canilleros[44].

Para finalizar, y en íntima relación con los problemas sociales, la Guerra de la Independencia supuso para la política de los pueblos extremeños un período de gran agitación. En unos casos, las autoridades legítimas fueron removidas de sus puestos acusadas de connivencia con el enemigo o simplemente de cobardía; así le sucedió a don Andrés Amat, alcalde mayor de Llerena, quien fue destituido de su cargo tras haber sido hecho prisionero por los franceses acusado de no haber hecho lo suficiente para evitar la invasión enemiga[45]. También se dio el caso de que, huidas o apresadas las justicias, los pueblos eligieron un nuevo gobierno sin tener en cuenta ni el procedimiento habitual en esas circunstancias ni las órdenes de la Junta de Extremadura, como sucedió por ejemplo en Ceclavín[46].

En otras localidades, fueron los gobernantes quienes intentaron evitar la elección de comisiones encargadas de los suministros o de la venta de terrenos, que les privarían de sus funciones y por tanto de poder manipular dichos procedimientos en beneficio propio. Fue esto lo que sucedió en Corte de Peleas, cuyos alcaldes ordinarios intentaron impedir la elección de una junta de embargos para suministrar víveres al ejército, y al no conseguirlo declararon nulos los sorteos efectuados por la junta perjudicando a los vecinos más pobres de la población[47].

Dentro de este contexto general de problemas, merece una mención especial la villa de Olivenza; recién incorporada a la monarquía española tras la Guerra de las Naranjas de 1801, sus gobernantes no tenían ni mucho menos garantía de la lealtad de los oliventinos, dudas que se demostraron ciertas cuando, aprovechando el caos provocado por la guerra, se produjo en 1809 un intento de sublevación que acabara con el gobierno español, asesinando a todos los españoles y entregando la plaza a los franceses. Una vez abortada la revuelta, hubo otras manifestaciones de descontento, como la resistencia al pago de contribuciones o al cumplimiento de obligaciones militares. Así el gobernador de la plaza decía que

 

no se puede dudar que esta plaza y su partido está recién conquistado que sólo por esta circunstancia no pueden sus habitantes disimular el disgusto o resentimiento de verse bajo distinta dominación que la de su naturaleza… Para prueba nada equívoca de la insubordinación basta sólo poner en la alta consideración de V. E. que los alistados solteros que llevó para el ejército a esa capital don Juan Tovar en 27 de mayo último se han desertado los más, según se me ha informado, como cierto y lo creo, en lo que manifiestan el poco respeto y amor a nuestro gobierno y desprecio de la defensa en la justa causa que defendemos contra los franceses[48].

 

            En definitiva, multitud de problemas y conflictos aquejaron a los pueblos de la provincia desde el principio de la guerra; desafortunadamente, la situación se prolongó durante varios años, lo que aumentó la gravedad del daño infligido a la economía de la provincia y sus localidades, al mismo tiempo que tuvo efectos distorsionantes sobre las estructuras políticas y sociales. En este sentido, la guerra no constituyó más que el preludio de una etapa de enormes cambios y dificultades que se extendería, en realidad, hasta mediados del siglo XX.

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES:

 

ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA:

           

Expediente militar de don José López Berrio, hidalgo.

Expediente militar de don José López Berrio Baldovinos.

 

ARCHIVO DE LOS HEREDEROS DE DON JOSÉ LÓPEZ BERRIO

 

Libro de documentos del coronel don José López Berrio, Año de 1811. Fusilado por los franceses en Fregenal de la Sierra en 10 de Septiembre de 1811.

 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE BADAJOZ

 

Junta Suprema de Extremadura,

          Comisión de Justicia, legajos 1-16

          Comisión de Subsistencia, legajos 17-27.

          Comisión Militar, legajos, 28-45.

          Comisión de Hacienda, legajos, 46-100.

          Gobierno, legajos 101-136.

 

Protocolos notariales, leg. 2624.

 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁCERES

 

Protocolos notariales, leg. 382.

 

 

ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE GRANADA

 

– Sala 301, leg. 4664.

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA:

 

AYALA VICENTE, F.: “La Guerra de Independencia en Extremadura”, Militaria, Revista de Cultura Militar, 2001, nº 15. pp. 53-60.

GARCÍA PÉREZ, J., SÁNCHEZ MARROYO, F. y MERINERO MARTÍN, M. J.: Historia de Extremadura, t. IV, Los Tiempos actuales. Badajoz, 1985.

GÓMEZ VILLAFRANCA, R.: Extremadura en la Guerra de la Independencia. Memoria Histórica, Badajoz, 1908.

MONTAÑÉS PEREIRA, R.: “La Guerra de la Independencia en Extremadura: desorden institucional y crisis económica”, en MELÓN, M. A., LA PARRA, E. y PÉREZ, F. T. (Eds.): Manuel Godoy y su tiempo, t.1, Badajoz, 2003. pp. 279- 299.

SARMIENTO PÉREZ, José: La Junta Suprema de Extremadura en la Guerra de la Independencia Española. Comisión de Gracia y Justicia (1808-1812), Badajoz, 2008.

 

 

 



[1] La información más detallada sobre el desarrollo de la Guerra de Independencia en Extremadura se encuentra en la ya clásica obra de GÓMEZ VILLAFRANCA, R.: Extremadura en la Guerra de la Independencia. Memoria histórica, Badajoz, 1908 y GARCÍA PÉREZ, J., SÁNCHEZ MARROYO, F. y MERINERO MARTÍN, M. J.: Historia de Extremadura, t. IV, Los Tiempos actuales, Badajoz, 1985. pp. 651-720.

[2] SARMIENTO PÉREZ, J.: La Junta Suprema de Extremadura en la Guerra de la Independencia Española. Comisión de Gracia y Justicia (1808-1812), Badajoz, 2008, pp. 127-129.

[3] Archivo General Militar de Segovia, Expediente militar de don José López Berrio hidalgo.  

[4] Archivo de la Real Chancillería de Granada, Sala 301, legajo 4664, pieza 197.

[5] Don Gonzalo Fernández Hurtado Baldovinos nació en Valverde de Leganés en 1744. En 1769 fue aprobado como abogado de los Reales Consejos pasando a ejercer la abogacía en su pueblo natal y en la ciudad de Badajoz hasta 1787, año en el que fue nombrado Abogado Fiscal del Juzgado de Guerra del Ejército y Provincia de Extremadura. Por último, fue nombrado Auditor de Guerra por Real Cédula concedida el 20 de diciembre de 1793. Prosiguió ejerciendo su cargo hasta la invasión francesa, ocupando entre 1808 y 1810 el puesto de vocal en la Junta Suprema de Extremadura.

[6] Archivo de los herederos de don José López Berrio, Libro de documentos del Coronel don José López Berrio. Año de 1811. Fusilado por los franceses en Fregenal de la Sierra en 10 de Septiembre de 1811. f. 21.

[7] Archivo General Militar de Segovia, Expediente militar de don José López Berrio Baldovinos.

[8] Archivo General Militar de Segovia, Expediente militar de don José López Berrio hidalgo.  

[9] Un documento firmado por José Galluzo exponía: “La Junta Superior de Gobierno ha visto con la mayor satisfacción la oferta que ha hecho V. a la Junta Permanente de cien fanegas de Cevada por vía de donativo voluntario para atender a las actuales urgencias del Estado, y da a V. las más expresivas gracias por el patriotismo que acredita, encargándole que haga la entrega en el punto prefixado en circular de 10 de Junio de 1808”. Archivo de los herederos de don José López Berrio, Libro de documentos del Coronel don José López Berrio. Año de 1811. Fusilado por los franceses en Fregenal de la Sierra en 10 de Septiembre de 1811. fs. 18 y 42 (bis).

[10] Archivo de los herederos de don José López Berrio, Libro de documentos del Coronel don José López Berrio. Año de 1811. Fusilado por los franceses en Fregenal de la Sierra en 10 de Septiembre de 1811. f. 19.

[11] Archivo de los herederos de don José López Berrio, Libro de documentos del Coronel don José López Berrio. Año de 1811. Fusilado por los franceses en Fregenal de la Sierra en 10 de Septiembre de 1811. f. 24 y Archivo General Militar de Segovia, Expediente militar de don José López Berrio hidalgo.

[12] Archivo de los herederos de don José López Berrio, Libro de documentos del Coronel don José López Berrio. Año de 1811. Fusilado por los franceses en Fregenal de la Sierra en 10 de Septiembre de 1811. f. 16.

[13] Por ejemplo, en el mismo informe señalaba que “se extiende la voz entre estos vecinos y familias dispersas que ocupan la población de haverse internado el enemigo por Lovón, Talavera, Alvuera y otras poblaciones inmediatas a esa capital en bastante número”. Archivo Histórico Provincial de Badajoz (en adelante A.H.P.B.), Junta Suprema, Comisión de Gobierno, Correspondencia, Órdenes y Decretos, legajo 107.

[14] Archivo de los herederos de don José López Berrio, Libro de documentos del Coronel don José López Berrio. Año de 1811. Fusilado por los franceses en Fregenal de la Sierra en 10 de Septiembre de 1811. f. 20.

[15] A.H.P.B., Protocolos notariales, legajo 2624, fs. 119v.-121.

[16] Así puede comprobarse de la consulta a los documentos emanados de la Comisión de Subsistencia de la Junta de Extremadura: A.H.P.B., Junta Suprema, Comisión de Subsistencia, suministro al ejército, legajos 17-27.

[17] A.H.P.B., Junta Suprema, Comisión de Subsistencia, suministro al ejército, legajo 17.

[18] Archivo de los herederos de don José López Berrio, Libro de documentos del Coronel don José López Berrio. Año de 1811. Fusilado por los franceses en Fregenal de la Sierra en 10 de Septiembre de 1811. f. 16.

[19]Padre, esta sólo se dirige para dezirle a usté como nos allamos en esta de Yerves con la mayor miseria que dezir se puede; le digo a usté como tenemos la orden para que nos socorran a 4 cuartos nada más, pero éstos los dan cuando ay dineros por lo que se nos pasan los días sin cojer agusto, para nada sólo nos mantenemos con lo que nos dan de la tapa o vien de vaso muelas, es nuestra comida, teníamos vino y carne, todo se a acabado, lo mismo que el prez, primero a 8 cuartos, luego a 5 y ahora a cuatro, de manera que presto no tendremos nada, por lo que me obliga partizipárselo a usté para que me mande dineros, lo uno por lo dicho y lo otro el tener que emplear algunas cosas que aquí ay, en combenienzia que en ésa balen doblado el dinero”: Archivo Histórico Provincial de Cáceres (en adelante A.H.P.C.), Protocolos notariales, legajo 382, “Cartas personales de Bonifacio Ramajo, cabo de escuadra del regimiento provincial de Plasencia de la compañía de granaderos de él, que se halla en la guerra contra la Ynglaterra, dirigidas a su padre Domingo Ramajo”.

[20] “También le digo a usté como an tenido los franzeses un gran ataque con los ingleses en este puerto, motivo de aver estado 3 días y 3 noches sobre las harmas sin dormir nada ni salir del cuartel para estar prontos a salir a la primera orden por estar la armada inglesa todos los días a la vista, diziendo an de entrar a matar el general francés y quitarles las riquezas que a quitado a los portugueses, pues no se sabe los millones que dicho hombre a juntado asta la plata de las yglesias a sacado, sólo a quitado las procesiones y los sermones y todas las cosas sagradas, nosotros no nos hemos confesado todavía no tampoco ánimos de ello, pues pronto estaremos prestos en la erejía, cosa que no pueden ver los portugueses por ser gente muy cristiana, los que gustavan mucho de ver ívamos a misa, pero el franzés, viendo se llevan vien con nosotros nos an quitado la comunicación con ellos y que nos tengan sugetos en egerzicios y guardias para evitar no se metan con los franceses y ayga algunas muertes como a avido con ellos y nosotros pues estamos muy encontrados con ellos”: A.H.P.C., Protocolos notariales, legajo 382, ibídem.

[21] Por ejemplo, en la revista de las tropas que tenía el Regimiento de Cazadores Voluntarios en la Plaza de Alcántara a finales de 1808, se contabilizan hasta quince soldados incorporados a este regimiento en julio de ese año procedentes del ejército de Portugal: A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión Militar, revistas, legajo 32.

[22] A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Gobierno, legajo 114.

[23] La crisis agraria afectó sobre todo al interior peninsular; así se hizo presente con dureza en Segovia  (GARCÍA SANZ, A., Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja. Economía y sociedad en tierras de Segovia, 1500-1814, Madrid, 1977, p. 89), y fue severa en otras partes de la Mancha, Madrid, Talavera de la Reina o Castilla la Vieja (LÓPEZ SALAZAR, J., Estructuras agrarias y sociedad rural en la Mancha (siglos XVI y XVII), Ciudad Real, 1986, pp. 280-281; GONZÁLEZ MUÑOZ, Mª del C.: La población de Talavera de la Reina (siglos XVI-XX), Toledo, 1974; PÉREZ MOREDA, V., Las crisis de mortalidad en la España interior. Siglos XVI-XIX, Madrid, 1980, pp. 375-389; CARBAJO ISLA, Mª F.: La población de la villa de Madrid desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, Madrid, 1987, p. 321); sin embargo parece que Galicia y Cataluña no fueron afectadas ( PÉREZ GARCÍA, J. M.: Un modelo de sociedad rural de Antiguo Régimen en la Galicia costera: la península del Salnés, Santiago de Compostela, 1979; NADAL, J.: “Les grandes mortalités des années 1793 à 1812: effets à long terme sur la démographie catalane”, en Problèmes de mortalité. Actes du Colloque International de Demographie Historique, París, 1965, pp. 409-421).

[24] GARCÍA PÉREZ, J., SÁNCHEZ MARROYO, F. y MERINERO MARTÍN, M. J.: Historia de Extremaduraop. cit. p. 656.

[25] A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Justicia, legajo 12.

[26]A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Subsistencia, legajo 17.

[27] GÓMEZ VILLAFRANCA, R., Extremadura en la Guerra de la Independencia. Memoria histórica, Badajoz, 2004, p. 173

[28] A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Justicia, legajo 8.

[29]A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Justicia, legajo 8, “Comisión dada a las justicias de Casas de Palomero, Caminomorisco y Franqueado para que puedan hacer uso del primer noveno y para que vendan varias fincas a fin de atender al suministro de la tropa, 10 de diciembre de 1811”.

[30] A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Justicia, legajo 8, 8 de julio de 1810.

[31] A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Subsistencia, legajo 17.

[32] A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Hacienda, factorías, legajo 83.

[33] A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Subsistencia, legajo 18, “La comisión de Brozas y el brigadier don Joaquín Astraudi sobre el suministro a las tropas existentes en dicha villa”.

[34] A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Hacienda, correspondencia, órdenes y decretos, legajo 54, “Relación de las cantidades de mrs. que están en contra de los pueblos de esta provincia según las contribuciones que se le han cargado desde 19 de septiembre de 1811”.

[35] A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Hacienda, factorías, legajo 83, “Comisión dada a don Tomás Respau para la exacción de granos y ganados en los pueblos del partido de Alcántara”.

[36] A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Subsistencia, legajos 22 y 27.

[37] A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Justicia, legajo 1, Real Audiencia, “Expediente sobre el alboroto de los labradores del Cañaveral arrojándose a labrar los valdíos y propios demarcados para pago de suministros”.

[38] A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Justicia, legajo 9.

[39] A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Subsistencia, suministros al ejército, legajo 18.

[40] A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Subsistencia, suministros al ejército, legajo 17.

 

[41] A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Subsistencia, suministros al ejército, legajo 19.

[42] A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Justicia, justicia municipal, legajo 8.

[43] A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Justicia, justicia municipal, legajo 10.

[44] A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Justicia, justicia municipal, legajo 8.

[45] A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Hacienda, contaduría de Reales Maestrazgos, legajo 95.

[46] A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Gobierno, Ayuntamientos, legajo 102.

[47] A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Gobierno, Ayuntamientos, legajo 102.

[48] A.H.P.B., Junta Suprema de Extremadura, Comisión de Gobierno, Ayuntamientos, legajo 102.

Oct 012011
 

Felicisimo García Barriga.

El 13 de julio de 1573 el rey Felipe II promulgaba en el Bosque de Segovia las “Ordenanzas de descubrimientos, nueva población y pacificación de las Indias”1; la historiografía americanista considera tradicionalmente este  acto legal como el fin de la conquista en América y el comienzo de una nueva etapa en la que la intención principal de la Corona será colonizar el inmenso espacio americano, atrayendo para ello españoles que no vean en el Nuevo Mundo un lugar lleno de riquezas metalíferas sino una tierra donde poder ejercer la profesión que practicaban en sus lugares de origen.

Es cierto que todavía habría importantes conflictos armados en el continente americano, como la guerra chichimeca o la guerra araucana; sin embargo, las intenciones generales de la Corona se cumplirían, teniendo en cuenta además que los territorios que se van a ver afectados por esas nuevas ordenanzas eran las zonas periféricas de los grandes imperios precolombinos: norte de México, Centroamérica, actuales Colombia y Venezuela, Chile…, regiones ocupadas por pueblos de nivel económico, técnico y cultural sensiblemente inferior al de aztecas, incas o mayas y con menor densidad de población. En esas zonas, además, el hallazgo de minas de metales preciosos va a ser algo excepcional y por tanto van a ser sus tierras, aptas para la agricultura y la ganadería, su principal riqueza y atractivo para los españoles.

Ese atractivo, por último, se va a unir al empeoramiento de las condiciones económicas que vive la Monarquía, y sobre todo la Corona de Castilla, en el último cuarto del siglo XVI, con un claro declive de las actividades agrícolas y artesanales que hacen que mucha gente se plantee la posibilidad de emigrar al Nuevo Mundo en busca de un futuro que la dura realidad hispana le negaba.

No van a ser en todo caso fáciles estos tiempos para los españoles de América; el giro en la política internacional de la Monarquía que comienza en la década de 1570 y se consuma con la anexión de Portugal en 1580 convierte a la Inglaterra de Isabel I en el principal enemigo de la España de Felipe II, y América será en gran medida el terreno de batalla de una confrontación que se prolongará hasta la muerte de los dos soberanos, a principios del siglo XVII; los ataques de los corsarios ingleses, tanto contra las flotas como contra los asentamientos costeros, van a ser constantes y pondrán a prueba la valentía y la dureza de sus habitantes.

En el caso de la región extremeña, debido a la enorme trascendencia de los hechos protagonizados por los conquistadores, apenas se ha puesto atención a esos emigrantes que ya no quieren conquistar sino colonizar y gobernar, y por ello la mayoría de ellos nos son desconocidos, aunque dejaron su huella en la documentación y también en los territorios en los que vivieron; con este trabajo lo que pretendemos es precisamente rescatar del olvido la memoria de uno de esos extremeños que obligado por las circunstancias marchó al Nuevo Mundo a finales del siglo XVI. Se trata del hidalgo don Francisco Gutiérrez Flores, natu- ral de la villa de Brozas, quien desempeñó importantes cargos desde su llegada a la Nueva Andalucía con la expedición de Francisco de Vides en 1592 hasta su muerte en torno a 1620, gobernando el inmenso territorio americano con mayor o menor acierto, y que incluso tuvo que sufrir un prolongado cautiverio en In- glaterra. A lo largo de las siguientes páginas iremos recorriendo su interesante trayectoria vital.

1. DON FRANCISCO GUTIÉRREZ FLORES. ANTECEDENTES FAMILIARES Y DATOS BIOGRÁFICOS EN ESPAÑA

Pocas cosas sabíamos cuando empezamos a hacer este trabajo sobre la vida de Francisco Gutiérrez Flores antes de su primer viaje a América; desde luego, sus apellidos nos lo encuadraban dentro del importantísimo linaje de los Gutiérrez Flores, asentado en la villa de Brozas desde mediados del siglo XV2, y algunos de cuyos miembros alcanzaron cargos civiles y eclesiásticos de gran relevancia.

En principio pensábamos que, aunque sin duda emparentado con el tronco principal de la familia, don Francisco pertenecía a una rama colateral, de riqueza y posición social inferior a la de sus ilustres parientes. Sin embargo, la consulta de Los Flores de Lizaur y sus enlaces. Linajes de Brozas y Alcántara3, magnífica obra genealógica realizada por Manuel Flores de Lizaur Ortiz a mediados del siglo pasado, publicada por su cuñado don Miguel Muñoz de San Pedro, conde de Canilleros y uno de cuyos escasos ejemplares se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, nos reveló una historia mucho más interesante.

De acuerdo con don Manuel Flores de Lizaur, nuestro protagonista era hijo de Pedro Gutiérrez Flores y de Isabel Flores de Ruilobos y nieto de Alonso Flores Gutiérrez y Juana Jiménez de Escobar; asimismo, era hermano de Pedro Gutiérrez Flores, que al ser adoptado por su prima doña María de Lizaur, hija de Francisco de Lizaur, el primer gran indiano broceño después de Nicolás de Ovando, cambió de nombre y pasó a llamarse Alonso Gutiérrez Flores de Lizaur, apellido todavía hoy presente en Brozas.

Desconocemos su fecha de nacimiento, aunque debió de producirse en torno a 1560, ya que su hermano mayor nació en 1559, y tampoco sabemos cuándo contrajo matrimonio con doña María de Herrera, debido a la ausencia de libros parroquiales para la parroquia de los Santos Mártires de Brozas, de la que era feligrés. Sí sabemos que tuvo dos hijos en la villa extremeña, que posteriormente le acompañaron en su aventura americana: Pedro, bautizado el 16 de enero de 1589, e Isabel, bautizada el 1 de abril de 1591. Sólo un año después, a finales de 1592, el matrimonio y sus dos hijos decidieron abandonar su tierra y emigrar al Nuevo Mundo.

En cuanto a los motivos que llevaron a este hidalgo extremeño a marcharse a América, creemos que hubo dos poderosas razones para ello; en primer lugar, gracias a la obra anteriormente citada conocemos perfectamente la filiación y parentescos de don Francisco Gutiérrez Flores. Y, contrariamente a lo que nosotros pensamos en un primer momento, no pertenecía a una rama colateral del linaje, sino que era pariente directo de algunos de sus más importantes personajes. Así, don Francisco era primo hermano de don Pedro Ordóñez Flores, arzobispo de Santa Fe de Bogotá, de don Alonso Flores, prior de Magacela de la Orden de Alcántara, de don Francisco Gutiérrez Flores, Inquisidor Mayor de Lima, de don Juan Gutiérrez Flores, importante indiano y padre del primer vizconde de Peñaparda y, sobre todo, de don Pedro Gutiérrez Flores, miembro del consejo de Indias y presidente de la Casa de Contratación. Y, aunque no tenemos la prueba documental de ello, podemos afirmar con casi completa seguridad que fue esta relación de sangre con la principal autoridad de los viajes transatlánticos la que llevó a nuestro protagonista a marcharse al Nuevo Mundo.

El segundo motivo es económico y social y se basa en la situación por la que pasaba Extremadura en general y la villa de las Brozas en particular a finales del siglo XVI. El período comprendido aproximadamente entre 1530 y 1580 vive el mayor crecimiento de la población extremeña hasta el siglo XIX, crecimiento basado fundamentalmente en un fuerte proceso de expansión de las tierras de cultivo dedicadas a cereal, que como bien es sabido era la base de la alimentación.

Esa expansión agraria parece tocar techo en la década de 1580 debido a la creciente escasez de tierras de cultivo; así, las ordenanzas elaboradas en Brozas en 1589 se destinan sobre todo a regular el reparto de las hojas labrantías comuneras entre los labradores de la villa, prohibiendo terminantemente la cesión de las suertes a forasteros y estableciendo plazos rigurosos para la labor4, señales todas ellas del inicio de un desequilibrio entre la demanda de tierra de cultivo y la oferta disponible; asimismo, el monopolio del gobierno municipal por parte de unas elites locales cada vez más poderosas tenía, entre otros motivos, el control y beneficio de los baldíos comunales, iniciándose así un proceso de usurpación que, aunque culmina en las primeras décadas del siglo XVII, tiene en la centuria del XVI sus raíces.

Por la misma razón, los pleitos entre municipios por la posesión de las tierras comunales se multiplican a medida que nos acercamos al final del siglo, y la demanda de tierras influyó notablemente en el encarecimiento de los arrendamientos de tierras, y con ello en el progresivo endeudamiento de los labradores; cuando la coyuntura agraria empiece a torcerse, a partir de 15755, las familias campesinas se verán incapaces de hacer frente a unos gastos cada vez más elevados, sufriendo un acelerado proceso de proletarización que destruyó la frágil estructura productiva. Los peores resultados de esta evolución se manifestarán en los años finales del siglo XVI y los primeros del XVII. Si a todo ello unimos el inicio de un ciclo climático negativo, con sequías prolongadas que provocaron malas cosechas continuadas durante casi todo el último cuarto del siglo, podemos hacernos una idea de la complicadísima situación económica por la que pasaron muchas familias extremeñas.

Ante esta situación, una de las soluciones era la emigración, y en este sentido el viaje al otro lado del Atlántico se presentaba como una opción viable, teniendo en cuenta en primer lugar la tradición existente en Extremadura al respecto desde los inicios de la conquista, la cercanía de nuestro territorio a Sevilla, único puerto de embarque hacia las Indias, y el fomento de las nuevas poblaciones, la colonización y la puesta en cultivo de tierras vírgenes que había puesto en marcha la Corona desde 1573. Por esa razón, no es extraño que muchos labradores extremeños y sus familias decidiesen emigrar, no en busca de oro y riquezas inmediatas, como habían hecho muchos de sus paisanos en las décadas precedentes, sino para poder seguir ejerciendo su oficio6.

La relación entre crisis agraria y emigración a Indias se convierte en evidente analizando los datos de emigrantes; en el caso de Brozas, de los casi 150 vecinos que marcharon a América durante el siglo XVI, el 80% lo hizo en la segunda mitad de la centuria, y cerca de un 60% en el último cuarto del siglo. Se registra, además, una considerable elevación de las partidas en las décadas de 1571-1580 y 1591-1600; en la primera de ellas, y como ya hemos comentado, se produce una pequeña recesión producto de una negativa coyuntura agraria, que obliga a muchos extremeños a buscar una nueva vida en otras tierras.

La mejora de las condiciones en el decenio siguiente se refleja en un descenso de la emigración, que experimenta de nuevo un importante aumento en la última década del siglo, en la que la dinámica positiva finaliza definitivamente. Factores ya expuestos como la crisis de las economías campesinas producto del endeudamiento y las malas cosechas explican este proceso; ese trasfondo económico negativo se manifiesta a su vez en el aumento de la emigración familiar y el progresivo aumento de la marcha de mujeres, ya que la crisis obligó a familias enteras a abandonar su tierra7.

En el caso de Brozas, uno de los mejores ejemplos de todo este fenómeno, en el que se aúnan aumento de la emigración y movimientos de familias enteras es el de la expedición que con destino a Nueva Andalucía (costa oriental de la actual Venezuela) fue mandada en 1592 por Francisco de Vides8. De esta expedición hablaremos a continuación, puesto que precisamente a ella se va a sumar don Francisco Gutiérrez Flores junto con toda su familia.

2. FRANCISCO GUTIÉRREZ FLORES EN EL CARIBE: LA EXPEDICIÓN DE FRANCISCO DE VIDES A NUEVA ANDALUCÍA Y GOBIERNO DE ISLA MARGARITA.

Como señalábamos al principio de este trabajo, la ocupación efectiva del territorio americano mediante su poblamiento fue una de las principales preocupaciones de la Monarquía Hispánica en las últimas décadas del siglo XVI; de este modo, en ese período se conceden gobernaciones e incluso se otorgan capitulaciones (al estilo de las concedidas a los capitanes de la conquista) para ocupar las zonas en las que el dominio español era todavía precario.

Una de esas zonas era el actual Oriente venezolano, llamado en esta época Nueva Andalucía, con Cumaná como capital oficiosa y que en realidad no era más que una pequeña franja costera, puesto que el interior y las islas cercanas (Trinidad, Tobago, Granada, Isla Margarita) estaban de hecho en manos de los indígenas. Para ocupar efectivamente este territorio la Corona elige en 1592 a Francisco de Vides; nacido en Trigueros (Huelva) en 1539, Vides tuvo una larga trayectoria en Indias, ocupando diversos cargos institucionales hasta alcanzar el puesto de gobernador de Cumaná en 1589. Tras diversos conflictos con su antecesor en el cargo es llamado a España, donde presenta ante el Consejo de Indias su propuesta de colonización del territorio en torno a Cumaná, propuesta que la Corona acepta concederle bajo el sistema de capitulación9.

En la capitulación se establecía que Vides debía proseguir el “descubrimiento, pacificación y población” en Tierra Firme y comenzar el de las islas mencionadas. Para ello debía transportar pobladores, armas y ganado a su costa y fundar al menos tres poblaciones. Vides llevaría desde España 200 hombres, 50 de ellos casados, algunos labradores y 6 religiosos, y también debería introducir 1000 vacas, 100 puercos, 100 yeguas, borricas y garañones y por lo menos 200 ovejas y cabras. El costo total de la expedición se establecía en 20.000 ducados, ofrecidos por Vides, a cambio de los cuales recibía el título de gobernador y capitán general por dos vidas, una encomienda de hasta 400 indios y licencia para repartir cargos y tierras entre los pobladores.

La capitulación fue firmada el 23 de marzo de 1592, y el 12 de abril se le concedía permiso para usar un navío ajeno a las dos grandes flotas que hacían todos los años la “Carrera de Indias”, aunque luego serían dos los barcos que emprendieran viaje. El 13 de octubre el gobernador firmaba dos listas, una por cada barco, con los nombres, apellidos y lugar de origen de sus pobladores, sus mujeres e hijos; los barcos eran el “Nuestra Señora del Rosario”, mandado por el maestre Jorge Veneciano, y el “Nuestra Señora de la Concepción” a cargo del maestre Jaime de Rivas, con 175 y 111 pasajeros, respectivamente10.

No vamos a detallar aquí los principales datos de dichos pobladores, sino que nos vamos a centrar en lo que a nosotros nos interesan, es decir, en Francisco Gutiérrez Flores y sus paisanos. En cuanto al origen general de los pobladores, Extremadura es la segunda región en número de emigrantes con 58 personas (el 24%). Dentro de Extremadura, es la villa de Fuente de Cantos, muy cercana a Sevilla, la que suministra más pobladores (22), es decir, es la segunda localidad tan sólo por detrás de la propia Sevilla. Sin embargo, lo que resulta más llamativo es que la tercera localidad que más emigrantes aporta sea precisamente la villa de Brozas, con 13 emigrantes sin contar dos niños; el misterio parece despejarse cuando vemos en primer lugar cómo el primer viajero casado que es anotado en el pasaje del navío “Nuestra Señora del Rosario” es precisamente don Francisco Gutiérrez Flores con su esposa doña María de Herrera y sus dos hijos, ya mencionados; ello prueba, por tanto, que el hidalgo broceño no viajaba a Nueva Andalucía como un emigrante más, sino que estaba destinado por Francisco de Vides a ejercer cargos de responsabilidad, como veremos más adelante11.

No es casualidad, como hemos dicho en el apartado anterior, la coincidencia en el tiempo entre la emigración de Francisco Gutiérrez Flores y la presidencia de la Casa de Contratación por su primo don Pedro Gutiérrez Flores; de hecho, fue éste el que negoció con Francisco de Vides las condiciones de su capitulación, y es muy probable que fuera él quien recomendara a su pariente como lugarteniente del capitán onubense. Llama también la atención que todos los vecinos de Brozas que viajaron en la expedición lo hicieron en el mismo barco, lo que demuestra que su marcha simultánea no era casualidad, y que al comprobar sus nombres descubramos que hay otras tres personas que parecen tener un vínculo familiar con Gutiérrez Flores y su esposa; se trata de don Francisco de Herrera, mozo soltero, y de don Alonso de Villagutierre y su mujer doña Isabel de Herrera. No tenemos pruebas, pero podemos considerar muy probable la hipótesis de que sean hermanos o al menos parientes cercanos de doña María de Herrera12, con lo cual estaríamos de nuevo ante una típica emigración familiar, en la que un emigrante arrastra a sus parientes en su viaje.

La expedición arriba a Cumaná, capital de la Nueva Andalucía, el 18 de diciembre de 1592; Francisco de Vides se va a centrar prácticamente desde su llegada en la misión para la cual el rey le había concedido la capitulación, es decir, poblar la región y fundar dos nuevas ciudades, con resultados mediocres que desembocarán unos años después en su destitución como gobernador y su inhabilitación para cualquier cargo público.

Ese fracaso, sin embargo, no nos interesa ya que el protagonista de este trabajo no va a participar de él, sino que recién llegado a las Indias va a ser nombrado por Vides como lugarteniente de gobernador y capitán general de Cumaná, cargo que ocupará hasta abril de 1594; es decir, se le encomienda el gobierno del territorio ya colonizado y, sobre todo, su defensa de los ataques corsarios ingleses.

Hemos de recordar en este punto que en el último cuarto del siglo XVI la enemistad creciente entre Inglaterra y la Monarquía Hispánica supuso que la reina Isabel I diera numerosas patentes de corso a marinos ingleses con la misión de atacar ciudades y flotas españolas, para entorpecer el comercio entre la Península Ibérica y el Nuevo Mundo y sobre todo dificultar la llegada de la plata americana, la fuente que mantenía viva a la Monarquía de Felipe II y su esfuerzo bélico. El fenómeno corsario se va a agudizar hasta límites insoportables tras el desastre de la Armada de Inglaterra en 1587-1588, que abre un período de continuos ataques contra las posesiones españolas en América que no finaliza hasta, por lo menos, la muerte del monarca español, lo cual va a obligar a la Corona y sus oficiales a realizar un extraordinario esfuerzo económico y militar para defenderse de los corsarios.

Dentro de este período, la costa de la actual Venezuela va a sufrir ataques constantes, debido a su escasa población y la práctica ausencia de defensas en los puertos; haciendo frente a esos ataques comenzará Francisco Gutiérrez Flores a forjar su prestigio como capitán valeroso y buen gobernante13.

El asalto inglés más grave al que tuvo que hacer frente como teniente de gobernador en Cumaná fue el que se produjo en el contexto del viaje de James Langton, corsario al servicio del conde de Cumberland, realizado entre 1593 y 1594 y que recorrió la costa venezolana, la Española y Jamaica14. En el caso de Cumaná, el ataque se produjo el 20 de agosto de 1593, y para conocerlo con detalle poseemos una probanza hecha a instancias del propio Gutiérrez Flores para mostrar su actuación ante la Corona el 20 de septiembre de ese mismo año de 159315.

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Mapa 1: Cumaná, Isla Margarita y Santa Marta; fuente: ANDREWS, K. R. (ed.): English privateering voyages to the West Indies, 1588-1595, Cambridge, 1959, p. 227

De acuerdo con las preguntas formuladas en ese interrogatorio, el 30 de agosto la tripulación de una carabela portuguesa que había sido apresada por los corsarios informó de que se acercaban a Cumaná dos navíos ingleses, el Anthony y el Pilgrim, acompañados de una chalupa y varias pinazas, con la inten- ción de ocupar y quemar la ciudad. Al estar al mando de la ciudad por la ausencia en el oeste de Francisco de Vides, Gutiérrez Flores comenzó a preparar a la tropa y revisar sus armas, estableció una guardia nocturna, ordenó el cierre de los caminos y la construcción de trincheras y barricadas a la entrada de la ciudad, condujo fuera de la ciudad a mujeres, niños, mayores e inválidos, junto con todo el dinero que había en la población y trajo a varios arqueros indígenas para ayudar en la defensa.

El 4 de septiembre fueron avistados cuatro barcos enemigos en la dirección de Punta de Araya; el propio don Francisco junto con algunos soldados se dirigió a la desembocadura del río de la ciudad para atacar al enemigo y evitar un posible desembarco, así como para comprobar su auténtica fuerza y propósito. Al día siguiente los ingleses intentaron desembarcar en Puerto Ostias, dentro del propio golfo de Cumaná, pero fueron rechazados por el teniente de gobernador que les atacó con arcabuceros y hombres a caballo, construyéndose a continuación tres baluartes de tierra en previsión de nuevos ataques. El capitán de la carabela portuguesa que acompañaba a los ingleses y que fue destruida relató posteriormente que la impresión que daban los corsarios después de la refriega era de derrota, que habían perdido algunos hombres en el combate y que el propio comandante inglés había señalado la valentía y buen hacer del gobernador español16. Hay que remarcar que esta acción fue prácticamente la única en la que la expedición de Langton no consiguió su objetivo, ya que en su recorrido por el Caribe llegó incluso a saquear Santo Domingo, lo que pone aún más de relieve el éxito de Gutiérrez Flores.

Debido a estas y otras acciones, el prestigio de don Francisco fue creciendo, y en enero de 1594 es nombrado gobernador interino de la Isla Margarita, cuyo gobernador don Juan Sarmiento de Villandrando había muerto en un ataque corsario17, hasta que llegase desde España el gobernador titular don Pedro de Salazar18. En palabras del propio Gutiérrez Flores “… tuvo muy buenos sucesos en las ocasiones que se ofrescieron con los dichos ingleses siendo gobernador y capitán general de la Margarita, defendiendo la tierra de que no recibiese daño de los enemigos, los quales por la noticia que tenían de ser rica aquella isla y del trato de las perlas que en ella hay, la infestaban de ordinario y procuraban tomarla, y no tuvieron efecto en su intento respecto del gran cuidado y vigilancia que el dicho gobernador mi parte tuvo, y puso en la dicha defensa todo el tiempo de su gobernación…”.

Por ejemplo, en mayo de 1594 don Francisco informaba al rey de la posible llegada de un corsario inglés, don Juan de Amburgo (en realidad, sir John Burgh) y de las medidas de fortificación y vigilancia que había tomado para defender el territorio19; para evitar esos ataques el gobernador comenzó a principios de 1595 la construcción de una muralla cerca de la Asunción, capital de la isla, para impedir el paso de los enemigos desde el puerto; la muralla fue finalizada en octubre de 1595, ya bajo el gobierno de don Pedro de Salazar20.

El buen hacer de don Francisco quedó puesto de manifiesto en el juicio de residencia al que se le sometió una vez finalizado su mandato, en junio de 1596; don Pedro de Arce, juez nombrado al efecto, tras exculparlo de tres de los cuatro cargos que se le hicieron y darlo por culpable de uno menor, declaraba en su sentencia “…que en el tiempo que gobernó esta isla hizo bien su oficio de gobernador, ansí en lo que toca a las cosas de la guerra, defensa de la isla y hacer justicia a las partes sin distinción de persona, gobierno de república y quietud de ella, como de todo lo demás que fue a su cargo…” y recomendaba que se le siguieran dando oficios similares al que había desempeñado en Isla Margarita21.

3. FRANCISCO  GUTIÉRREZ  FLORES  EN  SANTA  MARTA  Y  SU CAUTIVERIO EN INGLATERRA.

Tras finalizar su mandato en Isla Margarita, y tal y como él señala en los memoriales que hemos podido consultar, don Francisco pretendía ir a España para solicitar una merced al rey a cambio de los buenos servicios prestados; sin embargo, el destino iba a cruzarse en su camino por primera vez desde su llegada a las Indias para perjudicarle seriamente. En su viaje hacia España pasó por la ciudad de Santa Marta, gobernada en ese momento por don Francisco Manso de Contreras, quien había recibido ya noticias de la inminente llegada de la flota inglesa mandada por el temido sir Francis Drake en lo que sería su último viaje22, y se disponía a partir al importante puerto de Río de La Hacha para defen-erlo del ataque corsario.

El cabildo y regimiento de la ciudad, reunido para analizar la marcha del gobernador, propuso a éste que nombrara como su teniente de gobernador a don Francisco Gutiérrez Flores “…que va de paso y acaba de gobernar la isla de la Margarita con mucha aceptación de todos los vecinos de ella… y las ocasiones de ingleses que se ofrecieron en el discurso de su gobierno hizo le de ver y salió muy bien de ellas…”23. En respuesta a la petición, don Francisco indicó “…que en esta ciudad llegó con intento de dexar su mujer e hijos en ella y pasar a los reynos de España a la corte de su magestad, ante quien pretende presentar sus papeles y recaudos de los servicios que ha hecho para que en premio y remuneración dellos se le haga merced…” y que aunque le halagaba el ofrecimiento ya que “…el oficio que se le ofrece es de mucha consideración y agradece y estima en mucho…” debía emprender viaje a España y por lo tanto rechazaba el cargo.

El gobernador y el cabildo insistieron, afirmando que no había flota dispuesta en ese momento para viajar a la Península y que el servicio que le querían encargar facilitarían aún más el éxito de sus gestiones ante el rey; en todo caso, la presión a la que estaban sometidos los gobernantes de Santa Marta les llevó incluso a la coacción, ya que amenazaron a don Francisco con una multa de 1000 ducados si no aceptaba el puesto y con no dejarle salir de la ciudad. Nuestro hidalgo volvió a indicar que su viaje era vital y suplicaba se le exonerase del cargo; la respuesta del gobernador es aún más expeditiva: hasta que no aceptase el puesto, don Francisco sería encarcelado en las casas del cabildo durante todo el día, y si no aceptaba en él se le agravaría la cárcel.

Por lo visto, Gutiérrez Flores no dio inmediatamente su brazo a torcer, porque hasta el 3 de octubre no se emitió el correspondiente título de teniente gene- ral de gobernador, presentado ante el cabildo el 6 del mismo mes de octubre24; durante su breve mandato tuvo que hacer frente al ataque que Santa Marta sufrió por parte de la impresionante armada comandada por Drake el 29 de diciembre de 1595, y en la que fue hecho prisionero y llevado a Inglaterra, como manifestaba el gobernador Manso de Contreras al rey en marzo de 159625.

Gracias a la probanza de testigos solicitada por doña María de Herrera en 1598 conocemos perfectamente qué fue lo que sucedió ese día para que nuestro protagonista cayese en manos de Drake; a través de los testimonios de los vecinos de Santa Martia presentados como testigos por la extremeña (entre los que se encontraban don Diego de Mendoza, alguacil mayor de Santa Marta, Diego Núñez Velázquez, alférez mayor y alcalde ordinario y otros dos vecinos de la ciudad) se puede reconstruir con bastante facilidad qué sucedió exactamente a finales de 1595 en la hoy ciudad colombiana.

Todos coinciden en que poco después del día de Navidad llegó a Santa Marta la noticia de que Río Hacha había caído en manos inglesas, ante lo cual Gutiérrez Flores ordenó la inmediata movilización de todos los hombres en edad de empuñar las armas, ya que sólo contaba con 60 soldados, y que las mujeres y haciendas fuesen puestas a buen recaudo. El día 29 ya se podía ver desde la costa la imponente flota inglesa “…con tanta pujanza de fuerza en más de treinta y tantos baxeles chicos y grandes…”; el teniente de gobernador ordenó que fueran enterradas las dos únicas piezas de artillería de que disponía la plaza para su defensa, con el fin de evitar que cayeran en manos enemigas, y mandó a don Diego de Mendoza, alguacil mayor de la ciudad, a la sierra para que trajese el mayor número posible de indios armados con el fin de defenderse de los ingleses.

Sin embargo, ello no sirvió de nada puesto que las escasas defensas de Santa Marta no pudieron hacer nada contra un enemigo mucho más numeroso; don Francisco se retiró entonces del núcleo urbano hacia el campo, con intención de poner en práctica una guerra de guerrillas para evitar que los ingleses saqueasen el entorno rural de la ciudad, rico en ganado y cultivos, algo que por cierto ya se había puesto en práctica en los ataques que Drake había lanzado contra otros asentamientos españoles en el Caribe26 y que estaba dejando al corsario inglés sin provisiones ni agua limpia. El designio de Gutiérrez Flores no se pudo cumplir, ya que fue atacado por sorpresa por una gran fuerza inglesa que consiguió desbaratar su pequeño ejército y lo hizo prisionero y, en palabras del fraile dominico fray Juan Cabrejos “…el dicho Francisco Draque le llevó preso sin de ninguna manera quererle dar libertad sino antes estimándole por gran capitán pidiendo mucho dinero por él, y así le llevó a Inglaterra donde al presente dicen está…”27.

A pesar de la muerte de Drake poco después del asalto a Santa Marta, el 28 de enero, y de las enormes dificultades por las que pasó la flota para poder llegar a Inglaterra28, don Francisco no fue liberado por las fuerzas españolas y llegó a Gran Bretaña como cautivo, permaneciendo allí hasta bien entrado el año 1599, cuando por fin consiguió el dinero para rescatarse; esto es lo único que sabemos de la estancia de Gutiérrez Flores en Inglaterra, y lo sabemos gracias a su propia mano ya que así lo cuenta en la petición de rentas que mencionamos al principio, aunque nos podemos hacer una idea de su situación conociendo las penalidades y sufrimientos que pasaron otros españoles cautivos en la misma época, como los vecinos de Cádiz apresados en el ataque que lanzó contra la ciudad el conde de Essex en 159629.

Una vez vuelto a España, y en palabras suyas y de sus testigos, su situación económica era desastrosa, ya que había gastado su hacienda en el rescate; ello es lo que explica que regresase a su villa natal de Brozas, donde seguramente buscaría el apoyo financiero de sus nobles parientes para volver a Santa Marta, donde recordemos se habían quedado su mujer e hijos, y convenció a dos broceños más para que le acompañasen en su segunda aventura indiana. De esta manera, el 13 de febrero de 1601 pide a la Casa de Contratación que se le permita viajar a Santa Marta excusándosele de información, lo que se le concedió30, haciendo el viaje con dos jóvenes paisanos, Pedro Martín Testal, de 15 años, y Alonso Blázquez, de 18, que le servían como criados.

4. ULTIMOS AÑOS Y MUERTE.

A partir de este momento, prácticamente todo lo que sabemos sobre Gutiérrez Flores es lo que se relata en la ya mencionada petición de una renta en indios vacos que realiza en 1610. Por esa relación y las respuestas de varios testigos, sabemos que don Francisco, tras recoger a su familia que permanecía en Santa Marta, decidió cambiar de aires y abandonó el Caribe, ámbito geográfico en el que se había movido desde su llegada al Nuevo Mundo en 1592, para dirigirse hacia Lima, capital y centro fundamental de poder en el virreinato del Perú, con la intención de que su bien merecida fama de eficaz administrador y valiente soldado, así como las noticias sobre su dramático cautiverio en Inglaterra, le atrajesen el reconocimiento de las autoridades virreinales y obtuviese algún cargo de importancia.

Esto fue, sin duda, lo que tuvo que suceder ya que en 1603 el virrey don Luis de Velasco y Castilla le nombró corregidor de Riobamba, en el territorio de la Audiencia de Quito, donde según sus palabras “…estuvo casi tres años y dio muy buena quenta y residencia del dicho oficio por le aver usado con mu- cha rectitud y administrado justicia con igualdad así a los españoles como a los naturales…”, por lo cual se mantuvo en el cargo durante el mandato del sucesor de Velasco, el conde de Monterrey. Nada sabemos sobre su gobierno en Rio- bamba,  aunque  según  los testigos presentados para  su probanza,  como  por ejemplo el canónigo García de Valencia, “…sirvió el dicho oficio de tal corregidor a mucha satisfacción de aquella villa, con gran igualdad de todos los vecinos administrándoles justicia en todo…”31.

A la muerte del virrey en 1606 se hizo cargo del gobierno de la audiencia de Quito el presidente de esta última institución, el licenciado Miguel de Ibarra, quien nombró a Gutiérrez Flores corregidor del asiento de Latacunga, donde permaneció hasta 1610, momento en el que formula ante la Audiencia de Quito su petición para que se le haga merced de cuatro mil pesos de oro de renta en cada un año en indios vacos por dos vidas. La misma Audiencia, tras realizar un extenso interrogatorio que nos ha servido en gran medida como base de este trabajo, propuso al rey que se le concediese la renta solicitada pero de 2.000 pesos, señalando “…que en el entretanto ocupalle en alguno de los corregimientos destos reinos…”32

Llama en todo caso la atención el enorme contraste que tuvo que suponer para don Francisco Gutiérrez Flores el paso desde el cálido, húmedo y fértil Caribe hasta las enormes alturas de la cordillera de los Andes, ya que tanto Riobamba como Latacunga se encuentran a más de 2.000 metros de altitud sobre el nivel del mar; en esta zona, además, la principal riqueza la constituían los propios habitantes indígenas, que con sus prestaciones de trabajo personal obligatorio a través de obrajes y mitas, instituciones heredadas del antiguo imperio inca, permitieron el enriquecimiento de los escasos pobladores españoles; precisamente, en 1608 Gutiérrez Flores, como corregidor del asiento de Latacunga, fue acusado ante la Audiencia de Quito por los caciques Diego Zaragozi, Francisco Pullopagsi, Diego Pantuzin, Hernando Yumitazi y Alonso Zangopanta de los agravios con que afligía a los indígenas por no entregar indios para los obrajes que tenía en su hacienda y de haber tomado niños de 10 o 12 años para entregarlos como mitayos a sus amigos íntimos Salvador de Valenzuela, Pedro de Navarrete y el padre Juan Sánchez Morgas33. Desde luego, estas prácticas abusivas fueron muy comunes en todo el antiguo imperio incaico, y teniendo en cuenta la pobreza del territorio y las necesidades económicas de un corregidor e hidalgo, obligado a mantener un nivel de vida elevado, son hasta un cierto punto justificables.

El otro dato que poseemos sobre su período como corregidor de Latacunga indica que el 16 de agosto de 1608 fue don Francisco el que autorizó en nombre del rey a fray Alonso Muñoz a fundar el convento dominico de San Jacinto34. El rastro documental se pierde a partir de aquí, pero gracias de nuevo a don Manuel Flores de Lizaur conocemos qué sucedió en los últimos años de vida de don Francisco.

Según el genealogista broceño, Francisco Gutiérrez Flores y su esposa volvieron a España en 1611, otorgando una escritura a favor de su hermano don Alonso Flores de Lizaur en la que manifestaba que había sido nombrado gobernador de Chucuito, en la orilla occidental del lago Titicaca. En dicha escritura donaba a su hermano todos los bienes que poseía en España35; poco después volvía a América, ya que sabemos que doña María de Herrera otorgó testamento en Quito en 161236. Para finalizar, Flores de Lizaur indica que vueltos a América y ejerciendo don Francisco el cargo de gobernador de esa provincia, situada en la periferia de los dominios españoles en Suramérica y apenas pacificada, fue asesinado junto con su mujer e hijos en una rebelión indígena, en una fecha indeterminada.

Desconocemos si éste fue en realidad el final de nuestro hidalgo; de ser así, sería el colofón a una vida agitada, llena de conflictos y luchas sin tregua contra distintos enemigos, pero en la que se buscó también la honra, la gloria y la riqueza que muchos otros como él pretendieron encontrar en el Nuevo Mundo. En todo caso, pensamos que lo expuesto en este trabajo pone de manifiesto que podemos agregar sin ningún género de dudas a don Francisco Gutiérrez Flores a la larga lista de extremeños que se labraron un nombre en las Indias.

5. FUENTES INÉDITAS Y BIBLIOGRAFÍA.

5.1.  Fuentes

Archivo General de Indias:

Contratación, 5235, nº 1, “Los pobladores y religiosos que lleva consigo Francisco de Vides, gobernador de la provincia de la Nueva Andaluzía”, 13 de octubre de 1592.

Contratación, 5266, nº 1, expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Francisco Gutiérrez Flores, a Santa Marta con dos criados, 16 de febrero de 1601.

Quito, 28, nº 29, expediente del capitán Francisco Gutiérrez Flores, corregidor del partido de Latacunga, sobre que se le haga merced de una renta en indios vacos en el Perú, 8 de diciembre de 1610.

Santo Domingo, 184, R. 14, nº 9 y 81, R. 24, nº 23.

Santa Fe, 49, R. 17, nº 120, carta del gobernador de Santa Marta Francisco Manso de Contreras, 24 de marzo de 1596.

Archivo Histórico-Diocesano de Coria-Cáceres:

Parroquiales, parroquia de Santa María de Brozas, visitas, y parroquia de Santos Mártires de Brozas, libro 1 de bautizados.

Archivo Municipal de Arroyo de la Luz, Secretaría, Libros de Acuerdos del Concejo.

5.2.   Bibliografía

ANDREWS, K. R. (ed.): English privateering voyages to the West Indies, 1588- 1595, Cambridge, 1959.

Ibidem.: The last voyage of Drake and Hawkins, Cambridge, 1972.

BERNAL, A. M.: Monarquía e Imperio. Historia de España Crítica-Marcial Pons, Madrid, 2007.

DEL VAS MINGO, M. M.: “Las Ordenanzas de 1573, sus antecedentes y consecuencias”, Quinto Centenario, 8, 1985, págs. 83-101.

ESCOBAR PRIETO, E.: Hijos ilustres de la villa de Brozas, Cáceres, 1991. FLORES DE LIZAUR Y ORTIZ, M.: Los Flores de Lizaur y sus enlaces (linajes de Brozas y Alcántara), nota preliminar de Miguel Muñoz de San Pedro, Madrid, 1962.

JURADO NOBOA, F.: Latacunga ante los cuatro últimos siglos de su Historia¸ Quito, 1993,.

Ibidem: La migración internacional a Quito entre 1534 y 1934, Quito, 1989. LARA, J. S.: Historia de la Iglesia Católica en el Ecuador, Quito, 2001. MÉNDEZ  SALCEDO,  I.:  La  Capitanía  General  de  Venezuela,  1777-1821,

Caracas, 2002.

NESTARES PLEGUEZUELO, Mª J.: “La difícil colonización del Oriente Venezolano. Francisco de Vides y la expedición pobladora de 1592”, Anuario de Estudios americanos, vol. 54, nº 1, 1997, pp. 13-41.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. R.: Victorias por mar de los españoles, Madrid, 2006.

SALAZAR FRANCO, J. J.: La Asunción, ciudad procera, La Asunción, Isla de Margarita, 2000.

SÁNCHEZ RUBIO, R.: La emigración extremeña al Nuevo Mundo. Exclusiones voluntarias y forzosas de un pueblo periférico en el siglo XVI, Madrid, 1993.

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1. DEL VAS MINGO, M. M.: “Las Ordenanzas de 1573, sus antecedentes y consecuencias”, Quinto Centenario, 8, 1985, págs. 83-101.

2. Para un pormenorizado estudio genealógico de la familia Gutiérrez Flores, es imprescindible el libro ya centenario de don Eugenio Escobar Prieto: ESCOBAR PRIETO, E.: Hijos ilustres de la villa de Brozas, Cáceres, 1991 (publicado por primera vez en 1905).

3. FLORES DE LIZAUR Y ORTIZ, M.: Los Flores de Lizaur y sus enlaces (linajes de Brozas y Alcántara), nota preliminar de Miguel Muñoz de San Pedro, Madrid, 1962.

4. Archivo Histórico-Diocesano de Coria-Cáceres, Parroquiales, parroquia de Santa María de Brozas, libro 70 (visitas), visita de don Bartolomé de Villavicencio, año 1589,

5. Eso sucede, por ejemplo, en la villa de Arroyo de la Luz en 1577, cuando a causa de la sequía de los meses primaverales, se acordaba “…que se comprase trigo e si traxese de fuera parte, en especial de la Mancha o donde todas las gentes ocurrieren aver, por no lo aver en la comarca en más de treinta leguas a la redonda…”, Archivo Municipal de Arroyo de la Luz, Secretaría, Libros de Acuerdos del Concejo, caja 1, acuerdo del 15 de mayo de 1577.

6. Dentro de la historiografía extremeña, el estudio de referencia para conocer este fenómeno es la obra de Rocío Sánchez Rubio: SÁNCHEZ RUBIO, R.: La emigración extremeña al Nuevo Mundo. Exclusiones voluntarias y forzosas de un pueblo periférico en el siglo XVI, Madrid, 1993.

7. SÁNCHEZ RUBIO, R., op, cit., p. 138.

8. SÁNCHEZ RUBIO, R., op, cit., p. 238 (notas al pie).

9. El trabajo más extenso sobre la expedición de Francisco de Vides es NESTARES PLEGUEZUELO, Mª J.: “La difícil colonización del Oriente Venezolano. Francisco de Vides y la expedición pobladora de 1592”, Anuario de Estudios americanos, vol. 54, nº 1, 1997, pp. 13-41.

10.  Archivo General de Indias, Contratación, 5235, nº 1, R. 59, “Los pobladores y religiosos que lleva consigo Francisco de Vides, gobernador de la provincia de la Nueva Andaluzía”, 13 de octubre de 1592.

11.  De hecho, en la petición de una renta en indios vacos que presentó ante el rey en 1610, don Fran- cisco afirmó “…que pasó a las Indias el año pasado de 592 por maestre de campo del descubri- miento de la Guayana y gente que para el se embió…”: Archivo General de Indias, Quito, 28, nº 29, expediente del capitán Francisco Gutiérrez Flores, corregidor del partido de Latacunga, sobre que se le haga merced de una renta en indios vacos en el Perú, 8 de diciembre de 1610.

12. Precisamente la madrina de los dos hijos de don Francisco y doña María fue doña Isabel de Herrera: Archivo Histórico Diocesano de Coria-Cáceres, Parroquiales, Santos Mártires de Brozas, libro 1 (bautizados), s/f.

13.  Él mismo señala en su petición de renta ya mencionada que durante su mandato como gobernador de Cumaná “…por estar cercana al puerto de la mar y ser de ordinario combatido de ingleses el dicho puerto, mi parte sirvió aventajadamente a vuestra alteza en ocasiones que se ofrecieron de vuestro rreal servicio contra los dichos ingleses en defensa de aquella tierra en que tuvo muy buenos subcessos…”: Archivo General de Indias, Quito, 28, nº 29.

14. Un análisis completo de este viaje, junto con la transcripción de documentos ingleses y españoles, en ANDREWS, K. R. (ed.): English privateering voyages to the West Indies, 1588-1595, Cambrid- ge, 1959, pp. 236-283. Dentro de esos documentos se incluye la probanza que hizo don Francisco Gutiérrez Flores de su actuación frente al ataque inglés (pp. 255-260).

15. Archivo General de Indias, Santo Domingo, 184, R. 14.

16. Una versión inglesa contemporánea señalaba que “…desde allí (Isla Margarita) fueron a Cumaná, una ciudad costera cercana a Margarita con propósito de desembarcar, pero la encontraron dema- siado hostil y volvieron a bordo de sus barcos con alguna pérdida…”, “The Seaventh voyadge”, en ANDREWS, K. R., op. cit., pp. 247-248.

17.  ANDREWS, K. R., English privateering…, op. cit., p. 228.

18. MÉNDEZ SALCEDO, I.: La Capitanía General de Venezuela, 1777-1821, Caracas, 2002, p. 89.

19. ANDREWS, K. R., English privateering…, op. cit., p. 235.

20. SALAZAR FRANCO, J. J.: La Asunción, ciudad procera, La Asunción, Isla de Margarita, 2000, p. 32.

21. Archivo General de Indias, Quito, 28, nº 29, traslado de la sentencia del juez de residencia sobre el gobierno de don Francisco Gutiérrez Flores en la Isla Margarita, 14 de junio de 1596.

22. ANDREWS, K. R.: The last voyage of Drake and Hawkins, Cambridge, 1972. Don Francisco Gutiérrez Flores es mencionado en las páginas 192 y 193.

23. Archivo General de Indias, Quito, 28, nº 29, traslado del acuerdo del cabildo, justicia y regimiento de la ciudad de Santa Marta, 25 de septiembre de 1595. Hemos podido conocer todos estos datos gracias a la probanza que en 1598 solicitó doña María de Herrera mientras don Francisco estaba cautivo en Inglaterra.

24. El licenciado Manso de Contreras informa de sus actuaciones para defender su gobernación y del nombramiento de don Francisco Gutiérrez Flores en una carta recibida en España el 15 de enero de 1596: Archivo General de Indias, Santo Domingo, 81, R. 24, nº 23.

25. Archivo General de Indias, Santa Fe, 49, R. 17, nº 120, carta del gobernador de Santa Marta Francisco Manso de Contreras, recibida el 24 de marzo de 1596.

26. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. R.: Victorias por mar de los españoles, Madrid, 2006, pp. 79-88.

27. Archivo General de Indias, Quito, 28, nº 29, averiguación y probanza hecha a instancias de doña María de Herrera, mujer de don Francisco Gutiérrez Flores, sobre los hechos que protagonizó su marido en Santa Marta (Colombia) al tiempo que la flota de Francis Drake atacó dicha ciudad, Santa Marta, 9 de septiembre de 1598.

28. Uno de los testigos que don Francisco presenta para solicitar la renta en indios vacos, llamado Jerónimo Rico, afirmaba en 1610 que “…viniendo este testigo en la armada de don Bernardino de Avellaneda por soldado toparon los galeones de Inglaterra donde iba captivo el dicho don Francisco Gutiérrez y esto lo sabe este testigo por las señas que le ha dado el dicho don Francisco de lo que pasaron ambas armadas en la batalla…”: Archivo General de Indias, Quito, 28, nº 29, probanza de testigos de Francisco Gutiérrez Flores para que se le conceda una renta en indios vacos, Quito, 13 de febrero de 1610.

29. BERNAL, A. M.: Monarquía e Imperio. Historia de España Crítica-Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 473.

30. Archivo General de Indias, Contratación, 5266, nº 1, expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Francisco Gutiérrez Flores, a Santa Marta con dos criados, 16 de febrero de 1601.

31. Archivo General de Indias, Quito, 28, nº 29, probanza de testigos de Francisco Gutiérrez Flores para que se le conceda una renta en indios vacos, Quito, 13 de febrero de 1610, testimonio del canónigo de la Catedral de San Francisco del Quito don García de Valencia.

32. Archivo General de Indias, Quito, 28, nº 29, probanza de testigos de Francisco Gutiérrez Flores para que se le conceda una renta en indios vacos, sentencia de la Audiencia, Quito, 5 de marzo de 1610.

33.   JURADO NOBOA, F.: Latacunga ante los cuatro últimos siglos de su Historia¸ Quito, 1993, p. 83.

34.  LARA, J. S.: Historia de la Iglesia Católica en el Ecuador, Quito, 2001, p. 631.

35.  FLORES DE LIZAUR, M., Los Flores de Lizaur…, op. cit., pp. 80-81.

36.   JURADO NOBOA, F.: La migración internacional a Quito entre 1534 y 1934, Quito, 1989, volumen 3, p. 87.

Oct 012004
 

Felicísimo García Barriga.

Licenciado en Historia Moderna*

1.- INTRODUCCIÓN

Para T. R. Malthus la mortalidad era uno de los dos reguladores esenciales de la dinámica demográfica[1]; a partir de la realidad contrastada de que mientras la población crece en una progresión geométrica (multiplicándose) los recursos alimentarios lo hacen en una progresión aritmética (sumándose), Malthus dedujo que el crecimiento demográfico no puede ser indefinido, por cuanto debe alcanzar un límite a partir del cual se produce un desequilibrio entre la población existente y los recursos necesarios para su supervivencia; la mortalidad actúa, así, como un freno positivo al crecimiento demográfico, eliminando esa población «sobrante» y restaurando el equilibrio perdido.

A pesar de sus evidentes deficiencias, el modelo maltusiano ha servido desde su creación para poner de manifiesto dos aspectos que constituyen el argumento básico de toda investigación histórica sobre la mortalidad, la mortalidad «general» o «normal, que es la que se produce de manera habitual en el seno de una población, y la mortalidad «catastrófica», es decir, las crisis de mortalidad.. En esta comunicación intentaremos definir los fundamentos de la mortalidad normal, complementando su estudio con el análisis de la mortalidad infantil, que sin duda representa uno de los elementos más importantes del crecimiento de la población y del proceso de transición demográfica. En cuanto al análisis de las crisis de mortalidad, la falta de espacio nos obliga a no incluirla, a pesar de su extraordinaria importancia.

Toda esta labor se centrará en un espacio muy preciso, la zona situada al oeste de la ciudad de Cáceres, y más concretamente los pueblos de Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres, Arroyo de la Luz, Navas del Madroño y Brozas; en cuanto a la ubicación temporal, hemos optado por centrar nuestro estudio en los años comprendidos entre 1800 y 1860, durante los cuales se producen las últimas grandes crisis de mortalidad de la historia extremeña (si exceptuamos la gripe de 1918), y cuyos datos podrán compararse con los de otras zonas extremeñas y españolas en los que parece anunciarse el inicio de la transición demográfica.

2.- TASAS GENERALES Y ESPERANZA DE VIDA.

El análisis de la mortalidad durante el ciclo demográfico antiguo demuestra, según M. W. Flinn, que la inestabilidad a corto plazo era endémica y estaba sometida a fuerzas exógenas, considerando que las principales características del comportamiento de la mortalidad eran unas dramáticas fluctuaciones a corto plazo, baja esperanza de vida, alta mortalidad infantil y una importante incidencia endémica y epidémica de las enfermedades infecciosas, comunes a toda la Europa de Antiguo Régimen[2].

Por tanto, en este primer punto trataremos de identificar y analizar los elementos característicos de la mortalidad ordinaria, es decir, de aquella en la cual no está presente una crisis de sobremortalidad que altere los resultados obtenidos; dichos elementos son la tasa bruta de mortalidad (TBM), la esperanza de vida al nacer y los diversos componentes de la mortalidad infantil.

a) Tasas brutas de mortalidad.

Las muchas investigaciones realizadas en las últimas décadas parecen demostrar que, a largo plazo, la tasa bruta de mortalidad correspondiente a poblaciones insertas en el ciclo demográfico antiguo estuvo la mayoría de las ocasiones muy poco por debajo de la tasa bruta de natalidad, de lo que se deriva un crecimiento natural ciertamente escaso. Ocasionalmente, y sobre todo en una escala local, esta pequeña ventaja de la natalidad podía quedar anulada recortándose más aún la distancia entre las dos tasas o invirtiendo incluso sus posiciones.

Las dificultades que el cálculo de la tasa bruta de mortalidad implica para las poblaciones de la Edad Moderna prácticamente desaparecen en el siglo XIX, gracias sobre todo a la mejora notable de la calidad de los registros de los difuntos (que ya son mucho más que los antiguos libros de colecturía), tanto en la desaparición del subregistro de párvulos como con la inserción de datos cualitativos tan interesantes como la edad de defunción o la causa de ésta. Al mismo tiempo, el perfeccionamiento de los métodos de recuento y censo de la población hacen que los diversos censos existentes para esta centuria sean bastante más fiables, salvo excepciones, que los realizados en los siglos precedentes.

La siguiente tabla expresa las tasas brutas de mortalidad obtenidas mediante estos cálculos, junto con otras conseguidas en otros espacios regionales y peninsulares.

Tabla I: Tasas brutas de mortalidad. Siglo XIX (en tantos por mil)

AÑO Casar Arroyo Malpartida Navas Brozas Extremadura Cantabria España
1791 39,44 42,34 33,42 43,8 41,19 40,00 31,00 38,00
1813 44,38 38,13 32,42 59,02 39,83
1818 43,50 44,10 33,21 45,04 40,00 21,00
1829 50,04 47,34 36,27 48,66 42,50 36,00
1857 50,11 37,66 43,31 43,43
1860 55,21 50,18 41,05 47,14 46,13 38,00 26,00 27,00

Media móvil de 25 años centrada en el año del recuento, excepto 1857 y 1860 (media anual de los 25 años anteriores). Fuente: censos, registros parroquiales y elaboración propia. LANZA GARCÍA, R: La población y el crecimiento económico de Cantabria en el Antiguo Régimen, Madrid, 1991, p. 127. PÉREZ MOREDA, V.: Las crisis de mortalidad en la España interior. Siglos XVI-XIX. Madrid, 1980., p. 134; BLANCO CARRASCO, J. P. :Demografía, familia y sociedad en la Extremadura Moderna: 1500-1860. Cáceres, 1999.

Numerosas investigaciones han confirmado que las tasas brutas de mortalidad oscilaban en las poblaciones previas a la transición demográfica entre el 35 y el 45‰, con escasos cambios a corto y medio plazo. En el caso español, estos valores parecen ser comunes a todo el territorio hasta, aproximadamente, la segunda mitad del siglo XVIII, cuando el descenso que se observa en ciertas zonas conforma dos modelos: uno de «baja presión», característico de los territorios valencianos, catalanes y vascos[3], y otro de «alta presión», predominante en tierras del interior y Galicia[4]. Extremadura se situaría en este segundo grupo, con tasas en torno al 35‰ entre 1600 y 1700 y un descenso leve entre mediados del siglo XVIII y mediados del  siglo XIX[5].

Sin embargo, y como vemos en la tabla precedente, las tasas de los cinco pueblos analizados se sitúan siempre por encima de las medias regionales y nacionales, lo que determina una mayor precariedad y exigüidad del crecimiento demográfico, salvo coyunturas ciertamente excepcionales; el único dato discordante es el de Malpartida de Cáceres, que muestra tasas de mortalidad más propias de otros territorios, lo que se manifiesta, además, en altísimos crecimientos vegetativos (de más del 1% anual).

Estos datos, por tanto, caracterizan a la tasa bruta de mortalidad de los pueblos del oeste cacereño por sus fuertes oscilaciones entre períodos, que determinan, junto a la evolución de la natalidad, bien momentos de importante crecimiento vegetativo bien etapas de escaso avance o incluso de retroceso. En el primer caso nos encontramos, por un lado, con el período comprendido entre el final de la guerra de Independencia y el comienzo de una secuencia crítica a partir de 1830, y por otro, con un período un poco más prolongado pero de menor crecimiento, ubicado entre 1833 y 1855; en el extremo opuesto están varios momentos: la primera década del siglo, que supone para las poblaciones analizadas una crisis de intensidad comparable a los peores momentos del siglo XVII, gracias a una conjunción de problemas de subsistencias y de enfermedades epidémicas; la década de 1830, en la que 1831 y 1833-34 se erigen como años de crecimiento vegetativo negativo por las epidemias de sarampión, viruela y cólera que se viven en ellos; y por último el quinquenio 1855-1858, en el que de nuevo el cólera aparece como factor determinante del aumento de la mortalidad catastrófica.

Por supuesto, la evolución de esta variable en los diversos pueblos muestra variaciones, en algunos casos significativas. Así, los pueblos más pequeños, como el caso ya mencionado de Malpartida o Navas del Madroño, muestran crecimientos mayores y más prolongados en el tiempo, lo que parece indicar una dinámica demográfica y económica más saludable, que permite la rápida recuperación tras los momentos críticos. En el otro lado de la balanza nos encontramos a las grandes villas, sobre todo a Brozas y Casar, que muestran claros síntomas de agotamiento, relacionado posiblemente con una estructura de la propiedad muy desigual que está mostrando sus limitaciones para sostener a grandes contingentes de población y, consiguientemente, elevados porcentajes de crecimiento natural durante períodos prolongados de tiempo.

b) Estimaciones de la esperanza de vida al nacer.

La tasa bruta de mortalidad puede variar dependiendo de la distribución de la población por edades. Por ello, un indicador más preciso de esa mortalidad general es el de la esperanza de vida al nacer, que se puede definir como el número medio de años de vida de una persona tomada en el nacimiento[6].

La mayoría de los demógrafos e historiadores están de acuerdo en que durante la etapa preindustrial la esperanza de vida al nacer no cambió sustancialmente, y se situó casi siempre entre los 25 y los 35 años, como límites más probables[7]. La elaboración de este índice es, sin embargo, bastante dificultosa para épocas lejanas en las que los registros de defunciones no solían recoger la edad de la muerte, tanto de niños como de adultos. En nuestro caso, la omisión del registro de dichas edades al fallecimiento durante parte del período estudiado ha limitado la elaboración de este índice a partir de la década de 1830, optando por el empleo de tablas de mortalidad completas[8], que nos han permitido obtener los siguientes resultados.

Tabla II: esperanza de vida al nacer, 1ª mitad siglo XIX

Pueblos e0*
Casar 22,34
Arroyo 29,36
Malpartida 18,43
Navas 29,8
Brozas 26,5

Fuente: registros parroquiales y elaboración propia.

Los valores de  e0 obtenidos son similares a las cifras alcanzadas en otras localidades extremeñas por las mismas fechas[9]. Por supuesto, las oscilaciones eran inevitables; es significativo de nuevo el caso de Malpartida de Cáceres, que en esta ocasión se debe a que la tabla de mortalidad sólo se ha podido elaborar con datos comprendidos entre 1854 y 1860, caracterizados por una fuerte crisis de mortalidad que altera los datos de manera sustancial. El resto de las esperanzas de vida obtenidas confirman, en todo caso, la inexistencia de un modelo claro para toda España[10] ni, por supuesto, para Extremadura; por el contrario, parece que las diferencias entre las distintas localidades fue la tónica predominante, aunque siempre quedando insertas dentro del ya referido modelo de alta presión demográfica predominante en algunas zonas de la Europa anterior a la Revolución Industrial[11].

3.- LA MORTALIDAD INFANTIL.

Una gran cantidad de investigaciones aparecidas en los últimos años no ha hecho más que reafirmar la importancia cuantitativa y cualitativa de la mortalidad infantil en el pasado. Su predominio dentro del total de difuntos convirtió a esta variable en un factor clave para el crecimiento o el descenso de la población. Como afirma Pérez Moreda, una reducción de la mortalidad infantil y juvenil de sólo el 20% podía conseguir la duplicación del crecimiento vegetativo[12].

Los ya comentados problemas que el estudio de la mortalidad infantil comporta, por la omisión en el registro de la edad exacta en el momento de la muerte, impiden un análisis exacto de esta variable hasta bien entrado el siglo XIX. Ello hace que hasta esa fecha sólo podamos hacer referencia a la mortalidad de párvulos, es decir, el grupo de edad comprendido entre los 0 y los 7 años, con lo que estamos integrando dentro del cálculo de este indicador diferentes edades que muestran grandes diferencias en su comportamiento con respecto a la muerte, con los peligros que ello conlleva.

La importancia de la mortalidad de párvulos queda puesta de manifiesto al comprobar que en todos los pueblos analizados los párvulos superaban sobradamente el 55% del total de fallecidos considerado como promedio tanto en Extremadura como en el resto del interior peninsular[13]. En algunas décadas se alcanzan incluso porcentajes superiores al 70%, como sucede en Navas en los períodos 1821-1830 y 1831-1840, mostrando además la tendencia al alza que otros autores habían identificado anteriormente, y estando muy por encima de los valores alcanzados en otros territorios peninsulares incluso en épocas anteriores[14].

Todavía es más expresivo el cálculo de la mortalidad infantil (1q0), tramo de edad que padecía una mortalidad muy alta, posiblemente de un cuarto o un tercio, en las poblaciones pretransicionales sometidas a una alta presión demográfica, aunque se ha demostrado que el tramo inmediatamente posterior (4q1), padece una mortandad aún mayor[15]. Al igual que el cálculo de la esperanza de vida al nacer, hemos empleado las tablas de mortalidad completas de las que hablamos en dicho apartado.

Tabla III: tasas de mortalidad infantil y juvenil. Siglo XIX.

Zona Período 1q(‰) 4q1 (‰)
Brozas 1838-1860 275,17 374,51
Navas 1843-1860 278,65 371,69
Malpartida 1854-1860 386,39 417,14
Arroyo 1834-1860 280,88 325,96
Casar 1838-1860 376,78 370,02
Extremadura XIX (1ª mitad) 326 352
Levante y Cataluña XIX (1ª mitad) 161 187
Villacastín (Segovia) 1830-1839 254 333
Cuenca 1842-1862 228 233

Fuente: REHER, D. S., Town and country, op. cit., p. 111; PÉREZ MOREDA, V., op. cit., p. 155; BLANCO CARRASCO, J. P., op. cit., p. 160; libros parroquiales y elaboración propia.

En todos los casos, salvo en el de Casar de Cáceres, la mortalidad de los grupos de edad de 1 a 4 años es superior a la mortalidad infantil propiamente dicha; en cuanto a ésta, salvo en Casar y Malpartida (en este caso por las razones expuestas anteriormente) los valores son inferiores a los de una muestra regional para el mismo período de tiempo, compensando de sobra el efecto negativo de las tasas de 1 a 4 años y posibilitando esperanzas de vida similares a las regionales, como hemos visto más arriba. En todo caso, estas elevadas tasas de mortalidad infantil inscriben a la población analizada dentro del modelo general predominante en la Europa meridional hasta las postrimerías del siglo XIX, caracterizado por una alta mortalidad infantil y juvenil; en España, esta tendencia es clara en el interior y sur peninsular, mientras que las zonas cantábrica y levantina, más desarrolladas económicamente y en un indudable proceso de crecimiento demográfico, muestran unas relativamente bajas tasas de  mortalidad infantil. Además, el hecho de que la mortalidad en el grupo de 1 a 4 años sea más elevada que en el grupo de 0 a 1 indica que las probabilidades de supervivencia más allá de la infancia eran bastante más bajas de lo que podría suponerse habiéndose utilizado solamente la tasa 1q0. En los pueblos objetos de nuestra muestra alcanzaban el primer cumpleaños el 70% de los niños, el quinto apenas el 45%, el 42% el décimo y el 40% el decimoquinto, porcentajes parecidos a las de otras localidades del interior peninsular[16].

Para profundizar en este análisis, puede resultar interesante analizar los componentes de la mortalidad infantil; para ello, es necesario recoger las defunciones de los niños menores de un año en las que se anote la edad, en días o en meses, en que se produce cada muerte. En estos aspectos, hemos utilizado la clasificación ideada por Bourgeois-Pichat, basada en la conceptualización de una mortalidad endógena, que se produce en los primeros días de vida (concretamente, en la primera semana) y que es debida a accidentes del parto, condiciones obstétricas generales o, simplemente, a malformaciones o debilidad congénita del recién nacido. La mortalidad acaecida durante el resto del primer año de vida es la mortalidad exógena, en el seno de la cual las defunciones infantiles están ligadas a factores exteriores relacionados con el medio social, económico y sanitario, tanto por infecciones como por falta de cuidados higiénicos y alimenticios[17].

Tabla IV: distribución interna de la mortalidad infantil (0q1) por mil nacidos

Lugar Período Endógena Exógena Total
Casar 1838-1860 17,09 359,69 376,78
Navas 1843-1860 20,55 258,11 278,65
Malpartida 1854-1860 29,45 356,94 386,39
Arroyo 1834-1860 27,2 253,68 280,88
BROZAS 1838-1860 46,24 228,93 275,17
Hervás 1801-1810 130 152 282
Hurdes 1838-1860 71 220 291
Otero de Herreros (Segovia) 1780-1816 153 164 317
Villacastín (Segovia) 1820-1850 66 208 274

Fuente: BLANCO CARRASCO, J. P.: Estructura demográfica y social de una leyenda extremeña. Las Hurdes en el Antiguo Régimen, Cáceres, 1994; PÉREZ MOREDA, V., op. cit., p. 150; Libros de Difuntos de Brozas y elaboración propia.

En un plano nacional, Pérez Moreda insistió en la importancia cualitativa y cuantitativa de la mortalidad endógena, que oscilaría entre la quinta y la tercera parte de los fallecimientos totales ocurridos en este lapso de tiempo en condiciones demográficas de Antiguo Régimen. Si hacemos caso a lo expresado por J. Leguina, la responsabilidad de las malas condiciones higiénico-sanitarias en las elevadas tasas de mortalidad infantil de los pueblos objeto de nuestro estudio parece fuera de toda duda, ya que ni siquiera en Brozas, la villa con mayor mortalidad endógena, se alcanzan los porcentajes anteriormente mencionados aunque, desde luego, no podemos descartar en modo alguno la posibilidad de un subregistro de los niños fallecidos en su primera semana de vida que desvirtúe los datos obtenidos. Si utilizamos la mortalidad neonatal, es decir, la acaecida en el primer mes de vida, los resultados son muy similares: en Brozas se eleva al 76‰, mientras que la tasa más baja corresponde a Navas con sólo un 52‰, de nuevo muy inferiores a otros resultados obtenidos para el interior peninsular[18]; parece fuera de toda duda la pervivencia hasta finales del siglo XIX de condiciones sanitarias, médicas e higiénicas muy negativas para la infancia y, como consecuencia de ello, para la población extremeña analizada en este trabajo.

4.- LAS CAUSAS Y LOS TIEMPOS DE LA MUERTE.

a)Morbilidad ordinaria y causas de mortalidad: en el ciclo demográfico antiguo, el papel de la mortalidad se ha planteado frecuentemente a través del equilibrio entre la población y los recursos disponibles para su mantenimiento, un vínculo, pues, puramente económico, que asume que las posibilidades de supervivencia dependían de que las necesidades mínimas de subsistencia fueran cubiertas[19].

A pesar de la aparente claridad de este modelo explicativo, las relaciones entre la mortalidad y la economía poseen un grado de complejidad que supera la mera dependencia respecto al grado de alimentación y nutrición[20]: si la malnutrición hace aumentar considerablemente el riesgo de infección y con ello la mortalidad, desconocemos el punto de inflexión que separa una alimentación suficiente de la malnutrición; por otro lado, tampoco existe acuerdo en cuanto a la relación existente entre la aparición, duración y efectos nocivos de las enfermedades y los niveles de nutrición.

Una nueva duda que se despierta sobre la relación directa entre mortalidad y nivel económico es el hecho de que las costumbres y hábitos alimenticios, el clima y los medios utilizados para adaptarse a las condiciones del medio ambiente, los cambios de densidad y movilidad de la población y las relaciones que se establecen entre los agentes patógenos y sus huéspedes al margen de la acción del hombre, todos ellos no estrictamente económicos, poseen notable influjo sobre los niveles de nutrición y el poder profiláctico que alarga la distancia entre los agentes transmisores y los hombres, y que por lo tanto pueden hacer desaparecer o disminuir considerablemente los efectos de una enfermedad.

En otros casos, la enfermedad se desarrollaría sin tener en cuenta no sólo las condiciones económicas generales, sino también la capacidad de resistencia de la población susceptible de ser afectada. Su presencia y eliminación pueden no depender de acciones administrativas ni técnicas, sino de cambios en la virulencia del organismo responsable del contagio, de la inmunidad adquirida y del nivel de higiene y predisposición al contagio.

El estudio de las causas de muerte en el pasado se puede realizar a través de las expresiones diagnósticas que se recogen en las actas de defunción, en nuestro caso en las partidas de defunción anotadas por los párrocos en los libros de difuntos. De ello se derivará un problema de enorme gravedad para abordar este análisis de manera científica y rigurosa, y es que hasta las postrimerías del siglo XIX, la anotación de esas causas de muerte se caracteriza por la  imprecisión, la confusión y, en bastantes ocasiones, el error manifiesto por parte del anotador, que en la inmensa mayoría de las ocasiones desconoce la terminología médica adecuada. Así, a medida que retrocedemos en el tiempo, se hace más frecuente la presencia de unas cuantas enfermedades, de carácter además muy difuso, como «calenturas» o  «dolor», que resultan de muy difícil clasificación hace pensar en la poca fiabilidad de las fuentes anteriores a la segunda mitad del siglo XIX. Aun así, su clasificación por grandes grupos nos va a permitir establecer un panorama bastante esclarecedor de las condiciones de la morbilidad en las localidades objeto de nuestro análisis, ciertamente con variaciones temporales de un pueblo a otro.

La morbilidad ordinaria suele enmarcarse en el seno de tres factores fundamentales, relacionados con el desarrollo de las enfermedades infecciosas: medio ambiente, alimentación e inmunidad; en nuestro caso, y dada la escasez y dificultad de las fuentes relacionadas con el segundo aspecto mencionado, hemos optado por centrarnos en medio ambiente e inmunidad, utilizando para ello la información que nos proporcionan los archivos municipales. Lamentablemente, para realizar este trabajo sólo hemos podido disponer de la documentación municipal de los archivos de Brozas y Arroyo de la Luz

Las condiciones ambientales, y especialmente el clima, resultaban una condición central en la teoría médica para explicar la influencia y letalidad de las enfermedades, y será una constante en las convicciones científicas sobre las enfermedades durante casi todo el Antiguo Régimen. Incluso después del fin de la teoría de los miasmas entre los investigadores, la creencia popular seguía uniendo clima, medio ambiente y enfermedad.

En el caso de Brozas, existen diversas valoraciones de la situación de la villa y de su influjo en las enfermedades que afectaban a sus habitantes. Pascual Madoz en su diccionario nos dice: «Situada en la cúspide de un cerro de 100 varas de elevación; sin otras alturas que la dominen; bien ventiladas; de clima templado y sano, y sus enfermedades comunes son las intermitentes«[21].

La alusión a los vientos reinantes, el calor y la humedad como componentes de la incidencia de la enfermedad entre una población es una constante en todas las referencias conservadas. La teoría al respecto estaba perfectamente establecida desde la antigüedad; así, en su Tratado de la conservación de la salud de los pueblos y consideraciones sobre los terremotos, Benito Bails señalaba, siguiendo a Aristóteles, que «…el sitio más adecuado será el que estuviere expuesto al oriente, donde haya aguas vivas y corrientes, al cual se pueda llegar por muchas partes a un tiempo, a fin de que puedan entrar embarcaciones y carruajes, así en verano como en invierno; que no sea ni húmedo por extremo ni árido como las peñas; que lo ventilen antes los vientos fríos, quales son los de levante y norte, que no los de sur y poniente, que suelen ser húmedos y calientes«[22].

En este sentido es muy interesante esta información realizada, también en Brozas, para explicar las «razones» climáticas de la epidemia de cólera de 1855, finalizada recientemente:

«Los vientos que reinaron durante la epidemia fueron el Sur con más permanencia y algunos días el Norte y el Nordeste. Dichos vientos produjeron frecuentes lluvias y otras veces nubarrones o simples oclages (sic). Por lo general el viento del Sur traía ventiscón y lluvia, aumentándose con este accidente la epidemia, y disminuyendo luego que el viento soplaba del Norte o del Nordeste, cesando generalmente con estos vientos las precitadas lluvias»[23].

Asimismo, la existencia de charcas muy cercanas a los núcleos urbanos, algo presente en todos los pueblos que estamos analizando, preocupaba especialmente a los vecinos; las condiciones climáticas que soporta Extremadura durante buena parte del año, junto con la necesidad de mantener lagunas en las dehesas y ejidos vecinos como abrevadero del ganado, facilitaban la presencia de fiebres palúdicas en la mayoría de la región, convirtiéndose con ello en uno de los componentes principales de la morbilidad. Aun cuando se conocían los efectos perniciosos que la presencia de aguas estancadas tenía sobre la salud de una población, la teoría miasmática vigente hasta el siglo XIX era errónea; como ejemplo significativo destaca el informe elaborado en 1801, coincidiendo con una mortandad veraniega de tencas en la charca, por el médico titular de Brozas, d. Judas Navarro, acerca de los peligros derivados de la laguna, en el que se decía:

«Los miasmas que producen la calentura, son las que por la acción del calor se levantan de los pantanos, lagunas o charcas, o de territorios húmedos. en estos últimos tiempos e ha hecho un gran número de observaciones sobre esta materia, de modo que no se puede dudar que estos miasmas son generalmente la causa de las calenturas, especialmente de las intermitentes y remitentes… La conformidad del clima, de la estación y del suelo en las diferentes comarcas donde reinan las calenturas intermitentes y la semejanza de estas enfermedades, aunque engendradas en regiones diferentes, concurren a probar que dimanan de una causa común, que es el miasma de los pantanos, lagunas o charcas. Las sustancias vegetales de las lagunas se pudren, cuando por falta de renovación de agua y calores continuadas se ha reducido el agua a mui poca cantidad; perecen los peces porque el agua adquiere impureza y qualidad contraria. Puesta en este estado el agua, vegetales y los peces muertos, pueden formar el miasma, que comunicado a la atmósfera produzca una epidemia»[24].

Una vez vistas las condiciones medioambientales que podían determinar la morbilidad y mortalidad, intentaremos, sobre la base de las informaciones proporcionadas por los párrocos de nuestros pueblos desde principios del siglo XIX, establecer  las principales causas de muerte de sus habitantes. Para ello, hemos optado por usar la clasificación que T. McKeown elaboró hace unos años atendiendo a la naturaleza causal de las enfermedades; se diferencian así entre las causas infecciosas y no infecciosas, y divide las primeras según la  naturaleza de la transmisión entre las que lo son por el aire, agua y alimentos o por microorganismos. La virtud de esta clasificación reside en introducir una agrupación de las enfermedades que tiene mucho que ver con las condiciones socioeconómicas, higiénico-sanitarias y alimentarias de los colectivos analizados, consiguiendo además reducir a porcentajes muy bajos los casos sin identificar. Para elaborar esta clasificación hemos utilizado la modificación del trabajo de McKeown presentada recientemente por un equipo dirigido por J. Bernabeu Mestre[25]; además, para identificar las causas de muerte propuestas por dicho equipo investigador con las expresiones diagnósticas reflejadas en las anotaciones parroquiales, hemos empleado el clásico manual de diagnóstico de Gregorio Marañón[26].

Los resultados obtenidos están expresados cronológica y espacialmente en la siguiente tabla:

Tabla V: Causa de muerte por grupos generales, 1800-1860

CAUSAS DE MUERTE CASAR ARROYO MALPARTIDA NAVAS BROZAS
1805
-1821
1829
-1861*
1801
-1809
1855
-1858
1851
-1860
1841
-1860
infecciosas 64,7 44,3 50,4 60,3 68,0 50,7
transmitidas por agua y alimentos 2,0 9,8 4,7 25,0 24,6 9,0
transmitidas por aire 12,5 16,2 14,6 9,0 19,6 12,1
transmitidas por vectores 9,5 8,4 4,7 1,8 4,3 1,1
otras infecciosas 40,7 9,9 26,4 24,5 19,5 28,5
no infecciosas 32,3 52,6 46,5 38,5 31,5 47,6
carenciales 0,1 0,2 0,4 2,3 0,3 3,0
metabólicas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
endocrinas e intoxicaciones 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,05
procesos cerebro-vasculares 0,1 0,2 0,3 0,5 0,0 0,4
sistema nervioso 8,1 18,0 3,7 13,0 4,0 3,3
sistema circulatorio 5,4 14,4 12,3 5,5 6,6 18,1
aparato respiratorio 2,7 5,2 3,0 0,8 1,8 9,0
aparato digestivo 3,5 3,9 7,7 2,7 15,5 6,6
sistema genitourinario 0,7 0,6 0,3 0,0 0,0 0,2
piel, tejidos y locomotor 0,1 0,0 0,2 0,3 0,1 0,0
parto, posparto y embarazo 1,2 3,3 1,8 1,0 0,9 1,3
vicios de conformación 6,6 0,8 5,7 7,7 0,8 3,7
cáncer y tumores 1,4 1,8 4,7 1,3 0,9 0,5
por causas exteriores 1,4 4,2 0,4 0,7 0,4 0,5
vejez 1,0 0,0 5,7 2,4 0,2 0,8
mal definidas 3,0 3,1 3,1 1,2 0,5 1,7

Fuente: Libros de Difuntos de Casar, Arroyo, Malpartida, Navas y Brozas, y elaboración propia.
*Datos referidos exclusivamente a mortalidad de adultos.

En la zona de Extremadura analizada, al igual que en el resto de la región, de España y de Europa hasta bien entrado el siglo XX, las enfermedades infecto-contagiosas, tanto endémicas como epidémicas, fueron las principales responsables de la morbilidad y la mortalidad[27]. Sólo en el Casar entre 1829 y 1860 aparece el grupo de enfermedades no infecciosas como predominante, y ello debido a la ausencia de datos sobre la mortalidad de párvulos. Dentro de este grupo, distinguimos entre las enfermedades a partir de la vía de transmisión; así, predominan las transmitidas por agua y alimentos, siendo las diarreas, colitis y enterocolitis las causas de muerte más habituales, sobre todo entre los niños; por tanto, enfermedades que hoy en día no pasan de ser molestias fácilmente curables, en el siglo XIX se convertían en letales debido a la deshidratación y a la escasa salubridad del agua y los alimentos consumidos.  La importancia de este grupo se acrecienta por la inclusión en él del cólera, que tuvo especial incidencia en la época y pueblos analizados.

Gráfico I: subtipos de enfermedades infecciosas, 1800-1860

img1Fuente: Libros de difuntos y elaboración propia.

En cuanto a las transmitidas por el aire, destacan dos grandes grupos: por un lado, las enfermedades propias de la infancia, como anginas, paperas, escarlatina, difteria (llamada en la documentación «garrotillo») y, sobre todo, la viruela y el sarampión, enfermedades ambas que en determinados años pasaban de ser endémicas a convertirse en auténticas epidemias que diezmaban la población infantil[28]. El otro gran grupo es el de las bronquitis, neumonías, bronconeumonías y tuberculosis, de mayor incidencia entre la población adulta. Con respecto a las transmitidas por vectores (es decir, por un organismo vivo animal o microbiano), ocupa un papel dominante el tifus, anotado bajo esta denominación, como «tabardillo» o como » fiebres intermitentes»; ello se debe a que el vector de transmisión de esta enfermedad es el piojo, por lo que en una época en la que las condiciones higiénicas eran muy precarias, la proliferación de este parásito era algo habitual, mostrando además repuntes en épocas de mayor miseria y escasez. Por último, el resto de enfermedades infecciosas agrupa a una larga serie de fiebres y calenturas que se resisten a una clasificación precisa y al resto de enfermedades relacionadas con el aparato digestivo, respiratorio o nerviosos, destacando entre ellas los casos de muerte por fenómenos relacionados con la dentición; al coincidir generalmente el abandono de la lactancia con la aparición de los dientes en el niño, las enfermedades infecciosas o directamente relacionadas con procesos gastroenteríticos ocupan un lugar determinante[29]. Así, de un total de 2150 muertes por esas otras enfermedades infecciosas, 477, el 22,18%, lo son por dentición.

Con respecto a las enfermedades no infecciosas, abarcan un amplio espectro de fenómenos. Encontramos, por un lado, las enfermedades cardiovasculares; las apoplejías e hidropesías son las anotaciones más frecuentes, correspondientes casi con toda seguridad a ataques cerebrales (hemorragias, embolias, trombosis), en el primer caso, y a insuficiencias cardiacas, que provocan la retención de líquidos o hidropesía, en el segundo. Tienen también gran peso las enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio, destacando sobre todo el «dolor de costado», relacionado con insuficiencias respiratorias de muy variadas causas; en cuanto a las enfermedades del aparato digestivo, destacan las hernias, gastritis y úlceras de estómago. Aparecen también con frecuencia las causas de muerte relacionadas con el sistema nervioso, mencionadas como «epilepsia» o «histeria», y que se corresponden casi siempre con episodios de convulsiones relacionados con otras patologías que no conocemos, pero que sin duda no tienen nada que ver con el significado actual de dichas denominaciones. Para finalizar con este análisis, haremos referencia a las patologías relacionadas con el parto y los primeros días de vida; en el primer caso, bajo la denominación de «sobreparto» deben contenerse  las hemorragias del alumbramiento y posparto y a las fiebres puerperales, con un total de 190 muertes. En cuanto al segundo grupo, el de las causas calificadas como vicios de conformación, reúne una gran variedad de anotaciones como «por no ser de tiempo», «por no poder mamar» o «por nacer antes de tiempo», que, con un total de 429 defunciones (casi un 5% del total de fallecimientos anotados), están indicando la tremenda pobreza que afectaba a muchas familias y que se manifestaba en último extremo en la escasez de alimentos tanto del niño como, esencialmente, de la madre, con lo cual se reducían las posibilidades de supervivencia del recién nacido[30].

b)Los tiempos de la muerte y el «ciclo vital anual»: el interés que puede tener el análisis de la distribución mensual de las defunciones se deriva de su importancia para comprobar un posible comportamiento diferencial de los años críticos con respecto a los de mortalidad «normal». Dado que en esta comunicación no podremos dedicarnos a la mortalidad crítica, nos limitaremos a elaborar un pequeño panorama de esta variable en el tiempo y espacio elegidos para ello.

En primer lugar, debemos diferenciar claramente entre la mortalidad adulta y la de párvulos, y ello como consecuencia de las diferencias en la casuística de los fallecimientos que hemos visto en el apartado anterior. En el caso de la mortalidad adulta, la tendencia general de todo el período estudiado es un máximo  estival y, sobre todo, otoñal, resultado que cabría esperar en poblaciones del sur de Europa como son las de nuestro campo de trabajo; así, en Casar diciembre registra el máximo de defunciones con el 11,36%, mientras que en Brozas, Navas y Malpartida es octubre con el 9,6, el 12,9 y el 10,5%, respectivamente, y en Arroyo septiembre con el 10,7. Los mínimos se registran en febrero y marzo, mientras que los meses de julio y agosto pueden ser considerados como períodos de transición entre los porcentajes relativamente bajos de primavera y principios de verano y la elevación del otoño; en invierno es observable un máximo secundario en enero o febrero, según los pueblos[31].

Gráfico II: distribución mensual de defunciones de párvulos, 1800-1860

img2Fuente: libros de difuntos y elaboración propia.

La mortalidad infantil o, en nuestro caso, de párvulos, sigue un comportamiento similar, aunque más agudizado, mostrando además una importante punta en julio. El gráfico muestra una clara división del año en dos partes perfectamente diferenciadas: entre enero y mayo, los porcentajes oscilan entre el 5,5 y el 7,5%, en todos los casos inferiores a los porcentajes de la mortalidad adulta en esas mismas fechas; a partir de junio se produce una rápida elevación de esos porcentajes hasta alcanzar, en todos los pueblos analizados salvo en Brozas, el máximo en los meses de julio y agosto. En septiembre se produce un descenso que, también de forma general, se interrumpe en octubre, donde se produce un máximo secundario, que en Brozas es absoluto. Esta distribución hace que entre los meses de junio y octubre se concentren casi el 60% de las defunciones de niños menores de 7 años. Por tanto, la amplitud de la fluctuación anual de la mortalidad infantil y juvenil es notablemente mayor que la que se registra entre la mortalidad de las edades adultas.

Para explicar esta estacionalidad de la muerte podemos encontrar dos razones fundamentales. En períodos normales, tanto para la mortalidad adulta como para la de párvulos, el exceso de defunciones estivales y otoñales se explica por la gran incidencia en el pasado de las enfermedades del aparato digestivo en la época de más calor y también en los meses transicionales entre unas estaciones y otras, sobre todo entre el verano y el otoño[32]. De hecho, si consideramos la mortalidad general, dichas estaciones concentran más del 50% del total de defunciones. A esta explicación debemos añadir otra más, ya que en la evolución mensual de lo que llamamos mortalidad general o habitual influye decisivamente algunos momentos de elevada mortalidad catastrófica que, sobre todo en el caso de ciertas crisis epidémicas, tenían una fuerte estacionalidad estival y otoñal.

c) La lucha contra la muerte: prevención y sanidad públicas: el último aspecto que trataremos en este breve trabajo será el de la prevención y de los métodos empleados para poner coto a la enfermedad en el Antiguo Régimen desde los gobiernos municipales. Si bien es cierto que los sistemas de aislamiento comunitarios e individuales eran conocidos en la mayoría de Europa en el siglo XVI, no existió una verdadera política sanitaria estatal hasta finales de la primera mitad del siglo XIX. En el caso extremeño, la creación de Juntas de Sanidad es relativamente tardía, aunque en algunos núcleos como Coria o Brozas, su existencia se remonta a finales del siglo XVIII y principios del XIX[33]. Su constitución, realizada generalmente cuando llegaba a la localidad la noticia de un brote epidémico, tenía como finalidad la toma de medidas para evitar el contagio. La primera Junta de Sanidad aparece así en Brozas en 1763 cuando la aparición entre el ejército estacionado en la villa para la guerra contra Portugal de enfermedades infecciosas y una epidemia de tabardillo (tifus) recomienda la constitución de una Junta de Sanidad para evitar la extensión de dicha epidemia entre los habitantes del pueblo.

El medio de control más eficaz para controlar la extensión de las enfermedades infecciosas, las más extendidas y la principal causa de muerte de los extremeños del Antiguo Régimen, era el aislamiento. Para evitar el contagio, los concejos imponían duros controles de seguridad en torno a los núcleos de población que consistían sobre todo en la prohibición de entrada para los viajeros procedentes de núcleos afectados y de salida de las poblaciones sin un permiso expreso. Así, La Junta de Sanidad constituida en Brozas en 1800 obedeciendo las órdenes reales para evitar la llegada de la fiebre amarilla desde Andalucía, prohibía la entrada en el pueblo «…a ninguna persona que venga de Cádiz, Sevilla y demás pueblos de la Andalucía en que se haia propagado el contajio «, y obligaba a todos los forasteros a presentar un pasaporte donde constase  «…el pueblo de donde viene y dónde ha permanecido desde los primeros días del mes de agosto próximo«[34]. Parecidas medidas se toman en 1803 ante la noticia del estallido de una epidemia en Málaga[35], y en 1819, ante la llegada de noticias referentes a un brote de fiebre amarilla en San Fernando (Cádiz), se acordó que «…se cierren las entradas y salidas de la población, quedando solamente las precisas e indispensables para la comunicación«[36].  En Arroyo de la Luz, y ya en una fecha tan tardía como 1854, la amenaza de la llegada del cólera obligaba al ayuntamiento a establecer guardas en las entradas de la población para impedir el paso a personas sin el obligatorio pasaporte y a suspender la feria que había de celebrarse a mediados de septiembre «…no pudiendo ser muy combeniente la gran concurrencia de gentes que vienen a ella…«[37].

Los aspectos higiénicos, aun cuando aparecen entre las medidas ordenadas, no tienen un objetivo preventivo, sino que se promueven cuando el foco epidémico está ya localizado, posiblemente por falta de medios para aplicar esas directrices en períodos de «calma» epidémica. No obstante, los concejos emitían diversas órdenes relativas a la higiene pública, generalmente coincidentes con los meses veraniegos; en Brozas, un acuerdo del concejo en agosto de 1812 ordena que se limpien los estercoleros que se hallen dentro de la villa y se establezcan sitios «…adonde los vecinos echen dichos estiércoles y vasuras y no buelvan a hacer muladares dentro de esta villa«[38]. Igualmente, la Junta de Sanidad de Arroyo ordenaba en 1832 retirar todas las esterqueras inmediatas a la población, ampliando las medidas a la limpieza de las calles tres veces al día, la conservación de los pozos y fuentes públicas, la prohibición a los cerdos de andar por las calles y el encalado obligatorio de las casas[39]. Por último, la llegada de noticias sobre la epidemia de cólera en 1855 obligó a la Junta de Sanidad de Brozas a emitir varias disposiciones, que además de las anteriormente citadas se extendían a recomendaciones como «…el aseo interior de las casas, su ventilación oportuna, y que no se aglomerasen muchas personas a dormir en un mismo aposento«[40].

Dentro de estas medidas de protección tenía importancia fundamental el enterramiento de los cadáveres. Desde la Edad Media se practicaba la inhumación de los cadáveres en los recintos sagrados, con los problemas higiénicos que se derivaban, agudizados además por el crecimiento de la población a partir del siglo XVIII y, consecuentemente, del número de muertos. Así, a pesar de que existían pequeños cementerios en torno a las iglesias, las creencias religiosas redujeron su función a la de albergar a aquellos difuntos que no se podían costear una tumba en la iglesia.

El problema pronto se hizo patente entre las autoridades que, imbuidas del espíritu ilustrado, consiguieron la promulgación de la Real Cédula de 3 de abril de 1787 en la que se ordenaba la construcción de nuevos cementerios fuera de los pueblos[41]. El incumplimiento será, sin embargo, la nota habitual con respecto a estas órdenes, que tendrán que ser recordadas en 1804, esta vez con aceptación debido a la crisis de mortalidad que estaba empezando a manifestarse ese año. Así, en Arroyo de la Luz se creaba el cementerio en el antiguo castillo de los condes de Benavente, ya en desuso, como se recoge en una anotación al margen del libro de difuntos[42]. Sin embargo, las resistencias populares a estas medidas sanitarias de carácter oficial eran todavía muy fuertes; en el propio Arroyo, pocas semanas después de comenzar a funcionar el nuevo cementerio, la población pidió que se volviera a la antigua costumbre de enterramiento en los templos, como así se hizo[43]. El problema, sin embargo, era evidente, como quedó patente en 1805, cuando eran tanto los pobres que fallecían que, al ser enterrados en el atrio de la iglesia, se temía que resultase en un foco de infección para la población; por ello, el ayuntamiento arroyano acordó «…que se sepulten todos los pobres que bayan muriendo en las hermitas que tiene esta villa extramuros de ella, que por haver bastante distancia de las casas no se teme mala consequencia…»[44]. Los cementerios no serán una realidad en toda Extremadura coincidiendo con otra epidemia, en este caso la de cólera de la década de 1830.

Las costumbres y tradiciones estaban, sin embargo, muy arraigadas. Una nueva mentalidad científica, basada en el uso de la razón para combatir al gran enemigo de la humanidad en los tiempos pasados y presentes, la enfermedad, había aparecido y se estaba extendiendo entre los individuos más cultos de la sociedad, pero todavía tardaría muchos años en implantarse entre la población, que seguirá aferrada a sus «métodos». Como ejemplo puede servir la reacción del ayuntamiento de Arroyo de la Luz ante la epidemia de cólera de 1855; en su acuerdo del 16 de septiembre de ese año, el concejo decidía que «…para animar en cierto modo a estos vecinos en la presente calamidad que nos rodea por efecto de la imbasión del cólera en esta villa, se traiga en rogatibas a la yglesia parroquial al santo san Sebastián, mediante a ser éste el de más devoción de estos habitantes…». Pocas cosas, en definitiva, habían cambiado, y todavía tardarían mucho en hacerlo en  una región como la extremeña, que se estaba acercando sin saberlo hacia una nueva etapa desde todos los puntos de vista, incluido el demográfico.

5.-FUENTES

  • Archivo Histórico Diocesano de Coria-Cáceres:
    Libros de Difuntos y Párvulos de Brozas, Arroyo de la Luz, Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres y Navas del Madroño.
  • Archivo Parroquial de Santa María de la Asunción (Arroyo de la Luz):
    Párvulos, libros 4-8.
  • Archivo Municipal de Arroyo de la Luz:
    Libros de Actas Capitulares (siglo XIX), Libros de Actas de la Junta de Sanidad (1832).
  • Archivo Histórico Provincial de Cáceres:
    Archivo Municipal de Brozas, libros de actas capitulares (s. XIX), caja 53 (Juntas de Sanidad).

NOTAS:

* Esta comunicación ha sido realizada gracias a una beca de Formación de Personal Investigador cofinanciada por la Junta de Extremadura y el Fondo Social Europeo.

[1] MALTHUS, T. R.: Ensayo sobre el principio de la población, México D. F., 1986.

[2] FLINN, M. W.: The European demographic system.1500-1820, Brighton, 1981, p. 47.

[3] En Guipúzcoa, la tasa desciende del 36 por 1000 en 1587 al 24 por 1000 en 1787; asimismo, en Cantabria se pasa del 32 por 1000 en 1752 al 21 por 1000 en 1822: PIQUERO ZARÁUZ, S.: Demografía guipuzcoana en el Antiguo Régimen, Bilbao, 1991, p. 175; LANZA GARCÍA, R., op. cit., p. 127.

[4] Así lo corroboran el 38‰ de Navarra en 1786, el 41‰ de Talavera de la Reina en 1787 o el escaso descenso del obispado de Cuenca, que pasa del 37 al 32‰ entre 1753 y 1860: MIKELARENA PEÑA, F., Demografía y familia en la Navarra tradicional, Pamplona, 1991, p. 193; REHER, D. S., Town and country in pre-industrial Spain. Cuenca, 1550-1870, Cambridge, 1990, p. 64; Familia, población y sociedad en la provincia de Cuenca, 1700-1970, Madrid, 1988, p. 91; PÉREZ MOREDA, V., op. cit., p. 134.

[5] BLANCO CARRASCO, J. P., op. cit., p. 157.

[6] LEGUINA, J., Fundamentos de demografía, Madrid, 1981, p. 158.

[7] SAUVY, A.: Los límites de la vida humana, Barcelona, 1964, p. 30.

[8] LIVI-BACCI, M: Introducción a la demografía, Barcelona, 1993, pp. 107-137.

[9] Coria entre 1816 y 1825 presenta una esperanza de vida al nacer de 28,4 años y entre 1850 y 1860 de 28,8; la comarca de las Hurdes presenta entre 1838 y 1860 26,6 años. Por último, en Don Benito, se pasa de 29,3 años entre 1786 y 1800 a 30,1 entre 1838 y 1860: BLANCO CARRASCO, J. P., op. cit., pp. 166-167.

[10] En el caso español, Massimo Livi-Bacci calculó en 1968 una esperanza de vida al nacer oscilante entre los 26,8 y los 28,9 años entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, la esperanza de vida al nacer en Otero de Herreros, en Segovia, osciló a lo largo del siglo XIX entre los 25 y los 30 años, y en Iznájar (Córdoba), la esperanza de vida no sobrepasa los 28 años hasta principios del siglo XX:  LIVI-BACCI, M.: «Fertility and nuptiality changes in Spain from the late 18th to the early 20th century», Population Studies, XXII, 1968, 1, pp. 83-102; PÉREZ-MOREDA, V., op. cit., p. 141; RAMÍREZ GÁMIZ, F.:Comportamientos demográficos diferenciales en el pasado. Aplicación del método de reconstrucción de familias a la población de Iznájar. Granada, 2001, p. 290.

[11] Queremos dejar claro que estas esperanzas de vida al nacer no significan que la gran mayoría de la población sólo viviera poco más de 27 años en la Extremadura del siglo XIX; simplemente, las altísimas tasas de mortalidad infantil hacen que la estimación de los años que una generación puede vivir desde el momento del nacimiento sea muy baja, y una vez superada la casi infranqueable barrera de la infancia, la vida media de un extremeño de esa época podía alcanzar perfectamente los 50 o 55 años.

[12] PÉREZ MOREDA, V., op. cit., p. 146.

[13] PÉREZ MOREDA, V., op. cit., pp. 162-165.

[14] Un 39% en Guipúzcoa o un 47% en Cantabria, datos todos ellos para 1700-1750: PIQUERO ZARAUZ, S.: Demografía guipuzcoana en el Antiguo Régimen, Bilbao, 1991; LANZA GARCÍA, R., op. cit..

[15] Por ejemplo, en Cuenca en el primer cuarto del siglo XIX, la tasa de mortalidad en el grupo de edad 1-4 era del 240‰, frente al 235‰ del grupo 0-1: REHER, D. S., Town and countryop. cit., p. 112.

[16] Por ejemplo, en Cuenca entre 1842 y 1848, y para las mismas edades, la distribución es del 77,2%, el 58,7%, el 56% y el 54,5%, y en Villacastín (Segovia), entre 1820 y 1829, del 73,1%, 47,1%, 42,5% y 40,1%: REHER, D. S., op. cit., p. 112.

[17] La mortalidad exógena es el mejor índice de la sanidad de una población determinada en un momento preciso, ya que puede considerarse como la producida por la «impotencia» o imprevisibilidad, mientras que la exógena lo sería por la «negligencia», entendida como negligencia social: LEGUINA, J., op. cit., pp. 176 y ss.

[18] Así, en Otero de Herreros la mortalidad neonatal llega al 170 por mil, mientras que el dato más bajo obtenido en el mismo trabajo ha sido el de Longares, con el 79 por mil: PÉREZ MOREDA, V., op. cit., p. 154.

[19] Nosotros mismos, en la introducción a este trabajo, hemos hecho referencia a las teorías de Malthus y su pervivencia dentro de las teorías demográficas actuales.

[20] LIVI-BACCI, M., Introducción a la…, op. cit., p. 293.

[21] MADOZ, P., Diccionario geográfico, estadístico e histórico de España y sus posesiones de ultramar, Valladolid, 1846-1850, tomo 3.

[22] Biblioteca Pública de Cáceres, Manuscritos y antiguos: Tratado de la conservación de la salud de los pueblos y consideraciones sobre los terremotos, por Antonio Ribeiro Sánchez (Trad. de Benito Bails), 1731, signatura A/634, p. 66.

[23] A. H. P. de Cáceres, sec. Municipal de Brozas, caja 53 (sanidad): «Borrador de la respuesta al Interrogatorio inserto en la Circular nº 226 del Boletín oficial de 17 de octubre de 1855 sobre los efectos de la epidemia de cólera en los pueblos de la provincia«.

[24] A. H. P. de Cc. sec. Municipal de Brozas, Libros de Actas Capitulares, nº 91 (1801).

[25] BERNABEU MESTRE, J., RAMIRO FARIÑAS, D., SANZ GIMENO, A. y ROBLES GONZÁLEZ, E.: «El análisis histórico de la mortalidad por causas. Problemas y soluciones», en Revista de Demografía Histórica, XXI, I, 2003, pp. 167-192.

[26] MARAÑÓN, G.: Manual de diagnóstico etiológico, Madrid, 1961 (11ª edición).

[27] En este sentido, podemos hacer algunas comparaciones; así, en las Hurdes las enfermedades infecciosas causaban el 30% de las muertes entre 1814 y 1849, seguidas del 23% causado por las pulmonares, un 3,4% de afecciones ginecológicas y relacionadas con el parto y un 2,8% de enfermedades de carácter neurológico (BLANCO CARRASCO, J. P., op. cit., p. 192). En la parroquia cacereña de San Mateo, el 37% de las muertes entre 1838 y 1840 correspondía a enfermedades infecciosas, el 20% a enfermedades respiratorias y un porcentaje análogo a enfermedades de tipo circulatorio (GARCÍA OLIVA, Mª D.: 1800-1870: Demografía y comportamientos en la colación cacereña de San Mateo, Cáceres, Memoria de Licenciatura, 1978, p. 89); fuera de Extremadura, Cuenca registra, entre 1830 y 1870, un 27,6% de defunciones causadas por enfermedades infecciosas, un 18,2% de desórdenes nerviosos, un 15,6% causado por problemas respiratorios y un 11,4% por desarreglos digestivos, mientras que en Segovia entre 1807 y 1856 las mismas causas de muerte registran porcentajes del 41,9%, 7,1%, 27,1% y 7,4% (REHER, D. S., Town and country…, op. cit., p. 117).

[28] Así, sobre un total de 672 muertes anotadas a causa de esas enfermedades relacionadas con la infancia, 230 son de sarampión y 212 de viruela, casi dos tercios del total.

[29] BLANCO CARRASCO, J. P., SÁNCHEZ RUBIO, R. y TESTÓN NÚÑEZ, I.: «El abandono de niños en la Extremadura moderna. Las regulaciones demográficas y sociales» en Norba. Revista de Historia, 16, 1996-2003, pp. 491-492.

[30] BLANCO CARRASCO et alium, op. cit., p. 490.

[31] Estos datos se ajustan a la tendencia general mostrada en varias localidades extremeñas y españolas. En Cáceres, durante el siglo XVIII, los valores máximos se concentran en invierno, aunque desde el inicio del otoño se advierte el progreso de la curva de mortalidad (RODRÍGUEZ CANCHO, M., op. cit., p. 250). En siete localidades del interior peninsular estudiadas por V. Pérez Moreda, la mortalidad adulta alcanza, durante los siglos XVIII y XIX, su máximo en la transición entre el verano y el otoño (PÉREZ MOREDA, V., op. cit., p. 210); por último, en Cuenca el máximo de defunciones adultas se alcanza, entre 1560 y 1870, en agosto y septiembre, con pequeños repuntes invernales (REHER, D. S., op. cit., pp. 115-116).

[32] En general, un niño tiene más posibilidades de fallecer durante los meses de verano y otoño, casi siempre por las malas condiciones del agua y la transmisión de enfermedades recurrentes en esa época del año. BLANCO CARRASCO et al., op. cit., p. 492.

[33] BLANCO CARRASCO, J. P., op. cit., p. 195.

[34] A. H. P. de Cáceres, sec. Municipal de Brozas, caja 53 (Junta de Sanidad), acuerdo del 16 de octubre de 1800.

[35] A. H. P. de Cáceres, sec. Municipal de Brozas, caja 53 (Junta de Sanidad), acuerdo del 2 de noviembre de 1803.

[36] A. H. P. de Cáceres, sec. Municipal de Brozas, caja 53 (Junta de Sanidad), acuerdo del 3 de octubre de 1819.

[37] Archivo Municipal de Arroyo de la Luz (en adelante A. M. A.), sec. Libros de actas capitulares, libro 252 (1854), acuerdo del 3 de septiembre.

[38] A. H. P. de Cc., sec. Municipal de Brozas, Libros de Actas capitulares, libro 100 (1812), acuerdo del 8 de agosto.

[39] A. M. A., sec. Sanidad, Juntas Municipales de Sanidad, 1819-1960, Junta de Sanidad de 1832.

[40] A. H. P. de Cáceres, sec. Municipal de Brozas, caja 53 (sanidad), Borrador de la respuesta al Interrogatorio inserto en la Circular nº 226 del Boletín oficial de 17 de octubre de 1855 sobre los efectos de la epidemia de cólera en los pueblos de la provincia.

[41] PÉREZ MOREDA, V., op. cit., pp. 426.427.

[42] «Dicho Bejarano fue el primero que se enterró en el castillo por orden superior de las Cortes comunicada al juez político de Badajoz y estendida por el dicho a al provincia, siendo juezes en esta Sebastián Carrero y don Alonso Núñez«: Archivo Histórico Diocesano de Coria-Cáceres, Arroyo de la Luz (parroquia de Santa María), libro 77 (difuntos), folio 243. Correspondiendo a las mismas órdenes, se crearon cementerios en Hervás en 1804 y en Navalmoral de la Mata en 1809: PÉREZ MOREDA, V., op. cit., p. 429.

[43] «(Al margen) Fue el primero que se enterró en la yglesia porque lo pidió el pueblo«: Archivo Histórico Diocesano de Coria-Cáceres, Arroyo de la Luz (parroquia de Santa María), libro 77 (difuntos), folio 247.

[44] A. M. A., sec. Libros de actas capitulares, libro 201 (1805), acuerdo del 14 de febrero.

Oct 012003
 

Felicísimo García Barriga.

Universidad de Extremadura

La familia es, sin duda alguna, la forma básica de la organización de prácticamente todas las sociedades humanas, pasadas y presentes, y su importancia trasciende más allá de lo meramente demográfico, para convertirse en un elemento clave en la explicación de fenómenos sociales y económicos que de otra manera mostrarían no pocas zonas oscuras, y en el que sus comportamientos se guían por estrategias claramente definidas; así, en palabras de Ángel Rodríguez Sánchez, “en la historia de la familia sólo ha de reconocerse cierta espontaneidad biológica; lo demás resulta ser un conjunto de evidencias que remite a una dirección calculada[2].

Sin embargo, esta importancia no se tradujo en absoluto en el correspondiente interés por parte de los historiadores que, en el mejor de los casos, sólo se preocupaban por la reconstrucción de genealogías de personajes de relevancia política o cultural. Será a partir de la década de los 60 cuando la familia se convierta por fin en objeto privilegiado de estudio por parte de los investigadores, a través de dos metodologías muy dispares, pero con objetivos similares: el método de reconstrucción de familias creado por Louis Henry y André Fleury[3], cuyo propósito era el análisis de las dinámicas familiares a lo largo del tiempo, y usando el Registro Civil y, antes de la creación de éste, los libros sacramentales, obligatorios en todas las parroquias católicas desde el Concilio de Trento, como fuentes básicas; y la escuela surgida del congreso celebrado en Cambridge en 1969, a partir del cual, y gracias a la importantísima labor de Peter Laslett se definió todo un modelo basado en la naturaleza estructural de las unidades de corresidentes[4], usando como fuente los padrones y recuentos fiscales en los que se anotaban los vecinos y las personas que vivían con ellos.

Así, mientras que el método de reconstrucción de familias parte de la unión biológica de los miembros de la unidad familiar, las listas nominales, en las que prevalece el concepto de vecino como cabeza familiar, ha obligado a considerar el término familia como unidad de corresidentes, es decir, los miembros de un grupo que se albergan bajo el mismo techo, independientemente de los lazos de cohesión entre los miembros del conjunto. Por esta razón, la vertiente cuantitativa del método laslettiano es evidente y ha sido duramente criticada por aquellos que creen que más allá de un mero recuento de tipologías estructurales, la historia de la familia debe abordar el llamado proceso de reproducción social y el papel que en él desempeñan mecanismos como el parentesco, el ciclo de vida, las estrategias personales y las redes de solidaridades en las que se sitúan y actúan los miembros de un hogar[5].

Es en este ámbito en el que queremos ubicar esta comunicación. Partiendo del hecho evidente y suficientemente demostrado por muchas investigaciones realizadas en el seno del Área de Historia Moderna de la Universidad de Extremadura, de que la familia nuclear, es decir, la compuesta por un matrimonio, con o sin hijos, era el modelo abrumadoramente mayoritario en la Extremadura del Antiguo Régimen, con porcentajes en algunos pueblos cercanos al 90% del total de agregados familiares, en estas líneas nos ocuparemos precisamente de las excepciones, de aquellas familias que albergaban en su seno a personas ajenas al núcleo familiar, y de los procesos que llevaban a la formación de esas familias extensas. Asimismo, utilizando la información proporcionada por la documentación notarial (testamentos, fundamentalmente, y otras escrituras como escrituras de obligaciones alimenticias, donaciones inter vivos, etc.), pretendemos exponer cómo las familias extremeñas de la época moderna mostraban su solidaridad, bien hacia sus familiares, bien hacia personas totalmente ajenas a ellos, y cómo en muchas ocasiones esas demostraciones de solidaridad no eran en absoluto desinteresadas, sino que llevaban implícita una contrapartida de orden económico.

Toda esta labor se centrará en un espacio muy preciso, la zona situada al oeste de la ciudad de Cáceres, y más concretamente los pueblos de Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres, Arroyo de la Luz, Navas del Madroño y Brozas, en el tiempo comprendido entre 1650 y 1850.

1.- LA CORRESIDENCIA Y SUS FORMAS BÁSICAS.

Como hemos comentado en la introducción, y frente a la creencia popular que creó una imagen, totalmente falsa por otra parte, de grandes familias compuestas por abuelos, padres y nietos, viviendo todos en la misma casa y trabajando codo a codo, principalmente en las labores agrícolas, la sociedad extremeña de los tiempos modernos se articulaba de forma mayoritaria en torno a la llamada familia nuclear y la residencia neolocal; esto supone que cuando una pareja contraía matrimonio, abandonaba el hogar paterno y fundaba uno nuevo, en el que viviría con los posibles hijos fruto de la relación conyugal. Ello no quiere decir, sin embargo, que estas familias nucleares fueran totalmente autónomas, ya que la neolocalidad o el establecimiento autónomo de la pareja implícito al sistema de residencia no tenía por qué afectar al trabajo y a la producción ni tampoco a su dimensión “solidaria” en forma de prestaciones de ayuda y cuidado[6]. Sirva como ejemplo el compromiso suscrito en 1827 en Casar de Cáceres entre Francisco Royo Guzmán y su yerno Agustín Criado, en el que “…dixeron que hace muchos años están avitando juntos en una misma casa y tenido de común todos sus bienes, no sólo desde que se casó la hija, sino antes, y después de morir la madre y un tío suyo carnal, sin haver separado la lexítima de estos, ni ajustado cuentas algunas ni llevado razón de gastos ni productos respectivos[7]. Incluso en algunos casos la pareja de recién casados seguía viviendo durante un tiempo en el hogar paterno, bien del novio bien de la novia, posiblemente en un momento en el que no disponían de domicilio propio; todo esto lo sabemos gracias a algunas cartas de dote, en los que los padres de la novia a la que se le otorga dicha dote les dan también los gastos sufridos por la familia en la manutención del nuevo matrimonio[8]. Así, Pedro Salgado Cotrina afirmaba en su testamento que “…quiero y es mi voluntad que a dicha mi hija no se le cuente ni compute cosa alguna por el tiempo que después de casar ha estado viviendo junta conmigo y manteniéndonos todos con lo que yo ganaba y ganaba su marido, como una familia, asistiendo y cuidándome en todo quanto necesitaba…” [9].

Por tanto, no cabe duda de que había ejemplos de familias que, o bien albergaban en su seno un pariente de uno de los cónyuges, caso en el que estaríamos hablando de las llamadas familias extensas, o bien contenían dos o más núcleos familiares, es decir, las conocidas como familias múltiples. La incidencia de esta última tipología era prácticamente nula en los pueblos analizados, por lo que serán los ejemplos de familias extensas las que podamos analizar. La mejor forma de acceder al conocimiento de estos núcleos familiares es el análisis del tamaño medio de las familias y de las formas de corresidencia, centrándonos en los casos de Brozas, Navas del Madroño y Arroyo de la Luz, las villas de las que disponemos de datos al respecto.

Como ya hemos comentado anteriormente, las familias extensas y múltiples integran en ambos pueblos un pequeño número de grupos que, según J. P. Blanco, pueden ser interpretadas en el caso extremeño fundamentalmente como variantes de la familia nuclear, destinadas a conservar patrimonios o por necesidades del sistema productivo[10], sin dejar por supuesto de lado la solidaridad familiar como motivación clave a la hora de entender este tipo de comportamiento, que será el foco de nuestro atención en el siguiente apartado, y que creemos además el motivo fundamental de formación de los agregados extensos en los pueblos analizados en este trabajo; se observan así casos de matrimonios que acogen en su seno al padre o la madre viudos, a hermanos o sobre todo hermanas solteras, a nietos o a sobrinos y sobrinas huérfanas[11], comportamientos que analizaremos con mucha mayor profundidad más adelante.

Tabla I: integrantes del núcleo familiar en Brozas y Arroyo de la Luz

miembros del núcleo familiar NAVAS BROZAS ARROYO DE
LA LUZ
AÑOS 1752 1752 1787 1829
cónyuges 1,64 1,82 1,79 1,8
hijos 1,93 1,81 1,62 1,6
parientes 0,10 0,11 0,05 0,04
criados 0,03 0,04 0,02 0,01
TOTAL 3,70 3,78 3,48 3,45

Fuente: Archivo Municipal de Navas del Madroño, Catastro del marqués de la Ensenada, Libros de lo Personal (s. c.) AHPC, Municipal de Brozas, cajas 87-90, Catastro del marqués de la Ensenada para la Única Contribución, Libros de lo Personal; caja 41 (padrones, censos y estadísticas), Censo de Floridablanca, Archivo Municipal de Arroyo de la Luz, caja 75 (secretaria, padrones y censos), Padrón de 1829, y elaboración propia.

Los datos confirman un hecho ya conocido a través de las investigaciones realizadas en otras localidades extremeñas: la pareja conyugal y los hijos constituían, debido al altísimo porcentaje de familias nucleares existentes, más del 95% del total de los integrantes de las familias de Brozas, Navas y Arroyo, porcentaje que además aumenta con el paso del tiempo[12]. En el caso de Navas, la fuerte presencia de viudas en la jefatura del hogar (más del 10% de los cabezas de familia son viudas, con o sin hijos), contribuye a una menor presencia de los cabeza de familia en el total del agregado familiar, frente a lo que sucede en Brozas o en Arroyo.

El escaso número de familias extensas y múltiples, es decir, de aquellas que precisamente se definen por acoger en su seno a parientes que no son estrictamente los cónyuges y sus hijos, hace que el peso de estos parientes en la composición total del agregado doméstico resulte muy exiguo[13], un peso que disminuye de forma drástica entre el siglo XVIII y el XIX[14], y que es atribuible de forma íntegra, al menos en el caso que conocemos, a los grupos de ascendientes y colaterales, sobre todo a padres, suegros y hermanos. El carácter en gran medida coyuntural de la acogida que se prestaba a los individuos integrados en estos sectores, que hacía que su número sufriera grandes oscilaciones bien por fallecimiento (en el caso de las personas ancianas, como los padres, los abuelos o los suegros, sería la principal causa de su desaparición del hogar familiar), bien por el acceso al matrimonio de hermanos o hermanas jóvenes, podría explicar esta fuerte disminución, todo ello en beneficio de la hegemonía, cada vez mayor, de la familia nuclear.

Tabla II: parientes corresidentes* en Brozas y Navas del Madroño en 1752 y 1787.

Parientes NAVAS BROZAS
1752 % 1752 % 1787 %
abuelos 0 0 1 0,8 1 1,8
padres 9 19,6 48 39,7 10 18,2
suegros 7 15,1 13 10,7 2 3,6
tíos y tías 0 0 2 1,7 0 0
hermanos y hermanas 21 45,7 35 28,9 5 9,1
cuñados y cuñadas 2 4,4 8 6,6 1 1,8
primos 0 0 1 0,8 0 0
nietos 3 6,5 5 4,1 19 34,5
sobrinos 4 8,7 8 6,6 17 30,9
ascendientes 16 34,8 64 52,9 13 23,6
descendientes 7 15,2 13 10,7 36 65,5
colaterales 23 50 44 36,4 6 10,9
TOTALES 46 121 100,0 55 100

*Estas tipologías están definidas por el parentesco del corresidente con el cabeza de familia.

Fuente: Archivo Municipal de Navas del Madroño (s. c.), Catastro del marqués de la Ensenada, Libros de lo Personal;AHPC, Municipal de Brozas, cajas 87-90, Catastro del marqués de la Ensenada, Libros de lo Personal; caja 41 (padrones, censos y estadísticas), Censo de Floridablanca, y elaboración propia.

Así, en el caso de Brozas, el predomino de los ascendientes (con un 53%) sobre los descendientes y colaterales, con un 11 y un 36%, respectivamente, se convierte en 1787, en un importante descenso de las familias de tipo ascendente y colateral, que ven notablemente reducidos sus porcentajes en beneficios de aquellos agregados cuyos cabezas de familia albergan a alguno de sus descendientes, que alcanzan el 74% del total de hogares incluidos dentro de esta clasificación.

Por el contrario, en Navas del Madroño el predominio de los colaterales es indiscutible, y dentro de ellos de los hermanos del cabeza de familia, fenómeno en el que debió de influir alguna grave crisis para la población de la villa que afectó a todas las variables demográficas[15]. No debemos olvidar, además, que el mismo Catastro señala la existencia de 9 pobres de solemnidad en la villa, lo que representa un 2% del total de vecinos, mientras que la misma fuente señalaba para la vecina villa de Brozas sólo 10 pobres, apenas un 0,8%. La crisis demográfica, pues, afectó sin duda a la estructura de los agregados familiares, como pone de manifiesto el elevado número de agregados sin estructura.

Las circunstancias que determinaban la presencia de parientes en el agregado doméstico influían también de forma decisiva en su composición sexual en relación con la clase de parentesco, como expresa la siguiente tabla

Tabla III: corresidentes por sexos. Brozas, 1752 y 1787, y Navas, 1752

Varones Mujeres Total%
Ascendente NAVAS 1752 23,5 76,5 100
BROZAS 1752 10,8 89,2 100
1787 38,5 61,5 100
Descendente NAVAS 1752 50 50 100
BROZAS 1752 38,5 61,5 100
1787 44,4 55,6 100
Colateral NAVAS 1752 39,1 60,9 100
BROZAS 1752 34,1 65,9 100
1787 20 80 100
Total NAVAS 1752 34,8 65,2 100
BROZAS 1752 21,5 78,5 100
1787 40 60 100

Fuente: A. Municipal de Navas del Madroño (s. c.), Catastro del marqués de la Ensenada, Libros de lo Personal; AHPC, Municipal de Brozas, cajas 87-90,Catastro del marqués de la Ensenada, Libros de lo Personal; caja 41 (padrones, censos y estadísticas), Censo de Floridablanca, y elaboración propia.

El predominio de las mujeres es evidente, hegemonía que podemos considerar lógica dadas las circunstancias en las que se forman las escasas familias extensas y múltiples de Brozas y Navas del Madroño, aunque con un dominio más claro en el primer caso que en el segundo; así, en Brozas sólo las madres y suegras, ya viudas, del cabeza de familia constituyen el 38% del total de parientes corresidentes, que unido al 18% de las hermanas (solteras o viudas), reúnen más de la mitad de los casos de corresidencia anotados en el Catastro; en 1787, en cambio, se produce una reducción de los porcentajes de parientes femeninos, posiblemente debida al ya comentado descenso de los ascendientes y colaterales, preferentemente mujeres, en beneficio de los descendientes. En todo caso, la solidaridad familiar sería en estos casos la explicación más plausible[16], ya que sólo tenemos constancia de una dedicación específica en la economía doméstica de estos individuos, sobre todo de las madres y suegras, que en otras zonas parecen ejercer ciertas obligaciones que permitían a los cabezas de familia dedicarse por entero a sus correspondientes oficios[17], en el caso del don Francisco Garrido, teniente de cura de Arroyo de la Luz, que según una relación hecha en 1799 tenía como criada a una prima que le asistía en las labores domésticas[18]; en Navas, la ya comentada fuerte presencia de hermanos por la relativa abundancia de hogares que, según la clasificación de Peter Laslett, se englobarían en la categoría de agregados sin estructura determinada hace que el porcentaje de varones sea algo mayor que en la villa brocense y establecería, como ya hemos comentado anteriormente, las vicisitudes demográficas como razón básica para la existencia de estos comportamientos, toda vez que en la mayoría de los casos se trata de hermanos que, muy jóvenes aún para contraer matrimonio, siguen viviendo juntos en el hogar en el cual la falta de los padres ha convertido al hermano mayor en el cabeza de familia. Así sucede, por ejemplo, en los casos de Juan Galán menor, labrador de su propia hacienda, soltero de 19 años, que mantenía en 1752 a tres hermanos, Pedro Galán, de 18 años, jornalero, Francisco de 14 y Alonso de 12, o de Francisco Talavera, de 24 años, jornalero, que albergaba en su casa a sus hermanos Juan, de 14 años, e Isabel[19].

En todo caso, creemos que estas circunstancias corroboran plenamente lo señalado por Francisco García González, cuando relaciona este tipo de cohabitación, más que con factores culturales o económico/productivos, con la propia dinámica demográfica en una coyuntura caracterizada por la inestabilidad tanto desde el punto de vista económico como demográfico. En este sentido la crisis reactivaría los mecanismos de solidaridad entre familias, adoptando soluciones contingentes a situaciones coyunturales, reforzando los lazos entre parientes y tendiendo a convivir con una mayor frecuencia bajo el mismo techo[20].

Como veremos posteriormente, la documentación notarial confirma plenamente estas hipótesis pero, como anticipo, sirvan de ejemplos los casos de don Isidoro García, clérigo, quien al casarse su sobrino Ignacio Bazo Carretero en 1808 decía que éste “…quedó bajo su amparo y protección al morir sus padres…[21], poniendo de manifiesto la acogida que se hace de los parientes desamparados por razones como la muerte de los padres; el de Domingo García Arroyo, quien al otorgar la carta de recibo de dote de su mujer María la Sena, señala “…que en el año de 1804 contrajo matrimonio con María la Sena, su actual muger, la cual y su ermana Ysabel, trageron la primera la matrimonio y la segunda a su compañía, y le entregaron doce mill reales en efectivo y cinco mil treinta y siete reales en efectos de ropa, ajuar y demás alajas, todo por mitad entre las dos, y procedentes de sus padres difuntos, y de su tío don Agustín Sánchez Royo…[22], lo que significaba la creación de una familia extensa al llevar la esposa consigo a una hermana soltera.

Por último, tenemos el caso de Juan Vivas Fregenal, quien en su testamento, otorgado en 1810, confesaba que su sobrina política María Cayetana Pacheco Corchado “…se hallaba entonces bajo mi cuidado y asistencia por un efecto de humanidad y cariño, atendiendo a la crecida familia de Cipriana Corchado, viuda, su madre y mi cuñada…”[23], demostrando así que las familias podían acoger a parientes por una temporada, sin que esa acogida significase una permanencia definitiva en ese hogar, pero sí una forma de aliviar la situación económica de sus familiares.

2.-SOLIDARIOS Y SOLIDARIDAD DENTRO Y FUERA DE LA FAMILIA.

Como hemos visto en el apartado anterior, la corresidencia de parientes junto a los núcleos familiares constituidos por el matrimonio, con o sin hijos, era muy escasa en los pueblos analizados en nuestra muestra. Sin embargo, no por ello deja de ser muy interesante el análisis desde el punto de vista cualitativo de esas formas de corresidencia, por cuanto constituyen un indicio muy revelador para comprender cómo las familias extremeñas ejercían comportamientos solidarios hacia miembros de su propia familia que en un determinado momento podían tener problemas para su subsistencia y que tenían que recurrir a la petición de ayuda a sus familiares, no sólo a través del acogimiento en el hogar propio, sino también mediante las mandas testamentarias, las mejoras y otras formas de ejercer esa solidaridad. Por último, pretendemos analizar la solidaridad manifestada hacia personas ajenas a esos núcleos familiares y con los que les podían unir vínculos de amistad que es mucho más difícil descubrir a través de la documentación disponible.

a) Testamentos y mandas testamentarias.

Una forma muy sugerente de acceder a los comportamientos solidarios de los extremeños de los tiempos modernos es el análisis de las mandas testamentarias. La ley sucesoria castellana dejaba a los testadores la facultad de disponer libremente de una parte de sus bienes mediante dos mecanismos de transmisión, el quinto de libre disposición y el tercio de la mejora, para destinarlos a alguno o algunos de sus herederos, así como mandar alguno de sus bienes a quien el testador quisiera. Con ello se podía premiar a quienes habían mostrado una actitud de obediencia, respeto, habían cuidado de los padres en sus enfermedades, o necesitaban de un beneficio suplementario para la realización de estudios o el desempeño de un oficio que de algún modo había contribuido a conservar el prestigio de la familia o a incrementar su estima social, o simplemente, por diversas circunstancias (ser menores, mujeres, estar enfermos o impedidos) se encontraba a los ojos de los padres en un estado de indefensión[24].

Ambas formas de solidaridad, la mejora y el legado, no responden desde luego a las mismas razones por parte del testador, circunstancia que se aprecia perfectamente a través del análisis de las personas que reciben la manda testamentaria. Así, las mandas constituyen por parte de quien otorga su testamento una forma de expresar su agradecimiento por el servicio prestado o por la ayuda en momentos de dificultades, o simplemente reconocer la amistad y cariño que le unen con miembros de su propia familia o con amigos suyos; aun cuando es muy frecuente la manda realizada sin justificación alguna, no dejan de ser sumamente interesantes y expresivas de las razones mencionadas en aquellos testamentos en los que los otorgantes señalan de forma bastante precisa por qué realizan dicho acto en su testamento; muchas veces es la petición de que se encomiende el alma del difunto a Dios, petición que en el Casar de Cáceres se convierte en pedir la llamada “ofrenda”, como ocurre en el caso de Juana Barra, viuda de Diego Alonso, quien al otorgar su testamento en 1740 “manda le ofrende su sobrina Catalina Martín, y por el trabajo le manda una viña de una yunta en las de Valhondo[25].

En otras ocasiones, el cariño y el aprecio hacia la persona mejorada parece constituir el motivo de dicha mejora, como reflejan las expresiones “por el mucho amor y cariño y buena maridanza que siempre hemos tenido” o “en atención al sumo cariño que le tiene”, que se repiten constantemente a lo largo de todas las escrituras que hemos podido manejar. Sucede así con Teresa Cordero Tejado, viuda de Manuel Borreguero y vecina de Arroyo de la Luz, quien al otorgar su testamento en 1839 decía que:

“…Yten también manda por vía de manda, legado, mejora o como más bien el derecho se lo permita a su sobrina Inés Tejado, huérfana y muger de Manuel Peguero Hernández de esta vecindad, todos los vienes muebles y efectos que la actualidad tiene y posee por dentro de su casa, con inclusión de dos cerdos que también le pertenecen destinados para vida, respecto que a dicha Inés la ha tenido, criado, educado y puesto en estado desde su tierna edad y conservándole el cariño y afecto como si fuera hija, cuyo título siempre le ha dado…[26]

Por último, el testador señala a veces el trabajo y asistencia del receptor o receptora de la manda como razón de ella, siendo muy frecuente las expresiones “por su buena asistencia y cuidado” o “por su trabajo”, hacienda referencia casi siempre a mujeres viudas, de avanzada edad, que viéndose imposibilitadas para mantenerse por sí mismas y realizar las tareas del hogar, eran ayudadas por hijas, hermanas, sobrinas, nietas, etc., que a su vez eran remuneradas en el momento de la muerte[27]. En otras ocasiones el otorgante del testamento es mucho más prolijo en sus explicaciones, como sucede con el brocense Juan Barriga Andrés, quien al hacer pública su última voluntad en 1743 decía que “…estoi privado de travajar para mantener mi casa y familia el tiempo más haze de siete años, y teniendo a mi hijo Pedro Barriga mozo de hedad vastante avanzada y expuesto a tomar estado muchos años haze, condolido de mis travajos y miseria se ha detenido en hazerlo a mis ruegos y como buen hijo para mantenerme y a su madre y hermanos de todo lo nezesario que a no ser su asistenzia y cuidado nos hubiéramos bisto prezisados a pedir una limosna y en la mayor estrechez, … y porque igual caridad era digna del maior premio y no poder nuestros vienes satisfazerlo, declaro y es mi voluntad que los tres bueies, jumento y metad de varvecho sembrado lo haia de sacar dicho Pedro Barriga mi hijo, …y que pues no puedo remunerarle lo que ha hecho por mí lo haré en pedir a su magestad su salud para que se lo premien en su gloria...”[28].

Tabla IV: beneficiarios de las mandas y bienes legados (en tantos por cien)

beneficiarios totales % enseres vestidos joyas dinero ganado f. Rústicas f. Urbanas otros total mandas
cónyuges 634 15,8 17,1 3,3 2,0 5,2 20,0 21,9 39,5 21,4 16,6
hijos 1179 29,5 27,1 16,8 20,2 37,3 15,2 35,5 32,3 22,1 27,6
hermanos 275 6,8 7,1 12,9 11,1 7,9 5,0 7,3 5,9 11,0 8,6
nietos 594 14,9 10,7 17,3 16,7 14,6 23,1 9,3 6,5 7,6 13,2
sobrinos 752 18,8 22,1 23,0 27,3 19,4 13,8 18,4 10,2 17,9 18,4
otros parientes 346 8,7 11,2 14,8 12,6 7,8 11,0 5,9 4,4 7,6 9,5
criados 75 1,9 2,1 4,6 1,0 3,2 0,7 0,5 0,8 6,2 2,4
otros 142 3,6 2,6 7,3 9,1 4,6 1,2 1,4 0,3 6,2 3,7
TOTAL 3997 9,4 25,3 4,4 14,6 9,3 14,7 19,2 3,2 100

Fuente: AHPC, Protocolos, escribanos de Brozas, Arroyo de la Luz, Navas del Madroño, Casar de Cáceres y Malpartida de Cáceres, siglos XVII-XIX, y elaboración propia.

Las circunstancias que presiden la realización de estas mandas inciden, como es lógico, tanto en sus beneficiarios como en los bienes legados. Los familiares directos, es decir, cónyuges, hijos, hermanos, nietos y sobrinos, reciben el 85,9% de las mandas, frente al escaso 14,1% que obtienen otros parientes más lejanos y personas ajenas al núcleo familiar. Entre los primeros destacan sobre todo los hijos, con un 27,6% de las mandas, seguidos de los sobrinos, el cónyuge y los hermanos, resultado en gran medida contradictorio con el obtenido por Mercedes Santillana para una pequeña muestra de 153 testamentos de los pueblos aquí observados, excepto Brozas y Navas[29], debido quizás a la exigüidad de esa muestra, y a la inclusión en ella de Cáceres, que podría tener comportamientos diferentes a los de su entorno rural. Junto a ellos, y además de los parientes menos allegados, es de destacar la presencia en los testamentos de mandas dirigidas a criados, muy frecuentes sobre todo en Brozas[30], así como a amigos, compañeros de trabajo o convecinos[31].

Con respecto a los bienes entregados, ropas de vestir y de cama (el 25,3% del total de objetos entregados), bienes inmuebles, tanto de naturaleza urbana (el 19,2%) como rústica (14,7%), dinero (14,6%), enseres domésticos (9,4%), ganado (9,3%) y joyas (4,4%) eran, por este orden, los objetos más utilizados para conseguir el objetivo que el testador se proponía con sus mandas testamentarias. Asimismo, también existen claras diferencias con respecto a lo entregado a las personas obsequiadas en relación con su relación con el otorgante; así, las fincas urbanas son entregadas preferentemente a los cónyuges, suponiendo el 45,5% del total de mandas que les son entregadas, ya que es muy frecuente que los esposos se manden las partes de las casas que han adquirido durante su matrimonio y que por tanto les corresponden en concepto de bienes gananciales, o que dichos inmuebles sean entregados como usufructo, con lo que queda claro el objetivo de facilitar la supervivencia del cónyuge superviviente.

Algo parecido sucede con las tierras, que en este caso son mandadas fundamentalmente a los hijos, quienes también reciben la mayor parte de las mandas dinerarias[32] y de los objetos de uso cotidiano, en este caso dirigidos preferentemente a las hijas. En cuanto al ganado, nietos y cónyuges son los principales beneficiarios, como forma también de socorrer a los miembros de la familia con mayores posibilidades de tener problemas en el futuro, sobre todo en el caso de las viudas de edad avanzada y de los nietos huérfanos, que aparecen con bastante frecuencia como beneficiarios de los legados. Sin embargo, las mandas de bienes menos relacionados con la situación económica del beneficiario, como las joyas o los vestidos, aparecen dirigidas principalmente a parientes quizá no tan cercanos, como los sobrinos (que aparecen en ambas tipologías como el grupo con mayor número de mandas), y otros parientes con conexiones aún más débiles, quienes reciben el 14,8% de las mandas de ropa y el 12,6% de las de joyas. No obstante, en este sentido hay que decir que los legados de ropa constituyen el grupo mayoritario en todos los grupos de personas cercanas al testador, excepto para los cónyuges y los hijos, supremacía que en el caso de los criados y del grupo de “otros” llega hasta casi el 50% del total de las mandas que reciben ambos grupos.

En conclusión, son los familiares más cercanos al otorgante del testamento, sobre todos el cónyuge que queda viudo y sus hijos, los principales beneficiarios de las mandas testamentarias, aunque sin dejar de lado el importante número de legados que se realizan a personas con parentescos menos fuertes con el testador, e incluso a individuos sin ningún vínculo de sangre, cuyas relaciones se derivan del trabajo realizado o de la pura y simple amistad.

La mejora del tercio y/o quinto tiene un objetivo más utilitarista, cual es un intento por mejorar las perspectivas de vida de aquellos individuos de la familia del otorgante que podrían estar en mayores dificultades por diversas razones.

Tabla V: beneficiarios de las mejoras de tercio y/o quinto

tercio y quinto tercio quinto
sexo total % sexo total % sexo total %
mujer 65 55,08 mujer 23 52,28 mujer 57 52,29
varón 53 44,92 varón 21 47,72 varón 52 47,71
TOTAL 118 100 TOTAL 44 100 TOTAL 109 100
parientes TOTAL % parientes parientes %
hijos 103 87,29 hijos 27 61,36 hijos 7 6,42
cónyuge 10 8,47 cónyuge 9 20,45 cónyuge 97 88,99
otros parientes 1 0,85 otros parientes 0,00 otros parientes 2 1,83
sobrinos 1 0,85 sobrinos 4 9,09 sobrinos 0,00
nietos 3 2,54 nietos 4 9,09 nietos 3 2,75
TOTAL 118 100,00 TOTAL 44 100,00 TOTAL 109 100,00

Fuente: AHPC, Protocolos, escribanos de Brozas, Arroyo de la Luz, Navas del Madroño, Casar de Cáceres y Malpartida de Cáceres, siglos XVII-XIX, y elaboración propia.

Si, como hemos visto anteriormente, un importante porcentaje de los otorgantes de testamentos de los pueblos analizados en esta comunicación realizaban mandas y legados de algunos de sus bienes a personas de su entorno, familiar o laboral, no ocurre lo mismo con las mejoras del tercio y quinto de los bienes; así, en sólo el 7,06% de los testamentos registrados se hace uso de este mecanismo.

Los datos obtenidos parecen reflejar una tendencia para favorecer a las mujeres, aunque en ningún caso de forma tan acusada como muestran los resultados obtenidos por Mercedes Santillana[33], ya que los porcentajes son, aproximadamente, del 55 y del 45% de mujeres y varones, respectivamente, en las tres tipologías de mejora existentes (tercio, quinto, tercio y quinto). En cuanto a los receptores de la mejora, los hijos son los beneficiarios mayoritarios de las mejoras del tercio y quinto de los bienes (más del 87%), seguidos de los cónyuges y después, con escasos porcentajes, nietos, sobrinos y otros parientes. También la mejora del tercio es dirigida preferentemente a los hijos, en esta ocasión con el 61% de los casos, ya que en esta tipología el resto de parientes tiene un papel más relevante, no sólo los cónyuges, con el 20% de las mandas, sino también los nietos o los sobrinos, ambos con el 9%. Por último, la mejora del quinto va destinada de forma abrumadora hacia los cónyuges, que son sus beneficiarios en casi el 90% de los casos, una situación por tanto prácticamente inversa a la del tercio y quinto.

Las razones que esgrimen los otorgantes de los testamentos a la hora de realizar estas mejoras nos son mejor conocidas que en el caso de las mandas, puesto que en un alto porcentaje de dichos testamentos los testadores hacen constar los argumentos que les han llevado a realizar dicha mejora.

En muchas ocasiones, el beneficiario de la mejora es alguno de los hijos del testador que, por diversas circunstancias, no tiene garantizada su situación económica a la muerte del otorgante. Si son menores de edad, recién nacidos, tienen alguna tara física que les impedirá en el futuro trabajar y ganarse su sustento, o bien están solteros y por tanto no han recibido en concepto de dote bienes que ya han percibido sus hermanos solteros, el padre o la madre pretenden salvaguardar sus intereses. Un caso ilustrativo es el de Francisca Flores la Arroya, quien al otorgar su testamento en 1718 mejora a su hija Ana con el tercio y quinto de sus bienes en una casa en la brocense Calle Sancho “…por estar tan baldada que no puede andar como no sea arrastrando por el suelo…[34]. En algunas ocasiones, el mejorado no tiene ningún problema, pero es encargado por su padre para que mantenga a un hermano que sí los tiene, como sucede en el caso de Juan Jiménez Tomé, quien mejoró en 1683 a su hijo Martín Jiménez con el tercio y quinto de sus bienes “…con la condición de que alimente y cuide a su hermano Francisco, que está cojo y baldado…[35].

En otros testamentos, la mejora pretende de alguna forma pagar los servicios y la ayuda prestada por esos parientes, sobre todo por las hijas, hacia el testador. Se trata, en definitiva, de premiar a la persona que en los últimos años de la vida del testador asistió y auxilió a un familiar que estaba imposibilitada para ello, por lo que la mejora se otorgará como gratificación a esos servicios prestados además de la legítima que por derecho, y a partes iguales, ha de percibir con el resto de los hermanos. Las expresiones que constantemente aparecen en estos documentos, como “por su buena asistencia y cuidado” así lo demuestran. Sirva como ejemplo el testamento de Benita García, quien en 1780 mejora con el tercio y quinto a su hijo don Diego Martín “…por asistirla y cuidarla tras la muerte de su marido y acogerla en su casa…[36]. Por último, “por el mucho afecto que se profesan”, “por la buena maridanza que han tenido” o “por el amor que le tiene” son expresiones que parecen poner de manifiesto que, más allá de un fin meramente utilitarista o de una razón económica, en algunas ocasiones la mejora era producto del cariño entre personas, que quería expresarse y ponerse de manifiesto en el momento en el momento de expresar la última voluntad.

b) Otras formas de solidaridad: obligaciones alimenticias y donaciones.

Hemos visto anteriormente que los extremeños de los tiempos modernos no se encontraban solos para hacer frente a las vicisitudes que la vida cotidiana llevaba consigo, sino que la familia constituía un asidero fundamental en el que muchos se acogían para sobrevivir en momentos de dificultad. Parafraseando a Francisco García González, aunque evidentemente el parentesco no equivale siempre a solidaridad, quizás haya que entender la red de parentesco como una “reserva de interacciones potenciales”, casi siempre posibles y sin duda siempre privilegiadas a la hora de crear vínculos y lazos afectivos o de otro tipo. De este modo, incluso entre los grupos menos privilegiados y en coyunturas específicas (viudedad, orfandad, enfermedad, emigración, necesidad temporal de mano de obra, etc.) se reactivaban o utilizaban unos vínculos que, a veces, podían aparentar que estaban en desuso o semiolvidados[37].

Hemos comprobado cómo las familias extensas y múltiples, aunque escasas, estaban presentes en la sociedad extremeña, lo que demuestra la existencia de estas redes de solidaridad. Al mismo tiempo, los testamentos nos han proporcionado informaciones muy jugosas sobre los medios que usaban sus otorgantes para beneficiar a aquellos parientes o personas allegadas que consideraban dignas de tal apoyo, tanto por relaciones afectivas como profesionales. Pero además contamos con varias manifestaciones directas de dicha solidaridad, que se expresaba a través de documentos de cáracter notarial, y que nos permite ir más allá en la comprensión de este fenómeno.

En gran cantidad de los testamentos analizados en nuestra muestra aparecen mandas destinadas a los familiares de los otorgantes que les han acogido en su domicilio y mantenido a su costa, con lo que los legados adquieren el carácter de pago de esas atenciones. Sin embargo, también hemos podido localizar escrituras realizadas ante un escribano y en el que se establecían claramente las condiciones de dichos acogimientos; son las llamadas escrituras de obligación alimenticia y de donación de bienes, sumamente interesantes por cuanto demuestran que la solidaridad familiar no era tan sólo producto del cariño filial, sino que existía tras ella un interés económico indudable.

La documentación manejada nos informa sobre las circunstancias que obligan a la realización del contrato: un accidente que ha imposibilitado a la otorgante (“…que por quanto haviendo tenido la desgrazia de haver dado una caída en la víspera o antevíspera del día de Todos los Santos del año próximo pasado, esto y la havanzada edad con que se ha, la tiene postrada en cama y como en todo este tiempo no haia tenido arbitrios para mantenerse ni alimentarse…”), el desamparo de uno de los cónyuges, sobre todo del marido ( “…que por la abanzada hedad allarse ziega sin que su marido quiera mantenerla se ve en una total pobreza…”), la incapacidad física (“…que se halla ciega enteramente e ymposibilitada por esta causa, y la de su abanzada edad de poder travajar i mantenerse…”), o la pérdida de los bienes por culpa de un conflicto bélico (“…que hallándose necesitada de recursos para vivir por haver parecido en las diferentes imbasiones que hizieron las tropas enemigas en esta poblazión, causándole a la otorgante bastantes daños y hasta el destruirle las casas que poseía, y de sus rendimientos lograva su manutención…”), suponían los motivos básicos que impulsaban a la búsqueda de la ayuda de un familiar. Hemos localizado asimismo algunas obligaciones de padres para con sus hijas, o incluso suegros con nueras, cuyos maridos o prometidos deben marchar al ejército, como sucede con la obligación otorgada por Bernardo Jiménez Ojalvo a favor de su hija Agustina Jiménez Cordero, en la que señala que “…por quanto se halla tratada de casar Agustina Serapia Ximénez Cordero, su hija lexítima con Mariano Muñoz, sargento primero del regimiento de ynfantería de Zamora, y con motivo de que todas las tropas por las ocurrenzias del día y presente guerra con la Franzia, se hallen sin sueldo más que la razión que por los pueblos se da a dichas tropas, por cuia causa y llevados de su amor paternal, se obligan a mantener y substentar a la dicha Agustina Serapia su hija, y los hijos que huviese del nominado don Mariano Muñoz en los casos que salga y tenga que ausentarse a asumptos del real servizio a guarnizión de alguna plaza o a alguna campaña, durante sus ausenzias en los referidos casos, y se constituían y constituieron en la prezisa obligazión de alimentar, vestir y mantener a al relazionada su hija como los hijos que huviese con arreglo a su calidad y porte durante las ausenzias de referido Muñoz…[38]

Las condiciones de estas ayudas solían repetirse: los beneficiarios de la donación debían garantizar la manutención del donante, suministrarle las ropas necesarias, asistirle en su enfermedad, pagando asimismo los gastos de médicos y botica que pudieran producirse, y finalmente pagar un entierro digno de su persona y hacer las misas correspondientes por su alma. En ocasiones, sin embargo, el otorgante de la donación establecía requisitos muchos más específicos; sucede así en la obligación suscrita entre el vecino de Brozas Pedro González Carnero y sus 5 hijos e hijas y su nieto, cuando el primero establece, en primer lugar, que seguirá viviendo en su casa en la Calle Derecha, acogiendo además al inquilino que estime oportuno, sin que sus herederos puedan inmiscuirse en ello; que deberán vestirle con la decencia correspondiente, además de que su entierro sea igual al de su difunta esposa María Jabato; que le suministrarán durante el resto de su vida y de forma anual 24 fanegas de trigo, 3 arrobas de aceite, 1 cerdo de 12 arrobas, 1 fanega de garbanzos, 6 arrobas de vino, 6 de uvas, 1 de queso, sal, vinagre, pimiento y 6 celemines de higos pasados, además de 6 onzas de oro para los fines que él establezca; y por último, que sus herederos harán frente al pago de las contribuciones de sal y de cualesquiera que se le repartan como vecino de la villa[39].

En ocasiones, cuando el documento otorgado era una simple donación de bienes, ésta se hacía después de que el otorgante ya estuviera bajo el amparo de los receptores de la donación, con lo que no se detallan ni las razones ni las condiciones de dicha ayuda, sino solamente el deseo de esa persona de remunerar de alguna forma el auxilio prestado. Sin embargo, cuando se trata de una obligación alimenticia, a cambio de los servicios prestados se establecía un precio diario por dicha manutención, una cantidad variable que podía ir desde el real y medio que, como señala en su testamento, acordó dar Isabel Gil Vicho a su hijo Juan Becerra y su nuera Tomasa Camberos por su manutención diaria[40], hasta los cuatro reales que estipulan en su acuerdo Manuela Aragüetes con su hija Antonia Jiménez y su yerno Francisco Galavís[41]; esta cantidad no se pagaba diariamente, sino que se cobraba por medio de la cesión de los bienes que le parecieran oportunos al otorgante, generalmente una casa, ganado o dinero en metálico. Por ejemplo, en la obligación alimenticia otorgada por Vicente Cilleros a favor de su madre Agustina Nieves Ortiz, ésta le cede media casa en la calle Escobar y el valor de 480 reales que en ella posee como herencia paterna y 22 ovejas[42]; más significativo es la donación de todos sus bienes muebles, semovientes y raíces que hace don Matías Rosado Clérigo, a su sobrino Antonio Rosado Cordobés por haberle estado varios años alimentándole, cuidándole y aseándole[43].

Un curioso ejemplo es el de Juan Hernández Acedo, quien en su testamento declaraba que “…estando casado con mi primera mujer rreziví en mi casa a Alonso Molano, vezino de esta villa, para tenerle en ella alimentarle y subministrarle todo lo demás correspondiente a su bestuario y estubo un año con corta diferenzia asta que fallezió la dicha mi primera mujer, y abiendo muerto hizo ajuste conmigo dicho Alonso Molano de que dejándome toda su hazienda por los usufrutos de ella durante mi bida le havía de mantener de todo lo nezesario para su alimento, vestido y calzado por los días de la suia y después de ella cumplirle la disposizión testamentaria en cuia virtud ejecutó su testamento y escriptura de zesión, traspaso y donazión yntervibos de todos sus vienes, así rraízes como muebles que se componían de un olibar, dos güertos y un manchón, treinta colmenas, tres sávanas de colgadura de cama de musilina y un mantillo de tela de joia, de cuios vienes me quedó por heredero de los muebles para desde luego enteramente y de los rraízes por usufrutuario durante mi bida y que después de ella pasasen a mis hijos de primer matrimonio…[44]. Desconocemos cuál pudo ser la relación existente entre estos dos brocenses, estando posiblemente ligados por vínculos de amistad o por una relación de trabajo previa que no podemos demostrar al carecer de cualquier testimonio que nos lo atestigüe, pero desde luego nos sirve para poner de manifiesto cómo la solidaridad no se practicaba solamente con los familiares (padres e hijos, tíos y sobrinos, abuelos y nietos, etc.) sino también con personas cuyos vínculos con la persona receptora no está nada claro.

Sin embargo, no todo lo que rodeaba a estas obligaciones y a estas muestras de solidaridad era positivo, surgiendo de vez en cuando problemas en la convivencia que a veces era plasmada en los documentos; sucede así con el convenio otorgado entre Isabel Flores Salgado y su sobrino Andrés López, en la que argumenta la realización del contrato porque antes había estado viviendo con su hijo y su nuera, pero que había decidido irse a vivir con el mencionado Andrés López “…por no llevarse bien con ellos no puede vivir ni estar en la compañía de éstos, como hasta aquí ha esperimentado, sufriendo inquietudes y desazones que perturban la buena armonía, paz y sosiego que apeteze y es devido a su estado y muchos años…[45]. Sin duda es sólo un ejemplo, pero creemos que probatorio de que situaciones similares tuvieron que darse en un contexto semejante y tan repetido, como manifiesta el importante número de referencias a este modo de convivencia que hemos hallado en la documentación manejada.

A modo de conclusión, y reconociendo en todo caso que este trabajo es sólo una pequeña aproximación a un tema mucho más amplio y complejo, podemos decir que los extremeños de la Edad Moderna no estaban en absoluto solos ante la adversidad, sino que las redes familiares, los lazos de amistad y las relaciones personales se usaban en los momentos en que era necesaria una ayuda para sobrevivir en el mundo a menudo hostil y siempre duro que era Extremadura en el Antiguo Régimen.

FUENTES:

  • Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Protocolos:
  • Arroyo de la Luz: legajos 2719-2724, 3220-3227, 3416-3420, 3567-3570, 3709-3711, 3721-3734, 3760, 3842-3844, 4262-4273.
  • Brozas: legs. 1-3, 40, 213, 561-563, 568-572, 573-575, 709-710, 748-753, 979-982, 1488-91, 1748-1750, 1915-1919, 2003, 2601-7, 2628-35, 2639-2644, 2804, 2894, 2917, 3077, 3239, 3324, 3406, 3414, 3446, 3454, 3461, 3484, 3497, 4584.
  • Casar de Cáceres: legs. 2847-2849, 3153-3159, 3258-3262, 3563-3566, 3790-3792, 3811-3813, 4323-4324, 4353-4354.
  • Malpartida de Cáceres: legs. 3140-3148, 3264, 3504-3507, 3521, 3664-3666.
  • Navas del Madroño: legs. 203, 375-382, 436-437, 590, 1201-1203, 1804, 3324.
  • Archivo Municipal de Brozas: cajas 87-90, Catastro del marqués de la Ensenada para la Única Contribución, Libros de lo Personal; caja 41 (padrones, censos y estadísticas), Censo de Floridablanca
  • Archivo Municipal de Arroyo de la Luz: caja 75 (secretaria, padrones y censos), Padrón de 1829
  • Archivo Municipal de Navas del Madroño: Catastro del marqués de la Ensenada, Libros de lo Personal (s. c.).

NOTAS:

[1] Esta comunicación ha sido realizada gracias a una Beca de Investigación Predoctoral cofinanciada por la Junta de Extremadura y el Fondo Social Europeo.

[2] RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A.: “Métodos de evaluación de las estrategias familiares en el Antiguo Régimen”, en Fuentes y Métodos de la Historia Local, Zamora, 1991, pp. 141-154.

[3] Henry, L. y Fleury, A.: Manuel de dépouillement et d´exploitation de l´ètat civil ancien, Paris, 1956.

[4] LASLETT, P.: “La famille et le ménage: approches historiques”. Annales, ESC., 1972, pp. 847-872; “Introduction: the History of the Family”, en Household and Family in past time, Cambridge, 1974, pp. 1-90.

[5] SAAVEDRA, P.: “Las lógicas de la organización familiar y reproducción social en la España Cantábrica y Noratlántica en el Antiguo Régimen”, en Historia y Perspectivas de Investigación. Estudios en memoria del Profesor Ángel Rodríguez Sánchez, Mérida, 2002, pp. 141-149.

[6] GARCÍA GONZÁLEZ, F.: “Ángel Rodríguez Sánchez y el estudio de las estrategias familiares. Algunas reflexiones desde el mundo rural en la España interior” en RODRÍGUEZ CANCHO, M. (coord.): Historia y perspectivas de investigación. Estudios en memoria del profesor Ángel Rodríguez Sánchez, Mérida, 2002., pp. 129-134.

[7] Archivo Histórico Provincial de Cáceres (en adelante AHPC), Protocolos, legajo 3564 (Casar de Cáceres).

[8] Sucede así en los casos de Jerónima Pérez, que en las dotes que entrega en 1826 a sus hijas María y Jerónima añade los gastos de manutención de 183 y 83 días que estuvieron ambas con sus maridos en su casa, a 4 reales diarios: AHPC, Protocolos, legajo 3564 (Casar de Cáceres).

[9] AHPC, Protocolos, legajo 3 (Brozas).

[10] BLANCO CARRASCO, J. P.: Demografía, familia y sociedad en la Extremadura moderna, 1500-1860, Cáceres, 1999, p. 290.

[11] Esta solidaridad se confirma con ejemplos como los recogidos en los Libros de lo Personal del Catastro de Ensenada en Brozas; así, Domingo Canales, labrador de 34 años y casado, acogía en su casa a su tía María Candelas, de 70 años y baldada. Otro caso es el de Juan Díaz Alejandro, también labrador, de 50 años y casado, que convivía con su hermano mayor, ciego, y por tanto imposibilitado para ganarse su sustento.

[12] Un fenómeno similar ocurre en Coria y, en general, en todo el norte de la región extremeña: SÁNCHEZ BERMEJO, Mª A.: “Estructuras familiares y sistemas de transmisión patrimonial en Extremadura. La ciudad de Coria en el siglo XVIII”, en GARCÍA GONZÁLEZ, F. (ed.): Tierra y familia en la España meridional, siglos XIII-XIX, Seminario Familia y Élite de poder en el Reino de Murcia, siglo XV-XIX, Murcia, 1998, pp. 133-153.

[13] El número medio de parientes corresidentes en Brozas era, en 1752, de 0,11 personas sobre un total de 3,87 por hogar, y en 1787, de sólo 0,04 sobre un total de 3,35. Datos similares se dan en otras zonas del interior peninsular, como Cuenca; en el ámbito rural, la media de parientes por hogar era de 0,09 durante el siglo XVIII, mientras que en la ciudad propiamente dicha esa media llegaba a los 0,4 en 1724, descendiendo hasta 0,2 en 1800 (REHER, D. S., op. cit., p. 197). Estos resultados contrastan vivamente con los 0,6 parientes por familia de la Galicia rural durante el siglo XVIII (DUBERT GARCÍA, I., op. cit., p. 69).

[14] Ese fenómeno se aprecia en Coria, que pasa de 18 personas en 1753 a 9 en 1761, y en otros lugares del Norte de Cáceres: HERNÁNDEZ BERMEJO, Mª A.: “Estructuras familiares…”, op. cit., p. 141.

[15] Es significativo, por ejemplo, el hecho de que entre 1747 y 1749, sólo 3 años antes de la realización del Catastro, el crecimiento vegetativo de la población ventera fuera negativo, perdiéndose desde el punto de vista de la dinámica demográfica 129 habitantes, gracias tanto al aumento de las defunciones como, sobre todo, a la clara disminución de los nacimientos, hecho que corrobora el importante descenso de los matrimonios para el mismo período, que se refleja en las dos bodas celebradas en 1746 o las 6 de 1754.

[16] Como señala María de los Ángeles Hernández Bermejo, el predominio de la familia nuclear y de la residencia neolocal no significaba en absoluto que los lazos con el hogar de origen se rompieran pues existen bastantes datos cualitativos en los testamentos que nos aproximan a un sistema de relaciones menos rígido y a la existencia de unos vínculos de parentesco que superaban el marco estrecho del hogar: HERNÁNDEZ BERMEJO, Mª A.: “Estructuras familiares…”, op. cit., p. 152.

[17] Así lo ha puesto de manifiesto, por ejemplo, Isidro Dubert en la Galicia rural del siglo XVIII, donde además la presencia entre los corresidentes de individuos con este tipo de parentesco ascendente es minoritario (tan sólo del 11,7% sobre el total): DUBERT GARCÍA, I., op. cit., p. 70.

[18] Archivo Municipal de Arroyo de la Luz (en adelante AMA), Hacienda, caja 509 (relaciones): “Relaciones de la contribución de criadas y demás contenido en la Real Cédula de 10 de noviembre de 1799”.

[19] Archivo Municipal de Navas del Madroño (en adelante AMN), s. c., Catastro del marqués de la Ensenada, Libros de lo Personal, tomo II (seglares).

[20] GARCÍA GONZÁLEZ, F.: La sierra de Alcaraz en el siglo XVIII. Población, sociedad y estructura agraria, Albacete, 1998, pp. 224-227.

[21] AHPC, Protocolos, legajo 3792 (Casar de Cáceres).

[22] AHPC, Protocolos, legajo 3563 (Casar de Cáceres).

[23] AHPC, Protocolos, legajo 2610 (Brozas).

[24] HERNÁNDEZ BERMEJO, Mª A., op. cit., p. 151.

[25] AHPC, Protocolos, legajo 4323 (Casar de Cáceres).

[26] AHPC, Protocolos, legajo 3417 (Arroyo de la Luz).

[27] En otras ocasiones la ayuda se formalizaba a través de un contrato en toda regla, como veremos posteriormente.

[28] AHPC, Protocolos, legajo 1750 (Brozas)

[29] SANTILLANA PÉREZ, M.: La vida: nacimiento, matrimonio y muerte en el partido de Cáceres en el siglo XVIII, Cáceres, 1992, p. 220.

[30] Por ejemplo, doña Petra Nolasco Cid y Salgado, viuda de don Matías Sánchez Barroso mandaba en 1820 a su criada Inés Castillo una habitación de su casa y su cama,a su criado Juan Ramón 320 rs, y a su criada Ana 100 rs y su ropa de uso: AHPC, Protocolos, caja 575 (Brozas).

[31] Son los casos, por ejemplo, de doña María del Carmen Bravo Ulloa, condesa de Medina y Contreras, quien en 1805 mandaba a su amiga Mª Micaela 1 abanico (AHPC, Protocolos, caja 561 (Brozas)), o de Luisa Verdión, vecina de Brozas como la anterior y mujer de Felipe Clavero, que en 1833 dejaba en su testamento a su amiga doña María Rodríguez 1 cuchara de plata (AHPC, Protocolos, caja 979 (Brozas)).

[32] El 19,8% de las mandas realizadas a los hijos son monetarias, siendo sólo superadas por los legados de fincas urbanas, con el 22,4%.

[33] SANTILLANA PÉREZ, M., op. cit., pp. 222-223.

[34] AHPC, Protocolos, legajo 3414 (Brozas).

[35] AHPC, Protocolos, legajo 2630 (Brozas).

[36] AHPC, Protocolos, legajo4354 (Casar de Cáceres).

[37] GARCÍA GONZÁLEZ, F.: “Ángel Rodríguez Sánchez…”, op. cit., pp. 131-132.

[38] AHPC, Protocolos, legajo 382 (Navas del Madroño), año 1812.

[39] AHPC, Protocolos, legajo 2604 (Brozas), año 1825.

[40] AHPC, Protocolos, legajo 573 (Brozas), año 1819.

[41] AHPC, Protocolos, legajo 562 (Brozas), año 1810.

[42] AHPC, Protocolos, legajo 2604 (Brozas), año 1824.

[43] AHPC, Protocolos, legajo 2604 (Brozas), año 1823.

[44] AHPC, Protocolos, legajo 1748 (Brozas), año 1728.

[45] AHPC, Protocolos, legajo 3 (Brozas), año 1789.

Oct 012002
 

Felicísimo García Barriga.

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años la historia ambiental, es decir, la rama de la historia que se ocupa del estudio de las relaciones entre el hombre y el medio en el que vive, y de cómo el hombre ha visto estas relaciones, a lo largo de la historia, ha experimentado un importante auge, debido a la importancia y publicidad que en los últimos años ha adquirido la problemática medioambiental.

En este trabajo pretendemos hacer una pequeña aportación a este tipo de estudios, analizando las formas de explotación de la pesca en las aguas estancadas de las villas cacereñas de Brozas y Arroyo de la Luz a lo largo los tiempos modernos. La elección de estos dos pueblos como objeto de estudio tiene dos razones fundamentales: la existencia en ambos de una larguísima tradición en la pesca de dos especies significativas: la pardilla y, sobre todo, la tenca, que continúa vigente en la actualidad y que estuvo presente de forma importante en la vida de sus habitantes en el pasado; y por otro lado, la posibilidad de contar con ricos archivos municipales que albergan la documentación necesaria para nuestro trabajo, lo que de nuevo pone de manifiesto la importancia de la documentación local para el estudio del pasado, y en este caso de una materia tan novedosa y de tan difícil análisis como es la historia del medio ambiente.

Dado que la comarca en la que se engloban estos municipios, y por extensión las tierras comprendidas entre Cáceres y Alcántara, carecen de un río que merezca tal nombre, esa explotación se limitaba a la pesca en las charcas, naturales o artificiales, próximas a los pueblos, y sobre todo a las Lagunas de Propios, en el caso de Brozas una charca de 50 Has de superficie, y en el de Arroyo de la Luz dos charcas, las llamadas Laguna Grande y Laguna Chica, de cuyo pescado se abastecían los brocenses y arroyanos. El objetivo de este trabajo va a ser, por tanto, analizar aspectos como la explotación de esas charcas, los tiempos de veda, las limitaciones a determinadas artes de pesca, consideradas nocivas, etc.

Las fuentes que hemos utilizado son los Libros de Actas Capitulares, los Libros de Abastos y los documentos pertenecientes a las cuentas de los bienes de propios de ambos municipios, documentación que pertenece a los ya referidos Archivos Municipales de Brozas, que se encuentra depositado en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres, y de Arroyo de la Luz, todavía alojado en el ayuntamiento de la localidad, así como algunas de las Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada correspondientes a ambas localidades, depositadas en el Archivo General de Simancas, y que se encuentran también microfilmadas en dicho archivo cacereño.

1. -MEDIO FÍSICO, ZONAS ACUÁTICAS Y ESPECIES PISCÍCOLAS EN LA PENILLANURA CACEREÑA.

Brozas y Arroyo de la Luz se encuentran emplazadas en la prolongación occidental de la Penillanura Trujillano-Cacereña, dentro del plutón granítico de Zarza-Cáceres. Por esta razón, sus suelos se caracterizan por su pobreza y acidez y por su escasez de materia orgánica, con rendimientos agrícolas bastante pobres, pero que permitieron, y siguen permitiendo, un elevado aprovechamiento ganadero de tipo extensivo; así, las dehesas de pasto de Brozas se convirtieron desde la Edad Media en uno de los principales puntos de destino de las cabañas ovinas trashumantes y en sede de los dueños de algunas de las más importantes ganaderías ovinas extremeñas. El término de Arroyo, debido a su menor extensión, estaba preferentemente dedicado a la agricultura extensiva para el mantenimiento de sus vecinos.

La pobreza edáfica de esta zona de la provincia de Cáceres se ve acentuada por un régimen pluviométrico caracterizado por fuertes períodos de sequía que provocan una escasez endémica de agua. Por esa razón, los habitantes de la zona occidental de la penillanura trujillano-cacereña no tuvieron más remedio que acudir bien a las aguas subterráneas (en todos los pueblos de la comarca abundan las fuentes y sobre todo los pozos), bien a las lagunas o charcas artificiales. En los casos que aquí nos ocupan, piezas fundamentales para el abastecimiento de agua a la villa serán la Charcas o Lagunas de Propios; en el caso de Brozas es un embalsamiento artificial de 50 Has de extensión, posiblemente construida a finales de la Edad Media, aunque no tenemos constancia documental de ello, y que parece que tuvo desde su construcción la misión básica de servir de abrevadero al ganado, utilidad que queda confirmada por el hecho de que la Cañada Real de las Merinas, la vía por la que los ganados mesteños subían o bajaban hacia los pastos de verano o de invierno, discurre a unos 100 metros de dicha laguna, coincidiendo además con un ensanchamiento de dicha cañada que constituye uno de los descansaderos que jalonaban esta vía pecuaria, ofreciendo así a los ganados pasto y agua en abundancia. Por supuesto también aportaría sus aguas a los ganados locales, como aún hoy sigue haciendo. En Arroyo de la Luz se trataba de dos lagunas, una de 40 hectáreas y otra de 20, comunicadas entre sí por una pequeña corriente, y cuyo uso básico, aparte, por supuesto, del abastecimiento de agua tanto a la población como a sus ganados y de la pesca, era la molienda de grano en molinos construidos por debajo del muro de cada una de las charcas.

La riqueza ecológica de estas lagunas es, asimismo, muy importante, ya que suponen un importante centro receptor de numerosas aves migratorias que descansan en ella en el transcurso de sus viajes hacia el Sur, y dispone también de una importante variedad de especies de flora y fauna. Entre diversas especies de anfibios, reptiles y peces, dos destacan por su importancia y porque son constantemente mencionadas en las fuentes; son la tenca (nombre científico: Tinca tinca), un ciprínido que prefiere vivir en aguas estancadas, preferiblemente en los fondos, donde el agua está más fría, y la pardilla (nombre científico: Rutilus lemmingi), un pez parecido a la carpa aunque mucho más pequeño. Ambas especies se convirtieron, como veremos en apartados posteriores, en la única fuente de pescado fresco de la cual podían disponer los habitantes de la Extremadura Moderna y, en consecuencia, de Brozas y Arroyo de la Luz, sobre todo en las épocas del año en las que la Iglesia Católica prohibía el consumo de carne.

Las lagunas de Brozas y Arroyo de la Luz pertenecían a los bienes de propios de ambas villas, por lo que su gestión y conservación correspondían a los respectivos. La reparación del muro de contención de las Charcas aparecen mencionados en diversos acuerdos de los cabildos; así, por ejemplo, en un acuerdo del concejo de Brozas fechado el 18 de agosto de 1703, y habiendo resultado dañado por la abundancia de lluvias de ese año, y para aprovechar el descenso del nivel de las aguas por la sequía veraniega “… Acordóse se rrepare la paredeja y aventadero de la laguna y para ello se compre la cal y demás nezesario por los regidores comisarios de obras y se libre lo que importase dicho aderezo…[2]. También en 1715, aprovechando de nuevo los meses de verano, se realizó otra reparación en la pared de la charca. En Arroyo de la Luz, en una fecha mucha más temprana, un acuerdo del 4 de marzo de 1578 ordena que “…por cuanto la laguna grande desta villa están mal reparada de paredes y fortaleza de estribos e no se puede remediar este repuesto si no es a mucha costa, e para que se pueda remediar e remedie la dicha laguna y pared…, vendiéndose el pescado que en la dicha laguna tiene dándose renta y se podrá con ello reparar la dicha laguna e …. de la renta del dicho pescado e por propios prestantes, acordaron e ordenaron se le venda el pescado de la dicha laguna e se arriende…[3]. Otro ejemplo mucho más tardío es el del acuerdo del 14 de noviembre de 1841 en el que se recoge que “…siendo repetidas las quejas de los molineros de la laguna mayor de estos propios y las que han manifestado los procuradores a que se registren las roturas que se encuentren para que atendiendo a la necesidad de ellos se proceda a su composición, y en su vista se acordó: que siendo una atención de las primeras miras de la corporación por ser objeto tan menesteroso y útil a este vecindario que le proporciona ventajas incalculables a las utilidades generales de este común, se proceda a proporcionar todos los medios necesarios a principiar el saneamiento de cuanto se note y advierta en su deterioro, atendido a lo abanzado del tiempo en que las llubias intercepten su prosecución…[4].

Además de la labor de mantenimiento de los muros de la charca, el Concejo de la villa también velaba por la calidad de sus aguas y la conservación así de sus funciones como abrevadero del ganado y proveedora de pescado fresco. En este sentido es expresivo el acuerdo del concejo brocense del 5 de octubre de 1793: “Item hicieron presente dichos señores el perjuicio que se experimenta por el común de estos vecinos, con permitir (…) el lavado de pieles que hacen los curtidores y zapateros en las aguas de la charca de esta villa por el daño que causan a su pescado y ganados que beben en ella, máxime hallándose mui reduzida por la escasez, y para precaberlos espera que por la Real Justicia de esta villa se den las providencias más propias y oportunas del caso[5], o este acuerdo del ayuntamiento de Arroyo del 25 de julio de 1839 en el que “del mismo modo se acordó prohibir bajo la misma multa (4 ducados) que ninguna persona pueda labar trigo en la charca con lo que empuercan las aguas y pueden causar prejuicios a los ganados[6].

Estos documentos nos sirven para poner de relieve dos aspectos: en primer lugar, que las aguas de las charcas de Brozas y Arroyo también tenían un uso industrial, con el consiguiente perjuicio que ello suponía para su calidad y adecuada conservación[7]; y en segundo lugar, la conciencia por parte de las autoridades municipales de que esa contaminación era perjudicial para las aguas estancadas[8]; aunque los fines que los impulsaban no se pueden catalogar de ecologistas, sino que su pretensión era conservar las aguas limpias para que éstas pudieran seguir siendo útiles a los vecinos, no puede negarse el afán de protección por arte de las autoridades, afán que se extendía a otros aspectos medioambientales, como los bosques y montes.[9]

2. -LA EXPLOTACIÓN PISCÍCOLA DE LAS CHARCAS DE BROZAS Y ARROYO DE LA LUZ

a) El abasto del pescado: en el Antiguo Régimen, las autoridades locales velaban por el abastecimiento para sus lugares de los productos de consumo básicos: granos, carne, aceite, vino, jabón, pescado seco, y en las localidades donde ello era posible, también pescado fresco.

Este es el caso de Brozas y Arroyo de la Luz; como ya hemos comentado anteriormente, las Charcas de Propios de estos pueblos les permitían disponer de pescado fresco, estando su pesca y venta perfectamente controlado por sus Concejos. El análisis de este elemento, económico y ecológico al mismo tiempo, y para el que hemos utilizado los Libros de Abastos de ambas villas, nos va a ocupar las siguientes líneas.

A principios de cada año el Concejo subastaba cada abasto, concediéndoselo al mejor postor. El proceso será similar para el pescado de la charca. Dado que los libros de abastos conservados se inician tanto en Brozas como en Arroyo a mediados del siglo XVII, es a partir de esas fechas cuando podemos hacernos una idea de cómo se concedía ese abasto y cuáles eran los precios del pescado.

El arrendamiento del abasto del pescado se realizaba, como hemos dicho más arriba, de forma anual, aunque podía haber excepciones por diversas razones, como una especial escasez de agua en la laguna. El proceso no registró cambios apreciables durante todo el siglo XVIII, siendo además similar en las dos villas analizadas, y constaba de los siguientes pasos: un vecino (no hemos documentado la presencia de ningún abastecedor del pescado foráneo) hacía postura por el abasto en cierta cantidad. Una vez admitida la oferta, el Alcalde Mayor de la villa y los dos regidores comisarios de rentas ordenaban que se hiciese pública para su conocimiento y para que los interesados pudieran hacer mejoras a dicha oferta. Durante nueve días consecutivos el peón público del Concejo pregonaba en la plaza de la villa la postura, su precio y condiciones. Si alguien ofrecía una mejora, los regidores comisarios de cuentas sacaban el abasto a pública subasta al día siguiente; ese día se volvía a pregonar la mejora cuatro veces y se avisaba de su remate definitivo a una hora determinada (las 10 o las 11 de la mañana, dependiendo de los años). A esa hora se abría la puja, y cuando la última oferta no era superada se remataba el abasto en dicha cantidad. Una vez hecho el remate, el postor debía realizar una escritura de obligación comprometiéndose a cumplir las condiciones con las cuales arrendaba el abasto, bajo las penas señaladas en las leyes correspondientes.

A veces se producían conflictos por causa del arrendamiento. Así sucedió en Brozas cuando el 23 de febrero de 1692 el arrendatario de ese año y del anterior, Juan González Fresneda, alega que, tras haberse hecho cargo del arrendamiento del pescado de la charca en 1691 por dos años, en 1692 el Concejo había admitido una mejora por parte de Alonso Flores Clavero “… y sin embargo de que no se devió admitir una y otra puja por no averse hecho en tiempo respecto de aver sido mi arrendamiento cerrado por dos años, y que en el primero no tuve utilidad por la falta de pescado como llebo dicho, y que en el presente por averlo conservado es segura, que impide la admisión de qualquiera puja…De todas formas, reclama el derecho de tanteo, y pide que se notifique a su rival “…no se entrometa en adelante a pescar en dicha laguna, imponiéndole graves penas que procede de justicia”. El 1º de marzo el pescador en litigio, Alonso Flores Clavero, se considera el poseedor legítimo del abasto para ese año y solicita que se le deniegue a Juan González su pretensión “…declarando no aver lugar a ella, y condenarlo por temerario litigante en costas” argumentando que, habiéndose hecho los pregones obligados, la mejora de González estaba fuera del tiempo reglamentado, y además le niega el derecho de tanteo (que, como parece desprenderse de la documentación disponible, en efecto no poseía el arrendatario del año precedente). El pleito fue resuelto a favor del segundo litigante[10].

Aparte del precio de la postura, de cuya evolución hablaremos después, el resto de las condiciones eran bastante similares en los distintos años analizados, Así, en el caso de Brozas, el arrendatario debería cobrar un precio fijo por las tencas y pardillas (las dos especies más frecuentes en la charca y sin duda las preferidas por la población, como mencionamos en el apartado anterior); concretamente, debía dar al común de los vecinos la libra (de a 16 onzas, y con un peso total de unos 460 gramos) de tencas a cinco cuartos y la de pardillas a cuatro cuartos[11], unos precios que se mantuvieron inalterables en todos los años en los que disponemos de la documentación correspondiente. Otra condición que no cambia en los sucesivos arrendamientos es la entrega obligatoria y gratuita por parte del arrendatario de cuatro arrobas de pescado a la villa, que las usaba para regalos, y de dos arrobas a los frailes franciscanos del convento local de Nuestra Señora de la Luz, como limosna. Asimismo, no podían vender pescado fuera de la villa si en ésta no sobraba.

En Arroyo de la Luz la subasta, aunque similar en el procedimiento, no era tan sistemática, ya que nos hemos encontrado con considerables variaciones en los precios de la libra del pescado, al que además no se hace referencia siempre de la misma forma, tal y como sucede en Brozas. Así, la postura de 1681 habla solamente de peces, de forma genérica, sin precisar las especies; en 1696, 1718 y 1731 sólo se mencionan las pardillas, en 1738, carpas y pardillas, y en 1803 y 1854, tencas y pardillas; en cuanto a las condiciones que establecía el concejo arroyano, quedan expuestas de manera fiel en los pliegos de condiciones de dicho arrendamiento para los años 1845 y 1854, en los cuales se establece que el arrendamiento será por 5 años, surtiendo su arrendador al pueblo de pescado fresco en la Cuaresma, vendiendo la libra de tencas a 7 cuartos (28 maravedís) y la de pardillas a dos cuartos, además de dar al ayuntamiento tres arrobas de tencas cuando se le exijan, y de repoblar la charca con 30.000 tencas de cría[12].

Si alguna de estas condiciones era incumplida, el Concejo tomaba inmediatamente medidas para averiguar las causas de dicho incumplimiento y advertir al arrendatario sobre las consecuencias que le podría acarrear. Por ejemplo, en 1803 el Gobernador de Brozas ordenaba la comparecencia ante las justicias locales de los arrendatarios de la charca en ese año, Vicente Sereno y Agustín Paredero, para que expusieran los motivos por los cuales no estaban pescando. En su declaración expusieron lo siguiente:

(…)que con motibo de las copiosas lluvias, teniendo el barco a las orillas de dicha charca una havenida lo introdujo en ella, en términos que por más eficaces diligencias que han practicado a fin de sacarlo y poder cumplir con sus obligaciones les ha sido infructífero; con cuyo motibo han determinado traer el barco que tienen en la Charca de García para dar principio en la actualidad del tiempo de Carnestolendas, y proseguir en adelante ejecutándolo; y reconvenido por dicho Señor que como en tantos meses, que pasaron, y particularmente mediante los mandatos judiciales, no pusieran en su noticia, la causa que exponen, aunque fríbola (…) su merced mandó que inmediatamente den las disposiciones más actibas, a fin de tener barco pronto para pescar y surtir este pueblo de la tenca y pardilla que produce dicha charca…[13].

La siguiente tabla recoge los precios de arrendamientos de este abasto para los años analizados

BROZAS ARROYO DE LA LUZ
Año Precio (en reales) Año Precio (en reales)
1691 550 1643 706
1692 600 1668 400
1705 950 1681 382
1761 4.500 1689 411
1765 6.900 1772 970
1766 2.400 1803 550
1767 1.800 1807 300
1768 2.000 1845 500
1813 1.000 1854 600

Fuente: A. H. P. de Cáceres, sec. Municipal de Brozas, Libros de abastos; Archivo Municipal de Arroyo de la Luz, Libros y cuentas de abastos y propios,y elaboración propia.

Como podemos observar, las cantidades eran considerablemente más elevadas en Brozas que en Arroyo, constando además en la documentación que las pujas eran mucho más animadas en el caso del primer pueblo analizado, debido quizás a la mayor población de Brozas, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, que implicaría una mayor demanda de pescado fresco. Así, la máxima cantidad alcanzada, 6.900 reales en 1765, se debe a una inusitada animación en la puja en dicho año, que llevó al precio de este arrendamiento a triplicarse desde los 2.200 reales de la postura inicial hasta la cantidad arriba mencionada. Otro tipo de condiciones, como son las referidas a las técnicas que el arrendatario debía usar para pescar y los períodos de pesca y veda, serán tratadas con detenimiento en un apartado posterior.

Por último, debemos hablar de los arrendatarios del abasto del pescado; en ninguno de los documentos que hemos utilizado se les menciona una dedicación exclusiva a la pesca. Así, cuando hemos acudido a las fuentes que nos proporcionan información sobre la profesión de los vecinos de Brozas y Arroyo de la Luz en el siglo XVIII, no hemos encontrado a ningún individuo con el oficio de pescador. Eso sucede en 1753 con las Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada, a cuya pregunta 37ª, sobre la existencia de barcos o barcas y de personas encargadas de ellas, se contesta en Brozas diciendo:“…que no ay individuo alguno en esta villa que tenga embarcación, a reserva de una lanchuela que tiene el arrendador de la pesca de la charca a quien le va regulada su utilidad en la pregunta treinta y dos[14], mientras que en Arroyo la respuesta, aún más contundente y significativa, es que “a la trigésima séptima digeron no haver nada de su contenido[15].

Tampoco en las Comprobaciones del mismo Catastro, realizadas en 1761, y que sólo se conservan en Brozas, aparece ningún pescador, aunque sí se menciona al arrendatario de la charca en ese año, Antonio Fernández Cuello, que era también ministro ordinario y corralero del Concejo, y cuya utilidad por el abasto del pescado era de 50 reales anuales. Esta situación contrasta con la de otros lugares, como Plasencia, donde aparecen dos pescadores en 1719, seis en 1732, cuatro en 1753 o 3 en 1797[16], o Cáceres, con cuatro pescadores en 1753 y tres en 1761[17]. Por último, para Extremadura en general, el censo de 1797 señalaba un total de 180 pescadores[18].

No podemos olvidar, sin embargo, que, muy por encima de la actividad profesional, la pesca en Extremadura tenía fundamentalmente un fin lúdico y de ocio. En este sentido es significativa la orden del Alcalde Mayor de Brozas por la que se mandaba “…que ninguna persona pueda pescar (…) permitiéndose sólo el uso de la caña a toda persona de distinzión y carácter y no a los menestrales sino en los días festivos[19]. Como pone de manifiesto este documento, las autoridades locales intentarán limitar la práctica de la pesca con caña a las elites locales e intentar disuadir a los profesionales de su práctica excepto en los días de fiesta, por considerarla perniciosa para su actividad económica. En similares términos, el concejo de Arroyo de la Luz intentaba frenar en 1828 el, a su juicio, desmedido afán de los vecinos de la villa por la pesca de la tenca que, según dicho concejo, estaba causando un claro descenso en el número de peces en las charcas de propios ya “…que se han aumentado los pescadores de caña, que de una mera diversión que se devían prometer ha resultado un exceso de codicia, comprobándola que el artesano, menestral y demás oficios necesarios abandonan sus tareas por dedicarse a la pesca, no impidiéndoles a persona alguna ni los calores ardientes del abrasado julio, ni las horas de la noche destinadas al descanso, ni lo que es más la propiedad sagrada de dichos propios y accesoria e inmediata del postor o postores de la indicada pesca…”[20]

b)Períodos de pesca y veda: la finalidad de la veda era y sigue siendo permitir a las especies una adecuada reproducción, que garantice su supervivencia y permita continuar su explotación; en principio lo acostumbrado era seguir la Real Ordenanza del Bosque del Pardo, del 14 de septiembre de 1752, según la cual no se podía pescar desde principios de marzo hasta finales de julio; sin embargo, en la documentación que hemos usado aparecen algunas oscilaciones, sobre todo en el caso de Brozas, cuyas disposiciones sobre el tema son mucho más ricas y abundantes que las conservadas en Arroyo. Por ejemplo, antes de esa fecha es significativa la postura que hace para el abasto del pescado Juan Sereno en 1705, señalando que “…se le a de dar un mes para que desoben las tencas, el que le mandase por esta villa[21].

En 1756, el Concejo de la villa solicitó una exención para Brozas con respecto a la aplicación de la veda fijada por la Real Junta de Obras y Bosques el 5 de marzo de ese año, y que seguía las directrices fijadas en 1752. Las razones que exponen para que se le acepte su solicitud son “… que por lo que toca a la pesca en attenzión a que esta villa carece de pescados y sólo tiene el de las tencas y pardillas de una charca de propios cuia conserbazión pende de la abundancia de las aguas y del cuidado de esta villa que nunca permite se pesque de modo que se extingan las dichas tencas y pardillas haziendo se mantenga siempre en dicha laguna por y no más de la necesaria para el abasto, si fuere del agrado de Su Majestad se podría levantar la prohivizión de la pesca de esta charca para que este pueblo tuviera de esta especie de pescado en los cinco meses de la beda que es quando más se nezesita por comprehenderse en ella la quaresma[22].

Como veremos más adelante, parece desprenderse de la documentación que la petición brocense fue aceptada. Hay que decir, por otra parte, que la violación de la veda debía ser bastante común. Así lo pone de relieve la Carta Orden de Veda de Caza y Pesca, recibida por el concejo de Brozas en marzo de 1778, recordando la Real Cédula de Caza y Pesca del 16 de enero de 1770 y “…su transgresión en la mayor parte cazando y pescando en los tiempos prohividos…”, por lo que pedía a las autoridades municipales que la aplicaran inmediatamente, con todas sus consecuencias[23]. Otra referencia a estas violaciones nos viene de parte de Juan González Fresneda en su ya mencionado alegato de 1692, cuando dice que “…hallándose dicha laguna falta de pescado con ocasión de que los arrendadores precedentes se avían aprobechado de todo su pescado mayor y menor por (…) pasarse juntamente a pescar en ella los días vedados[24].

Ya hemos señalado con anterioridad que los períodos de pesca formaban también parte de las posturas que se hacían para obtener el arrendamiento de la pesca de la charca. Así, en 1761 Benito Bravo Caro ofrece pescar todo el año a excepción de los cinco meses de veda (marzo, abril, mayo, junio y julio); en 1765 Manuel Sereno señala que “…he de pescar juebes y biernes y bíspera de bigilia y bigilia y e de pescar en el barco siete meses y el mes de julio y agosto y sitiembre e de pescar a pie”. Ante una mejora hecha a su oferta, el mismo postor ofrece 100 reales más “…con la condición de que en los meses de febrero, marzo y abril se a de pescar sin barco, y Pedro Chaparro la mejoró haviendo de pescar febrero y marzo (…) y dicho Manuel Sereno la pujó (…) haviendo de pescar sin barco todo el año a excepzión de los tres meses de octubre, noviembre y diziembre”. Al final Pedro Gómez Chaparro consiguió el arrendamiento ofreciendo 6.900 reales y “pidiendo el pescar los tres últimos meses del año con barco, estendiéndose este permiso a tres meses más que son febrero marzo y abril[25], es decir, aproximadamente el tiempo de Cuaresma. En 1766, Ignacio Castellano es mucho más preciso, diciendo “…que sólo a de pescar vísperas de vigilia desde medio día asta el mediodía de la vigilia a menos que por revolución del tiempo necesite para surtir el pueblo pescar en las vísperas de vigilia por la mañana y lo a de poder azer, noticiándolo a Usías que sólo ha de pescar con barco los quatro meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre”.

Ese año Pedro Pavón mejoró la oferta ofreciendo pescar “…los tres meses de berano sin barco que son los meses de Julio, Agosto y Septiembre y los demás con el barco, haviendo de guardar el tiempo de la veda[26], un tiempo que parece reducirse a mayo y junio, como confirma la postura del mismo individuo en 1767, cuando señala “…que he de poder pescarla todos los viernes y jueves de las semanas, vigilias y sus vísperas, los tres meses de julio, agosto y septiembre a pie, y los demás del año con barco, guardando la veda en mayo y junio[27]. Las condiciones se mantienen en 1768 y en 1813, el último año cuyo arrendamiento hemos estudiado.

Queda, por tanto, configurado un calendario de pesca que se extendería desde julio hasta abril, ambos inclusive, y que permitía pescar los jueves y viernes de todas las semanas, además de los días de vigilia y sus vísperas, cuando era más necesario el pescado fresco por los preceptos religiosos de esos días; con ello, la citada petición hecha por la villa en 1756 fue exitosa y consiguió mantener a la villa abastecida de su propio pescado fresco en las fechas en las que lo necesitaba con más apremio. En el caso de Arroyo de la Luz, la única mención a las vedas de pesca que hemos podido encontrar se produce en 1822, y refrenda lo anteriormente expuesto, ya que “…generalmente se prohíbe pescar en aguas dulces con instrumento fuera de la caña desde primero de marzo hasta fin de julio y sólo los dueños particulares o sus arrendadores podrán pescar desde el día veinte y cuatro de junio[28].

c) Técnicas y prácticas pesqueras: ya hemos mencionado en las citas hechas sobre los períodos de veda las dos formas básicas de pesca en Brozas y Arroyo de la Luz: la pesca con red desde una barca y la pesca a pie con caña, cada una con sus características peculiares.

En el caso de la pesca con barco, está claro que no podía realizarse en verano por la escasez de agua en las charcas (algunos postores extienden la prohibición de pescar con barco a abril), no porque la barca no pudiera maniobrar adecuadamente, sino para evitar así que la pesca fuese esquilmada[29]; por esta razón en estos meses se debía pescar con caña. La pesca desde el barco se realizaba, lógicamente, con redes, como se indica en la postura de 1705 (“…con que se a de pescar con trasmallos[30] abiertos exzepto en la Quaresma…”) y en la de 1768 (“…y con las redes menuderas ha de pescar el tiempo que ay hasta todo abril y desde San Miguel en adelante el resto del año del mismo modo…”).

Había una serie de prácticas pesqueras terminantemente prohibidas por ser consideradas dañinas para el pescado. Así, la ya mencionada orden municipal fechada en Brozas el 3 de enero de 1796 ordena “…que ninguna persona pueda pescar con redes, coca, beleño ni otros narcóticos con que destruyen la pesca[31]. Las redes a las que se refiere son las que son tan tupidas que capturaban peces de todos los tamaños, incluidos los alevines, con lo que impedían la regeneración de las especies y ponían en peligro su explotación[32], aunque no las redes simples menuderas, que ya hemos visto mencionadas en 1768. Así lo pone claramente de manifiesto el acuerdo municipal del concejo de Arroyo de la Luz, fechado el 30 de octubre de 1701, y en el que se dice “… que por quanto se ha reconozido grave daño y perjuicio en la pesca de los trasmallos que echan diferentes personas en la laguna mayor desta villa, por las tencas pequeñas que se matan, y para su remedio, se acordó que ninguna persona sea osado a ir a dicha laguna a pescar con trasmaio ninguno de cualquier género que sea, pena de perdidos y de quatro ducados…[33], orden que se repite en 1704, 1716 y 1752; en Arroyo, además, la prohibición del uso de artes de pesca se extiende a las llamadas mangas[34]; en cuanto al uso de venenos para causar la muerte o, al menos, el atontamiento de la pesca para aumentar las capturas, quedaba totalmente prohibida tanto en la orden del concejo brocense mencionada anteriormente como en un acuerdo del consistorio de Arroyo de la Luz de 1822 por el que “…se prohíben absolutamente y en todo tiempo los medios ilícitos como cal viva, beleño, coca y cualquiera otros simples o compuestos que extingan la cría de la pesca y sean nocibos a la salud pública y a los abrebaderos de los ganados[35].

La pesca con barco, mencionada expresamente sólo en Brozas, podía encontrarse con el problema de un exceso de plantas acuáticas en las aguas de la charca, con lo que las redes no podían llegar al fondo y la pesca era muy complicada. Así, en 1773 Pedro Pavón, arrendador de la charca en ese año, expone ante la Junta de Bienes de propios de la villa que “…dicha charca se halla tan ciega de monte o valizio en tal conformidad que no pueden las redes llegar al suelo por suspenderse en la broza y por entre ella se va y escapa la pesca como es público y notorio, por cuya causa está casi impracticable[36].

Con respecto a la pesca con caña, no tenemos muchos datos al respecto, aunque hemos podido documentar una práctica, usual en estas localidades aún hoy en día por la extensión y profundidad de la charca, y que consistía en pescar con “caballos” o “bancos” (actualmente se denominan “burros”), consistentes en una caja de madera, en la que cabe un hombre, elevada sobre cuatro patas, y que permitía a los pescadores internarse en la laguna y alcanzar con ello aguas más profundas, las preferidas por las tencas para vivir. Esta práctica, así como internarse de pie en el agua, no debía de ser muy bien vista por los arrendatarios de la charca, que verían en ella un menoscabo para su propia pesca y la ganancia consiguiente. Así lo demuestra la petición de Juan Rodríguez Gajardo en 1761 para que “… los pescadores de caña no haian de entrar a pescar en dicha laguna a pie ni a caballo de palo[37]. En Arroyo de la Luz, las obligaciones de los pescadores de caña eran mucho más definidas; así, en el pliego de condiciones de la subasta de la pesca de tencas para el año 1854 se señala que “…durante el citado arrendamiento no ha de poder persona alguna pescar en referidas charcas con ninguna clase de redes, garlitos ni mangas, pudiendo sí hacerlo los vecinos con las cañas desde las orillas y pared, así como desde las peñas interiores o vancos que se introduzcan y no otras artimañas, con la que sea hecha la pesca con las cañas las que en ninguna hora del día podrán ser movidas”; asimismo, el ya mencionado acuerdo de 1828 sobre los excesos en la pesca por parte de los vecinos de la villa establece que “…se publique nuevamente bando previniendo que ninguna persona de cualesquiera clase o condición que sea, vaya a las lagunas mayor y menor de estos propios a pescar más que con una caña…”.

En conclusión, las técnicas usadas para pescar debían estar autorizadas, prohibiéndose prácticas abusivas y destructivas como el envenenamiento de las aguas o el uso de redes muy tupidas, que proporcionaban una pesca más abundante pero tenía negativas consecuencias tanto para las aguas como para las especies que habitaban en ellas.

3. -CONCLUSIONES

La pesca es sin duda el deporte preferido de la mayoría de los habitantes de las villas de Arroyo de la Luz y Brozas, y la tenca un plato muy solicitado. Con este trabajo creemos haber demostrado la antigüedad de estas tradiciones en estas villas cacereña. La existencia de abastos perfectamente reglamentados posibilitaba el consumo de pescado fresco a lo largo de casi todo el año, y sobre todo durante la Cuaresma, la época durante la cual la Iglesia Católica señalaba la obligatoriedad de abstenerse de comer carne, además de la propia práctica del deporte de la pesca como una actividad lúdica y de ocio. Esta actividad conllevaba una serie de prácticas pesqueras, algunas legales y otras prohibidas por las autoridades municipales que, aunque lejos de poseer una mentalidad ecologista, procuraban conservar las aguas y las especies piscícolas en un buen estado para conservar también así su uso por parte de los vecinos de Brozas y Arroyo de la Luz.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA:

a) Fuentes:

-Archivo Histórico Provincial de Cáceres:

  • Archivo Municipal de Brozas: Libros de Actas Capitulares (1703, 1756, 1778, 1793, 1795, 1796, 1803), Libros de Abastos (1692, 1705, 1761, 1765, 1766, 1767, 1768, 1813), Libros de Actas de la Junta de Bienes de Propios (1773). Catastro del Marqués de la Ensenada para el establecimiento de la Única Contribución (Libros de Comprobaciones, 1761).
  • Archivo General de Simancas (microfilmado): Catastro del Marqués de la Ensenada para el establecimiento de la Única Contribución. Respuestas generales de la villa de Brozas. Libro 136.

-Archivo Municipal de Arroyo de la Luz: Libros de Actas Capitulares (1578, 1603, 1701, 1674, 1704, 1716, 1752, 1774, 1822, 1828, 1837, 1839, 1841, 1842, 1845, 1854); Libros y cuentas de Abastos y Mercados (1681, 1689, 1807), Libros y cuentas de bienes de propios (1643, 1656, 1668, 1685, 1691, 1696, 1718, 1731, 1738, 1759, 1761, 1764, 1772, 1775, 1789, 1804), Catastro del Marqués de la Ensenada para el establecimiento de la Única Contribución (Respuestas Generales, 1752).

b) Bibliografía:

  • Fernández Millán, I.: La ciudad de Plasencia en el siglo XVIII: aspectos demográficos y sociales. Mérida, 1995.
  • Rodríguez Cancho, M.: La villa de Cáceres en el siglo XVIII: demografía y sociedad. Cáceres, 1981.
  • VV. AA.: Gran Diccionario Enciclopédico Universal. Madrid, 1990.
  • VV.AA.: Extremadura. La historia. Mérida, 1997.

NOTAS:

[1] Esta comunicación ha sido realizada con la ayuda de una Beca de Formación de Personal Investigador cofinanciada por la Junta de Extremadura y el Fondo Social Europeo.

[2] Archivo Histórico Provincial de Cáceres, sección Archivo Municipal de Brozas, Libros de Actas Capitulares, sesión del 18 de agosto de 1703.

[3] Archivo Municipal de Arroyo de la Luz (en adelante A. M. A.), sección Secretaría, Libros de acuerdos del concejo, libro de acuerdos de 1578.

[4] A. M. A., sec. Secretaría, Libros de acuerdos del concejo, libro de acuerdos de 1841.

[5] A. H. P. de Cáceres, sec. A. M de Brozas, Libros de Actas Capitulares, sesión del 5 de octubre de 1793.

[6] A. M. A., sec. Secretaría, Libros de acuerdos del concejo, libro de acuerdos de 1839.

[7] La curtiduría y tenería era, posiblemente, la actividad artesano-industrial más contaminante de las existentes en el Antiguo Régimen, sobre todo por los productos utilizados para el curtido, como el jugo de la planta llamada zumaque, bastante abundante en esta comarca en el siglo XVIII.

[8] Muchos lugares tenían problemas con las tenerías. Es el caso, por ejemplo, de Badajoz, cuyas tenerías vertían sus residuos al Guadiana.

[9] Así nos lo indica una orden del Alcalde Mayor de Brozas de 1795 en el que se prohibe el corte de pies de encinas y alcornoques bajo las penas fijadas en la Real Ordenanza de Bosques “… viendo los continuos destrozos que sufren los montes (…) originados de la corruptela de no estar en práctica penas a los taladores y dañadores…”. A. H. P. de Cáceres, sec. A. M de Brozas, Libros de Actas Capitulares, sesión del 27 de diciembre de 1795.

[10] A. H. P. de Cáceres, sec. A. M de Brozas, Libros de abastos, 1692

[11] Cuarto, “moneda de cobre española del sistema antiguo, cuyo valor era el de cuatro maravedís de vellón”. Gran Diccionario Enciclopédico Universal,Madrid, 1990, tomo IV, p. 1154. Por tanto, la libra de tencas costaría 20 maravedís, y la de pardillas, 16. Para comparar estos precios con los de otros productos de primera necesidad, la libra de vaca costaba en Cáceres 28 mrs en 1766 y la de bacalao 32 mrs en 1771 (M. Rodríguez Cancho, La villa de Cáceres en el siglo XVIII. Demografía y sociedad, Cáceres, 1981, pp. 122-124).

[12] A. M. A., sec. Secretaría, Libros de Acuerdos del Concejo, libros de acuerdos de 1845 y 1854.

[13] A. H. P. de Cáceres, sec. A. M. de Brozas, Libros de Actas Capitulares, sesión del 18 de febrero, 1803.

[14] A. H. P. de Cáceres, Catastro del Marqués de la Ensenada (Respuestas Generales de Brozas).

[15] A. M. A., sec. Hacienda, Catastro del Marqués de la Ensenada (Respuestas Generales).

[16] I. Fernández Millán. La ciudad de Plasencia en el siglo XVIII. Aspectos demográficos y sociales, Mérida, 1995, pp. 119-120.

[17] M. Rodríguez Cancho, op. cit., p. 134.

[18] M. Rodríguez Cancho, op. cit., p. 150.

[19] Por esta misma razón estaban prohibidos los juegos de naipes: “Manda asimismo Su Merced que todo oficial artista o menestral en días de trabajo no pueda jugar a los naipes ni a otro entretenimiento que su oficio, a que debe estar adicto, aunque sea después de haver concluido sus oficios”. A. H. P. de Cáceres, sec. A. M. de Brozas, Libros de Actas Capitulares, orden del 3 de enero de 1796.

[20] A. M. A., sec. Secretaría, Libros de Acuerdos del Concejo, libro de acuerdos de 1828.

[21]A. H. P. de Cáceres, sec. A. M. de Brozas, Libros de Abastos, 1705.

[22] A. H. P. de Cáceres, sec. A. M. de Brozas, Libros de Actas Capitulares, sesión del 9 de junio de 1756.

[23] A. H. P. de Cáceres, sec. A. M. de Brozas, Libros de Actas Capitulares, sesión de 22 de marzo de 1778.

[24] A. H. P. de Cáceres, sec. A. M de Brozas, Libros de abastos, 1692.

[25] A. H. P. de Cáceres, sec. A. M. de Brozas, Libros de Abastos, 1765.

[26] A. H. P. de Cáceres, sec. A. M. de Brozas, Libros de Abastos, 1766.

[27] A. H. P. de Cáceres, sec. A. M. de Brozas, Libros de Abastos, 1767.

[28] A. M. A., sec. Secretaría, Libros de Acuerdos del Concejo, libro de acuerdos de 1822.

[29] En 1767, Ignacio Castellano dice “…que e de pescar con el barco siempre que esté llena la laguna”. A. H. P. de Cáceres, sec. A. M. de Brozas, Libros de Abastos, 1767.

[30] Trasmallo, “arte de pescar, formada por tres redes, más tupida la central que las exteriores, cuyas relingas se cosen en toda su extensión, y que se cala verticalmente por medio de piedras o plomos”.

[31] A. H. P. de Cáceres, A. M. de Brozas, Libros de Actas Capitulares, orden del 3 de enero de 1796.

[32] En 1692 se indica que para conservar la pesca de la charca “…se prohíben los trasmallos menuderos”. A. H. P. de Cáceres, sec. A. M. de Brozas, Libros de Abastos, 1692.

[33] A. M. A., sec. Secretaría, Libros de Acuerdos del Concejo, libro de acuerdos de 1701

[34] Red de forma cónica para pescar, que se mantiene abierta con un aro que le sirve de boca.

[35] A. M. A., sec. Secretaría, Libros de Acuerdos del Concejo, libro de acuerdos de 1822.

[36] A. H. P. de Cáceres, sec. A. M. de Brozas, Libros de Actas de la Junta de Bienes de Propios, 1773.

[37] A. H. P. de Cáceres, sec. A. M. de Brozas, Libros de Abastos, 1761.

Oct 012001
 

Felicísimo García Barriga.

Licenciado en Historia Moderna.

INTRODUCCIÓN.
La migración es, sin duda, la menos “natural” de las variables que configuran un sistema demográfico, por cuanto no es un hecho vital, al menos no en la forma en el que lo es la concepción, el nacimiento o la muerte[1]. En este sentido, el estudio de las migraciones se articula en torno a dos conceptos clave: el espacio y el tiempo; en cuanto al espacio, la metodología considera que las migraciones pueden ser de corta, media o larga distancia, siendo las de corta distancia aquellas que se producen en un marco provincial o incluso regional, las de media distancia las que implican un movimiento de personas de una región a otra, y las de larga distancia las que suponen desplazamientos de carácter internacional[2]. Con respecto al tiempo, hay que distinguir entre las migraciones de carácter temporal y las permanentes.

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